El ejercito el DAS y paramilitares Fueron los Asesinos de BERNARDO JARAMILLO

EL TIEMPO. 20 años después del crimen del líder de izquierda y candidato presidencial de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Ossa, Mariela Barragán habló con EL TIEMPO.

El próximo jueves, a las 8 a.m., en el puente aéreo de Bogotá, donde fue acribillado por sicarios, se descubrirá una placa conmemorativa del magnicidio.

Hace dos semanas la Fiscalía declaró su asesinato como crimen de lesa humanidad. De esta forma, se evita que la investigación precluya.

¿Cómo vive los 20 años del asesinato de Bernardo Jaramillo?

Con nostalgia por un lado, y también con impotencia porque vemos que es muy difícil lograr que en este país se haga justicia. Vemos que el accionar de la Justicia es muy lento y retardado. Creo que en este país hay muchas heridas abiertas y mientras que la justicia no se fortalezca y adelante el trabajo como debe ser, es imposible que logremos la reconciliación.

¿Quién era Bernardo Jaramillo?

Era un líder de izquierda, que no se avergonzaba de serlo. Creía que la lucha armada no era la mejor opción. Que este era un país que debíamos construirlo entre todos y que debería dejarse atrás el signo de la violencia. Le apostaba a una izquierda unida. Como ser humano era un hombre alegre, nostálgico, un joven de 34 años que le gustaba el tango y el rock. Una persona amorosa, comprometida, seria, buen padre, buen esposo y buen amigo. Fue una persona que vivió muy de prisa y que murió muy de prisa.

Si ese lamentable hecho no se hubiera presentado, ¿Qué cree que estaría haciendo hoy en día Bernardo Jaramillo?

Estaría luchando por una izquierda unida, porque esa era una de sus banderas y uno de sus propósitos. Además, él murió en conversaciones con Carlos Pizarro, porque Bernardo estaba pensando en formar un partido en el que estuviese incluida la gente del M-19. Él murió a los 34 años siendo senador, imagíneselo disputando la Presidencia pero con chance real, y no creo que hubiera sido muy descabellado, porque si ellos hubiesen vivido este país estaría desarrollado políticamente.

¿Quién cree que lo mató?

Creo que hay varios actores conjugados. Ahí hay Estado, miembros del Ejército y de la inteligencia, y también grupos paramilitares.

¿Sigue pensando que el DAS tuvo algo que ver en el crimen?

¡Pues claro! Cuando uno está al frente de una responsabilidad pública y le asesinan tres candidatos en una sola campaña, es porque es demasiado ineficiente y hay gente involucrada. Lo que ocurre es que después de 20 años, tanto la Fiscalía como la Procuraduría han abocado de conocimiento estos magnicidios, pero estos 20 años durmieron en los anaqueles de la justicia.

¿Tiene alguna esperanza de que haya justicia en el caso de su esposo?

No solamente en el caso de Bernardo, en el de muchos colombianos. Es la única forma en que este país logre la reconciliación. Mientras que la justicia no se fortalezca, no hay nada que hacer en este país.

¿Cuál sería la lucha más intensa que Bernardo Jaramillo estaría dando hoy?

Una izquierda unida, no a las armas y sí al diálogo. Él hubiera sido muy importante en estos tiempos y hubiera sido un puente para que este país entendiera que la única salida es la negociada, y también por la tolerancia y el desarrollo de los menos favorecidos. Hubiera sido un líder muy importante.

¿Cuál es el principal legado de Bernardo Jaramillo al país?

Que la intolerancia, la apuesta hacia la muerte y la conformación de los grupos paramilitares no trajeron nada para el país, todos perdimos, eso por un lado. Él decía que de las grandes obligaciones que tenía en la vida era desenmascarar y acabar con los grupos paramilitares que en esa época empezaron a conformarse.

Crimen de lesa humanidad

La Fiscalía declaró el asesinato del dirigente de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo como crimen de lesa humanidad para evitar que el caso, que va a completar 20 años en la impunidad, prescribiera.

La investigación, hasta el momento, indaga una posible conexión entre quienes perpetraron el crimen ('narcos' y 'paras') y los que se encargaron de su seguridad. De hecho, la Procuraduría ha cuestionado el manejo que el DAS le dio al esquema que cuidaba a Jaramillo el día de su muerte.

Por este motivo, el Ministerio Público solicitó que se vincule al ex jefe de inteligencia del DAS Alberto Romero. La misma petición la hizo en el caso por el asesinato del líder del M-19 Carlos Pizarro, el cual -dice la Procuraduría- estaría ligado al de Jaramillo.

Su legado político

CARLOS GAVIRIA
EX PRESIDENTE DEL POLO
Fue una persona muy valerosa, muy valiente, porque aceptó la candidatura de la UP en un momento muy delicado, en el que hacerlo era algo heróico. Su asesinato es algo que no puede olvidar el país.

