Continúan las entregas de los restos de personas que estaban desaparecidas

Justicia y Paz. El día 13 de Agosto del presente año, La Subunidad de Apoyo realizará la entrega de 18 cuerpos plenamente identificados a sus familiares. Las diligencias de exhumación se realizaron en el departamento de Magdalena.

El día 31 de julio del presente año en el municipio de Acacias (Meta), la Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Fiscalias para la Justicia y la Paz entregó los restos óseos de Leidy Johanna Marin y Gloria Ines Lopez. La diligencia de exhumación se realizó en la zona rural del municipio de San Martín (Meta), el 19 de julio de 2007.

El día 28 de julio del presente año en la Unidad Satélite de la ciudad de Florencia la Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Fiscalias para la Justicia y la Paz, realizó la entrega a sus familiares de los restos óseos de la señora Aura Santanilla Cuellar.

El día viernes 17 de julio de 2009 en el museo de Antioquia, la Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Fiscalias para la Justicia y la Paz entregó los restos óseos de 16 cuerpos a sus familiares y la entrega simbólica a 3 familiares. Personas reportadas como desaparecidas entre los años 1997 y 2005, exhumados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cordoba, Bolívar y La Guajira.

En los últimos años, la búsqueda de los desaparecidos en Colombia, ha tenido una transformación importante gracias a la información que se viene recibiendo por parte de versionados y familiares, en vigencia de la Ley de Justicia y Paz. El haber encontrado a marzo 18 de 2008, 1292 cuerpos en 1086 fosas comunes, es muestra de estar cumpliendo unos objetivos muy bien encaminados, que nos impulsan a redoblar esfuerzos aceleradamente, pues a diario se siguen reportando por parte de familiares, nuevas víctimas como consecuencia de este flagelo.

"... Te recibo quizás como nunca esperé pues siempre tuve la esperanza de tu regreso ..."

Hoy en sus mentes reposan minuto a minuto el tiempo que ha transcurrido desde el momento de los hechos, no solo por sus familiares sino también por que en la mayoría de los casos tuvieron que abandonar todo. Con su ayuda seguiremos adelante para seguir construyendo una nación en paz.

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La alta comisaria de la ONU denuncia graves violaciones de derechos humanos por Israel

Ginebra, 14 ago EFE).- La alta comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, denunció hoy las graves violaciones por parte de Israel en los territorios ocupados palestinos y pidió el fin del bloqueo, y que sus responsables sean castigados.

En su informe sobre la situación en Gaza y Cisjordania, que será presentado a la Asamblea General de la ONU el 29 de septiembre y cuyo contenido se conoció hoy, Pillay relata primero los ataques sufridos por los civiles palestinos durante la ofensiva contra Gaza de diciembre y enero pasados, en la que murieron unos 1.300 palestinos (cerca de mil civiles) y 10 soldados israelíes y cuatro civiles.

Pillay señala que hay "numerosos informes" de ataques del Ejército israelí contra civiles palestinos, y sólo menciona algunos casos concretos.
"El 3 de enero, en la zona de Zeitun de la ciudad de Gaza, los soldados israelíes se acercaron a una familia y ordenaron al padre salir. Este lo hizo con las manos en alto y sus documentos de identidad a la vista. Los soldados le dispararon sin avisar y luego abrieron fuego indiscriminadamente dentro de la casa hasta que todos estuvieron en el suelo, hiriendo a la madre y a cuatro hijos, uno de los cuales murió", señala Pillay.

En otro incidente, dice que "los soldados israelíes ordenaron a unos 100 palestinos entrar a una casa en Zeitun... y unas 24 horas después bombardearon la casa repetidamente, matando a 23 personas".

Un tercer incidente reseñado es el de una familia de seis miembros a la que se ordenó salir de su casa en la zona de Jabalia. "Todos salieron con banderas blancas y les dijeron que se pusieran delante de un tanque. Después de unos cinco minutos, un soldado abrió fuego, matando a dos niños y a otros dos miembros de la familia. La casa familiar fue después demolida".
Pillay denuncia que las fuerzas armadas israelíes apuntaron y atacaron numerosas instalaciones civiles, incluidos edificios del gobierno, hospitales y escuelas.

El 5 de enero -señala- las fuerzas israelíes bombardearon desde el aire el centro médico Al- Raeiya, que estaba claramente identificado, y en total 27 hospitales fueron dañados en la ofensiva, según cifras de la OMS.

También se atacaron sedes de la ONU, como el principal edificio de ACNUR en Gaza, donde se habían refugiado unos 700 palestinos.

El informe también constata el empleo de fósforo blanco por parte de las fuerzas israelíes en una zona tan densamente poblada como es Gaza, y revela que durante los 22 días de ofensiva, la franja, de 360 kilómetros cuadrados, y con 1,5 millones de habitantes, estuvo cerrada a cal y canto, lo que impidió a los civiles huir de los combates.

