15 mayo, 2008

Human Rights Watchn característizada por su enfoque bastante a la derecha también critica la ex tradicion de los paras

SEMANA: El gobierno ha dicho que usted, como director de la Human Rights Watch, lo criticaba porque no extraditaba a los ex paramilitares y ahora lo critica porque los extraditó ¿Se ha contradicho usted?

JOSÉ MIGUEL VIVANCO: Es importante reafirmar cuál ha sido nuestra posición tradicional frente a la extradición. Siempre hemos creído que la amenaza de la extradición es una herramienta eficaz para encausar los procesos penales que lleven a desmantelar a las mafias, lograr la verdad, confiscar bienes y reparar, dentro de los márgenes que permite la Ley de Justicia y Paz.

S: ¿Sólo la extradición como amenaza?

J.M.V: Nosotros no trabajamos para la DEA. No estamos por la extradición a cualquier precio y circunstancia. La extradición es un instrumento que sirve a un fin. Ese fin es crear las condiciones políticas y jurídicas que incentiven a estos criminales, llámense paramilitares o guerrilleros (en la medida que éstos últimos se han vinculado con el narcotráfico) a entender que está en su propio beneficio contar la verdad de lo que hicieron, revelar quiénes fueron sus cómplices, entregar sus bienes ilícitos, etc. Es la extradición para fortalecer al Estado en su capacidad de hacer justicia frente a los crímenes de lesa humanidad.

S: Pero los ex jefes paramilitares seguían delinquiendo desde la cárcel y no estaban colaborando demasiado con la justicia…

J.M.V: Estos sujetos gozaban en la cárcel de todo tipo de privilegios, tenían celulares, acceso a internet, etc. Muchos lo denunciamos desde hace tiempo: que estaban haciendo lo que querían desde las cárceles de máxima seguridad y el gobierno no hizo ni un amago de extraditarlos. Yo mismo lo hablé con el ministro Holguín, y él me dijo que entendiera que esto no era un proceso penal, sino un proceso de paz y que por eso les dejaban los equipos y las comunicaciones.

S: El Presidente sí les advirtió varias veces que los extraditaría si no cumplían con el proceso de Justicia y Paz…

J.M.V: Cuando la revista SEMANA sacó a la luz las grabaciones que demuestran cómo delinquían desde la cárcel, el gobierno no hizo nada al respecto. Demostró una elasticidad enorme frente a esto y no les fijó ningún parámetro. Mientras tanto la Ley de Justicia y Paz, con sus debilidades y limitaciones, empezó a caminar. Mancuso empezó a confesar, a colaborar. Por otro lado, también arrancó el proceso de la parapolítica. Pero ahora de un golpe, cuando las víctimas empezaron a descubrir a los responsables, cuando los desmovilizados estaban contando lo que había pasado, cuando el fiscal Iguarán estaba optimista sobre lo que se podía lograr en varios procesos, de un golpe, casi todos son extraditados interrumpiendo abruptamente este proceso. Si de lo que se trataba la extradición era de usarlo como instrumento de presión para enviarles un aviso de que les convenía colaborar, la extradición de Macaco hubiera sido suficiente para advertirles. Quizás haberles dicho: extradito uno por mes si no colaboran de manera más contundente…

S: Eso no era viable desde el punto de vista de la seguridad. Si extraditan uno, los otros tenían mucha capacidad de hacer daño aquí… por eso extraditan al tiempo a los más poderosos.

J.M.V: No voy a especular sobre las razones del Presidente para tomar esa decisión porque no las conozco. Pero lo que sí es claro es que de golpe, con esta medida, se gastó toda la palanca, toda la capacidad de presión que tenía sobre estos criminales para hacerlos hablar. Nunca hay que olvidarse que ellos no se interesaron en la paz, si no hasta que el fiscal general Ashcroft anunció que pedía en extradición a Castaño, Mancuso y a Giraldo. Los paras llegaron a la mesa por la extradición, y la perspectiva de terminar en una cárcel en Estados Unidos ha podido usarse mucho más eficazmente para hacerlos hablar.