MANUEL JOSÉ BONNET
EX COMANDANTE DEL EJÉRCITO
Era muy contun- dente y muy claro en sus conceptos, un luchador y por eso murió, por luchar por sus ideales. Deja un legado, el de las ideas liberales, la demo- cracia, la justicia social y la equidad. Fue una pérdida muy grande para Colombia

NOMBRE
EMAIL
ASUNTO
MENSAJE
Image Verification Please enter the text from the image [ Refresh Image ] [ What's This? ]

Read More

Duro informe sobre los derechos humanos en Colombia, presentó el Reino Unido en Londres

Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo. La Secretaría de Exteriores del Reino Unido, acaba de dar a conocer en Londres, el informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en el mundo, en el cual nuevamente, Colombia fue incluida, junto con otros 20 Estados, en la lista que cada año elabora el Foreign Office sobre los países que continúan violando los derechos fundamentales. El informe fue presentado personalmente por el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Miliband.
Víctimas del conflicto | Colombia |
El informe comienza diciendo que “La Situación General de Derechos Humanos en Colombia continúa siendo seriamente preocupante”. Menciona que “subsisten problemas estructurales que limitan el pleno disfrute de los derechos humanos, particularmente en relación con la exclusión, la marginalidad, la pobreza, la inequidad, la tenencia de la tierra, la impunidad y la falta de acceso a la justicia”.
“A pesar de los esfuerzos del Gobierno,- dice el Informe-, las actividades de los grupos armados ilegales y los traficantes de drogas, continuaron teniendo un impacto gravemente negativo”.
El Foreign Office dice que “Un incremento de nuevos grupos armados y paramilitares supuestamente desmovilizados que retornaron a las vías criminales, en el informe se manifiesta la "gran preocupación" del Foreign Office por el incremento experimentado en el 2009 por nuevas bandas armadas y ante el regreso a las prácticas criminales de paramilitares supuestamente desarmados.
Dice que después de revisar la política de ayuda bilateral del Reino Unido para Colombia, el cambio más importante que fue tomado fue la finalización de los proyectos bilaterales para los derechos humanos con el Ministerio de Defensa.
En cuanto a los defensores de derechos humanos, el informe dice que “Como resultado de sus actividades en derechos humanos, muchos defensores de derechos humanos y grupos de la sociedad civil, incluyendo sindicalistas, periodistas y miembros de ONGs, padecieron el riesgo de ataques de grupos armados ilegales y criminales”. De este modo “El ambiente en el cual las organizaciones de la sociedad civil operan se ha estado empeorando, debido a los mensajes, a menudo provenientes de funcionarios de alto nivel gubernamental, que equiparan su trabajo por los derechos humanos con el apoyo a las organizaciones terroristas, poniendo así sus vidas en riesgo.
A lo largo del 2009, el Gobierno del Reino Unido se involucró en diversas actividades para ayudar a los defensores de derechos humanos, entre las que el informe menciona que Chris Bryant, Ministro de Exteriores visitó a Colombia en Octubre, y demandó al Presidente Uribe para que asegura que los defensores de derechos humanos fueran adecuadamente apoyados y protegidos.
El Secretario de Exteriores también recibió a Eduardo Carreño, un abogado de derechos humanos, durante su visita en Octubre a Reino Unido, para discutir los problemas que los defensores de derechos humanos enfrentan, y para lanzar una Campaña Internacional, en la Cámara de los Comunes, sobre la actividad de los defensores de derechos humanos en Colombia. En Agosto, funcionarios de la Embajada organizaron una visita a la ciudad de Popayán, para reunirse con miembros de la familia de Ever González, activista de derechos humanos asesinado y para discutir el estado de las investigaciones con las autoridades. La visita condujo a la reapertura de casos que habían sido cerrados por falta de avances en la investigación (El caso de Ever González, activista de Fundecima que fue asesinado mientras adelantaba trabajos de documentación de ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Cauca, había sido denunciado varias veces por la CCEEU).
En cuanto al tema de la impunidad, el informe relaciona que si bien ha habido algunos progresos en investigaciones judiciales en casos claves de derechos humanos, la impunidad continúa siendo un serio problema.
El informe hace una mención especial y destacada al tema de los sindicalistas. Dice que “Colombia continúa siendo un lugar peligroso para los sindicalistas. La violencia y la intimidación de los sindicatos por todo el país, continúa siendo uno de los más graves problemas que afronta el país”. El reporte manifiesta que los riesgos y dificultades que fueron mencionados en el Informe de 2008, continuaron su tendencia durante el año 2009, en el cual, según informes conservadores, se habla de al menos 28 sindicalistas asesinados.
“El Reino Unido está profundamente preocupado con esta situación” frente a la cual, continuará presionando para que el Gobierno de Colombia tome acciones adicionales para superarla, y le ha demandado proporcionar mayores protección para los sindicalistas y sus familias, para que se reduzca el tiempo que se toman las investigaciones por las muertes y las desapariciones forzadas de los sindicalistas, y para que se trabaje con los sindicatos y organizaciones empresariales para fortalecer las relaciones laborales en Colombia.
También se ocupa de la situación de los pueblos indígenas, frente a los cuales llama a fortalecer sus derechos en los ámbitos del acceso a la tierra, el desplazamiento forzado, la alimentación, las amenazas y las muertes de que vienen siendo objeto.
En cuanto al desplazamiento forzado, menciona la gravedad del asunto al ser Colombia el segundo país con mayor número de desplazados internos después de Sudán, afectando principalmente a indígenas y comunidades afrocolombianas a causa de ocupar tierras de importancia estratégica para los diferentes actores del conflicto armado.
Por último, el informe se ocupa del altísimo número de ejecuciones en el país ocurridas entre 2001 y 2009, a las cuales el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitarrias definió como asesinatos sistemáticos, llevados a cabo por un número importante de unidades dentro de los militares, y aunque menciona su descenso en 2009, dice que la Comunidad Internacional ha llamado a que se presenten “evidencias adicionales de que las medidas adoptadas por el Ministro de Defensa de Colombia para enfrentar el tema de las ejecuciones extrajudiciales a fines de 2008, están siendo implementadas y las denuncias se abordan con investigaciones rápidas y rigurosas. Dice el Informe que el Reino Unido continuará pendiente de los progresos y de los casos individuales, de ser necesario.

