Según Acnur, las amenazas, formuladas principalmente en panfletos, son de grupos armados irregulares, como ex paramilitares desmovilizados y que han formado nuevas bandas y se han producido principalmente en los departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar, al norte del país.
Acnur "quiere advertir sobre la gravedad de las amenazas difundidas en los últimos días contra defensores de derechos humanos, funcionarios del estado y activistas sociales, incluyendo a líderes desplazados que defienden los derechos de sus comunidades", dijo la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.
Las amenazas están dirigidas a líderes de población desplazada, a delegados del llamado Sistema de Alerta Temprana (SAT), de la Defensoría del Pueblo, así como contra funcionarios de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), aseguró Acnur en su nota divulgada en un correo electrónico. El SAT trabaja en los municipios recabando datos e informando sobre posibles ataques y amenazas de ilegales contra la población civil.
"Estas amenazas son sólo la última de una serie de esfuerzos de intimidación que se han producido en los últimos meses, que tienen como responsables a nuevos grupos armados ilegales y a otros grupos armados", añadió la agencia de la ONU.
Acnur, agregó el comunicado, "condena enérgicamente estos actos y expresa su profunda preocupación por el hecho de que los nuevos grupos ilegales que empezaron a operar en Colombia en los últimos años se están convirtiendo cada vez más en poderosos factores de desplazamiento forzado, en un país que ya tiene una gran población desplazada por la violencia".
Funcionarios de Acnur han dicho que hasta ahora no se han reportado asesinatos de funcionarios del SAT, de la Defensoría; o de Acción Social, pero sí que maneja datos de al menos 20 desplazados asesinados en 2008 a manos de grupos armados irregulares en distintas partes del país.
De acuerdo con la organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), desde 1985 y hasta el año pasado aproximadamente 4,6 millones de colombianos --en un país de unos 46 millones de habitantes-- se han visto forzados a dejar sus regiones debido al conflicto interno. El gobierno mantiene un registro de al menos tres millones de desplazados.
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