Se intento Asesinar a Jorge Gamboa, presidente de la USO

Bogotá, abril 24 (El Tiempo). Habría ocurrido ayer miércoles en el caserío de Yarima, en el departamento de Santander, durante un acto de solidaridad con la huelga de un grupo de trabajadores de la industria de la palma.

Dos sicarios intentaron asesinar a Jorge Gamboa y al fallar huyeron del lugar con ayuda de la policía, según un comunicado de la USO.


Los atacantes y el arma fueron entregados a la policía, que actuó "como si no hubiese sucedido nada" y llevó a los acusados hacia una carretera "donde éstos abordan una moto particular que los esperaba", según la denuncia.

La USO responsabilizó a la policía y alertó sobre la posibilidad de nuevos ataques contra la comunidad de Yaruma.

Las denuncias sobre asesinatos y amenazas contra sindicalistas en el país mantienen en vilo la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de un tratado de libre comercio entre los dos países.

Un total de 22 sindicalistas han sido asesinados este año en Colombia según la Central Unitaria de Trabajadores.

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Detengamos el Genocidio en contra del pueblo Colombiano

FUNAR

"Asesinado un Sindicalista en Colombia, la lista aciende a 22 de lo que va del año", "Detenido primo hermano del Presidente Uribe por creacion de grupos Paramilitares", "Marchas Campesinas son reprimidas violentamente", "Crecen las amenazas en contra de los organizadores de la marcha del 6 de marzo", "Hasta hoy van mas de 6 asesinados", "La Justicia encuentra responsable a 12 militares de ser los Autores de la Masacres de 5 personas entre ellas 3 Niños","Continua el drama humano de los retendos por la guerrilla, Ingrid se encuentra gravemente enferma", y siguen mas y mas noticias lamentables de un pueblo que es victima de una política de estado permisiva, con el paramilitarismo, de estigmatizar como terrorista, como auxiliador y idiota útil de la guerrilla a todos aquellos que no se identifiquen con sus pensamientos.
todo esto ocurre en Colombia y lo insolito que es como si no pasara nada, el Presidente nuevamnete se presenta como parte de la victimas de un conflicto que se ha agudizado, presisamnte por su accionar prepotente y guerrerista. El mundo tiene que despertar y exiger a Uribe a sus mas sercanos colaboradores que concluyan los asesinato sistemático de dirigentes sindicales, activista políticos, defensores de derechos humanos, dirigentes estudiantiles, dirigentes campesinos, ect. y garantice el libre pensamiento y derecho a la protesta del los sectores democráticos, adversos a su polica de exclucion. ya escuchamos el llamado que hizo el primer ministro de inglaterra procupado por la ola de Asesinatos selectivo de personas vinculadas a sectores alternativos. No permitamos nuevamente un Genocidio como el acontecido con la Unión Patriótica en los /80. Es claro que esto tiene su ser a raiz de una recuperación de espacios de los sectores de Izquierda que apuntan por primera ves a la primera magistratura del país en el 2.010. Detengamos la barbarie de sectores violentos y apostemosle a la solución de los conflisto con inicitaivas de Paz y no con llamados a la Guerra.

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COMITE COLOMBIA ASOCIACION FRANCIA AMERICA LATINA Carta Abierta al Presidente de Colombia

Lyon, Francia.

Abril 20 de 2008
Señor
Álvaro Uribe Vélez
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
COLOMBIA
Señor Presidente:

La Asociación Francia América Latina -Capitulo Colombia-, que tiene su sede en Lyon, Francia, organización social que desarrolla actividades en el marco de la defensa de los Derechos Humanos y la promoción de una salida democrática al conflicto social y armado; se dirige a usted con el fin de manifestarle nuestra profunda preocupación por la grave situación de vulnerabilidad en que se encuentran los derechos constitucionales de ciudadanos miembros de Organizaciones de Derechos Humanos y de Organizaciones Sociales, cívicas y populares del País.

