Un trabajador boliviano sufrió la amputación en una panificadora española, pero la reimplantación no fue posible porque su jefe arrojó el brazo a un contenedor de basura tras el accidente.
Según ese relato, el hombre fue abandonado a 200 metros del hospital, con instrucciones para que no dijera nada sobre su situación laboral.
La empresa en la que ocurrió el accidente laboral fue "paralizada" por la Inspección de Trabajo al día siguiente del suceso, puesto que las condiciones técnicas estaban en "estado deficiente, sobre todo las eléctricas".
Los hechos ocurrieron el pasado 28 de mayo, cuando Franns Melgar Vargas, quien trabajaba doce horas al día y cobraba 700 euros mensuales, sufrió la amputación de su brazo izquierdo.
Al conocerse el caso, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, reconoció que las condiciones "deficientes" de la empresa, ubicada en Real de Gandía, en la mediterránea ciudad de Valencia, "probablemente fueran las causas" que desencadenaron el accidente que sufrió el trabajador.
El consejero señaló que la Fiscalía "está actuando" y añadió que no se está "solo ante una falta de medidas de seguridad laboral", sino también ante un "posible delito de omisión de auxilio y socorro" por parte del empresario.
"Se trata de un accidente" en el que el empresario ha mostrado una conducta "absolutamente reprobable y condenable", dijo.
Además, Comisiones Obreros confirmó que el sindicato ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Salud Laboral a la panificadora en la que trabajaba el ciudadano boliviano.
El sindicato anunció también que solicitará a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales y razones humanitarias para Franns Melgar Vargas o por arraigo temporal del empleado.
La legislación dice, sostiene el sindicato, que podrán obtener una autorización "los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años".
Otras condiciones que reúne Franns son carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen, así como poder demostrar la existencia de relaciones laborales "cuya duración no sea inferior a un año", según las mismas fuentes.
El sindicato estudiará además la posibilidad de solicitar una pensión de invalidez si se reconoce la relación laboral entre el empleado, que estaba contratado en situación irregular, y la panificadora.
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