NOMBRE
EMAIL
ASUNTO
MENSAJE
Image Verification Please enter the text from the image [ Refresh Image ] [ What's This? ]

Read More

Das conocía los vínculos con el paramilitarismo en Paraguacho

Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo. A través de los diversos procesos que se han dado en denominar “La Parapolítica”, se ha evidenciado que el paramilitarismo en Colombia llegó a financiarse no solo a través de sus conocidas extorsiones, sino también por medio de “donaciones” hechas por entidades privadas, cuya fuente principal era en buena medida tomada de recursos relativos a la educación, a la salud, y los propios de las administraciones municipales. Como quien dice, era financiado por el propio Estado.

El Departamento Administrativo de Seguridad- DAS, bajo la dirección de Jorge Noguera Cotes, no fue la excepción, pues el paramilitarismo se parasitó en el organismo secreto, no solo para facilitar sus acciones militares, evitar las que venían sobre ellos, sino además, para lucrarse de la contratación pública que mantenía el organismo secreto y que se incrementó exorbitantemente durante la gestión de éste.
Esto quedó claro el pasado martes, en el marco del juicio que se desarrolla contra Noguera Cotes, a través del testimonio suministrado por Luz Marina Rodríguez, directora seccional del Das en la Guajira en el año 2003, con el que se confirma que la central del organismo de inteligencia conocía que la Cooperativa Multiactiva Atayawacoop tenía vínculos con el paramilitarismo, pese a lo cual aceptó la financiación en donación [1], de las obras de ampliación y remodelación del puesto migratorio de Paraguachón en la Guajira.
En efecto, Rodríguez, con 35 años de trabajo en el Das, declaró ante la Corte Suprema de Justicia que luego de su llegada al departamento, se encargó de concretar la adquisición de un lote abandonado en Paraguanchón, límites con Venezuela, en el que se pretendía construir un puesto migratorio del Das, con mejores comodidades, del que existía.
Sobre ello la ex funcionaria entrega dos versiones. Una, en la que dice que esta gestión, la realizó después de un consejo comunal realizado por el presidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual, éste luego de recibir las denuncias de la comunidad por el mal estado del puesto migratorio, ordenara construir o adecuar uno con mejores condiciones. Y otra, en la que manifiesta que ella decidió por su propia voluntad buscar la mejora del puesto fronterizo.
Cuando la representación de la parte civil, le pregunta, cuál de las dos hipótesis es la que corresponde con la verdad, ella dice que las dos, “entonces yo dije, me salve porque yo fui proactiva y ya había tenido esa visión de que esto hay que arreglarse”.
En el mencionado lote, que según Rodríguez, pertenecía a Telecom, y que lo tenía en comodato la alcaldía de Maicao, se realizaron posteriormente -entre junio y noviembre de 2004-, obras de ampliación y adecuación que fueron financiadas y ejecutadas en su totalidad por la Cooperativa Multiactiva Atayawacoop, mediante el contrato de donación 273 [2], celebrado entre el Das y dicha empresa, suscrito el 8 de junio de 2004 por Mónica Elena Teller Miranda, representante legal de la Cooperativa y Jorge Aurelio Noguera, Director General del DAS.
Pero esto no es todo. La vigilancia de las instalaciones de la mencionada Cooperativa Multiactiva Atayawacoop, era realizada por la empresa AL MAHA LTDA, cuyo supervisor, Luís Antonio Giraldo Agudelo, es según información de inteligencia [3] “familiar del reconocido comandante de las AUC, Bloque Resistencia Tayrona, Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón”, quien además es, como lo indica un informe de policía judicial, el autor intelectual de la muerte del ex concejal de Riohacha Adanilo Ortiz Ciego.
Este paramilitar, Luís Antonio Giraldo Agudelo, que según lo registrado en el proceso, dirigía una estructura paramilitar dependiente de Hernán Giraldo Serna, y tiene condenas por algunos de los delitos que ejecutó como paramilitar, es conocido también por los alias de Jhonatan o el Gomelo, [4] figura como desmovilizado del Bloque Bananero de las Auc y fue una de las 18 personas capturadas en el marco de un operativo de allanamiento y registro del inmueble “Oriana y Jaimes” de la Cooperativa Multiactiva Atayawacoop en el que se encontraron armas de diferente tipo y calibre, algunas de las cuales, eran de uso privativo de las fuerzas armadas, equipos de comunicación y municiones.
