Consejo Noruego para los Refugiados. Víctima del desplazamiento forzado en dos ocasiones, hace parte de las miles de mujeres que han sufrido los horrores de la guerra en su propio cuerpo. Hoy, a sus 35 años, esta guajira ha reconstruido su proyecto de vida desde el liderazgo a favor de los derechos de la población en situación de desplazamiento y la reparación integral para las víctimas del conflicto en el departamento del Magdalena. Recientemente, participa como tutora comunitaria en el programa de Educación Integral para Adultos del Consejo Noruego para Refugiados en el departamento. Es María Choles y esta es su historia.Soy María, pero todo el mundo me dice Chole. En los años 80’, en la época de la bonanza de la marihuana, asesinaron a mi abuela en la Guajira y tuvimos que desplazarnos. Llegamos al municipio de Zona Bananera, en el departamento del Magdalena. Allí trabajábamos en el campo. Pero en el año 2000, los paramilitares asesinaron a un tío y dos primos, nos amenazaron y nos tocó salir otra vez desplazados. Llegamos a Santa Marta con los trapos que traíamos puestos, mis dos hijos, mi compañero y con cuatro meses de embarazo. Tenía 27 años. Fue duro porque, cuando se trata de muertos y de violencia, la gente por más amiga, le cierra las puertas. Los primeros días, familiares de mi compañero nos dieron alojamiento. Después dijeron que se hacía mucha comida, que el gas y la luz llegaban muy caros. Buscamos una piecita y comencé a hacer dulces de coco, leche y papaya para vender. Mi compañero arreglaba pescado en el mercado por $500. Con eso comprábamos arroz y aceite para dar algo de comer a los niños.
El hijo mayor –que estaba en quinto de primaria- se atrasó porque no podíamos pagar la matrícula y en ningún colegio lo recibían. Una vecina me dijo que declarara que era desplazada para que me ayudaran. Fui a la Defensoría del Pueblo pero me dijeron que, para darme el código, los asesinados tenían que ser mis hijos, hermanos o padres. En la Personería sí me aceptaron. Pensaba que me iban a ayudar rápido. Pero comencé el calvario por el que pasan todas las familias desplazadas: ir todos los días a pedir la ayuda humanitaria de emergencia y, de ahí en adelante, exigir a la brava los beneficios a los que uno tiene derecho.
La realidad…
La población desplazada en Santa Marta vive muy mal. La mayoría está en las partes altas de los cerros y, en tiempo de lluvia, se derrumban las casas. Hay una población grande que vive a la orilla de la línea férrea y es peligroso cuando pasa el tren. Hay muchas enfermedades porque en estos sectores no hay pozos sépticos. Deben tirar el excremento o quemarlo al aire libre. Hay brotes y epidemias todo el tiempo. Y no hay acceso a salud. Porque el problema no es tener un carné que certifique que uno está en el régimen subsidiado. Es que en verdad se brinde la atención. Muchos centros de salud han sido cerrados en los barrios y los pocos que quedan no dan abasto.
A pesar de que el Alcalde sacó un decreto para que la población desplazada sólo pague 10 mil pesos por la matrícula de los niños, los directores de los colegios piden más. Los niños se están quedando sin estudio porque las mamás no tienen cómo matricularlos, no tienen para los uniformes y los libros. Los jóvenes no pueden estudiar y trabajan de manera informal, en el mercado público o vendiendo bolsas. Se está viendo la prostitución y el vandalismo.
Los desplazados sobreviven como pueden. Cada quien se busca su sustento vendiendo tinto, bolsas, dulces. Con los programas de generación de ingresos tenemos dificultades. ¿Cómo crea una persona una microempresa con $800.000 o $1’500.000? Además, deben registrarla en Cámara de Comercio y eso genera gastos. La Alcaldía y la Gobernación deberían avalar los proyectos para garantizar que realmente generen ingresos estables. Pero apoyar a una persona para vender tinto en la calle o comida en una carretilla, la misma Policía los corretea. No son proyectos para vivir con dignidad.
El subsidio que dan para vivienda tampoco sirve. Aunque es una ayuda es un martirio cuando lo otorgan porque no cubre las necesidades. Son $10’842.500 pesos, pero dónde consigue uno en Santa Marta vivienda digna -como lo exige la ley- con esa plata, si además no hay proyectos especiales de vivienda para desplazados, no hay terrenos para comprar. Aunque deberían hacer una investigación porque uno ve personas registradas como desplazadas que tienen hasta tres viviendas gracias a los subsidios. Deberían cruzar las bases de datos de instrumentos públicos, Notarías y registros. Ahora, el gobierno dice que en el Magdalena estamos en postconflicto. Pero nosotros sabemos que no. Después de las desmovilizaciones de las autodefensas, siguen los muertos y los desplazamientos. ¿No se dan cuenta que la prostitución la están ejerciendo mujeres desplazadas porque no tienen como darle un plato de comida a los hijos? El gobierno sabe lo que está sucediendo pero lo niega para no atender a la población. No sólo a la desplazada; también a la población vulnerable que ha tenido que hacerse pasar como desplazada por necesidad. A uno le dicen: “Yo le pagué a fulano de tal para ingresar al Registro”. Muchas veces son líderes asociados con funcionarios. En últimas, todos somos víctimas del abandono del Estado. Nos ponen a competir desde la necesidad y terminamos peleando entre pobres.
