Colombia comenzará el proceso de reparación de las víctimas del conflicto Armado, en el mes de Mayo

Europa Press. El Gobierno colombiano comenzará el proceso de reparación de las víctimas del conflicto el mes que viene en el marco de los esfuerzos que se están realizando en el país iberoamericano para la reconciliación nacional y para el reconocimiento de las víctimas, tanto directas como los desplazados, que han dejado las guerrillas, los paramilitares y los grupos armados.


"A finales de mayo o principios de junio comenzará la reparación de 12.000 víctimas", explicó el presidente de la Comisión Nacional de Reintegración y Reconciliación, Eduardo Pizarro, quien aclaró que se trata de las que el Gobierno ve "más vulnerables". Así, en un encuentro con periodistas en Madrid, aclaró que los beneficiados de esta primera fase, dotada con 100 millones de dólares, serán "las víctimas de minas antipersona, los niños reclutados por los grupos armados, las mujeres víctimas de delito sexual y las víctimas de secuestro".

Según Pizarro, el Gobierno tiene constancia de "200.000 víctimas de crímenes atroces", a los que hay que añadir los tres millones de desplazados internos que hacen de Colombia el tercer país con mayor número de esta población del mundo por detrás de Afganistán y Sudán. En este sentido, resaltó el hecho de que ahora las víctimas son "poseedoras de derechos" y no sólo objeto de la "solidaridad", aunque admitió que "el mundo todavía está en pañales" respecto a la reparación de las víctimas.

Para poder llevar a cabo la reparación, explicó, en primer lugar se ha tenido que "definir qué es una víctima" en Colombia, puesto que "la forma de victimización en cada conflicto o dictadura cambia", así como elaborar "un perfil de las víctimas". El 90% de ellas, añadió, "pertenecen a los estratos más bajos de la sociedad" siendo la víctima media "una mujer cabeza de familia, que perdió sus bienes, vive en ciudades y no terminó sus estudios".

Este proceso, junto con la creación de un marco jurídico --el estatuto que se está debatiendo en el Congreso--, permite la elaboración de un "modelo de reparación" en el que, subrayó Pizarro, hay que determinar "cómo se repara la vida humana". Según el responsable colombiano, para muchas familias "no basta con un cheque" sino que reclaman otro tipo de reparaciones.

RECUPERAR SUS VIDAS

Por ello, agregó, "aunque la reparación económica es importante, lo que busca el Gobierno es que superen el dolor y recuperen su proyecto de vida". En este sentido, reconoció que en el caso de la recuperación de los bienes por parte de los desplazados, "se trata de una tarea extremadamente compleja porque están ocupados por grupos armados o por campesinos pobres".

Respecto a esta cuestión, Pizarro explicó que se estima que las 650.000 familias desplazadas por el conflicto "dejaron atrás cuatro millones de hectáreas" de terrenos. Para que estos les puedan ser restituidos, se han creado doce oficinas a las que deberán acudir los desplazados para reclamar sus bienes. Si más de una persona reclama un determinado bien o terreno entonces habrá un "litigio judicial" y será un juez el que dictamine, pero si no se produce este litigio, se resolverá "por la vía administrativa".

El presidente de la Comisión de Reintegración y Reconciliación admitió que este proceso se enfrenta a dos obstáculos clave: Colombia es el tercer país más minado del mundo y la guerrilla sigue colocando minas en su lucha contra las fuerzas del orden, y "el catastro rural está muy atrasado y sólo una tercera parte tienen títulos de poseedores de tierras", lo que, añadió, "hace difícil saber quién es el propietario".

EVITAR POSTCONFLICTO VIOLENTO

Así las cosas, Pizarro consideró "muy importante" el que se comience ya con la reparación puesto que, dijo, "si no se comienza vamos a tener enfrentamientos violentos como hubo por ejemplo en Mozambique" tras el acuerdo de paz. Por ello, defendió la actuación inmediata en esta materia "si no queremos tener un postconflicto violento".

Por otra parte, resaltó que el Gobierno de Alvaro Uribe tiene la intención de "reparar fundamentalmente con bienes de los victimarios", es decir, con los bienes entregados voluntariamente por los guerrilleros y paramilitares desmovilizados, o con los bienes incautados a estos por las autoridades. Los primeros, aclaró, ascienden ya a unos 13 millones de dólares, mientras que los segundos suponen unos 100 millones de dólares que pasarán al fondo de reparación de las víctimas.

Asimismo, el Gobierno contempla también la "reparación administrativa" con bienes procedentes del presupuesto del Estado, que este año serán de 100 millones y para el próximo ascenderán a 150 millones, pero buscando que "los impuestos de los ciudadanos" no sean la primera fuente de reparación.

En todo caso, Pizarro admitió que "la única forma de romper el ciclo de violencia es trabajar con los desmovilizados y las víctimas" fomentando la reintegración de los antiguos guerrilleros y paramilitares en las comunidades y la reconciliación con sus víctimas.

A este respecto, el nuevo Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración de Colombia, Frank Pearl, aseguró hoy que el Gobierno colombiano no contempla "atajos para la desmovilización" de los paramilitares, principalmente los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en virtud del acuerdo alcanzado en 2003.

En este sentido, subrayó que se han desmovilizado 31.700 miembros de las AUC y otros 3.000 paramilitares de forma individual y todos ellos "tienen que pasar por el filtro de la justicia". Según Pearl, dos de cada tres desmovilizados "nunca estuvieron armados" sino que realizaron otro tipo de funciones, principalmente logísticas.

Una vez desmovilizados y comprobada su identidad --se ha rechazado a 2.000 personas que intentaron aprovecharse de los "beneficios" del acuerdo con las AUC-- se les asigna un psicólogo para ayudarles en su reinserción y se trata de reunirles con sus familias, el 30% de las cuales rechazan la decisión del desmovilizado, según el Alto Comisionado.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Dado que el 39% de los desmovilizados son analfabetos, se está prestando especial atención a enseñarles a leer y a escribir y se les exige que "se comprometan a estudiar" con el fin de "generar capacidades" y que sea más fácil su reinserción, explicó. Para ello, el Gobierno procede a realizarles un perfil psicológico, para conocer su personalidad y comportamiento; un perfil laboral, con sus intereses en la materia; y un perfil cívico, para saber si están preparados para su reinserción en la sociedad.

"Algunos no lo van a lograr independientemente de lo que hagamos", reconoció Pearl, que citó al problema del consumo de drogas y las propias condiciones psicológicas de los desmovilizados como principales causas. Según el Alto Comisionado, "el narcotráfico es la principal amenaza para este proceso" puesto que "en algunos municipios nuestro trabajo es difícil por no decir imposible" por la presencia de los narcotraficantes.

Por último, Pearl lamentó la "indiferencia" que el proceso de desmovilización genera entre los empresarios, ya que, dijo, son pocos los que acceden a contratar directamente a desmovilizados. En este sentido, subrayó que existen otras formas en las que la empresa privada puede contribuir a este proceso, principalmente a través de fondos de inversión privada con los que financiar proyectos formulados por el Gobierno a nivel comunitario para "crear lazos de confianza" entre víctimas y desmovilizados.

Según Pearl, esta política diseñada por el Gobierno de Alvaro Uribe "tendrá continuidad independientemente de los cambios de Gobierno", en referencia a las elecciones que se celebrarán el próximo año en el país. Así, dijo que lo que se ha hecho es sentar las "bases" del proceso, que "puede ser mejorado".