aSemana. "Siguen existiendo en Colombia patrones de hostigamiento y persecución contra los defensores de derechos humanos, y a menudo contra sus familias”.En su viaje, que se inició el 7 de septiembre y acabó este viernes 18, ella constató de primera mano las dificultades que hay en el país para vigilar y exigir que se cumplan los derechos fundamentales.
“Periodistas, sindicalistas, magistrados, abogados, activistas estudiantiles y juveniles, mujeres defensoras, líderes indígenas y afrocolombianos, así como activistas Lgbt, han sido asesinados, torturados, maltratados, desaparecidos, amenazados, capturados y detenidos arbitrariamente, judicializados, vigilados, desplazados por la fuerza u obligados a exiliarse; o bien se han allanado sus oficinas y se han robado sus archivos, a causa de su trabajo de defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales”, recalcó la Relatora en su informe final antes de dejar el país.
En particular, a la relatora le llamó la atención la cantidad de amenazas que reciben estas personas por medio de panfletos, sufragios, correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto. Lo más grave, para ella, es que muchas veces esas advertencias de muerte pasan del dicho al hecho.
En parte, esa violencia contra los defensores se debe a las estigmatizaciones que promueve el mismo gobierno al señalarlos como guerrilleros o colaboradores de la insurgencia.
Pero ¿quiénes intimidan y atacan tanto a los defensores? Según la información recopilada por Sekaggya, lo hacen guerrilleros, paramilitares y algunos agentes de la fuerza pública y de organismos de inteligencia civiles como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
El lío del DAS
Sobre los seguimientos que viene haciendo el DAS, y que han sido denunciados por SEMANA, la relatora comentó que “me preocupa asimismo la información sobre seguimiento y la interceptación por parte de los servicios de inteligencia civiles y militares sufridos por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
Según Sekaggya, ni en la Policía, ni en el Ejército ni en el DAS le negaron que hubiera agentes haciendo espionaje a los defensores. Para ella, reconocer la situación es un buen gesto de estos organismos estatales. Y le dio visto bueno a anécdotas que le contaron. Por ejemplo, que la Policía ha hecho operativos que le han permitido capturar a algunos agentes y soldados espías y que el DAS está reestructurándose después de conocerse los detallados seguimientos ilegales que hacen algunos funcionarios.
Sin embargo, la relatora tiene claro que esto no es el punto final del problema. “Sigo preocupada por la posible continuación de los seguimientos”, comentó.
La sugerencia que hace al respecto es depurar los archivos de inteligencia sobre defensores de derechos humanos y sus familias y organizaciones con la asistencia de Naciones Unidas.
“Esto debería acompañarse de una redefinición por parte del aparato del Estado de los objetivos de sus actividades de inteligencia, mediante la instauración de un control democrático de estas actividades. Por último, debería garantizarse el control a los defensores pleno acceso a la información de inteligencia que les concierne”, dijo la relatora.
Es que, como están las cosas, nadie tiene derecho a saber qué es lo que estos organismos estatales han averiguado sobre su vida. Christian Salazar, representante de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, describió la situación. “Ha ocurrido que personas que tienen sospechas de ser seguidas, han ido a la Procuraduría a exponer su caso. La Procuraduría pide la información a los organismos de inteligencia, y le dicen que no hay nada”, contó. O sea, no hay ningún control sobre la información que poseen el DAS y los militares.
Pese a todo lo que está pasando, la relatora declaró que “deseo encomiar al gobierno por la mejora significativa dela situación de seguridad en el país desde 2002. Han mejorado tanto el respeto por el derecho a la vida como el ejercicio de las libertades fundamentales para los ciudadanos colombianos”.
Y dio visto bueno al incremento de recursos que ha hecho el gobierno para proteger a los defensores. Mientras en 2002 el dinero para este fin eran 13 millones de dólares, este año son 40 millones. También aplaudió la adopción de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia y sugirió al gobierno “implementarla lo antes posible”.
Las palabras de Uribe
Durante la visita de la relatora en Colombia, el presidente Álvaro Uribe dijo que “la defensa de los derechos humanos es una contribución necesaria para la sostenibilidad de la política de Seguridad Democrática, por cuanto los derechos humanos y la eficacia constituyen un dúo que construye confianza ciudadana en la seguridad.
“La defensa de los derechos humanos es una acción necesaria y legítima para la democracia, en un país como Colombia que tiene el orgullo de estar plenamente abierto y dispuesto al escrutinio internacional en esta materia", concluyó el Presidente Uribe.
Tal reconocimiento a los defensores, salió de la misma boca que el primero de noviembre de 2008 dijo en un consejo comunitario en Envigado (Antioquia) se refirió de manera denigrante a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch y a Amnistía Internacional.
“Simplemente le quiero decir al Señor Vivanco y a los señores de Amnistía Internacional que ellos no nos tienen que enseñar a nosotros de derechos humanos, ni de convicciones cristianas, ni de convicciones democráticas… Quiero recordarle al señor Vivanco que él no es el profesor nuestro en derechos humanos y que no lo recibimos como tal, que aquí le perdimos el respeto hace mucho rato”.