Operativo en el que participó Luz Marina Rodríguez, como directora de la seccional, a pesar del cual, y de las claras conexiones entre la Cooperativa Multiactiva Atayawacoop, el paramilitarismo y el Das, al preguntársele por estos vínculos, manifestó desconocer este tipo de relaciones.
La ex directora seccional, así mismo declaró ante la Sala que la dirección central del Das, tendría que haber tenido conocimiento de este allanamiento y de estos hallazgos, ya que es allí donde “se informa de los resultados operativos”
Para la parte civil, es claro que, tal y como lo afirma un investigador del CTI, frente al tema, que “El Departamento Administrativo de Seguridad- Seccional de la Guajira-, tenía conocimiento de las actividades realizadas por esa Cooperativa, de sus vínculos con las empresas que el prestaban los servicios de seguridad, los nexos de esos contratistas con las AUC, además de otras actividades irregulares relacionadas con la distribución de hidrocarburos en esa zona”.
Es así como, poco a poco, se ha venido evidenciado ante el aparato judicial, la gestación de un proyecto paramilitar que consistía en el paulatino pero firme apoderamiento del poder, ejecución que supone, la realización de actividades delictivas de distinto orden, para lograr el ejercicio del poder deseado, y luego para que en forma aún más criminal, se imponga el proyecto a toda la colectividad, mediante la adopción de un nuevo “Contrato Social”, del cual, la actuación del aquí procesado, Jorge Aurelio Noguera Cotes, constituye un escaño fundamental.
Notas
[1] En la investigación realizada para saber a ciencia cierta de quién fue la iniciativa de la donación, no se halló documento que permitiera establecerlo, como tampoco a cambio de qué se hizo, diferente al que obra en el informe de Gestión 2004, que dice que “Atayawacoop consciente de su responsabilidad social donde la extensión a la comunidad es una de las áreas prioritarias dada la razón de ser de las cooperativas, ha realizado una serie de contribuciones con incidencias regional, entre las que cabe destacar: Oficina Migración del DAS. Se desarrolló un contrato de donación entre Atayawacoop y el Departamento Administrativo de Seguridad, se construye la oficina de Migración en la zona de Paraguachón, Municipio de Maicao- La Guajira, con área total de 350 M2 de construcción, equivalentes a una inversión de $125.142.966.25, lo que permite una atención cómoda a todas aquellas personas que entran y salen del país por Paraguachón
[2] La Cooperativa se compromete a donar al DAS, los materiales y obras necesarias para la adecuación del puesto migratorio del DAS ubicado en la localidad de Paraguachón, municipio de Maicao (Guajira) en el lote de terreno de que trata el presente contrato, según planos y documento descriptivo suscritos por las partes y que forman parte del presente contrato. Los materiales de construcción y obra que por este contrato se donan al DAS, serán inventariados, si a ello hubiere lugar, una vez se efectúen las adecuaciones correspondientes y se detallarán en documento que forma parte del presente Contrato”.
[3] “Estuvo encargado de la seguridad de la Cooperativa Ayatawacoop, conocida como la Bomba de PAPA, principal fuente de ingreso para el grupo de autodefensas en el municipio de Maicao, encargado de controlar la totalidad del combustible que ingresa a Colombia procedente de Venezuela, quien sería el comandante de un grupo aproximado de 40 hombres que operan en los corregimientos de Tomarrazón, Galán, Cotoprix y Barbacoa del Municipio de Riohacha;
[4] Según el edicto emplazatorio proferido por la fiscalía 17 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, dentro del Radicado 1100160000253200680764

NOMBRE
EMAIL
ASUNTO
MENSAJE
Image Verification Please enter the text from the image [ Refresh Image ] [ What's This? ]

Read More

NICOLAS CASTRO Y EL DELITO DE OPINAR

Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo. La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, ha tenido conocimiento de la situación que enfrenta actualmente el estudiante universitario Nicolás Castro, procesado a instancias de los hijos del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Castro, quien está siendo acusado del delito de instigación para delinquir para cometer homicidio, ha venido sufriendo numerosas vulneraciones a su derecho de defensa y a un debido proceso.

