05 marzo, 2009

La Masacre de Pueblo bello

Semana. “Los hechos por los cuales estamos hoy aquí reunidos son hechos tristes, porque le han causado un inmenso daño a muchos de los presentes (…) Rechazamos estos actos y nos avergonzamos de que hayan ocurrido contra una población inocente, por lo cual les pedimos perdón a ustedes, sus padres, sus madres, sus hijos e hijas, sus hermanos y hermanas, esposas y compañeras. Lamentamos no haber escuchado sus voces antes y haberlos hecho transitar este largo camino para alcanzar justicia”.

Esas fueron las palabras del ministro de Defensa Juan Manuel Santos a las víctimas de la desaparición más grande de la historia, ocurrida en el corregimiento de Pueblo Bello del municipio de Turbo, Antioquia, el 14 de enero de 1990.

Por la omisión en la que incurrieron el gobierno y las Fuerzas Militares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al gobierno de Colombia pedir perdón en un acto público a las familias de las víctimas y a pagar una multimillonaria indemnización.

Los familiares de las 43 personas que fueron torturadas escucharon el perdón de Santos. Y al mismo tiempo, recordaban las horribles palabras de un militar que les habló al día siguiente de la tragedia: “Ustedes cambiaron gente por ganado”. Una frase así era lo último que esperaban escuchar los familiares desesperados de este corregimiento, ubicado en el Urabá antioqueño. Y menos de labios de un oficial del Estado. Sin embargo, varios oyeron al teniente del ejército Fabio Enrique Rincón Pulido, adscrito a la base militar de San Pedro de Urabá, repetirla como una sentencia: “Cambiaron gente por ganado”.

La afirmación del teniente hacía referencia a la más reciente furia de Fidel Castaño Gil, el temible jefe paramilitar de la zona y cuyo enojo a la postre desencadenó el más escalofriante episodio de desaparición forzada del que se tenga registro en la historia de Colombia.

A Castaño le habían robado 42 cabezas de ganado a finales de 1989. La información que corría por todo el norte del Urabá Antioqueño indicaba que la guerrilla era la responsable del robo y que, en su huida con las reces, habían pasado por Pueblo Bello por lo que el jefe paramilitar consideraba a sus habitantes cómplices. Así se lo hizo saber a “Los Tangueros”, su escuadrón de muerte compuesto por cerca de 60 hombres fuertemente armados, entrenados y descorazonados para darle forma a la más abominable empresa criminal. Se denominaban “Los Tangueros” en honor a la finca Las Tangas en la que Fidel Castaño conformó este escuadrón paramilitar que luego sería modelo para cientos y cientos que también llevaron el horror a las más apartadas zonas del país. En Las Tangas, Fidel Castaño le dijo a sus hombres la sentencia para que estos se encargaran de hacer correr entre la gente antes de cumplirla. “Él (Fidel) había dicho que esas cuarenta y dos cabezas de ganado iban a valer cuarenta y dos personas”, afirmó un habitante de la zona que narró su testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 13 de enero empezó Castaño a cumplir su amenaza con creces: no se llevó 42 sino 43 pobladores de Pueblo Bello, tres de estos menores de edad. “Los tangueros” arribaron al municipio pasadas las ocho de la noche, luego de superar los retenes del Ejército instaurados en varios puntos de una zona declara “de emergencia y de operaciones militares”. Se movilizaban en dos camiones y portaban armas de diferentes calibres, algunos vestían prendas de uso privativo del Ejército y otros iban de civil y cubrían su rostro con pañuelos. Cuando llegaron al parque central se distribuyeron por todo el pueblo y poco a poco y con violencia fueron sacando de las casas a 43 hombres que tenían reseñados por sus nombres en una lista. Los concentraron en el parque, los amarraron y los amordazaron y -como al ganado que le hurtaron a Castaño-, los metieron apretujados en los dos camiones de carga que de regreso pasaron nuevamente frente a los puestos de control militar al margen de la vía. Para ese entonces no se supo a dónde se los llevaron. Nadie dijo nada. Y nadie volvió a saber de ellos con vida.

Las investigaciones posteriores permitieron establecer que hacia a las primeras horas de la madrugada del 15 de enero, “Los Tangueros” arribaron con su “cargamento” a la finca Santa Mónica. Allí los aguardaba Fidel Castaño, quien ordenó dividir a los 43 hombres en varios grupos y someterlos a un interrogatorio atroz con la idea de saber dónde estaba su ganado. “Durante dichos interrogatorios, a algunos de los secuestrados les cortaron las venas, los órganos genitales o les chuzaron los ojos” dice otro testimonio ante la Corte. Se estima que unas veinte personas no sobrevivieron a tal procedimiento. Varias habrían sido desmembradas y sepultadas en fosas clandestinas. Las víctimas, vivas y muertas, fueron repartidas en toda la zona y hasta hoy no se tiene rastro de 37 de los desaparecidos.

A las primeras horas del 15 de enero, cuando los familiares de los desaparecidos se presentaron ante las autoridades buscando noticias de sus seres queridos, se encontraron con el teniente Rincón que furioso les hizo un cuestionamiento demoledor: “Y ahora por qué sí vienen, cuando se llevaron los ganados de Fidel Castaño no vinieron a denunciar eso pero ahora que se llevan a la gente sí denuncian. Eso seguro se trata de una venganza, ustedes cambiaron la gente por ganado”. No valió de nada la insistencia de que se practicara un allanamiento en Las Tangas pues “no tenía tropas para mandar”.

El luto, la desazón y la rabia de las familias afectadas se volvieron una indignación dura una semana después, cuando un grupo de militares procedente de la base militar de Carepa, Antioquia, arribaron en un helicóptero a Pueblo Bello. Al descender de la aeronave lucían uniformes y traían sobres con sumas de cincuenta mil pesos. Siguiendo una lista como la de “Los Tangueros” fueron buscando por el pueblo a las familias victimizadas para entregarles el dinero. Muchas no aceptaron la vil compra de su silencio. Por el contrario, desde entonces, empezaron a buscar la forma de encontrar justicia. Luego de agotar las instancias nacionales lograron que la Corte Interamericana juzgara el caso y el 31 de enero de 2006 lograron su propósito.

El Estado colombiano fue condenado a indemnizar con 12.500 millones de pesos a las familias de los desparecidos de Pueblo Bello. A pesar de que la justicia nacional condenó a una decena de personas, entre ellas al desaparecido Fidel Castaño por su responsabilidad en estos hechos, la CIDDHH determinó en su sentencia que el Estado creó una situación de riesgo para la población de Pueblo Bello al no tomar las medidas oportunas y eficaces para desactivar los grupos paramilitares que operaban en el Urabá antioqueño y que posteriormente faltó a su deber de garantizar los derechos de acceso a la justicia.
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