El informe también denuncia otras violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania fuera de esa ofensiva, como la violencia de los colonos judíos, la demolición de casas, y las graves restricciones al movimiento impuestas por el muro construido por Israel en Cisjordania.

Afirma que mientras israel destruyó en 2009 72 viviendas de palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, dejando sin hogar a unas 300 personas, el número de edificios en los asentamientos judíos de Cisjordania se incrementó en 2008 un 60 por ciento respecto al año anterior, según datos de la ONG israelí Paz Ahora.

Pillay denuncia también en su informe el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas contra territorio israelí y otras violaciones cometidas por este grupo que gobierna Gaza, como "ejecuciones extrajudiciales y malos tratos contra supuestos colaboracionistas de Israel".

La alta comisaria de la ONU expresa su preocupación porque se ha ignorado el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre el muro de Cisjordania, declarado ilegal porque coarta gravemente la libertad de movimientos de los palestinos.

Pillay recomienda, además, que cese el bloqueo contra Gaza, que califica de "castigo colectivo", y que "todas las alegaciones de violaciones del derecho internacional humanitario sean investigadas... y sus víctimas obtengan reparación".
Pide, igualmente, que Israel cese la construcción de asentamientos.

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Quien esta silenciando a los paramilitares

Semana. Comer únicamente enlatados abiertos por mano propia. Esa es la regla de supervivencia por estos días entre varios paramilitares que permanecen en las cárceles del país. El temor entre los ‘paras’ se generalizó luego de que un peritaje de Medicina Legal determinara que Diego José Martínez, más conocido como ‘Daniel Tolima’, no murió en su celda a causa de un infarto sino envenenado con cianuro en la comida.

El crimen ocurrió en la cárcel La Picota de Bogotá y tuvo eco en todo el Tolima donde ‘Daniel’ comandó entre el 2000 y el 2003 un bloque paramilitar que dejó una estela de 770 víctimas según él mismo lo relató a la Fiscalía.

‘Daniel’ fue teniente retirado del Ejército e ingresó a las filas paramilitares en 1999 y se volvió en un lugarteniente y confidente de Carlos Castaño. “Él sabía grandes secretos del paramilitarismo como por ejemplo los nombres de testaferros o de quienes integraron el llamado grupo de los seis, a quienes los ‘paras’ obedecían órdenes”, sostiene un abogado que visitaba regularmente a ‘Daniel’ en prisión.

El crimen de ‘Daniel’ es sólo el más sonado de varios que se han perpetrado contra ‘paras’ postulados a Justicia y Paz o familiares cercanos de estos.

Eliécer Gustavo Guao Arias, conocido en las filas del Bloque Norte como ‘Canario’, fue estrangulado hace dos semanas en la cárcel Modelo de Barranquilla. Allí mismo murió en mayo, con síntomas de intoxicación, Roberto Luis Peinado López, alias ‘El Indio’, otro paramilitar implicado en el homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andreis.
Afuera de las cárceles la situación parece ser igual de riesgosa para los paramilitares desmovilizados que quieren colaborar con la justicia y la verdad. En abril pasado fue acribillado en La Estrella, Antioquia,Francisco Villalba, el sanguinario paramilitar que participó en la masacre del Aro en 1997. La Fiscalía tiene reportados como muertos a 16 ex combatientes del Bloque Córdoba que comandaba Mancuso y aún no ha establecido cómo fue.
Una docena más de ‘paras’ murieron abaleados en distintas zonas del país entre 2006 y el 2008. Así mismo hay registro de numerosos casos en los que las víctimas son familiares de paramilitares.

Quizá el más afectado sea Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, uno de los jefes paramilitares extraditado y condenado en Estados Unidos. A Vanoy, quien ejerció poder al norte de Antioquia, en la región conocida como Bajo Cauca Antioqueño, le han asesinado un hijo, un hermano, un sobrino y una cuñada. El 23 de junio pasado Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, aseguró en versión libre desde Estados Unidos que varios de sus familiares habían sido asesinados como represalia por su participación en Justicia y Paz, pero se abstuvo de precisar los nombres de las víctimas.

Y el caso más reciente ocurrió hace diez días frente a la cárcel Bellavista de Medellín. Allí fue abaleada Diana Ester Coronado, esposa de Jesús Pérez Jiménez, alias ‘Sancocho’, un jefe paramilitar recluido en esa penitenciaría.

La directora del Inpec, Teresa Moya, asegura que la institución ha brindado a los desmovilizados las garantías para que permanezcan en la cárcel con seguridad. “Existe un reglamento especial que les permite cocinar sus propios alimentos y sólo ellos pueden autorizar quién puede visitarlos”. No obstante tras el asesinato de la esposa de ‘Sancocho’ el Inpec reubicó en distintas cárceles del país a unos 70 paramilitares que estaban en esa cárcel.