S:¿Cree usted que las víctimas podrán hacer valer sus derechos con estos ex paramilitares en Estados Unidos?

J.M.V: Los gobiernos de Uribe y de Bush han anunciado que buscarán la manera de seguir el proceso a distancia; que encontrarán las vías de cooperación judicial necesarias para lograrlo. Magnífico, ese compromiso es muy importante. Conozco las frustraciones de los jueces argentinos y chilenos con las cartas rogatorias para conseguir colaboración de la justicia estadounidense; son procesos lentos y engorrosos. Ojalá los dos gobiernos, en efecto, desarrollen mecanismos expeditos y concretos, para seguir adelante los procesos de Justicia y Paz y de parapolítica.

S:¿Ante la perspectiva de quedar presos por largo años en Estados Unidos, qué sentido tiene para ellos seguir colaborando con la justicia colombiana?

J.M.V: Que se creen los mecanismos de cooperación, no quiere decir que ellos van a querer cooperar con la justicia. En las cortes estadounidenses, el nombre del juego es narcotráfico. Al fiscal de Washington o de Florida no le va a interesar para nada lo que le pueda contar, por ejemplo, Jorge 40 sobre sus cómplices en Valledupar. Por eso es fundamental, para que los anuncios de cooperación judicial entre los países no sean sólo eso, crear incentivos sustanciales legales que permitan persuadir a estos sujetos que tiene algún sentido colaborar en serio en los procesos de Justicia y Paz y de parapolítica.
S: ¿Será esa una tarea más del gobierno de Estados Unidos ahora?

J.M.V: Sí. Valoro mucho el anuncio de que crearán mecanismos especiales y entregarán los bienes que se consigan en Estados Unidos al fondo de reparación de las víctimas en Colombia, y ahora, la carga principal está ahora en manos de Estados Unidos.

S: Estamos escuchando a algunos fiscales de Justicia y Paz decir que ahora pueden llegar a tener mayor colaboración de los mandos medios en el proceso porque ya no están los jefes que los intimidaban y les prohibían colaborar en ciertos temas. ¿Puede ser este un resultado positivo de la extradición y que en lugar de acabar el proceso lo revitalice?

J.M.V: No creo que se acabe la parapolítica, ni se acabe Justicia y Paz, pero la expectativas que teníamos de lo que se iba a conseguir en términos de verdad y resarcimientos a las víctimas se han complicado. Es posible que mandos medios ahora entiendan que es mejor colaborar con Justicia y Paz y lo hagan. Pero así mismo, la extradición de los 14 puede enviar otra señal: otros mandos medios pueden creer que si se ponen a revelar lo que saben con respecto a la parapolítica, terminen extraditados.

S: Muchos en Colombia han sentido alivio de ver a estos tipos que hicieron tanto daño por fin en cárceles de verdad…

J.M.V: No te quepa la menor duda que por primera vez estos criminales, mafiosos, autores de los delitos más atroces están enfrentando ya a una expectativa de procesos penales reales y les tocarán larguísimas condenas. Ahora, es lamentable que los responsables de estas atrocidades no paguen por ellas sino por narcotráfico. Y es lamentable que se les hayan extraditado a todos, en un momento tan poco oportuno con los procesos de Justicia y Paz parapolítica en plena evolución, pues crea una falta de incentivos enormes para que hablen. Ojalá los mandos medios colaboren.


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14 mayo, 2008

"La extradición impedirá la investigación y el juzgamiento de graves crímenes"

"Afecta -además- la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación" por sus crímenes, agrega la CIDH.

"La extradición impedirá la investigación y el juzgamiento de graves crímenes", "cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad" e "interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares", de acuerdo con el organismo hemisférico.

El siguiente es el texto del comunicado:

Washington, 14 de mayo de 2008 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la extradición de líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que limita seriamente el esclarecimiento de graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Colombia.