Ya el pasado 27 de Marzo, a propósito de las declaraciones del asesor presidencial José Obdulio Gaviria en contra de los líderes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado que impulsaron la marcha del 6 de Marzo, 22 organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos le enviaron un importante comunicado solicitándole medidas de protección para los líderes del movimiento. Igualmente, el 16 de abril de 2008 se hizo pública una carta enviada a Ud. por parte de congresistas norteamericanos en la que le piden alejar a funcionarios del Estado de comentarios "imprecisos y peligrosos".

Constatamos como a pesar de que importantes personalidades se dirijan a Ud. solicitándole active y ponga en marcha mecanismos reales y eficaces para que cese la violación a los derechos humanos en el país, el Estado continúa no sólo apático sino que además promueve un clima de violencia que deterioran el desarrollo y ejercicio de la democracia.

Luego de las afirmaciones del asesor presidencial 4 miembros de sindicatos han sido asesinados, y todos los líderes del Movimiento de Víctimas de Estado amenazados por grupos autodenominados "Águilas Negras" que no son otra cosa que las mismas estructuras paramilitares que se dicen en proceso de desmovilización en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Lo peor de todo es que, a pesar del clamor nacional e internacional, por impedir que se sigan cometiendo Desapariciones Forzadas, Asesinatos y Torturas por parte de miembros de la Fuerza Pública y de los grupos paramilitares, los que actúan con la aquiescencia de las F.F.AA., en las regiones, delitos, además, considerados como Crímenes de Lesa Humanidad, las amenazas contra la población civil y sus organizaciones sociales se siguen repitiendo. Es el caso de las nuevas amenazas proferidas contra personas y organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos como son FEDEAGROMISBOL, SEMBRAR, EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO Y SACERDOTES, por parte de integrantes de estructuras paramilitares que actúan de manera libre, pública y abierta en el Sur de Bolívar.

No entendemos, señor presidente, por qué extraño mecanismo de represión, la lucha contra-insurgente que adelanta el Estado para defender su democracia requiere del asesinato de líderes de organizaciones sociales y de la eliminación de organizaciones y partidos políticos de oposición. Consideramos que toda democracia exhorta a la participación conjunta de la población, por lo que el derecho al disentimiento y la oposición se encuentran garantizados en todo Estado democrático. Dado que es una verdad pública la existencia de vínculos entre altos políticos y parlamentarios, a nivel nacional y regional, con estructuras paramilitares, consideramos que usted es el primer convocado a impedir que una nueva ola de asesinatos termine con la ya conocida estela de victimas que se olvidan con el paso del tiempo gracias a la impunidad reinante en el país.

Finalmente, unimos nuestras voces a la demanda universal de respeto por los derechos humanos solicitándole de manera respetuosa:



1. Condenar públicamente toda estigmatización contra la actividad de defensa y promoción de los derechos humanos en el país así­ como contra las denuncias por violaciones a dichos derechos.

2. Que condene la nueva oleada de ataques y reafirme el apoyo de su gobierno a la protección de sindicalistas y activistas sociales.

3. Garantizar la protección a la vida y a la integridad física de las personas miembros de las organizaciones amenazadas.

4. Asegurar una investigación inmediata e imparcial frente a los nuevos casos, castigue a los responsables y tome medidas para desmantelar las estructuras bajo las que actúan los grupos paramilitares.





COMITÉ COLOMBIA

-ASOCIACIÓN FRANCIA AMÉRICA LATINA-

Lyon, Francia.

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“Todos se queman menos el Presidente"

Por Anna Karina Rosales

Berna, abril 23 (Radio Nederland). La periodista Anna Karina Rosales entrevistó a la asilada dirigente comunista Aída Avella, y el texto completo de sus declaraciones ha sido recogidas hoy en la edición de la Web del PCC.

Anna Karina Rosales - No por nada vive usted en el exilio, la Unión Patriótica, su partido, ha sido una de las opciones políticas más golpeadas de Colombia. ¿Cuánto han cambiado las cosas en los más de 10 años que se encuentra fuera?

