EL Tiempo. 'Lo que ustedes plasmaron en el operativo contiene irregularidades que se manifiestan de manera evidente y grosera. Se puede determinar que hubo un montaje', dijo el fiscal del caso.Jonathan Soto y Orlando Mesa fueron los dos jóvenes de Soacha que según el ente acusador fueron fusilados. El fiscal agregó que los uniformados habrían pagado dos millones 200 mil pesos por las dos víctimas.
La audiencia de ayer fue el segundo capítulo contra militares vinculados a la investigación por los falsos positivos de Soacha. El fiscal explicó que en esencia el modus operandi de las circunstancias que rodearon la desaparición de Soto y Mesa en Soacha, y luego su muerte en Norte de Santander, es igual al utilizado con las otras víctimas.
Según la Fiscalía, los reclutaron con falsas promesas, los trasladaron hacia la región de Ocaña, luego los detuvieron en un falso retén y después de muertos los presentaron como delincuentes dados de baja en un combate. Los nombres de los reclutadores, los enlaces y los militares que recibían a los jóvenes son los mismos: Alexander Carretero --testigo estrella y uno de los reclutadores-- Pedro Ágamez Díaz, Ender Obeso, Uriel Ballesteros y el soldado Dairo José Palomino.
La Fiscalía acusó por desaparición, homicidio agravado, concierto para delinquir, falsedad en documento y fraude procesal al mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa -quien era capitán para la época de los hechos-, al cabo Manuel Zorrilla Ágamez y a los soldados profesionales José Orlando González, Juan Gabriel Espinoza, Luis Alirio López y Kevins Alberto Jiménez Escalante, miembros de la Brigada Móvil 15.
Por su parte, la juez cuarta penal de garantías de Soacha (Cundinamarca), Alba Janeth Caro Forero, dictó medida de aseguramiento en contra de los seis uniformados.
Soto y Mesa desaparecieron el 26 de enero del 2008 y dos días después sus cadáveres fueron llevados a la sede de Medicina Legal en Ocaña.
Según el expediente por la muerte de los dos jóvenes, manejado por el fiscal 53 de Derechos Humanos, el sargento John Jairo Muñoz Rodríguez, reconocido como 'Pechi' por Alexander Carretero Díaz, declaró en la Procuraduría cómo habían sido ubicados los dos jóvenes.
Muñoz, expuso el fiscal, le pidió al sargento (Sandro) Pérez que le ayudara porque no había tenido buenos resultados operativos. 'Curso, si quiere le traigo gente que se le entrega a la tropa y se presentan como muertos en combates', reveló en su declaración Muñoz a la Procuraduría, sobre lo que le habría dicho en enero del 2008 el sargento Pérez.
El fiscal del caso expuso que Muñoz en su declaración dijo que habló del tema con el coronel Manuel Rincón, que al final le expresó que consiguiera dos personas y que le dejó en un sobre de manila dos millones 200 mil pesos. Un millón por cada una de las víctimas más lo de los viáticos.
Como en el caso de Fair Leonado Porras, que parece ser la constante en todos los episodios de los desaparecidos de Soacha, los militares adulteraron la escena del 'enfrentamiento' y consignaron falsos datos en sus informes sobre la operación de 'esas bajas'. Según la Fiscalía, acomodaron los cuerpos y les pusieron armas para que pareciera un enfrentamiento. 'Los impactos de bala de las víctimas son absolutamente incompatibles con lo que pudiera ser un combate', dijo el fiscal del caso que aseguró que de los que se trató fue de un fusilamiento.
En los reportes evaluados por la Fiscalía y por la propia inspección del Ejército se consignó el uso de 250 cartuchos. Sin embargo, uno de los soldados que participó en la supuesta operación donde murieron Jonathan Soto y Orlando Mesa explicó en su momento que había sido un combate que se prolongó durante '10 ó 15 segundos'.
A ello, se sumaron las versiones contradictorias suministradas por los uniformados, a cargo del mayor Blanco, en las indagaciones previas y las entregadas en el lugar de los hechos. Y las versiones que tienen similitud entregadas por cada uno de los uniformados, dice la Fiscalía, fueron manifestaciones 'mecánicas y robóticas', hecho que es un 'indicio de acomodamiento en la versión'. Los militares explicaron que uno de ellos había recibido un disparo en el chaleco en el mismo punto, entre otras versiones.
Estos militares enfrentan jurídicamente el caso más difícil dentro de los llamados falsos positivos. Y es que una de las víctimas, Jonathan Soto, era menor de edad, por lo que el fiscal del caso hizo hincapié que podrían no recibir beneficios a pesar tratar de llegar a un acuerdo posterior con la Fiscalía.
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