Medellín, mayo 2 (IPC). La llamada “Oficina de Envigado” tiene la orden, al parecer desde hace varios meses, de asesinar a los investigadores de la Corporación Nuevo Arco Iris, quienes adelantaron el trabajo académico sobre las relaciones entre grupos paramilitares y políticos regionales, y que hoy tiene en la cárcel a varios de ellos.
“Me parece muy grave todo esto”, dijo León Valencia, director ejecutivo de la Corporación Nuevo Arco Iris y columnista de diversos diarios del país. Por referencias de una fuente a la que le da entero crédito, conoció que la orden de asesinarlo a él y a una de las investigadoras de Nuevo Arco Iris, Laura Bonilla, quienes junto a Claudia López adelantaron el trabajo sobre las relaciones entre paramilitarismo y clase política en el país, proviene de la llamada “Oficina de Envigado”.
Esta organización criminal, que actúa desde esa localidad del sur del Valle de Aburrá, hace más de una década ha estado bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá, y en el proceso de Justicia y Paz, y desde el año pasado está siendo coordinada por Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, quien se ha rodeado de grupos criminales que actúan bajo prácticas paramilitares asentados en el municipio de Itagüí, localidad del sur del área metropolitana.
En conversación con la Agencia de Prensa IPC, el investigador explicó que una persona de su confianza, hermano de un desaparecido, se acercó el pasado 4 de abril a un paramilitar relacionado con la Oficina de Envigado a buscar información sobre su familiar. Éste le dijo que no tenía mayor información y de manera espontánea le comentó que “la situación se iba a poner muy dura, pues había orden de asesinar a León Valencia, y a Laura Bonilla”.
“Nosotros nos enteramos por terceras personas que esa organización tenía una orden de asesinato contra nosotros. Nos enteramos por pura casualidad, lo que es preocupante”, expresó Valencia.
La orden de muerte se suma a diversos hechos intimidatorios y expresiones amenazantes, como correos electrónicos, llamadas intimidatorias y robo de equipos de computación de la sede de la Corporación, ubicada en Bogotá. Este conjunto de agresiones se incrementaron en el segundo semestre del año pasado, cuando se difundieron los resultados de la investigación sobre el nuevo mapa político en Colombia, en cuya redefinición tuvieron alta injerencia los grupos paramilitares.
Lo preocupante es que la situación de amenaza e intimidación se agravó cuando los investigadores profundizaron el tema en Antioquia, lo que evidencia que desentrañar los nexos entre políticos regionales y los paramilitares se convierte en un problema se seguridad y de nuevo reitera que en el Valle de Aburrá permanecen activas poderosas estructuras armadas ilegales.
Pero en el departamento, la Corporación Nuevo Arco Iris no sólo tiene que soportar órdenes de muerte. También en su contra hay acciones judiciales, entre ellas la instaurada por el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, contra la investigadora Claudia López, por injuria y calumnia, pues el mandatario seccional es uno de los políticos que, de acuerdo con la investigación académica, tiene votaciones atípicas en diversas regiones del departamento, sobre todo en zonas de alta presencia paramilitar, lo que podría indicar posibles acuerdos para favorecerlo electoralmente.
Incluso a las críticas del Gobernador de Antioquia se sumó un diario de circulación regional que desde sus páginas editoriales cuestionó la metodología aplicada y resaltó la falta de rigurosidad académica. Al respecto, Valencia defendió la investigación y dijo que ha sido tan precisa que ha coincidido con las declaraciones de los ex paramilitares y las rendidas por varios ex congresistas.
“Son polémicas con respecto a la validez y rigurosidad, pero ambas ya no son puramente académicas; la realidad es que los organismos de justicia han acogido estas investigaciones y los propios actores han reconocido esta situación. Entonces el debate ya está saldado”, precisó Valencia. De ambos procesos surgió el fenómeno conocido como la parapolítica, que hoy tiene en la cárcel a 31 congresistas y bajo investigación a 63 más. De ellos, cinco antioqueños están en prisión y por lo menos seis más están siendo investigados.
La dureza de las discusiones contra los resultados de la investigación académica sobre las relaciones de la clase política con el proyecto paramilitar podría haber incidido en la decisión de la “Oficina de Envigado” de ordenar la muerte de los investigadores de Nuevo Arco Iris. De ello es consciente Valencia y en todo ello ve una contradicción.
“Los propios paramilitares están confesando, la gente está señalando a los políticos, entonces no entiendo por qué nos amenazan a nosotros, que hicimos una investigación social y académica sobre el tema. Es una posición un poco extraña”, aseveró el director ejecutivo de la Corporación, pues reconoce que hay un proceso de paz con el Gobierno y las evidencias apuntan a que algunos sectores del paramilitarismo sigue delinquiendo.
Una explicación al respecto estaría centrada en los pronunciamientos en contra de la investigación que difunden diversos sectores sociales y políticos, que podría ser el combustible que estimula a los grupos armados ilegales que actúan bajo prácticas paramilitares para actuar en contra de todo aquello que les sea adverso o no encuadre en los parámetros ideológicos dominantes.
Por ahora los investigadores de la Corporación Nuevo Aro Iris están valorando el riesgo que generan las amenazas y la orden dada a la “Oficina de Envigado”. Por el momento tienen a su favor un pronunciamiento de la Presidencia de la República que señala que su labor investigativa es legitima, así sea controversial y crítica del Gobierno; y también hay un compromiso de las autoridades para mejorar la protección de las personas que están amenazadas si deciden quedarse en el país.
La situación no es fácil para los investigadores de la parapolítica, y por ser una tensión generada desde Antioquia se convierte en un reto para las autoridades, pues queda establecido que la llamada “Oficina de Envigado” no es un mito, como los han afirmado algunas autoridades, y reclama acciones contundentes en su contra para capturar a quienes están detrás de ella y desmontarla de una vez por todas.
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