(CODHES)Acompañados por organizaciones defensoras de derechos humanos pero sin la presencia de entidades gubernamentales, los habitantes de Teteyé, corregimiento fronterizo de Putumayo, denunciaron abusos de los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública, desplazamientos por fumigaciones y muerte de campesinos presentados posteriormente como guerrilleros.
La cita fue el pasado lunes 21 de abril en ese célebre corregimiento Teteyé, jurisdicción de Puerto Asís, Putumayo, donde en 2005 un grupo de 129 hombres de las FARC arrasó con un puesto fronterizo del Ejército.
Las asociaciones Asamblea Permanente de comunidades indígenas, afros y campesinas del sector Puerto Vega-Teteyé-Perla Amazónica y la Corporación de Integración Campesina del Cordón Fronterizo del Putumayo citaron precisamente allí a una audiencia pública para denunciar las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de todos los actores armados que hacen presencia en su territorio, los desplazamientos masivos y la crisis alimentaria causados por las fumigaciones y la erradicación manual que arrasan con los cultivos de pancoger y la alta militarización.
Desapariciones y asesinatos de campesinos y la aparición posterior de miembros de su comunidad con uniformes de guerrilleros muertos en combate, el reclutamiento forzado de menores , el inminente riesgo de minas antipersonales en los caminos veredales, y la falta de inversión social y de alternativas de cultivo después de la fumigación y la erradicación de la coca fueron otras de las situaciones denunciadas.
Pero a la cita no asistieron delegados de ninguna de las entidades gubernamentales convocadas y los pobladores debieron hacer sus denuncias a los representantes de 14 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, entre ellas Codhes, y organismos de la Iglesia que adelantan una misión de verificación de la situación de derechos humanos en la zona del bajo Putumayo.
El drama de los habitantes de esta región fronteriza se evidencia precisamente en Teteyé, donde solo quedan siete de las cerca de 77 familias que lo habitaban. Las demás debieron abandonar el lugar afectadas por uno o varios de los flagelos expuestos anteriormente y hoy se encuentran en su mayoría refugiadas en Ecuador o en veredas aledañas.
En la convocatoria a la que ninguna autoridad gubernamental local ni departamental asistió la comunidad solicitó un desminado humanitario inmediato y la presencia de una misión humanitaria para verificar las condiciones en las que se encuentra para evita el desplazamiento de los pocos habitantes que quedan en el lugar.
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