"Voy a ser otra, de pronto va a nacer otra ilusión de vivir", relata Carmen Pedreáñez, viuda colombiana de 35 años y refugiada en Venezuela, vislumbrando el viaje que la llevará junto a sus siete hijos lejos de la violencia que la hizo huir de su patria.
Atemorizada por las amenazas que recibió de los grupos armados que asesinaron a su esposo, y que ella asegura son policías colombianos, Carmen cruzó la frontera desde Colombia de madrugada, hace poco más de un año con lo poco que pudo empaquetar.
Ahora y con la mediación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), espera viajar en pocos días a un país industrializado que la asilará y costeará el tratamiento médico que requiere una de sus hijas, a la que diagnosticaron un tumor cerebral.
El caso de Carmen es una excepción. ACNUR calcula que en Venezuela hay 200.000 refugiados colombianos de los cuales sólo 13.000 han solicitado formalmente un asilo al gobierno de Hugo Chávez.
Mensualmente, unas 110 personas tocan la puerta de esta división regional de ACNUR pidiendo refugio.
La actual crisis diplomática entre Colombia y Venezuela debido a un acuerdo militar entre Washington y Bogotá ha aumentado los controles en esta zona de frontera, lo cual según ACNUR podría limitar la llegada de refugiados.
A Carmen Pedreáñez el viaje le permitirá sobre todo respirar tranquila y segura y aspirar a tener una microempresa de lencería y una nueva vida, algo que se hace difícil por la proximidad de los grupos armados colombianos en la ciudad venezolana de San Cristóbal, a tan solo 20 kilómetros de la frontera.
"Poco me relaciono con la gente, no porque me lo prohíban sino porque no me gusta. Entre menos me conozcan mejor", dice, mientras los días pasan entre el hospital donde está su hija y la casa de ACNUR donde atiende a su familia. "No me permiten estar mucho tiempo en la calle. No me permiten trabajar debido al riesgo que puedo correr. Ellos (ACNUR) me facilitan todo", asegura.
La indocumentación es el principal problema para las personas en necesidad de protección, que pasan años en el limbo esperando por una cédula de tránsito que entregan las autoridades venezolanas, informa Enrique Valles, jefe de ACNUR en San Cristóbal.
Aunque un 86% de los refugiados logra obtener empleo, generalmente informal, y la mayoría califica de satisfactoria la integración con los venezolanos, sin una cédula de identidad no pueden registrar empresas o viviendas y sus hijos no obtienen certificados de educación, lo que pone en jaque su futuro.
"Uno viene a un país esperando que le dé abrigo y resulta que consigue uno peor", señala César Carmona, 22 meses después de haber huido de la muerte en Colombia. Para este metalúrgico de 49 años y piel curtida por el sol, lo peor sería perder el taller donde se gana la vida en Venezuela por no tener los títulos de propiedad, o que le suceda algo a su familia por la inseguridad en la frontera "plagada de paramilitares". "Yo perdí todo, pero lo que perdí es material, la vida está para volver a empezar", asiente Carmona, que al igual que todos los entrevistados prefiere usar un nombre falso.
A su lado, Luis Rodríguez, un comerciante colombiano de 32 años muestra signos de desesperación después de 16 meses en Venezuela. "Estar huyendo porque uno ha matado o pertenecido a la guerrilla o los paramilitares, pero tener este problema porque he sido una persona trabajadora y no he querido pertenecer a grupos malos, es lo que uno no entiende", asevera. "Quisiera regresar a Colombia porque es mi tierra, donde tengo mi familia donde lo tuve todo y desafortunadamente lo perdí; es el anhelo más grande de mi vida, pero si regreso sé que me van a matar", concluye.
Atemorizada por las amenazas que recibió de los grupos armados que asesinaron a su esposo, y que ella asegura son policías colombianos, Carmen cruzó la frontera desde Colombia de madrugada, hace poco más de un año con lo poco que pudo empaquetar.
Ahora y con la mediación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), espera viajar en pocos días a un país industrializado que la asilará y costeará el tratamiento médico que requiere una de sus hijas, a la que diagnosticaron un tumor cerebral.
El caso de Carmen es una excepción. ACNUR calcula que en Venezuela hay 200.000 refugiados colombianos de los cuales sólo 13.000 han solicitado formalmente un asilo al gobierno de Hugo Chávez.
Mensualmente, unas 110 personas tocan la puerta de esta división regional de ACNUR pidiendo refugio.
La actual crisis diplomática entre Colombia y Venezuela debido a un acuerdo militar entre Washington y Bogotá ha aumentado los controles en esta zona de frontera, lo cual según ACNUR podría limitar la llegada de refugiados.
A Carmen Pedreáñez el viaje le permitirá sobre todo respirar tranquila y segura y aspirar a tener una microempresa de lencería y una nueva vida, algo que se hace difícil por la proximidad de los grupos armados colombianos en la ciudad venezolana de San Cristóbal, a tan solo 20 kilómetros de la frontera.
"Poco me relaciono con la gente, no porque me lo prohíban sino porque no me gusta. Entre menos me conozcan mejor", dice, mientras los días pasan entre el hospital donde está su hija y la casa de ACNUR donde atiende a su familia. "No me permiten estar mucho tiempo en la calle. No me permiten trabajar debido al riesgo que puedo correr. Ellos (ACNUR) me facilitan todo", asegura.
La indocumentación es el principal problema para las personas en necesidad de protección, que pasan años en el limbo esperando por una cédula de tránsito que entregan las autoridades venezolanas, informa Enrique Valles, jefe de ACNUR en San Cristóbal.
Aunque un 86% de los refugiados logra obtener empleo, generalmente informal, y la mayoría califica de satisfactoria la integración con los venezolanos, sin una cédula de identidad no pueden registrar empresas o viviendas y sus hijos no obtienen certificados de educación, lo que pone en jaque su futuro.
"Uno viene a un país esperando que le dé abrigo y resulta que consigue uno peor", señala César Carmona, 22 meses después de haber huido de la muerte en Colombia. Para este metalúrgico de 49 años y piel curtida por el sol, lo peor sería perder el taller donde se gana la vida en Venezuela por no tener los títulos de propiedad, o que le suceda algo a su familia por la inseguridad en la frontera "plagada de paramilitares". "Yo perdí todo, pero lo que perdí es material, la vida está para volver a empezar", asiente Carmona, que al igual que todos los entrevistados prefiere usar un nombre falso.
A su lado, Luis Rodríguez, un comerciante colombiano de 32 años muestra signos de desesperación después de 16 meses en Venezuela. "Estar huyendo porque uno ha matado o pertenecido a la guerrilla o los paramilitares, pero tener este problema porque he sido una persona trabajadora y no he querido pertenecer a grupos malos, es lo que uno no entiende", asevera. "Quisiera regresar a Colombia porque es mi tierra, donde tengo mi familia donde lo tuve todo y desafortunadamente lo perdí; es el anhelo más grande de mi vida, pero si regreso sé que me van a matar", concluye.
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