Este es mi ancla

Enlace a ancla

NOMBRE DE LA PAGINA

PRIMERA LETRA AQUI

Read More

El Estado será condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre de La Rochela, ocurrida en Santander en 1989.

Semana
06/02/2007 -1309
"Estaban muy temerosos. Solicitaron a su jefe que se implementaran medidas o que se prorrogara la comisión… pero solicitar protección también les generaba preocupación, podría, según ellos, traer serias consecuencias, pues entre personas presuntamente involucradas en los hechos que estaban investigando… había miembros de las Fuerzas Armadas". Testimonio de un familiar. Este es sólo uno de los testimonios entregados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, por sobrevivientes de la masacre de La Rochela o por sus familiares. Relatos debidamente verificados, a los que SEMANA tuvo acceso y que llevarán a los siete jueces de la Corte, a condenar, la próxima semana, al Estado colombiano. La sentencia será por acción y omisión en una de las tragedias que en 1989 conmovió a Colombia y le dio la vuelta al mundo. Según uno de los sobrevivientes, los investigadores temían por su seguridad. Así lo manifestaron a familiares y amigos desde ese fatídico 8 de enero, cuando la delegación se desplazó a Santander con el objetivo de adelantar una investigación sobre el asesinato de 19 comerciantes, ocurrida en 1987, y ordenada por Carlos Castaño.

Una vez interceptadas por hombres armados, las víctimas fueron engañadas. Los paramilitares aseguraron que eran miembros de un frente de las Farc y convencieron a los investigadores de que querían protegerlos y ayudarles a esclarecer los hechos.Argumentaron que debían hacerse pasar por secuestrados y los desarmaron. Así quedaron indefensos.

"Comenzaron a amarrarnos y a subirnos a los carros a cada uno, con las manos atrás, con unas cuerdas… Nos llevaron en dos carros a una parte aproximadamente a unos tres kilómetros (…) inmediatamente comenzó la ráfaga de disparos".


El testimonio del confeso paramilitar conocido como ‘el negro Vladimir’ condenado por la masacre, fue tomado en cuenta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su condena al Estado. ‘Vladimir’, que salió de la cárcel y ahora nadie sabe dónde está, involucró al entonces general Farouk Yanine como alguien que le ayudaba en sus operaciones
Según el sobreviviente, que se hizo pasar por muerto,"se oyó una voz que decía, bájelos y desátelos, y se oía ya después, muy seguido, un disparo continuo, así, continuo, eso por un minuto, …seguramente tiros de gracia, Cuando dijeron, ¡vámonos, vámonos! que ya están todos muertos. A mí me dejaron en el carro boca arriba con las manos atadas atrás y con la cabeza colgando"…

El sobreviviente describe que otros dos colegas suyos "pudieron hacerse pasar por muertos, pues les cayó masa encefálica de las otras víctimas "

Relatos de esta naturaleza, confrontados al testimonio proporcionado por el principal perpetrador de la masacre, Alonso de Jesús Baquero, conocido como 'el negro Vladimir', permitieron establecer nuevas evidencias sobre los vínculos que sostuvieron, por décadas, militares, políticos y paramilitares, en la zona de Santander.

Para Michael Camerelli, abogado del Centro por la Justicia y el derecho internacional (Cejil), organización que junto al colectivo de abogados José Alvear Restrepo litigó la demanda, la sentencia que se hará oficial en los próximos días será "otro precedente contundente sobre la responsabilidad del Estado en la creación y el apoyo de grupos paramilitares".

Cejil, en su demanda, recuerda que en sus confesiones, alias 'Vladimir' reveló nombres de generales del Ejército que colaboraban con su frente militar. Sólo Faruk Yanine Díaz debió dar explicaciones por presunto encubrimiento

"Lo que pasó fue que el general Farouk Yanine Díaz se había enterado en Bogotá de que por medio de la Presidencia de la República iban a montar un operativo para capturarme (…) Me mandó a decir que estuviera pendiente, que si él se enteraba de algo más exacto, él se comunicaba con el general Gil Colorado para que yo cambiara de zona de operación (testimonio de alias 'Vladimir').

Para los abogados, es desconcertante que sólo en 2005, 16 años después de la masacre, la Fiscalía se haya preocupado por establecer el rol de personas mencionadas por 'Vladimir' y otros testigos. Un capitán de apellido Díaz, un capitán Varón, un teniente Narváez y un capitán Zúñiga. Otros coroneles y generales fueron únicamente llamados a declarar sin ser investigados. Entre ellos Rodrigo Rojas Guerra, Vacca Perilla, coronel Eduardo Santos Quintero y el coronel Jaime Fajardo Cifuentes, y el general Manuel Jaime Guerrero.

