26 mayo, 2008

EL GOBIERNO INCUMPLE ACUERDOS FRENTE A LA MASACRE DEL NILO

Onic)
Entre el 21 de Diciembre de 1991, 5 días después de cometida la masacre y el 13 de Septiembre de 2005, se celebraron 13 Acuerdos en los que el Estado Colombiano, a través de diferentes instancias y Gobiernos se compromete con reparar de manera individual y colectiva a las víctimas y al pueblo Nasa del Norte del Cauca. Estos acuerdos incluyen la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contenida en el informe de esta entidad fechado el 13 de Abril de 2000 en el que recomienda al Estado cumplir con los compromisos relativos a esta reparación integral. Es importante recordar que nos fue necesario recurrir a la CIDH una vez agotadas todas las instancias Nacionales sin poder lograr justicia y ante el asesinato de abogados, jueces y testigos.

El Estado Colombiano reconoció internacionalmente su responsabilidad por la Masacre del Nilo y se comprometió a cumplir con las recomendaciones de la CIDH, en materia de Justicia, Reparación Individual y Colectiva. El propio Presidente Ernesto Samper pidió perdón públicamente a nombre del Estado Colombiano a las victimas de esta masacre, a sus familiares y al pueblo Nasa.

La reparación individual consiste en la indemnización a los familiares de las víctimas y la colectiva en adquirir 15.663 hectáreas y el apoyo al Plan de Vida para disminuir el 78% de necesidades básicas insatisfechas, además de programas de desarrollo económico y social coherentes con la autodeterminación del pueblo Nasa.

El actual Gobierno se comprometió el 13 de Septiembre de 2005 a través del último acuerdo, a dar cumplimiento a todas las obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años. Hoy, 19 de Mayo de 2008, no ha cumplido. Además de dilatar con maniobras administrativas y trámites burocráticos, el Gobierno ha desinformado a la opinión pública manifestando contra toda evidencia haber cumplido y ha puesto en marcha estrategias para generar conflicto entre comunidades indígenas, afro colombianas y campesinas que utiliza como excusa para no cumplir con sus obligaciones. Peor aun, ha promulgado el Estatuto Rural y tomado otras medidas administrativas que, de hecho, invalidan los acuerdos y compromisos adquiridos. Ha lanzado una campaña de difamación y propaganda contra los pueblos indígenas para negarnos el derecho a la reparación y a nuestros territorios. Finalmente el 15 de Marzo de 2008, durante un Consejo Comunitario en Popayán, el Presidente Uribe ofrece recompensas por los indígenas que realicen acciones de hecho para hacer cumplir los acuerdos y compromisos. Mientras actúa de esta manera contra el pueblo Nasa, concede derechos territoriales a multinacionales a paramilitares y terratenientes.

Hoy cerca de 18 años después de la masacre no se ha cumplido con la indemnización a los familiares de las víctimas, no se ha terminado de adquirir las 15.663 hectáreas y no ha iniciado el apoyo al plan de vida que permita resolver NBI en el marco de autodeterminación, según artículos constitucionales y convenios internacionales. Lo más grave es que no se ha judicializado y se protege a los responsables de la masacre.

Lo que ha sucedido es todo lo contrario de lo acordado. Por ejemplo: la masacre del Naya con más de 100 víctimas en el año 2001, la masacre de 13 indígenas en la vereda Gualanday municipio de Corinto en el año 2001, la masacre de 7 indígenas en la vereda San Pedro municipio de Santander de Quilichao en el 2001. Han sido asesinados tres indígenas a partir de la firma del último acuerdo durante acciones de la Fuerza Pública para reprimir movilizaciones reclamando el cumplimiento de estos acuerdos. Han ocurrido un gran número de desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, desplazamientos. Todos estos hechos criminales han ocurrido dentro del área donde debía realizarse la reparación integral al pueblo Nasa del Norte del Departamento del Cauca, historia que se repite tristemente a lo largo y ancho del territorio Colombiano.

Hemos persistido más allá de todos los límites razonables y justos, con enorme paciencia, en buscar salidas prácticas a los acuerdos y en encontrar alternativas viables. La actitud de los delegados del Gobierno que hemos constatado en estas reuniones es siempre la misma: dilatar, prometer y no dar pasos concretos para cumplir. No existe, a la fecha un estudio serio, técnicamente elaborado para realizar un plan operativo integral en función del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH lo que impide una efectiva apropiación presupuestal para la realización de la reparación integral frente al daño causado por la masacre del Nilo. En el ámbito local de los municipios del Norte del Cauca, una vez se identificaron predios apropiados para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, se desarrollan toda clase de estratagemas y excusas para impedir su compra. Estas van desde amenazas a los propietarios que deciden vender, presentación de objeciones argumentando que estos predios son de interés de campesinos y afro descendientes hasta la creación de impedimentos basados en los Planes de Ordenamiento Territorial y megaproyectos de interés de multinacionales con presencia en la zona. Contrario a la evidencia de los hechos, los funcionarios delegados insisten en manifestar la voluntad política del gobierno de cumplir. Mientras tanto, al más alto nivel se expresa como política de Estado la decisión de no cumplir, de no entregar "un sólo centímetro mas de tierra a los indígenas" y de proteger terratenientes, paramilitares y megaproyectos. Desarrollan además una campaña destinada estigmatizar la organización indígena acusándonos de terroristas y aliados de la guerrilla.

El gobierno tiene como política los proyectos de las transnacionales ya que mientras incumple con las comunidades, aprueba leyes que les facilitan la apropiación de recursos de la naturaleza y estas ingresan a nuestro territorio respaldadas por la fuerza pública, a la vez que llegan paramilitares denominados las águilas negras. Hay quienes instigan a campesinos y afro descendientes a ocupar predios indígenas para fomentar un conflicto entre despojados que encubra la intención de incumplimiento por parte del Estado.

El Gobierno de Colombia viene implementando la Fase II del Plan Colombia en nuestro territorio, desarrolla una política Nacional de despojo territorial al servicio de intereses privados y ha perdido legitimidad y credibilidad no sólo porque no cumple con la palabra reiteradamente comprometida sino que además esta seriamente cuestionado por sus vínculos criminales.

En este contexto, las autoridades tradicionales responsabilizamos al Gobierno Nacional de lo que le pueda suceder a las comunidades indígenas por causa del incumplimiento de los acuerdos realizados, por no tener compromiso con la reparación integral a las víctimas, por dilatar las negociaciones para beneficiar a las transnacionales negándose a realizar una efectiva reforma agraria que de hecho resolvería el problema de indígenas, campesinos y afro descendientes, por promover el terror, el despojo y la violencia, por engañar a la opinión pública y difamarnos y por implementar planes integrales cuyo objetivo definitivo es destruir nuestros procesos y territorios.

Una Comisión Garante de la que hace parte el Juez Baltasar Garzón del Centro para la Paz de Toledo, ha sido testigo de estos hechos y respalda nuestra verdad.

El Gobierno Colombiano no cumple con los acuerdos adquiridos porque su política va dirigida a ocupar nuestros territorios y destruir nuestro Plan de Vida. Ante esta realidad y como defensores y promotores de la Vida, debemos resistir y llamamos a la humanidad a que nos acompañen en esta lucha desigual. Somos víctimas dignas. Somos defensores del Cxab Wala Kiwe (Territorio del Gran Pueblo). Nuestro proceso es un patrimonio de la Vida y de Toda la Humanidad. La tierra es nuestra Madre y por defenderla y reclamarla debemos decir la verdad y convocar a la resistencia y a la justicia.


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