AFP. Human Rights Watch (HWR) llamó el jueves al presidente colombiano, Álvaro Uribe, a no obstaculizar las investigaciones por nexos de políticos, empresarios y militares con paramilitares de ultraderecha, y pidió a Estados Unidos y a la comunidad internacional vigilar esos procesos.
El gobierno reaccionó calificando el informe de "ridículo" y "mentiroso". En una declaración divulgada por la vicepresidencia afirmó además: "deseamos un esclarecimiento total y rápido de las circunstancias que han rodeado la violencia contra las instituciones y la población por parte de todos los grupos armados".
Por su parte, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, acusó a Uribe de instigar una campaña para "desacreditar" a la Corte Suprema de Justicia. "El gobierno del presidente Uribe se ha constituido en nuestra opinión en un obstáculo para el progreso de la justicia", dijo en una conferencia de prensa en Bogotá al presentar el informe.
La organización defensora de los derechos humanos reclamó también a la justicia estadounidense entregar a Colombia la información que obtenga de 13 jefes paramilitares, extraditados en mayo, y brindarles "incentivos jurídicos" para que confiesen delitos cometidos en el país andino.
Al destacar los "avances históricos" que la justicia colombiana ha logrado "contra el poder paramilitar", HRW sin embargo advirtió de que éstos aún son "frágiles".
La justicia evalúa actualmente las confesiones de medio centenar de jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se desmovilizaron junto a unos 31.000 combatientes tras una negociación con el gobierno. Igualmente investiga a más de 60 congresistas, en su mayoría de la coalición que respalda a Uribe, por simpatías y vínculos con esos grupos de ultraderecha, a los que se atribuyen más de 9.000 crímenes.
"Colombia tiene ante sí una oportunidad única de revelar y poner fin a la influencia de estas redes, juzgando a los paramilitares y a sus cómplices", señala el documento que pide a Uribe "expresar firme y claramente el apoyo" a esas investigaciones.
Según dijo HRW en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, esas investigaciones deben ser exhaustivas para que se juzgue "a quienes hayan colaborado con los paramilitares en el sistema político y las fuerzas de seguridad". Por ello pidió a Uribe oponerse a "cualquier proyecto de ley que pueda permitir la reducción de penas o, directamente, la impunidad por colaborar con los paramilitares", y también "abandonar los ataques contra la Corte Suprema" de Justicia que realiza "valientemente" esas investigaciones.
El informe también llama la atención sobre el poder político que con su accionar violento alcanzaron los paramilitares de extrema derecha. "Muchas veces, los asesinatos y las amenazas -en lugar de las elecciones libres o el diálogo democrático- son los factores que han determinado quién controla el poder, la riqueza y la influencia en el país", puntualiza.
Por ello, el documento pide al fiscal de la Corte Penal Internacional "monitorear el proceso de investigación y juzgamiento de los cómplices de los paramilitares", y a la comunidad internacional "respaldar con firmeza las investigaciones acerca de la influencia ilegal de los paramilitares en el sistema político".
El documento también aconseja al Congreso de Estados Unidos mantener congelada la aprobación de un Tratado de Libre Comercio bilateral negociado en 2006, hasta tener "resultados concretos y sostenidos" de las investigaciones sobre los asesinatos de sindicalistas.
Finalmente, tras destacar que "durante las dos últimas décadas los paramilitares han devastado gran parte del país", destacó que "Colombia es el país con las mayores cifras de desplazados internos en el mundo luego de Sudán".
El gobierno reaccionó calificando el informe de "ridículo" y "mentiroso". En una declaración divulgada por la vicepresidencia afirmó además: "deseamos un esclarecimiento total y rápido de las circunstancias que han rodeado la violencia contra las instituciones y la población por parte de todos los grupos armados".
Por su parte, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, acusó a Uribe de instigar una campaña para "desacreditar" a la Corte Suprema de Justicia. "El gobierno del presidente Uribe se ha constituido en nuestra opinión en un obstáculo para el progreso de la justicia", dijo en una conferencia de prensa en Bogotá al presentar el informe.
La organización defensora de los derechos humanos reclamó también a la justicia estadounidense entregar a Colombia la información que obtenga de 13 jefes paramilitares, extraditados en mayo, y brindarles "incentivos jurídicos" para que confiesen delitos cometidos en el país andino.
Al destacar los "avances históricos" que la justicia colombiana ha logrado "contra el poder paramilitar", HRW sin embargo advirtió de que éstos aún son "frágiles".
La justicia evalúa actualmente las confesiones de medio centenar de jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se desmovilizaron junto a unos 31.000 combatientes tras una negociación con el gobierno. Igualmente investiga a más de 60 congresistas, en su mayoría de la coalición que respalda a Uribe, por simpatías y vínculos con esos grupos de ultraderecha, a los que se atribuyen más de 9.000 crímenes.
"Colombia tiene ante sí una oportunidad única de revelar y poner fin a la influencia de estas redes, juzgando a los paramilitares y a sus cómplices", señala el documento que pide a Uribe "expresar firme y claramente el apoyo" a esas investigaciones.
Según dijo HRW en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, esas investigaciones deben ser exhaustivas para que se juzgue "a quienes hayan colaborado con los paramilitares en el sistema político y las fuerzas de seguridad". Por ello pidió a Uribe oponerse a "cualquier proyecto de ley que pueda permitir la reducción de penas o, directamente, la impunidad por colaborar con los paramilitares", y también "abandonar los ataques contra la Corte Suprema" de Justicia que realiza "valientemente" esas investigaciones.
El informe también llama la atención sobre el poder político que con su accionar violento alcanzaron los paramilitares de extrema derecha. "Muchas veces, los asesinatos y las amenazas -en lugar de las elecciones libres o el diálogo democrático- son los factores que han determinado quién controla el poder, la riqueza y la influencia en el país", puntualiza.
Por ello, el documento pide al fiscal de la Corte Penal Internacional "monitorear el proceso de investigación y juzgamiento de los cómplices de los paramilitares", y a la comunidad internacional "respaldar con firmeza las investigaciones acerca de la influencia ilegal de los paramilitares en el sistema político".
El documento también aconseja al Congreso de Estados Unidos mantener congelada la aprobación de un Tratado de Libre Comercio bilateral negociado en 2006, hasta tener "resultados concretos y sostenidos" de las investigaciones sobre los asesinatos de sindicalistas.
Finalmente, tras destacar que "durante las dos últimas décadas los paramilitares han devastado gran parte del país", destacó que "Colombia es el país con las mayores cifras de desplazados internos en el mundo luego de Sudán".
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