La sentencia abre la esperanza de que familiares de las victimas sean recompensados "una de las reivindicaciones que espero haga el Estado es que nos ayude a salir de la situación sicológica en que nos encontramos, a fin de poder nosotros tres volver a formar esa familia" (habla el esposo de una investigadora asesinada que dejó dos hijos).

Dictaminará que el mea culpa del Estado hecho en 2005 por boca del vicepresidente Santos sobre la "responsabilidad por negligencia" no es suficiente. Según Camilleri, "si bien algunos paramilitares han sido procesados, ni militares, ni otros agentes del Estado, ni autores intelectuales han sido condenados".

Entre estos figuran 'Ernesto Báez' y Ramón Isaza, quienes actualmente se benefician de la Ley de Justicia y Paz. "Para los familiares de las víctimas, penas de cinco a ocho años por los autores de hechos de esta gravedad resultan casi rrisibles", concluye Camilleri.

Cejil celebra que el Estado se verá presionado a investigar y, si encuentra evidencia, a condenar a personajes que hasta ahora han pasado agachados. Entre ellos el ex senador Tiberio Villarreal.

"A raíz de la entrada de los jueces, el señor Tiberio Villarreal, por medio del mayor del Ejército Óscar de Jesús Echandía, informó que esa comisión judicial cargaba todo el expediente y comenzó a presionarnos para que matáramos a los jueces y les quitáramos el expediente" (Declaración rendida por Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias 'Vladimir', Fiscalía General de la Nación (30 de agosto de 1996).

El antecedente más relevante que tiene este fallo es la condena que en 2004 la Corte impuso al Estado colombiano, por la masacre de los 19 comerciantes de Barrancabermeja. El Estado fue condenado a desembolsar un promedio de seis millones de dólares para familiares de la víctimas. Otros casos de condenas al Estado colombiano por acción o por omisión están las de las masacres de Mapiripipán, Ituango y el caso de Pueblo Bello.

La masacre de la Rochela, por la coyuntura que atraviesa el país, es muy representativa para la comunidad internacional. Cuando la responsabilidad del Estado en la creación y el respaldo del paramilitarismo están bajo la lupa, la sentencia subraya que fue este hecho el que dio lugar a la suspensión de los Decretos 3398 de 1965 y de la Ley 48 del 68, los cuales amparaban los grupos de justicia privada. La Rochela inspiró los Decretos 813, 814 y 815 del 1989, que retiran la legalidad a estos grupos pero, sobre todo, según Camilleri, con los que "implícitamente el Estado reconoce su responsabilidad histórica en la creación del paramilitarismo".

Dos claros mensajes deja la condena: si las confesiones hechas por los desmovilizados no llevan a investigaciones efectivas de los paramilitares y sus colaboradores, el Estado será el castigado por negligencia o encubrimiento, y la otra lección es que si ante la generosidad de la Ley de Justicia Paz a las víctimas de la violencia en Colombia les queda una esperanza: las Cortes internacionales. Sobre esas ningún Presidente puede negociar.

Read More

Acción Pública de Censura al general Rafael Samudio Molina

Bogotá, noviembre 8 (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz). Hace 22 años, el Palacio de Justicia ubicado en la Plaza de Bolívar del centro de Bogotá, fue ocupado por una columna de 35 insurgentes del M-19, que con su acción militar pretendió realizar un juicio político al entonces Presidente de la República, doctor Belisario Betancourt por el fracaso del proceso de negociación.


Los llamados desde el Palacio de Justicia de un cese al fuego por parte de los Magistrados, entre ellos el del Presidente de una de la Corte, el Doctor Alfonso Reyes Echandía fueron silenciados, tergiversados, saboteados por los militares. La respuesta estatal fue un ataque absolutamente desproporcionado, indiscriminado contra todos los que se encontraban en el interior del Palacio de Justicia. La acción militar produjo el incendio de todas las instalaciones que fueron consumidas por el fuego, el asesinato de decenas de personas entre magistrados, visitantes y trabajadores. Así como la desaparición forzada de los trabajadores y visitantes de la cafetería.

Días antes de los hechos del Palacio de Justicia, el M-19 realizó un atentado contra el General Samudio, después de eso se tenía conocimiento de una acción de este grupo en el centro de Bogotá. A pesar de ello, en el momento de la toma no había vigilancia sobre el Palacio. Pero a los pocos minutos se puso en marcha el Plan Tricolor, que orientó la retoma desde un mando unificado en cabeza del Ministro de Defensa y el General Samudio Molina.