Aida Avella.- Han cambiado para mal. El país está peor. Pienso que la situación de "política de guerra" que tiene el actual presidente ha agudizado la situación, no solamente de derechos humanos. Yo pienso que hay en este momento una verdadera intolerancia política, azuzada desde el Presidente de la República para abajo, lo que viene a complicar un poco las cosas. Cito ejemplos: en el plano de los trabajadores se sigue asesinando. Llevamos en el año 2008 por lo menos 20 trabajadores asesinados y acabo de recibir un fax en el cual me informan que un dirigente nacional judicial ha sido amenazado de la forma más cruel en la ciudad de Medellín. Continúan también las amenazas a los dirigentes de la marcha del 6 de marzo pasado. El 12 de marzo les llegó una amenaza a todos los que estuvieron en el comité organizador, entre los cuales hay muchas mujeres. La situación se ha vuelto tan intolerante que hasta han pensado hacer una reforma política para excluir a los partidos que no son ricos y que no pertenecen al gobierno. Esto ocasionaría un corte muy complejo de lo que puede ser la oposición en Colombia. A.K.R.- Está diciendo que no ha disminuido la participación de agentes del estado en la eliminación de sus opositores?

A.A.- En absolutamente nada. Al contrario nosotros creemos que hay un clima de franca impunidad, después de aprobada la Ley de Justicia y Paz, que quiere simplemente castigar a los que han realizado las grandes masacres, han descuartizado a la gente, han bebido de su sangre, han comido hasta sus carnes, las han quemado vivas, otras las han cortado con motosierra. Todas esas gentes que han hecho semejantes cosas tan espantosas, crímenes de lesa humanidad, han recibido sólo un castigo de 8 años, contando desde el momento en que supuestamente realizaron los pactos con el gobierno. Y esto nos tiene muy preocupados porque a nivel de los derechos humanos seguimos siendo uno de los países más violadores en el mundo.

A.K.R.- ¿Qué opina del proceso de purga por la Corte Suprema de Justicia, si el hecho de que ya se ha abierto investigaciones a más de 50 parlamentarios por sus supuestos vínculos con el para militarismo significa que efectivamente se está yendo por el buen camino?

A.A.- Esta es una característica que ha tenido este gobierno, que es un estado mafioso. Que se ha aliado precisamente para acceder al poder con no solamente narcotraficantes sino también con los jefes paramilitares. Algunos de ellos provienen del narcotráfico, y ha habido lucro para llegar al parlamento. Lo que se está comprobando con esto es que los mismos votos que eligieron a estos parlamentarios, que ya van como 30 en la cárcel y efectivamente van como 50 que son investigados, forman más de la tercera parte del parlamento. El problema es muy profundo pues todos los partidos de la coalición de gobierno están en este momento comprometidos y se comprueba que estos votos no fueron conseguidos de una manera democrática, por el querer de la gente, sino que estos votos fueron obligados.

A.K.R.- El presidente Uribe se ha manifestado a favor del proyecto de reforma que pide sancionar a los partidos que avalen políticos vinculados a grupos ilegales. ¿No demuestra esto su buena voluntad y vocación democrática?.

A.A.- Lo que creo es que el presidente está tratando de detener un derrumbe que se le viene encima, porque los mismos votos que eligieron a los parlamentarios son los mismos votos que eligieron al presidente. El tiene una inmensa responsabilidad y por eso plantea la famosa reforma política, diciendo que las sillas vacías serán irremplazables. A ese paso yo creo que el Congreso va a estar o a medias, o menos de medias. Es un Congreso no legítimo, un Congreso que no tiene ninguna legitimidad

A.K.R.- Nos da la impresión que el Congreso es el que pierde legitimidad pero no el ejecutivo, en otras palabras que llueve pero el presidente no se moja.