Por esta razón hemos decidido realizar una denuncia de estos atropellos a nivel nacional e internacional. De tal manera, nos gustaría que Ustedes se enteraran de dichos abusos y si están de acuerdo, firmen y apoyen este documento que sería divulgado por las redes de derechos humanos.

Agradecemos su solidaridad y su acompañamiento. Esperamos firmas, ya sea de organizaciones o a nivel personal, hasta el próximo jueves 11 de marzo al medio día, en el siguiente correo: prensaccjar@gmail.com


“Cuando se está afuera, el mundo es inabarcable. Los límites estaban fuera de mi campo de acción. Acá pasé a vivir en un micro universo donde los límites son los muros. ¡Uno siempre tiene muros al rededor! Ya no hay un horizonte abierto. El encierro lo hace sentir a uno vetado. Anulado. Es difícil de sobrellevar. Es angustioso. Hay una sensación de zozobra, como de estar perdiendo la vida y uno acá encerrado sin poder hacer nada. Se está en manos del abogado, el fiscal y la juez, mientras que uno tiene que guardar silencio. Lo que hace a una persona partícipe de una sociedad es la posibilidad de manifestarse y si uno tiene que guardar silencio pues desaparece.”


Las organizaciones y personas abajo firmantes, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, los atropellos de que viene siendo víctima el joven universitario Nicolás Castro, quien esta acusado del delito de instigación para delinquir para cometer homicidio, a instancias de los hijos del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Dentro de las vulneraciones a su derecho de defensa y a un debido proceso, encontramos las siguientes:

En un primer momento, debe advertirse que la captura del estudiante Castro fue ilegal, pues ni siquiera la orden en virtud de la cual se le retuvo, fue librada de manera correcta. Así, a pesar que la defensa informó que la célula de ciudadanía bajo la cual se le capturó, correspondía a otra persona, el Juez de garantías hizo caso omiso a ello.

En esta misma vía, el joven Castro fue sometido a unas condiciones de captura si bien cotidianas, no por ello menos ilegales, consistentes en no informarle la razón de su retención y proceder simplemente a que fuera su apoderado quien lo hiciese. A tal grado ha llegado la inconsistencia de dicha orden de captura, que al momento de su presentación ante el juez de control de garantías no existía ni un solo documento que siquiera hubiese orientado a su defensa sobre las presuntas razones de la aprehensión.

El procedimiento de allanamiento que tuvo lugar con anterioridad a la captura del señor Castro, también entregó su cuota de ilegalidad, pues, fueron incautados unos elementos sin explicitar las razones de tal retención, ni ser sometidos a cadena de custodia, ni ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Una vez el propio Nicolás y su abogada se presentaron ante la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía, como a la DIJIN para conocer las razones de la incautación y el paradero de los mismos, simplemente recibieron el silencio y el rechazo como respuesta, con la aclaración de que fueron citados al día siguiente para la supuesta entrega de los elementos incautados.

Así, el día 16 de julio de 2009, Nicolás y su defensa retornan a la unidad de terrorismo de la Fiscalía, donde les manifiestan que inmediatamente van a ser entregados los elementos, pero que solo puede ingresar por ellos el joven Castro. Su defensora esperó durante una hora y media a que Nicolás volviese a salir, tras lo cual se entera que la unidad de terrorismo no había permitido su ingreso en soledad para poder realizarle un extenso interrogatorio sin orden judicial, invitándolo a hacer aceptación de cargos sin la presencia de la defensa y vulnerando nuevamente el debido proceso y el derecho de defensa.

La presentación voluntaria del estudiante Castro ante estas entidades, que fue tornada por estas en elemento vulnerador de sus garantías constitucionales, tampoco fue óbice para que fuera informado de las razones del allanamiento, ni menos aún para que se comprendiera, por una parte que el ciudadano que hace un derecho de petición, así sea de manera verbal, debe tener una adecuada respuesta de las autoridades, quienes vulneran la Constitución cuando dan informaciones no veraces y con mayor razón cuando trocan el escenario de un derecho de petición en espacio para realizar un interrogatorio ilegal. La presentación de Nicolás en el edificio del búnker de la Fiscalía y en la sede de la DIJIN, tampoco permitió colegir ni a Unidad de Terrorismo, ni posteriormente al juez de control de garantías, que quien se presenta en tales condiciones para hacer igualmente ejercicio de sus derechos –no para que se le sigan vulnerando-, nunca podría ser considerado un peligro para la sociedad.

