El Gobierno de EE.UU. y la Desmovilización ParamilitarCuando en 2002 la Administración Clinton se preparaba para lanzar un programa masivo de asistencia para la lucha contra el narcotráfico, conocido como el Plan Colombia, principalmente destinado a las fuerzas de seguridad de Colombia, el gobierno estadounidense tenía pleno conocimiento de los abusos perpetrados por paramilitares. La administración también había sido bien advertida por organizaciones de derechos humanos sobre la connivencia omnipresente que existía entre las fuerzas armadas y los paramilitares de Colombia.
Preocupadopor estos informes, y sin estar convencido de que el ejecutivo les prestaría atención suficiente, el Congreso estadounidense impuso condiciones de respeto a los de Estado, junto a las FARC y al ELN. Este impresionante aumento de asistencia del gobierno estadounidense coincidió con unos de los peores años violencia paramilitar. Aunque las organizaciones colombianas y estadounidenses de derechos humanos, a quienes el Departamento de Estado tenía que consultar cada 90 días sobre cuál era el grado de cumplimiento de Colombia con las condiciones de respeto por los derechos humanos, presentaron pruebas en cada consulta realizada durante el período 2000-2008 de que estas condiciones no se cumplían, ni en lo que respecta a la connivencia de las fuerzas armadas con los paramilitares ni con respecto a investigación y procesamiento de casos de violaciones directas de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, el Departamento de Estado certificaba a Colombia sistemáticamente.
Fueron las bien conocidas acusaciones de que los soldados asesinaron mujeres, hombres
y niños en la masacre de San José de Apartadó en 2005, y la presión que ejercieron en ese caso tanto legisladores como organizaciones no gubernamentales, así como las noticias que se conocían con cada vez más frecuencia sobre otros asesinatos de civiles a manos del ejército, lo que comenzó a hacer más difíciles estas decisiones. El Senador Patrick Leahy (demócrata por Vermont), miembro superior y luego presidente
de la subcomisión presupuestaria para cooperación externa del Senado, quien vigilara la situación de derechos humanos en Colombia con admirable atención y preocupación, recurrió a sus Administración Bush pidió financiación para los programas de reintegración para los ex combatientes.
El Congreso estadounidense, más escéptico sobre la desmovilización, impuso condiciones para la financiación con el fin de instar al desmantelamiento de las redes paramilitares. En 2007, el Congreso introdujo importantes cambios en el paquete de asistencia del presupuesto 2008 de la administración, respondiendo a las inquietudes acerca de la esencia eminentemente militar de ese paquete de asistencia y también para mejorar la implementación de la desmovilización Si el gobierno de Estados Unidos dedica sus mejores esfuerzos a una campaña publicitaria que vende a Colombia como un caso de éxito maravilloso, no hay forma de poder transmitir un mensaje fuerte de derechos humanos.
influencias para exigir al Departamento de Estado que hiciera cumplir esas condiciones. Respondiendo a esta presión, el Departamento de Estado y la embajada plantearon algunos casos específicos al gobierno colombiano, que muy probablemente hayan influido en parte en las condenas que se dictaron en unos pocos casos muy resonantes, como el de los tres sindicalistas asesinados por soldados en 2004, la masacre de San José de Apartadó y el caso Jaimundi en el que todo un grupo de policías antinarcóticos entrenados en EE.UU. fue acribillado por soldados. Pero la mayoría de los casos de connivencia ejército-paramilitares y de asesinatos de civiles por el ejército quedaron en la impunidad.
El gobierno estadounidense alentó con entusiasmo las negociaciones del gobierno colombiano con los paramilitares y la consiguiente desmovilización, que prometía terminar con un problema irritante en la relación EE.UU-Colombia. Cuando comenzó la desmovilización, la paramilitar. Estos cambios contemplaban mucha más financiación para investigaciones y procesamientos de jefes paramilitares en la Fiscalía en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y también para el procesamiento de delitos de violación a los derechos humanos en general. También incluyen asistencia a la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, financiamiento para exhumaciones y asistencia para las víctimas.
Para 2008, debería haber sido claro para el gobierno de EE.UU. que algo realmente grave estaba pasando con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, en vista de la poca cantidad de jefes paramilitares que seguían cooperando con la Fiscalía General de la Nación para poder acogerse a los beneficios de la ley, y la persistencia de grupos paramilitares no desmovilizados, re-armados y nuevos. No obstante, el empecinamiento de la Administración Bush por lograr un tratado de libre comercio con Colombia puso a un lado cualquiera consideración de derechos humanos.
Cuando la Secretaria de Estado Condoleezza Rice llevó las primeras de las seis delegaciones legislativas a Colombia para demostrar el progreso colombiano y así ganarse el apoyo demócrata para el tratado de comercio, su conferencia de prensa con el Presidente Uribe fue nada más que puros elogios hacia el gobierno, particularmente por la desmovilización paramilitar.