El General ® Samudio Molina, más conocido como “Paladín 6”, en las comunicaciones radiales militares de esos dos días, era el Jefe del Estado Mayor Conjunto, segundo responsable militar debajo del Ministro de Defensa Miguel Vega Uribe (ya fallecido). Samudio, dio la orden de fumigar, arrasar y destruirlo todo, aprovechando que no había llegado la Cruz Roja Colombiana, se indica en el libro de Ramón Jimeno, “Noche de Lobos”.

22 años después, de acuerdo con el comunicado de prensa de la Fiscalía General de la Nación se “compulsó copias para que se investigue la posible participación que pudieron haber tenido en los hechos el entonces presidente de la República, Belisario Betancur Cuartas, y los generales ® Rafael Samudio Molina y Jesus Armando Arias Cabrales. En la misma providencia se dictó resolución de acusación en contra del coronel ® Edilberto Sanchez Rubiano, como presunto responsable de los delitos de secuestro agravado y desaparición forzada, al igual que a los militares Oscar William Vásquez Rodríguez, Luis Fernando Nieto Velandia, Ferney Ulmadrin Causaya y Antonio Rubay Jimenez Gomez”

Hoy se encuentran detenidos el Comandante del B-2 de inteligencia militar, Coronel ® Edilberto Sánchez Rubiano y el entonces Comandante de la Escuela de Caballería, Coronel ® Alfonso Plazas Vega.

Posteriormente, Samudio fue ascendido a General de 3 soles, condecorado con la estrella de policía categoría Cívica en el grado de gran oficial por Decreto 3044 de 1985; con la orden de Boyacá por Decreto 2395 de 1986; ministro de la Defensa Nacional durante el período 1986 – 1988; en 1988 su nombre fue incluido en el "Hall of Fame" de la Escuela de las Americas como militares que deben ser emulados; en 1989 Samudio Molina fue nombrado embajador de Colombia en Chile, después de terminar su carrera militar; en el 2002, fue el segundo en la lista de aspirantes al Senado del Movimiento de Salvación Nacional. En la actualidad Samudio Molina es Presidente de Acore.

El Teniente ® Luis Antonio Meneses Baez, quien actuó en estructuras paramilitares en Puerto Boyacá con el alias de “Ariel Otero”, afirmó que “Samudio Molina, cuando fue comandante de la Brigada 5 reclutó la estructura paramilitar de Isidro Carreño alias “Comanche” en 1978 y en Puerto Boyacá creó grupos paramilitares con miembros del Batallón Bárbula, donde era conocido como “El Gerente”.

El 27 de octubre de 1988, luego de un atentado dinamitero contra la "Casa del Pueblo", sede de la UP en el municipio de Apartadó Samudio Molina expresó: "Pues sería que tenían explosivos en su sede"

El 26 de noviembre del 2006, Álvaro Uribe Vélez expresó: “me emociona mucho compartir este acto con el señor general Rafael Samudio Molina, honra de la Patria y presidente de Acore. (…) Gracias, general Samudio, por lo que ha hecho por la Patria (…) Reitero ante ustedes respetando su patriotismo, su autoridad moral, con una subalternidad ética, porque para asear bien a la Patria hay que respetarlos a ustedes, todo mi compromiso con tres objetivos: la derrota del terrorismo, la derrota de la corrupción y la reivindicación de los pobres. (…) ¡Qué viva Colombia!... ¡Qué viva Acore, su junta! Señor general Samudio, que le siga sirviendo bien a la Patria, que hay una Patria agradecida con la Fuerza Pública, que le ha mostrado un horizonte promisorio”

El Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, igualmente expresó: “Acore, hoy sabiamente dirigida por el general Rafael Samudio Molina, cuya hoja de vida es patrimonio nacional, y con el concurso intelectual y moral de los más eximios miembros de las fuerzas militares, merece todo el respeto y gratitud de la patria, son el mejor ejemplo de una vida entregada a los más altos ideales del espíritu humano.”

Ante la reciente decisión de la Fiscalía Samudio Molina expresó a la Revista Cambio: “lo que no entiendo es por qué los que defendieron la institucionalidad están en la cárcel y los que se levantaron contra el Estado están en cargos públicos… hay una justicia espectáculo que manipula a la opinión pública…”

Los familiares de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia, siempre persistentes entre transiciones generacionales, andando con los pasos de los padres o las madres de los desaparecidos que han muerto sin saber nada de sus desaparecidos, llevando la fuerza moral de su defensor Eduardo Umaña asesinado, continúan el camino de la esperanza en medio de un país sin memoria, en camino de la desesperanza, a veces de la desesperación., afirmando el derecho a la verdad con esta acto de Censura Pública.

Por esas razones esta acción pública de censura.

Read More