Con la incautación de equipos realizada en el allanamiento a la residencia de Nicolás Castro, también se le privó de medios que pudieran servirle de defensa posteriormente. Simplemente obsérvese que en la empresa de sus padres se hizo otro allanamiento, donde por lo menos los equipos no fueron físicamente sustraídos, sino que al parecer se tomó una copia de estos.

Lamentablemente el escenario ante el juez de control de garantías creó nuevas vulneraciones. En contra del bloque de constitucionalidad y la ley, el señor Juez de garantías pretendió extraer conclusiones del ejercicio del derecho al silencio del estudiante Castro. No otra cuestión se advierte cuando se observa que una vez el Juez le recuerda su derecho a guardar silencio, actitud que es coherente con las obligaciones del juez constitucional de control de garantías, procede a preguntarle si fue bien tratado. Ante el silencio de Nicolás, el juez contestó: “’bendito sea mi Dios que lo trataron bien’’. Y como si no fuese suficiente cuando la Defensora resalta ante quien debiese haber actuado como un juez de garantías, explicitando que no fue informada la razón de la captura, el señor Juez simplemente procede a afirmar que existe un informe verbal de la Policía donde aclaran tal situación. Como si la existencia de un informe de tales características, que nunca ha sido mostrado ni a la Defensa ni a la Fiscalía, no constituyera corroboración de la vulneración de los derechos del capturado.

Por otra parte, si Nicolás Castro no es un peligro para la sociedad como lo demostró su comportamiento previo a la captura, no se entiende por qué se le mantiene privado en la libertad en un centro carcelario, cuando además esta situación está poniendo en riesgo su vida e integridad física. Se sostiene esto porque ignorando sus antecedentes médicos como su opción por el vegetarianismo, se le han suministrado los alimentos de la cárcel, que han profundizado sus problemas de salud y le han generado un problema de desnutrición. La respuesta médica del INPEC, ha sido la receta a través de una médica, de Buscapina y sales de rehidratación oral.

Las esperanzas de Nicolás Castro están centradas en lo que pueda ser su juicio, no obstante, se tiene que las fechas para las audiencias han sido replanteadas consecutivamente por el Fiscal 12 de la unidad de terrorismo, por razones tan escandalosas como que estaba en un curso en el Perú, por las vacaciones de diciembre de 2009, los días 15 y 18 de enero el señor fiscal de terrorismo tampoco asistió “por que se encuentra de vacaciones”, presentándose una fiscal encargada que no aportó las pruebas.

Mientras, la familiar de Nicolás Castro denuncia que en la tras escena se le vulneran también su derecho a la intimidad, dignidad y buen nombre por algunos medios que han llegado a tildarlo como “¿El ´Terrorista´ De Internet?’’.

Y en todo este contexto, la Corporación Colectivo de Abogados se pregunta: A quien ha servido un allanamiento, una captura, una legalización de captura y una actual detención en tan lamentables condiciones? Ha tenido en verdad Nicolás Castro el ejercicio de un debido proceso y de su derecho a la defensa, no como lo han querido quienes lo procesan, sino como lo establece la ley?

Por ahora esta situación parece demostrar que Nicolás Castro ha sido tratado como un trofeo de caza. En lógica de Derecho penal de enemigo, se le ha retirado su calidad de ciudadano a quien se deben aplicar todas las garantías y reglas establecidas en el derecho penal. Ahora se le coloca el vestido de enemigo a quien no se le aplica siquiera el derecho penal, sino un verdadero derecho de la guerra.

Agradecemos su solidaridad y su acompañamiento. Esperamos firmas, ya sea de organizaciones o a nivel personal, hasta el próximo jueves 11 de marzo al medio día, en el siguiente correo: prensaccjar@gmail.com

Cordial saludo,

Prensa

Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

NOMBRE
EMAIL
ASUNTO
MENSAJE
Image Verification Please enter the text from the image [ Refresh Image ] [ What's This? ]

Read More

Misión internacional de observación judicial en el juicio de Noguera

Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo.Hoy 1º de febrero de 2010 se dió inicio al juicio contra el ex-Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco de su programa conjunto, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, estarán presentes en esta ocasión realizando una observación judicial a manos de una abogada francesa.