A.A.- Ese es uno de los factores que en Colombia han llamado el fenómeno "teflón". Es decir todo el mundo se quema menos el presidente. Pero yo creo que aquí hay una buena dosis de responsabilidad de una serie de sectores, que no pertenecen al Estado o que pertenecen indirectamente pero, que son los que manejan los principales grupos políticos y económicos. Estos son las grandes emisoras de Colombia y los grandes periódicos, empezando con El Tiempo, cuyo copropietario es familia del vicepresidente de la república el señor Santos. Estos casos son tan complejos que por ejemplo, el vicepresidente Santos ha estado reunido -según lo dijo el paramilitar Salvatore Mancuso- varias veces con él, antes de desmovilizarse. En una de las veces que el vicepresidente se reunió con él, le pidió la creación de un bloque paramilitar para la capital de la República y, en este momento, es uno de los bloques que está actuando contra los dirigentes sindicales. El bloque que ya ha asesinado a dirigentes sindicales en Bogotá y que amenaza seriamente a defensores de derechos humanos y a la sociedad civil. La prensa ignoró todo esto en la practica o cubrió el hecho muy débilmente. En Colombia desafortunadamente hay un control sobre los medios de comunicación muy sutil, como toda la perversidad que ha rodeado la política colombiana. Aquí se enaltece al señor presidente y hasta lo ponen como un Mesías . Es el único que ha podido hacer las cosas, es el más inteligente, es el más bueno, es el que tiene las carreteras con seguridad. Por otro lado ignoran lo que está pasando, el asesinato de trabajadores que en las protestas, han impedido que se firme y salga por votación el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El TLC se ahogó para Colombia, gracias en buena parte a la presión de los sindicatos por los crímenes de los trabajadores en Colombia. Desde luego que el presidente tiene que responder por donde quiera que vaya por qué su política ha estado muy a favor de los paramilitares. Pero ahí vemos que en Colombia sobretodo la radio y la televisión, que están en manos de los grandes dueños de los medios de producción y que son los dueños a su vez de los grandes medios de comunicación y de los grupos financieros, hacen que no exista una opinión pública. Lo que existe es una opinión dirigida por los grandes medios que avalan y que tapan muchas de las informaciones que debe conocer el pueblo si se tratara de una verdadera democracia.

A.K.R.- La oposición, que es contraria a la reforma, propone convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que siente las bases de una verdadera reforma electoral en Colombia. ¿Cuán decisivo considera esto, que se cambie la constitución colombiana?.

A.A.- Quienes estuvimos en la Constitución del 91 pensamos que era una constitución para mucho tiempo, pero lo que hemos visto es que en la práctica esta ha tenido tantas reformas que se ha desdibujado completamente y que la han puesto al servicio de quien maneja el gobierno. Por ejemplo, con la reelección se cambió toda una serie de criterios que había en la elección de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del consejo de la Adjudicatura, del propio Fiscal General de la nación. Antes, todas estas entidades eran elegidas o por el parlamento saliente, o por las personas que estaban en el gobierno anterior y cuando llegaba el otro gobierno, encontraba ya estas entidades completamente elegidas. Como esta vez ha habido una reelección todas estas entidades se quedan manos de quienes gobiernan, en manos del ejecutivo. A ese paso vamos a llegar a lo que hacen las dictaduras, donde una persona maneja todos los hilos del poder y esto va a hacer aún más complicada la situación en Colombia.

A.K.R.- Su partido la Unión Patriótica en su momento representó una opción. ¿Qué espacio queda para hacer política de izquierda en Colombia?.

A.A.- En este momento está el Polo Democrático que tiene una buena cantidad de parlamentarios. Se ha avanzado en algunas regiones, en consejos y en asambleas departamentales. Pero también hay mucha dificultad porque también empiezan a matar a la gente. Entonces todos nos preguntamos si la democracia colombiana permitirá algún día que se juegue en ese extraño juego de la democracia, es decir que los votos sirvan para algo. Que los votos sirvan para decir a la gente que, independientemente de su criterio político, puedan estar en las diferentes corporaciones públicas. Lo que vemos es todo lo contrario. Están haciendo todo el esfuerzo por equilibrarlo todo hacia un lado. Eso en otros términos se llama una dictadura. Pero claro, en Colombia emplean el voto, el ritual de la democracia, que son las elecciones populares. Pensamos que si se realiza una Asamblea Nacional constituyente habría que fijar normas muy claras, y habría que ver si efectivamente tenemos la necesidad imperiosa de reformar una constitución y en qué artículos.

A.K.R.- Usted acaba de participar en una mesa dedicada a la mujer y el conflicto colombiano. ¿Cuán importante es que desde este ángulo, desde esta perspectiva de género, se discuta sobre el conflicto y sus posibles soluciones?.

