10 agosto, 2009

Cuatro millones y medio de víctimas deja el recrudecimiento del conflicto Colombiano

Bogotá, Por: Javier Darío Restrepo*. La respuesta oficial al más grave problema social del país, no era el resultado de una política sino de una imposición judicial, y que aún así, era tan superficial como el cumplimiento de un requisito.

Juicio en la Corte.

El juicio del parque.

En la audiencia celebrada en el palacio de justicia el jueves 10 de julio, a las ocho de la mañana, el reo de verdad fue el gobierno nacional. Además de los magistrados de la Corte Constitucional, allí estaban como acusadores la Defensoría del Pueblo, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, las organizaciones indígenas, la Asociación de Víctimas y afuera, frente a la imponente mole de piedra del palacio, grupos de desplazados que, a lo largo del día, se relevaron para mantener vivo el grito de exigencia de sus derechos.


Juicio en la Corte.


Apremiado por los magistrados, el gobierno en la persona de Luis Alfonso Hoyos, el director de Acción Social, debió responder por las acciones con que se había dado cumplimiento durante los últimos cinco años a la sentencia de la corte sobre la debida protección y resarcimiento a los desplazados.

A lo largo del día, en una extenuante jornada, el funcionario leyó cifras, detalló acciones, recordó decisiones oficiales, reveló proyectos, enumeró dificultades sin cuento, y dejó trazado el cuadro de la respuesta dada por el gobierno a las tutelas interpuestas por 1150 familias.

En las libretas de los periodistas que cubrieron la audiencia quedaron los datos sustanciales de esa respuesta: 196 municipios reconstruidos, 8 mil viviendas, que habían sido destruidas por los grupos armados ilegales, restauradas,; por las oficinas de Acción Social se había hecho el trámite de registro de tres millones de desplazados, la ayuda humanitaria se había incrementado sustancialmente al pasar de 20 mil millones de pesos a 200 mil millones; sin embargo el creciente volumen de la población desplazada, hacía insignificante esa cifra porque, según los estimativos de Acción Social, se necesitaban 1.3 billones de pesos.

Los magistrados, hablando en nombre de los desplazados y teniendo en cuenta las exigencias hechas en la sentencia 025 de 2004 y en los 50 autos emitidos en estos últimos cinco años, se declararon insatisfechos.

Encontraron que la respuesta oficial al más grave problema social del país, no era el resultado de una política sino de una imposición judicial, y que aún así, era tan superficial y desganada como el cumplimiento de un requisito; señalaron los magistrados las graves fallas de información, la falta de coordinación entre órganos, entidades y personas que debían intervenir y la desprotección en que se había dejado a los grupos más vulnerables.

Mientras este severo juicio avanzaba, a pocas cuadras del Palacio de Justicia se llevaba a cabo de manera ininterrumpida otro juicio al mismo reo.


El juicio del parque.

En los últimos cuatro meses, un grupo de familias de desplazados, en un gesto de desesperación, se tomó el parque del Tercer Milenio, un bello espacio urbano que, según sus creadores, debía rehabilitar una zona céntrica de la capital en donde estaba situado El Cartucho, un refugio de drogadictos, traficantes de drogas y maleantes. Barrido por los vientos helados de la sabana o por los que llegan desde los cerros orientales, el parque es lugar de paseo, pero no apto para vivir. Aún así lo convirtieron en su vivienda los desplazados, que antes se habían tomado la iglesia de san Francisco y después la Plaza de Bolívar, movidos por la necesidad de hacerse oir y notar y porque, de veras, no tenían un espacio para vivir después de haberlo perdido todo.

A periodistas, investigadores, almas caritativas, entidades de beneficencia o a los simples curiosos, los desplazados los han convertido en jurados de un juicio en que las acusaciones se han repetido, monótonas como letanías.

Un editorial de El Tiempo (09-05-09) le restó importancia al debate estadístico sobre los desplazados que, sin embargo, revela que en la base de la inconciencia sobre el problema, aparece un desconocimiento elemental: ¿cuántos son los desplazados? ¿Los 3 millones de Acnur, los más de cuatro millones y medio de Codhes? ¿Los 2 millones 600 mil de Acción Social? Cuánta es la tierra que les han quitado: ¿las tres millones y media de hectáreas de Acnur? ¿O las cuatro millones y media de Codhes? ¿Cuánto han perdido? ¿Acaso los 42 billones de pesos que contabiliza Codhes?

En el mismo parque en donde se barajan estas cifras, ¿cuántos son? ¿Los 850 de que hablaba El Espectador el 26 de mayo, o los 1939 de su información del 29 de julio? Hay una estridente confusión sobre el número de víctimas y de pérdidas, como si el desplazamiento, los mismo que un huracán, hubiera barrido con todo, hasta con las cifras.

Tampoco se sabe si se cumple o no con los desplazados, si los dineros van a su destino o se quedan en las aduanas, si se favorece a unos sí y a otros no, porque la descoordinación entre organismos y personas es tal que la realidad se escapa.

Cuando se trata de medir el impacto de las acciones en favor de los desplazados las cifras alarman: de cada 100, 98 viven en la pobreza y de ellos el 82 por ciento en una indigencia que nunca habían conocido cuando eran cazadores, pequeños ganaderos, agricultores, pescadores o modestos trabajadores en sus pueblos, o propietarios pequeños, pero propietarios, en su región.

Ante esto, ¿quién responde? Dice una mujer que habla al pie de su carpa, entre las ráfagas heladas de julio que castigan el parque.

El drama se ha acrecentado entre ellos desde que los declararon en cuarentena por la sospecha de que hasta sus cambuches había llegado el A1 hN1. Antes habían sido sacudidos por el escándalo de la violación de una niña desplazada, víctima de unos policías. Y es que no disponen de protección especial lo niños, ni los viejos, ni las mujeres ni las personas con discapacidades. Y ni pensar en el regreso porque los que se apoderaron de sus tierras y bienes las retienen a sangre y fuego y andan sueltos..

Los del parque hacen un balance y concluyen con mayor fuerza que la Corte, que la respuesta oficial a sus requerimientos es ofensivamente insatisfactoria.

A fuerza de verlos pedir, reclamar y protestar, gobierno y ciudadanía los han llegado a considerar como unos incómodos y omnipresentes pedigüeños, y se ha olvidado que son víctimas, que no esperan dádivas sino justicia.

Lo que les quitaron los violentos en bienes y en derechos, mirado por la sociedad como irrecuperable, les está dando la categoría permanente de una clase social sin derechos, a ciencia y paciencia de todos. Y esta es la más inquietante percepción que quedó cuando, concluida la audiencia en la Corte, nadie pudo asegurar que la suerte de los desplazados cambiaría.

Hoy por hoy los recursos oficiales se destinan, generosos, para los inversionistas, para armar y alentar a las fuerzas armadas, para sacar del pozo de sus fracasos a bancos y empresas, para consolidar programas de reinsertados, o sea de victimarios, pero hay un extraño desgano oficial frente a las víctimas. Señala el presidente de Codhes, Jorge Rojas, una característica distintiva del gobierno nacional: "cuando el asunto es con los pobres o con las víctimas, no hay recursos". Así la Corte y el sentido de justicia, ordenen procurarlos con prioridad sobre otros asuntos.

* Javier Darío Restrepo: Periodista, articulo tomado de terra.com



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