Organizaciones humanitarias que regresaron de una misión en el Castillo, Meta, denunciaron presiones del Ejército a pobladores de ese municipio.

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Amenazas de muerte a campesinos acusándolos de ser auxiliadores de las FARC, persecución contra los jóvenes que retornaron al municipio y contra líderes de la comunidad son las denuncias que presentaron ante todos los estamentos del Gobierno las organizaciones que participaron en la Mesa de Acompañamiento al Ariári, luego de su recorrido por varias veredas de esa región.

En una extensa y detallada carta enviada al Presidente de la República y con copias a los Ministerios del Interior, Defensa, a la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, el grupo de organizaciones relata ocho episodios en los que miembros del Batallón 21 Vargas, presente en ese municipio del Meta, ha cometido abusos contra la población civil.

La carta comienza por el caso de Efraín Caro Ansola, un campesino de avanzada edad que vive en una finca de la vereda La Esmeralda de ese municipio y a quien según dice en la carta, el pasado 23 de mayo los soldados del 21 Vargas le rodearon la casa y apuntándole procedieron a amenazarlo de muerte por ser auxiliador de la guerrilla.

La misión también revela en su carta testimonios de jóvenes de la región que aseguran ser perseguidos y amenazados constantemente por soldados de ese batallón. “El Ejército persigue y estigmatiza a los jóvenes retornados, hijos de los campesinos, a quienes sindican sin prueba alguna de ser milicianos o guerrilleros de las FARC. El asedio es tan fuerte que varios de ellos se han visto obligados a desplazarse de nuevo por temor a ser asesinados y presentados con guerrilleros ante los medios de comunicación” .

Otro de los casos mencionados por las organizaciones que conformaron la Mesa de Acompañamiento del Ariári es el de Alba Nelly, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esmeralda, a quien soldados de ese batallón estuvieron buscando en las casas de sus vecinos el pasado 7 de mayo para confrontarla por denuncias que ella hizo contra los militares por violaciones constantes a los Derechos Humanos de esa comunidad.

Las denuncias sobre abusos de miembros del Batallón 21 Vargas en cabeza de uno de sus mandos, un mayor de apellido Baquero, hablan también de presiones constantes a los propietarios de tiendas, supermercados y otros negocios del pueblo que según los militares tiene como principales clientes a guerrilleros de las FARC y de fuertes reclamos del mayor Baquero a la comunidad por haber asistido a la audiencia citada por la Mesa de Acompañamiento para escuchar los problemas de las familias.

Al Castillo, Meta han venido retornando desde principios del año pasado varias familias que debieron huir por presión del desmovilizado grupo paramilitar Bloque Centauros de la AUC, Lo han hecho de forma voluntaria, sin contar con las garantías de seguridad ni ayuda gubernamental para reactivar la producción de sus tierras, situación a la que ahora se suma la persecución del Ejército.