A.A.- Es muy interesante porque las mujeres estamos incursionando en todos los temas políticos y en todos los temas sociales. En Colombia vemos que el interés de la mujer es no solamente en la actividad política sino también en la actividad social, en la actividad empresarial, en la actividad incluso de toma de decisiones. Vemos también por ejemplo el movimiento de víctimas, el movimiento de derechos humanos. Las mujeres militan de una forma muy comprometida, de una forma bastante arriesgada. En los sindicatos las mujeres están dirigiendo muchas organizaciones y también sufren de amenazas, y en el peor de los casos de asesinato. Y desde luego que también hay otros problemas que se derivan del conflicto, y las mujeres tenemos opiniones políticas sobre lo que está pasando en Colombia. Estas discusiones en el plano internacional son necesarias para que nuestro país no se quede en el aislamiento. Colombia juega un papel en el contexto internacional y es importante que no se deje de hablar de por ejemplo proyectos como el TLC. La actividad de los sindicatos en ese sentido y su postura en contra de este proyecto no debe dejar de mencionarse pues existen organizaciones que no están de acuerdo con que se mate a la gente por sus creencias políticas o por sus creencias y militancias sociales. Escuchar audio en www.aporrea.org

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VERDAD EN MASACRE DE SAN JOSE DE APARTADÓ SE IMPONE A MENTIRA ESTATAL

(Colombia) (Autor: Juan Diego Restrepo E - IPS)

Los resultados que viene arrojando la investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre la masacre de 8 personas, 5 adultos y tres niños, ocurrida el 21 de febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, demuestra que, poco a poco, la verdad de las comunidades se impone a la mentira estatal, así esta última sea repetida mil veces.

En una decisión proferida el pasado 15 de abril, el ente acusador dictó medida de aseguramiento contra seis de los trece militares capturados el pasado 27 de marzo, sindicados de participar en la masacre. La medida, que consiste en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, afecta al teniente Alejandro Jaramillo Giraldo y al subteniente (r) Jorge Humberto Milanés Vega, así como a los sargentos Henry Cuasmayán Ortega, Ángel Padilla Petro y Sabaraín Cruz Reina, y al cabo segundo Ricardo Bastidas Candia.

Todos ellos deberán responder como presuntos coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo, en cuyos atroces hechos fueron asesinados a machetazos Luis Eduardo Guerra y su esposa Beyanira Aleiza, así como a Deyner Andrés, hijo de Guerra, de 11 años, cuyo cuerpo fue decapitado; Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia, de 5 años, y Santiago, de 2 años, así como Alejandro Pérez, jornalero de oficio.

La decisión no sorprende, pues desde el mismo momento en que se conoció la cruenta incursión, los habitantes de la Comunidad de Paz denunciaron que en ella habían participado miembros de grupos paramilitares apoyados por tropas del Ejército adscritas a la Brigada XVII del Ejército con sede En Carepa, población también del Urabá antioqueño.

Lo que sí sorprende es el silencio del Gobierno nacional, del estamento militar y de los propios medios de comunicación, que, pese a las evidencias y a las decisiones judiciales, aún no responden por los graves y falsos señalamientos contra la Comunidad de Paz, que, de manera conjunta, relacionaron a sus pobladores con la guerrilla de las Farc.

Cronología de la mentira La primera mentira estatal corrió por cuenta de un “ex guerrillero” de las Farc, quien en amplias declaraciones dadas a la prensa y divulgadas en la primera semana de marzo de 2005, señaló a las Farc como responsable de la masacre porque tenía información de que algunas de las víctimas iban a abandonar la comunidad. “La guerrilla ordena cómo se hacen muchas cosas en el pueblo. Al que no le gusta lo fusilan”, dijo este supuesto insurgente, quien recibía protección del Gobierno nacional.

Lo grave de esta falsa versión es que comenzó a ser reproducida por el propio presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Así quedó demostrado el domingo 20 de marzo de 2005. Ese día, al finalizar un consejo de seguridad realizado en Apartadó, el Presidente leyó un comunicado en el cual afirmó que “en esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”.

