Bogotá (PCC). La Fiscalía ha pedido abrir investigaciones con base en informaciones de la policía judicial, contra los parlamentarios Gloria Inés Ramírez, Wilson Borja, el Director del Semanario Voz Carlos Lozano y otros integrantes del Polo Democrático Alternativo. Comprende también a la senadora liberal Piedad Córdoba y a un núcleo de personalidades, periodistas y corresponsales de prensa.De tiempo atrás el gobierno ha anunciado medidas y lanzado acusaciones, sin fundamento y sin aportar pruebas, contra miembros de la oposición política, pretendiendo asimilar todo criterio y rumbo diferente al del gobierno como guerrillero, llegando al colmo de calificar las manifestaciones de defensa de los derechos de las víctimas del paramilitarismo como marchas organizadas por la insurgencia. La direccionalidad política de judicializar a dirigentes y activistas de la oposición democrática y social al gobierno y al régimen se corrobora en la filtración ilegal de información parcial y seleccionada de los supuestos contenidos del computador por intermedio de la prensa nacional e internacional.
El país conoce el accionar público de los dirigentes del Polo Democrático Alternativo y de la Senadora Córdoba en pos de la búsqueda de los acuerdos humanitarios y de la lucha por la paz, por encargo del propio gobierno o como integrantes o delegados de las comisiones de Paz del Congreso de la República.
Todo indica que nos encontramos en el comienzo de un juicio político que el presidente de la República pretende asimilar extemporáneamente a su peculiar justificación del genocidio contra la Unión Patriótica. Con sobrada razón existen temores de que se esté dando inicio a una cacería de brujas que oculte y encubra los procesos contra los aliados narco-paramilitares del Gobierno y las demás investigaciones que buscan sacar a la luz los actos de corrupción que se presentaron en el proceso de aprobación de la reelección presidencial. Seguramente se trata de una operación oficial que está comenzando.
En consecuencia, las fuerzas democráticas deben ponerse en alerta frente a las medidas de judicialización dirigidas a golpear y silenciar al Polo Democrático Alternativo e inmovilizar la lucha de los trabajadores y del pueblo por sus derechos y en contra de los crímenes cometidos contra los dirigentes sindicales y populares.
Es justo reclamar de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación obrar dentro de las garantías constitucionales, la presunción de inocencia y el debido proceso.
Los medios de comunicación deben comprender la gravedad de su responsabilidad en el desarrollo del proceso político contra la izquierda. Sólo en las dictaduras se han conocido juicios de esta clase.
El Partido Comunista Colombiano hace un llamado a todos los sectores concientes y avanzados para enfrentar unidos la maniobra del régimen y hacer valer las libertades y derechos democráticos. Les hace un llamado a pronunciarse y a expresar su solidaridad y acompañamiento a los dirigentes de la lucha democrática, a quienes se pretende judicializar por sus ideas y actuaciones políticas.
COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
Bogotá, mayo 23 de 2008
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