Colombia es un caso inspirador no sólo para el pueblo de esta región sino también para todos los pueblos del mundo que están tratando de superar años de conflictos civiles, que están tratando de superar sus diferencias y los que están tratando de hacerlo en un contexto democrático. Señor Presidente, usted y su Gobierno siempre fueron generosos, no sólo con su tiempo, sino también generosos de espíritu, en su transparencia, en hablar sobre circunstancias difíciles que están tratando de superar. Hemos podido hablar sobre derechos humanos, hemos podido hablar sobre derechos del trabajo, siempre vimos un Gobierno dispuesto a responder preguntas difíciles, y hoy vemos lo mismo….
La única mención a problemas de derechos humanos y del trabajo estuvo en la oración donde elogiaba la predisposición del gobierno al diálogo. En otro discurso ante figuras del sector privado, la Secretaria de Estado se deshizo en elogios, La historia de Colombia es inspiradora, inspiradora para la región e inspiradora para el mundo, porque hay tantos lugares alrededor del planeta que están tratando de superar conflictos civiles…. Y es extraordinario ver que el sistema de justicia realmente está empezando a castigar a los que están implicados en actos de violencia contra sus propios conciudadanos… Queremos que Colombia tenga éxito, Colombia es un caso inspirador. Y con nuestra asociación y la continuidad de nuestra asociación en el tiempo y con este tratado de libre comercio, podemos seguir haciendo de Colombia un caso inspirador para el futuro.
Para lograr el apoyo legislativo para el tratado de libre comercio, su retórica continuó en aumento: Secretaria de Estado Rice: Con una permanente política bipartidaria, el Plan Colombia y un fuerte liderazgo del democráticamente elegido Presidente Uribe, Colombia no sólo pudo regresar del abismo que la catapultaba a ser un Estado fracasado, sino que se está transformando en uno de los Estados más prósperos de América Latina. Este fundamental aliado de EE.UU. ha hecho todas las cosas bien para dar estabilidad, democracia y prosperidad a sus ciudadanos. Al mismo tiempo, el Gobierno de Colombia está registrando importantes progresos en términos de dar protección a sindicalistas y reducir la violencia laboral, luchar contra el terrorismo, desmovilizar paramilitares y ponerse en una posición fuerte frente a Estados y fuerzas latinoamericanas que son hostiles y anti-americanas.
Presidente Bush: Y les hablaré de otro problema. Dejando de impulsar el tratado de libre comercio con Colombia, le estamos dando nuestra espalda a un poderoso aliado de los Estados Unidos de América. Colombia tiene un Presidente que se llama Uribe y que tiene que enfrentar una difícil situación en su país porque tiene el problema de lo que llaman FARC, que es un grupo extremista que utiliza narcodólares para perpetuar la violencia y hacer circular sus productos— principalmente a este país. Y hay un hombre que dice, Yo los voy a enfrentar, Voy a ser duro con ellos. Y de repente, el Congreso de los Estados Unidos le da vuelta su espalda a ese hombre. ¿Qué clase de mensaje estamos enviando?
Las declaraciones de la Secretaria de Estado y del Presidente se dieron en el momento en que el escándalo de la parapolítica envolvía a aliados del Presidente Uribe en el Congreso y a algunos miembros de su administración,como de Estados Unidos, en las cuales se ventilaron evaluaciones críticas acerca del comportamiento del gobierno en materia de derechos humanos y esfuerzos por mejorar los programas de la AID para los derechos humanos. En apenas los ejemplos más recientes de expresiones de preocupación en el seno del Congreso acerca de
los derechos humanos en Colombia, 14 senadores, representados por los demócratas Christopher Dodd (Connecticut) y Russell Feingold (Wisconsin), instaron a la Secretaria Rice, en el mes de febrero de 2008, a congelar asistencia militar Para 2008, debería haber sido claro para el gobierno de EE.UU. que algo realmente grave estaba pasando con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz...mientras millones de dólares en asistencia militar de EE.UU. estaban congelados a la espera de la resolución de cuestiones de derechos humanos.
Estos discursos se contradecían con cierto reconocimiento que había dentro de la burocracia del Departamento de Estado, al igual que en el Congreso, de que había problemas de re-armamento paramilitar, amenazas generalizadas dirigidas contra defensores de derechos humanos y un grave problema como era la escalada de asesinatos de civiles por las fuerzas armadas tras la desmovilización de los paramilitares. La Dirección de Derechos Humanos y Laborales del Departamento de Estado, a cargo de Jonathan Farrar, escuchó atentamente estas inquietudes, intentó planteárselas a sus pares colombianos y las incluyó en el informe anual sobre derechos humanos de su Departamento. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) hizo consultas sobre su programa de derechos humanos entre diversas agrupaciones civiles tanto de Colombia que estaba supeditada a condiciones
de derechos humanos hasta que se registraran avances en la investigación y procesamiento de supuestos asesinatos de civiles a manos del ejército. En la Cámara Baja, diputados representados por los demócratas Jim McGovern (Massachussets)
y Janice Schakowsky (Illinois) pidieron al gobierno colombiano, en abril de 2008, que investigue las amenazas y los ataques contra víctimas que denunciaban hechos de violencia paramilitar. El embajador William Brownfield se mostró preocupado por las amenazas contra defensores de derechos humanos tras la convocatoria del 6 de marzo. Pero el mensaje de máximo nivel, de la Secretaria Rice y del propio Presidente Bush, era que Colombia era un “caso inspirador”.
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