Colombia | Víctimas de Crímenes de Estado |

Hoy se inició el juicio contra el Sr. Noguera por los presuntos delitos de “homicidio agravado” y “concierto para delinquir agravado”, entre otros. A lo largo de este juicio se presentarán las múltiples pruebas que parecen atestar que el Sr. Noguera utilizó su cargo como Director del DAS para establecer listas de sindicalistas, defensores de derechos humanos y de personas de la oposición, en aras de transmitirlas a líderes paramilitares para su persecución, contribuyendo de esa forma al asesinato en 2004 del profesor Alfredo Correa D’Andreis, la periodista y sindicalista Zully Esther Codina y el ex-parlamentario Fernando Pisciotti, como autor mediato a través de aparatos organizados de poder. El Sr. Noguera ocupó un lugar privilegiado en esta estructura que le permitió tener el control y el dominio de los hechos criminales.

Las actividades de inteligencia y de recolección de información desempeñadas por el DAS, dependencia de la Presidencia de la República, deben llevarse a cabo bajo el marco del respeto de las garantías constitucionales y de los derechos humanos en conformidad con la Constitución y la ley. Sin embargo, esta institución se ha convertido en un instrumento para llevar a cabo operaciones de inteligencia ofensiva al margen de la ley y en detrimento de los derechos humanos. Este juicio resulta entonces de suma importancia para esclarecer los vínculos existentes entre los agentes del Estado, incluso en su más alto nivel, y los grupos paramilitares, en la comisión de crímenes tan graves como el de homicidio, en particular en contra de defensores.

El Observatorio llama a la aplicación de la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular su artículo 9: “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a (...) denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en relación con violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante peticiones u otros medios adecuados ante las autoridades judiciales, administrativas o legislativas internas o ante cualquier otra autoridad competente prevista en el sistema jurídico del Estado, las cuales deben emitir su decisión sobre la denuncia sin demora indebida”.

El Observatorio solicita a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades colombianas que se garanticen todos los principios del debido proceso y que se vele por la seguridad e integridad de todos los que participen en este juicio: defensores de derechos humanos, abogados, jueces, víctimas y testigos. Espera asimismo que ésta sea la ocasión para todas las víctimas de acceder a sus derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación integral y que este juicio logre revelar los vínculos existentes entre los paramilitares y la clase política a fin de luchar contra esta infiltración criminal en el Estado colombiano.

Contactos prensa:

· FIDH: Karine Appy, Gaël Grilhot: + 33 1 43 55 25 18

· OMCT: Eric Sottas: + 41 22 809 49 39

NOMBRE
EMAIL
ASUNTO
MENSAJE
Image Verification Please enter the text from the image [ Refresh Image ] [ What's This? ]

Read More

Gobierno colombiano incentiva la guerra en las comunas de Medellin

Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo El presidente de Colombia Álvaro Uribe en una visita a la ciudad de Medellín realizada el martes 27 de enero del 2009, propuso la creación de una red de cooperantes del Ejercito Nacional conformada por 1.000 (mil), estudiantes de la ciudad, para que ayuden a la Fuerza Pública en la lucha contra el crimen, los cuales recibirían un aporte de cien mil pesos mensuales (100.000$) que equivalen a 50 dólares. Días después, desde la ciudad de Davos en Suiza, confirmó su propuesta aclarando que se trataría de jóvenes mayores de 18 años.



Ante esta propuesta la RED JUVENIL DE MEDELLIN, organización de jóvenes que promueve desde hace 20 años el antimilitarismo, la noviolencia y la objeción de conciencia, como formas de construir relaciones humanas que permitan la superación de las causas estructurales del conflicto social y armado en Colombia y apostarle a una sociedad desmilitarizada, quiere hacer las siguientes apreciaciones.

*

La historia de la ciudad de Medellín ha estado por décadas transversalizada por una profunda situación de conflicto urbano que ha implicado que por años, grupos al margen de la ley controlen los barrios de la ciudad. Esta difícil situación se ha presentado, por un lado, por la legitimación de la violencia como forma de resolver los conflictos y como mecanismo de control de la población; pero por otro, se ha sostenido por las difíciles condiciones materiales en las que se encuentran los habitantes principalmente de los sectores populares, pues son notables las dificultades económicas, la situación de pobreza, el problema de desplazamiento que se concentra en las periferias de la ciudad, y el poco acceso a los derechos. Este complejo contexto, además mediado por la situación de orden público en el que se encuentra el país desde hace décadas, hace que hoy en Medellín, según informes de organizaciones sociales y la misma oficialidad, hagan presencia alrededor de 300 bandas organizadas que concentran cerca de 6.000 personas armadas.

Esta situación lleva años de conocimiento de sectores de organismos del estado, sectores económicos y políticos, que tal como lo han mostrado las investigaciones resientes, han legitimado, apoyado y negociado con estos grupos armados; pues hay bandas que llevan más de 15 años en la ciudad.