También es duro ver que a los victimarios ahora les pagan un sueldo. Uno piensa: ¿Qué sucede que premian a los victimarios y las víctimas están pasando hambre? ¿Será que la población desplazada tendrá que armarse con machete, pala, azadón y pico -que es lo que sabe tener en sus manos- y luego desmovilizarse y entregar esas armas para poder acceder a los beneficios?
El tesón de persistir
A pesar de tantas leyes todavía no han dicho cuándo es que le van a cumplir a la población desplazada. Cuándo es el límite de tiempo. Y entre más esperen, más desplazados habrá y será una historia de nunca acabar. Por eso un grupo de organizaciones hemos decidido hacer talleres en los barrios. Hablamos con la comunidad sobre sus derechos en educación, vivienda, salud, generación de ingresos, seguridad alimentaria. Es importante que la población conozca sus derechos. Muchas veces uno forma el escándalo en la institución y lo echan sin lograr nada. Hay que exigir desde los argumentos. Si uno sabe cuales son sus derechos, hace la petición conforme a la ley y, si no se la aceptan, acude a mecanismos como la tutela. Aunque ahora hay desacato y no pasa nada. Ya ni siquiera la tutela funciona. Muchas veces los funcionarios le dicen a uno: “A mi la ley me vale huevo”. El Magdalena ha sido uno de los departamentos más golpeados por el conflicto. Aquí la ley no existe. Los funcionarios están acostumbrados a no cumplir la ley. Además, ser líder mujer, desplazada y afro, es duro. Las puertas de las instituciones difícilmente se abren. Uno siente la discriminación: “Ya llegó la negra desplazada”, me dicen. Pero ya me acostumbré y no me lo tomo a pecho.
Por eso fue tan linda la experiencia de organizar la Audiencia de seguimiento a la T-025 con la Corte Constitucional. Me llenó de orgullo estar al lado de esos magistrados que han venido dando una pelea grande por la población desplazada. Algunas instituciones nos decían que íbamos a sapear, que los estábamos acusando. Pero lo único que uscábamos era que la Corte conociera la realidad de cómo se ha venido atendiendo a la población desplazada, cuáles han sido los beneficios reales, cuáles los derechos vulnerados. Las instituciones decían que toda la población ha sido atendida. Pero otra cosa vemos los líderes que estamos metidos en las comunidades todo el tiempo.
Fue una experiencia dura. Antes de entrar a la audiencia, pensaba: “Señor, dame fuerzas. No quiero volver a salir corriendo”. Sentí miedo. Lloré mucho. Pero me recogí las lágrimas y pensé: “Si no lo hago yo, junto a mis compañeros… ¿entonces quien?”. Fue una oportunidad para decir lo que en verdad estaba pasando y dar recomendaciones. Recuerdo las caras de los funcionarios: pálidas, largas, arrugadas. Fue un logro muy grande. Cuando la Corte Constitucional después sacó otro Auto a nivel nacional sentimos que, desde nuestro trabajo, pudimos ayudar a los desplazados de todo el país. Lástima que los magistrados se van porque no sabemos los que vienen cómo serán…
Ahora estoy participando en un proyecto del Consejo Noruego para Refugiados y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD para alfabetizar adultos desplazados y vulnerables. Es mucha la población que, en pleno siglo XXI, aún es analfabeta. Es lo que debería ver el presidente Uribe: invertir más en educación y menos en la guerra. Es un proyecto lindo porque es desde los líderes hacia la comunidad. Tengo 18 alumnos –tres hombres y 15 mujeres-. La más joven tiene 34 años y la más viejita 72.
Me divierto porque la metodología de trabajo es diferente. No es con cartillas, ni salón de clase, ni recitando tablas de multiplicar. Aprenden jugando, por ejemplo, con parqués o dominó, suman o restan. Hablamos, por ejemplo, sobre la sana convivencia y temas relacionados como violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencia contra los niños. Les enseñamos cuales son sus derechos y cómo ejercerlos. Aprenden a leer y escribir hablando. Por ejemplo, inicio con una frase: “¿Para ustedes qué es la violencia intrafamiliar?”. Alguien responde: “Es cuando el hombre golpea a la mujer”. La palabra generadora es “golpear”. Trabajamos la letra G y buscamos palabras que empiecen con esa letra. Y así van aprendiendo. Las clases son en mi casa, de 2 a 5 de la tarde. Me dicen “seño Chole” y me da risa. Todo el tiempo aprendo de ellos. El que no sepan leer ni escribir no significa que no tengan nada que enseñar. Y uno siempre tendrá cosas por aprender…
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