“Periodistas, sindicalistas, magistrados, abogados, activistas estudiantiles y juveniles, mujeres defensoras, líderes indígenas y afrocolombianos, así como activistas Lgbt, han sido asesinados, torturados, maltratados, desaparecidos, amenazados, capturados y detenidos arbitrariamente, judicializados, vigilados, desplazados por la fuerza u obligados a exiliarse; o bien se han allanado sus oficinas y se han robado sus archivos, a causa de su trabajo de defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales”, recalcó la Relatora en su informe final antes de dejar el país.
En particular, a la relatora le llamó la atención la cantidad de amenazas que reciben estas personas por medio de panfletos, sufragios, correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto. Lo más grave, para ella, es que muchas veces esas advertencias de muerte pasan del dicho al hecho.
En parte, esa violencia contra los defensores se debe a las estigmatizaciones que promueve el mismo gobierno al señalarlos como guerrilleros o colaboradores de la insurgencia.
Pero ¿quiénes intimidan y atacan tanto a los defensores? Según la información recopilada por Sekaggya, lo hacen guerrilleros, paramilitares y algunos agentes de la fuerza pública y de organismos de inteligencia civiles como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
El lío del DAS
Sobre los seguimientos que viene haciendo el DAS, y que han sido denunciados por SEMANA, la relatora comentó que “me preocupa asimismo la información sobre seguimiento y la interceptación por parte de los servicios de inteligencia civiles y militares sufridos por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
Según Sekaggya, ni en la Policía, ni en el Ejército ni en el DAS le negaron que hubiera agentes haciendo espionaje a los defensores. Para ella, reconocer la situación es un buen gesto de estos organismos estatales. Y le dio visto bueno a anécdotas que le contaron. Por ejemplo, que la Policía ha hecho operativos que le han permitido capturar a algunos agentes y soldados espías y que el DAS está reestructurándose después de conocerse los detallados seguimientos ilegales que hacen algunos funcionarios.
Sin embargo, la relatora tiene claro que esto no es el punto final del problema. “Sigo preocupada por la posible continuación de los seguimientos”, comentó.
La sugerencia que hace al respecto es depurar los archivos de inteligencia sobre defensores de derechos humanos y sus familias y organizaciones con la asistencia de Naciones Unidas.
“Esto debería acompañarse de una redefinición por parte del aparato del Estado de los objetivos de sus actividades de inteligencia, mediante la instauración de un control democrático de estas actividades. Por último, debería garantizarse el control a los defensores pleno acceso a la información de inteligencia que les concierne”, dijo la relatora.
Es que, como están las cosas, nadie tiene derecho a saber qué es lo que estos organismos estatales han averiguado sobre su vida. Christian Salazar, representante de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, describió la situación. “Ha ocurrido que personas que tienen sospechas de ser seguidas, han ido a la Procuraduría a exponer su caso. La Procuraduría pide la información a los organismos de inteligencia, y le dicen que no hay nada”, contó. O sea, no hay ningún control sobre la información que poseen el DAS y los militares.
Pese a todo lo que está pasando, la relatora declaró que “deseo encomiar al gobierno por la mejora significativa dela situación de seguridad en el país desde 2002. Han mejorado tanto el respeto por el derecho a la vida como el ejercicio de las libertades fundamentales para los ciudadanos colombianos”.
Y dio visto bueno al incremento de recursos que ha hecho el gobierno para proteger a los defensores. Mientras en 2002 el dinero para este fin eran 13 millones de dólares, este año son 40 millones. También aplaudió la adopción de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia y sugirió al gobierno “implementarla lo antes posible”.
Las palabras de Uribe
Durante la visita de la relatora en Colombia, el presidente Álvaro Uribe dijo que “la defensa de los derechos humanos es una contribución necesaria para la sostenibilidad de la política de Seguridad Democrática, por cuanto los derechos humanos y la eficacia constituyen un dúo que construye confianza ciudadana en la seguridad.
“La defensa de los derechos humanos es una acción necesaria y legítima para la democracia, en un país como Colombia que tiene el orgullo de estar plenamente abierto y dispuesto al escrutinio internacional en esta materia", concluyó el Presidente Uribe.
Tal reconocimiento a los defensores, salió de la misma boca que el primero de noviembre de 2008 dijo en un consejo comunitario en Envigado (Antioquia) se refirió de manera denigrante a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch y a Amnistía Internacional.
“Simplemente le quiero decir al Señor Vivanco y a los señores de Amnistía Internacional que ellos no nos tienen que enseñar a nosotros de derechos humanos, ni de convicciones cristianas, ni de convicciones democráticas… Quiero recordarle al señor Vivanco que él no es el profesor nuestro en derechos humanos y que no lo recibimos como tal, que aquí le perdimos el respeto hace mucho rato”.