La MAPP-OEA, cuyo mandato es evaluar y apoyar el desarrollo del complejo proceso de Justicia y Paz pidió a las autoridades garantizar la seguridad de los desmovilizados. El panorama es turbio y efectivamente se requiere de la firmeza del Estado, primero para investigar los casos y castigar rápidamente a los culpables y disuadir así a quienes quieran seguir silenciando a los desmovilizados que quieren hablar. Lo segundo es reforzar los la seguridad en las cárceles y fuera de éstas.

De su vida depende que el país conozca la mayor cantidad de verdad sobre lo sucedido, y que además paguen debidamente sus penas por los atroces crímenes que cometieron. Ambas cosas se las debe el país a las víctimas.

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¿Cuál es el temor para que una madre de una hija violada por un ‘marine’ no pueda hablar...

Semana. Hace tres años, el país conoció la dramática historia de una niña de 12 años que había sido violada por dos militares estadounidenses cerca de una base de la Fuerza Aérea Colombiana en Melgar, Tolima.

Los implicados eran el sargento Michael J. Cohen y un contratista retirado del Ejército, César Ruiz, quienes estaban en labores que tenían que ver con el Plan Colombia.

Al parecer, en la noche del 27 de agosto de 2006, la niña se encontraba en el baño de un restaurante de la población y luego de salir fue obligada por los militares a tomarse una bebida. Después se la llevaron al dormitorio que tenían asignado en la base, donde se cree que la violaron, la filmaron y a la mañana siguiente la abandonaron en un parque.

Luego de que el gobierno nacional confirmara que la presencia militar de Estados Unidos se reforzaría en siete bases colombianas, y después de que el general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares, garantizara además que los militares que cometan delitos o irregularidades serán juzgados como corresponde, el senador Gustavo Petro se dio a la tarea de buscar a Olga Lucía Castillo, madre de la niña, quien hasta el momento no ha logrado justicia en el caso de esta violación.

Sin embargo, ayer martes, cuando en el Senado se debatía justamente el tema de las bases militares y Petro quiso que sus colegas escucharan el testimonio de la señora Castillo, algunos senadores ripostaron.

“No tienen otra intención de aprovecharse del dolor. Por qué no más bien hablar de las violaciones que ha hecho la guerrilla en el campo”, dijo el senador Jorge Hernando Pedraza. A esa voz se unieron otros senadores como Gloria Inés Ramírez y Elsa Gladys Cifuentes que pidieron no volver el debate algo pornográfico y violatorio de la intimidad.
“Si la intención es que no hable, pues que lo digan. ¿Cuál es el temor para que una madre de una hija violada por un ‘marine’ no pueda hablar en Colombia?”, dijo Gustavo Petro, quien con el testimonio de Olga Castillo quería demostrar los riesgos que existen al permitir la permanencia de más militares de Estados Unidos en Colombia.

Al término del debate, que fue levantado por falta de quórum, el senador del Polo Democrático aseguró que insistirá en llevar nuevamente la denuncia en la sesión del próximo martes en el Congreso.

Militares gringos violan a niña Colombiana

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Militares gringos violan a niña Colombiana

El espectador. Congreso silencia a madre de niña violada por soldados de EE.UU.
Debido a las intervenciones de los senadores Juan Manuel Corzo, Jorge Hernando Pedraza y Víctor Velásquez, del Partido Conservador y Colombia Viva en Unidad Cristiana; respectivamente, no se logró saber detalles del testimonio de doña Olga Lucía Castillo, madre de una menor de 14 años violada por dos uniformados de Estados Unidos.

Tras las peticiones de los tres legisladores enfocadas bien fuera por levantar la sesión, o por no permitir que hablara ella, o por decir que la guerrilla también agrede sexualmente a los colombianos, el senador Gustavo Petro, quien invitó al Congreso a esta inofensiva mujer, reveló que hace muy pocos días ella fue objetivo militar, luego de denunciar a los soldados de ese país que abusaron de su hija.

Por eso, el senador denunció que Michael Cojen y César Ruíz son los nombres de los dos abusadores sexuales de una pequeña ciudadana colombiana.

Sin embargo, trascendió en desarrollo de la sesión el lugar del delito: Melgar (Tolima), en inmediaciones de la base militar de Tolemaida. Y lo que más quedó sonando fue la versión del senador Petro, la cual da cuenta de como este hecho sigue en la impunidad y falta la aplicación de justicia. Según él, hasta el momento los uniformados del Ejército de los Estados Unidos no han sido llevados a ningún tribunal para que respondan por haber agredido sexualmente a una pequeña colombiana.

Debate sobre bases gringas en Colombia

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