El entonces Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, le salió al paso a los señalamientos que desde Europa hacían diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y explicó en una carta, fechada el 18 de marzo, que “en ocasiones estas agrupaciones han utilizado dichas comunidades como refugio para sus actividades delictivas. La Comunidad de San José de Apartado no ha sido la excepción”.

La estigmatización de la Comunidad de Paz continuó por parte del Ejército Nacional, institución que a través de un comunicado calificó de “coincidencias sospechosas” algunos detalles de la masacre, entre ellas que Luis Eduardo Guerra “había expresado su intención de retirarse de la comunidad”. Sobre Alejandro Pérez, a quien definió como “cabecilla de milicias de la región La Cristalina”, dijo que también habría expresado su deseo de acogerse a programas de reinserción e iniciado gestiones para tal fin; y de Alfonso Bolívar Tuberquia afirmó que “estaba siendo acusado por las Farc de haber servido como informante de las tropas en un caso en el cual fue dado de baja un peligroso bandido, cabecilla del V Frente de las Farc”.

En la construcción de la mentira también se involucró la Fiscalía Regional de Antioquia, que a través del director regional en esa época, Francisco Galvis Ramos, declaró que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó “era un veraniadero de las Farc”.

A todos ellos le hicieron eco los medios de comunicación que, sin dudar de las versiones estatales, reprodujeron sus sindicaciones y editorializaron sobre ello, estigmatizando aún más a los habitantes de la Comunidad de Paz. La propaganda estatal logró entonces capitalizar todos los ámbitos para cerrarle espacios a las víctimas, una práctica reiterada a lo largo de estos años de guerra en Colombia.

Los pasos de la verdad Las versiones de excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operaron en el Urabá antioqueño, chocoano y cordobés le vienen rompiendo la falsa versión al Gobierno nacional, acusando a varios miembros del Ejército de haber perpetrado esta masacre en asocio con grupos paramilitares, lo que complementa lo dicho a gritos por la Comunidad de Paz días después de la masacre, sin que fuera escuchada por las autoridades.

Un abanderado de este proceso ha sido el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien acompaña esta iniciativa de paz desde el mismo momento de su constitución, el 23 de marzo de 1997. Su voz nunca ha vacilado para señalar la persecución estatal y paramilitar a la que ha sido sometida la Comunidad de Paz por defender el concepto de neutralidad y no aceptar a los actores armados, sean legales e ilegales en su territorio.

El padre Giraldo siempre ha sido claro al resaltar la complicidad del Estado en el crimen de los 8 pobladores de la Comunidad de Paz. Sus propias indagaciones y las que viene arrojando el proceso en la Fiscalía permiten concluir que este crimen fue perpetrado de manera conjunta por tropas del Ejército y grupos paramilitares.

Uno de los aspectos de los autores de la masacre aún no ha sido dimensionado en sus justas proporciones. De acuerdo con las versiones de los excombatientes de las Auc, el bloque paramilitar que participó en la incursión fue el Héroes de Tolová, estructura que estaba al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, quien para esa época hacía parte del Estado Mayor de las Auc y cuyos compromisos de desmovilización incluían el cese de operaciones.

De acuerdo con las indagaciones del padre Giraldo, que obran en los expedientes del proceso que adelanta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se sabe que miembros del Ejército llamaron a los comandantes de este bloque de las Auc para perpetrar la incursión de manera conjunta, acción que revela la relación sistemática de los paramilitares con las fuerzas armadas constitucionales, la cual venía de tiempo atrás, cuando el grupo armado ilegal estableció su base de operaciones en el poblado Nueva Antioquia, en Turbo, y permaneció allí por más de una década.

Los resultados de la investigación sobre estos atroces hechos permite establecer que las autoridades, desde el más alto nivel, mintieron de manera premeditada y construyeron una mentira a conciencia. Las falsas versiones, tanto de la Presidencia de la República como las del Ministerio de Defensa, la Comandancia del Ejército y de la Fiscalía Regional de Antioquia, divulgadas ampliamente por los medios de comunicación, reclaman, además de una retractación pública, la acción de la justicia, pues tal manipulación de la verdad lo único que refleja es complicidad.

(*) Editor Agencia de Prensa IPC Medellín, Colombia (57 4) 284 90 35 www.ipc.org.co

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