Amnistía Internacional pide al Gobierno español que no olvide que la situación de los DDHH en Colombia "sigue siendo grave"

Europa Press. Amnistía Internacional (AI) afirmó hoy, con motivo de la próxima visita oficial del presidente colombiano Álvaro Uribe, que el Gobierno español "no puede continuar obviando" que la situación de Derechos Humanos y humanitaria de Colombia sigue siendo grave, que el país continúa en medio de un conflicto armado y que los grupos paramilitares siguen operando a pesar del proceso de desmovilización promovido por el Gobierno colombiano. Asimismo, pidió al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que "no apoye iniciativas que perpetúen las violaciones de Derechos Humanos en Colombia".
"Los grupos guerrilleros, los paramilitares y las fuerzas de seguridad siguen siendo responsables de abusos contra los Derechos Humanos y de violaciones del Derecho Internacional Humanitario generalizados y sistemáticos", afirmó la organización en un comunicado.

"El índice aún elevado de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad continúa suscitando honda preocupación, al igual que los homicidios ininterrumpidos de defensores y defensoras de Derechos Humanos y de sindicalistas, que también siguen recibiendo amenazas", prosiguió.

"Los grupos paramilitares siguen actuando, a veces con el apoyo o la connivencia de las fuerzas de seguridad, pese a las declaraciones en sentido contrario del Gobierno", denunció AI. "Aunque han habido algunos avances en las investigaciones judiciales sobre casos clave de Derechos Humanos, la impunidad continúa siendo un problema grave", advirtió.

En el comunicado, Amnistía indicó que, pese a que algunos indicadores clave de la violencia relacionada con el conflicto, como los secuestros y la toma de rehenes, han mejorado en los últimos años, "otros, como los relativos a las personas desplazadas internamente, siguen deteriorándose". "El conflicto armado sigue afectando a cientos de miles de personas, especialmente a las pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, muchas de las cuales viven en tierras que tienen interés económico para las partes en conflicto", agregó.

"El Gobierno español no puede ignorar esta realidad en sus relaciones bilaterales con el Gobierno colombiano", aseveró AI. "Aunque el Acuerdo de Asociación Estratégica con Colombia firmado en enero de 2008 prevé un mecanismo de Derechos Humanos bilateral, un año y medio después, éste sigue sin estar establecido", lamentó.

Por ello, prosiguió, "Amnistía Internacional cree que ya sea a través del mecanismo como de cualquier otro instrumento, el Gobierno español debe plantear una agenda de Derechos Humanos basada en las recomendaciones que año tras año formula la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros órganos internacionales y los compromisos asumidos por el Gobierno colombiano en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU".

Amnistía Internacional también instó al Gobierno español a suspender la ayuda militar y toda transferencia de equipo militar a las Fuerzas Armadas colombianas hasta que se hayan aplicado plenamente las recomendaciones de estos organismos internacionales "de modo que no exista un peligro evidente de que la ayuda y el equipo vayan a utilizarse para facilitar graves violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Colombia".

"Según las últimas estadísticas oficiales de comercio de exterior de armas españolas, en el primer semestre de 2008, el Gobierno español autorizó a Colombia la venta de 110 millones de euros de la categoría 'aeronaves'", recordó.

PARAMILITARES Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

En su comunicado, Amnistía denuncia que los grupos paramilitares, "actuando a veces en connivencia con las fuerzas de seguridad", han sido los autores de la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales en los últimos tiempos. "Así en 2007, se sabe que fueron responsables del homicidio de al menos 300 civiles", aseguró.

"Sin embargo, en las estadísticas más recientes destacan las ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por las fuerzas de seguridad que han aumentado considerablemente en los últimos años", prosiguió. "Asimismo, en 2007, al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por los diferentes grupos armados de oposición", añadió.

Según la organización, el Gobierno de Colombia adoptó algunas medidas para abordar las ejecuciones extrajudiciales, como la destitución en octubre de 2008 de una veintena de oficiales del Ejército tras revelarse que habían sido responsables de la muerte de decenas de jóvenes de Soacha. "Sin embargo, es imprescindible que todas estas denuncias sean objeto de una investigación efectiva por parte del sistema de justicia civil, procesando a los responsables", manifestó AI.

Además, advirtió Amnistía, en los últimos 20 años, entre tres y cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Colombia. En 2007, fueron más de 300.000 personas las que quedaron desplazadas, y en la primera mitad de 2008, 270.000 sufrieron desplazamientos forzados. En la actualidad se calcula que hay cuatro millones de personas desplazadas, muchas de ellas pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres y niños y niñas.

ABUSOS DE LA GUERRILLA

Según Amnistía, los grupos guerrilleros siguen cometiendo abusos contra los Derechos Humanos y violaciones del Derecho Internacional Humanitario, como homicidios deliberados de civiles, secuestros y toma de rehenes.

"Amnistía Internacional sigue recibiendo numerosos testimonios sobre reclutamiento forzado de menores de edad tanto por grupos guerrilleros como por grupos paramilitares", aseguró la organización. Asimismo ve "con preocupación" los ataques indiscriminados con explosivos que han tenido lugar en varias zonas urbanas y que en algunos casos han sido atribuidas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En su comunicado, AI acoge "con satisfacción" las últimas liberaciones de rehenes y sigue pidiendo la "liberación urgente e incondicional" de todas las personas secuestradas. "Aún así, la organización se opone a que el Gobierno colombiano ofrezca libertad y recompensas económicas a los miembros de la guerrilla que entreguen a personas a las que mantienen privadas de libertad", advirtió AI.

"Dejar en libertad a miembros de la guerrilla que ya han sido investigados, juzgados y condenados es muy distinto de conceder inmunidad 'de facto' a presuntos autores de graves abusos contra los Derechos Humanos", manifestó. "Ante estos delitos, Amnistía Internacional se opone a las amnistías, indultos y medidas similares que impidan ejercer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas y sus familiares", concluyó.