Una situación como está implica que el Estado mire mas allá, comprenda la verdadera dinámica del conflicto urbano de Medellín, y se atreva tomar medidas que realmente solucionen de raíz el problema y no lo agudicen, como pasaría con medidas como estas. Y tal como ha pasado con medidas cortoplacistas como las que se han tomado en ocasiones anteriores; pues mientras se desconozca, que el problema es estructural y que se hace necesario resolverlo, la situación continuara empeorando como lo muestran no solo los índices de homicidios, sino también los de pobreza, desempleo formal y exclusión social.

Como agravante de esta situación en la ciudad se encuentra la desconfianza que siente la población por las actuaciones de la fuerza pública en algunos sectores y por los cuales algunos funcionarios se encuentran procesados; así como de los demás organismos del Estado y sectores políticos, de lo cual ya se han arrojado investigaciones.

*

Esta medida, lo que traerá consigo es la agudización del conflicto urbano que vive la ciudad; al generar más desconfianza entre los pobladores y por tanto un escenario de mayor confrontación armada. *

Se incurre en una Violación del derecho internacional humanitario, pues esta medida es una falta contra el principio de distinción que implica la separación de la población civil dentro de la confrontación; esta medida, es una forma de involucrar a la población, escaza de dinero, dentro de la dinámica de la guerra, la cual, la sociedad ha manifestado que rechaza y repudia. *

El mensaje implícito que hay detrás de medidas como estas es “que la guerra si paga”, pues buena parte de la ayuda internacional que recibe el Estado colombiano se va para asuntos militares, igual pasa con los impuestos de los colombianos. Mensaje que por ningún motivo aceptamos y reconocemos como nuestro; pues la guerra y los procesos de militarización de la población civil son actos que rechazamos y consideramos contrarios a cualquier construcción de sociedades libres. *

Los que se evidencia ante medidas como estas es un notorio fracaso de la política de seguridad democrática, que además de no poder resolver de raíz sus promesas con relación a los grupos insurgentes, ha sido garrafal su fracaso en las zonas urbanas en donde no ha podido siquiera lograr el control territorial; pues hay notorios sectores de la ciudad en los cuales la presencia de grupos armados al margen de la ley es evidente.

Como si fuera poco, los procesos de reinserción, de justicia y paz, de negociación con las bandas y de sometimiento a la justicia; que desde el principio organizaciones sociales y no gubernamentales llamamos la atención sobre su fracaso e inconveniencia; hoy muestran con hechos que realmente no pudieron resolver la situación de orden público.

*

Medidas como estas fortalecen la estigmatización de la población juvenil, que además de poner la mayoría de muertos en la ciudad, también son objeto de las medidas de control por parte del Estado y ahora el propio gobierno nos quiere incluir dentro de la confrontación.

*

Si discrimináramos la propuesta del presidente Uribe; tendríamos entonces que si se quieren estudiantes mayores de edad, eso implica que los que conformarían la red de cooperantes serian estudiantes universitarios; lo que llevaría a pensar que se trataría, en ese caso, más de un intento por controlar las universidades y en particular la organización y movilización de los estudiantes; se convertiría esto, en una forma de control político, más que para resolver la situación en los barrios. Esto sería entonces una forma mas de criminalizar las luchas populares y de los movimientos estudiantiles.

Medidas como estas lo que hacen es reforzar el interés de las políticas de seguridad del actual gobierno, que es el de militarizar la población civil; la pregunta que queda es ¿Que pasa en una sociedad en ese estado de militarización?, la respuesta flagrante es que eso implica una sociedad que delega en la violencia la resolución de cualquier conflicto; una sociedad acrítica, sometida al imperio de los ejércitos y de mercenarios, legitimadora de la guerra, porque se convierte la violencia en el medio de subsistencia de la gente (piénsese también en la propuesta que en la ciudad de Cali, la red de cooperantes sea conformada por los conductores de servicio público) y construida desde los pilares axiológicos de la desconfianza, el control, la eliminación del enemigo y la obediencia; valores que contrarían la construcción de una sociedad libre y autónoma.

Ante este escenario de militarización de la sociedad, hastiada de la guerra; proponemos una reacción de la población, guiada por los principios de la noviolencia, y es el camino de resistencia civil; resistencia a la presencia de grupos armados en los barrios sean de donde sean, resistencia al escenario de violencia, resistencia y no cooperación a estas medidas guerreristas que lo que hacen en lugar de proponer ciudadanos es proponer mercenarios, resistencia a la estigmatización de la población juvenil; resistencia al desconocimiento de una situación de conflicto urbano en la ciudad, complejo y que requiere de medidas más integrales y humanas.

RED JUVENIL DE MEDELLÍN

Febrero 2/ 2010

NOMBRE
EMAIL
ASUNTO
MENSAJE
Image Verification Please enter the text from the image [ Refresh Image ] [ What's This? ]

Read More