Aumentan la lista de Congresistas Detenidos por sus Vinculos con el Paramilitarismo

Bogotá, abril 17 (Semanario VOZ). Cada día que pasa la ilegitimidad del Congreso y el Gobierno son más evidentes. Con la captura el ocho de abril del senador Humberto Builes de Cambio Radical, la cifra de congresistas vinculados a los grupos paramilitares se elevó a 29 y es muy probable que en los próximos días ese número crezca. Hay crisis en el Legislativo y esta crisis salpica al Ejecutivo y al Presidente, con buena parte de sus amigos políticos en las cárceles y con un polémico proceso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por injerencia en asuntos de la Corte Suprema de Justicia, que mantiene asegurado a su primo Mario Uribe. La propuesta de convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales comienza ya a dibujarse como la solución a la crisis política y gubernamental, hecho que asusta al régimen uribista, calificado por la oposición de mafioso, que replica levantando la reforma política y la reforma al Código Electoral como la fórmula de alquimia que pueda librarlos de todos los males que sufren.

Salvavidas uribista

La reforma política, tal como está planteada y como descaradamente el ministro del Interior Carlos Holguín la ha definido, es un salvavidas para el Congreso amenazado por la vinculación a la parapolítica de buena parte de sus integrantes y que al paso que va tendrá que sesionar en la cárcel. Pero no sólo eso, es una salida camuflada para la reelección, la continuidad de la política de “seguridad democrática”, el bloqueo al diálogo con la insurgencia, la negación del intercambio humanitario y la profundización de la exclusión de las minorías.

Nueva reforma electoral

Paralelamente, en el Senado fue radicado el ocho de abril un proyecto de ley estatutaria con respaldo de la bancada uribista, de la senadora Alexandra Piraquive del Mira, Hernán Andrade del Partido Conservador, Samuel Arrieta de Convergencia Ciudadana, Ciro Muñoz, presidente del Consejo Nacional Electoral, Edgardo Maya Villazón, procurador general de la Nación y Carlos Holguín Sardi, ministro del Interior. La iniciativa persigue regular asuntos que no requieren reforma constitucional previa y contiene algunos artículos que son de aceptación general, tales como la aplicación del voto electrónico, competencia al Consejo Nacional Electoral para aplicar sanciones a los partidos y movimientos políticos cuyos candidatos resulten involucrados en la parapolítica, cancelación de la personería jurídica a los partidos y movimientos en casos en que más del 50 por ciento de sus miembros en el Congreso resulten condenados por delitos electorales o de vinculación a grupos armados ilegales y pérdida de la curul sin restitución. En materia de inscripción de candidatos por grupos significativos de ciudadanos, podrá hacerse si se inscribe un comité promotor de la candidatura y si el número de firmas de apoyo es equivalente al umbral aplicado en la última elección de la respectiva corporación o en caso de cargos uninominales, equivalente al tres por ciento.

Así las cosas, el uribismo gobernante está en la encrucijada, en un laberinto en el que él mismo ha entrado por causa de sus acciones. La dinámica que pueda conducir a la aclimatización política dependerá de la fuerza de sectores parlamentarios del liberalismo y el Polo Democrático que ya plantean la revocatoria del Congreso y convocatoria a nuevas elecciones. Pero sobre todo, de la opinión pública, que mediante la movilización exija la convocatoria a nuevos comicios y la judicialización de todos los integrantes del Congreso, las corporaciones de elección popular y el Gobierno vinculados al nefasto fenómeno de la parapolítica.