El martes 13 de mayo, el Estado informó sobre la extradición a los Estados Unidos de 14 líderes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, "Jorge 40" y "Don Berna" para ser juzgados por delitos de narcotráfico. Las personas extraditadas se habían acogido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, destinada al juzgamiento de los crímenes cometidos contra la población civil por miembros de grupos armados al margen de la ley en Colombia.

La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. La extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares.

La CIDH ha dado estrecho seguimiento al proceso de desmovilización en Colombia desde su inicio, con base a un mandato del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a sus competencias conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este marco, ha expresado en numerosas oportunidades la importancia de que el Estado garantice el derecho de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington


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Desplazados del Guaviare continúan siendo amenazados

Por Camilo Raigozo

Bogotá (Semanario VOZ). La Asociación de Población Desplazada del Guaviare, Aspodegua, denunció ante la comunidad nacional e internacional, los organismos de control del Estado y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, el trato degradante que reciben de parte del gobierno al momento de exigir sus derechos como personas desplazadas, procedentes de diferentes zonas del departamento de Guaviare, por la estrategia paramilitar, los combates entre el ejército y la guerrilla y las fumigaciones indiscriminadas.


Así mismo, la población desplazada del Guaviare denunció que las amenazas continuaron en la ciudad de Bogotá a donde han llegado en busca de refugio.

Desde marzo de 2006 Aspodegua le ha venido pidiendo con insistencia al gobierno del presidente Uribe que les brinde a sus asociados las garantías mínimas para poder retornar a sus territorios, sin el riesgo de ser asesinados. Según la denuncia hecha a VOZ, una y otra vez el gobierno ha prestado oídos sordos al clamor de los campesinos, razón por la cual continúan condenados a vivir en los cordones de miseria de las ciudades, principalmente en la capital del país.

“En vez de encontrar soluciones adecuadas para el retorno, la población desplazada del Guaviare nos sentimos seriamente amenazados”, argumentan los voceros de la asociación campesina. El 5 de julio del año pasado, uno de los directivos de Aspodegua, Arcángel Cadena Tavera, se salvó milagrosamente de un atentado que le tendieron sujetos extraños en las oficinas de la organización ubicadas en el sector de San Victorino en el centro de Bogotá.

En noviembre del mismo año, días previos a las deliberaciones del Tribunal Internacional de Opinión, al cual fue invitado Aspodegua, Fanny Ladino, desplazada y dirigente del Departamento de Mujeres de la Coordinadora de Desplazados en Bogotá, recibió amenazas de paramilitares denominados “Águila Negras”, amenazas extendidas a todas las organizaciones de desplazados.

La noche del 6 de marzo de este año, luego de finalizada la exitosa marcha contra el paramilitarismo y en homenaje a las víctimas de crímenes de Estado, fueron violentadas las puertas de las oficinas donde operan Aspodegua, la Coordinación de Desplazados de Bogotá, CND, la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, Fenacoa y la oficina de la abogada Ana Tulia Aponte, gestora de programas de producción agropecuaria. De las cuatro oficinas fueron hurtados los discos duros de los computadores donde estaban guardados los archivos y demás documentos y datos referentes a la población desplazada.

Después de la realización de la marcha del 6 de marzo las organizaciones de población desplazada han visto como se intensificaron los hostigamientos y amenazas en su contra, por lo que sus miembros hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional, a las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y a los entes de control del Estado, para que presten su vigilancia y protección contra las posibles masacres y asesinatos a los que están permanentemente expuestos.

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"movida de Uribe Vélez es habilidosa. Por ahora desvía el debate hacia otro tema, aunque será difícil que se quiete de encima el estigma de la “para"

por Carlos Lozano
Bogotá, mayo 13 (Semanario VOZ). Al cierre de esta edición, en la madrugada de hoy martes 13 de mayo, por decisión del Gobierno Nacional fueron extraditados a Estados Unidos trece de los principales capos del paramilitarismo, acogidos a la ley de justicia y paz, encabezados por Salvatore Mancuso, “Don Berna”, Jorge Giraldo, Jorge 40 y “Cuco Valoy”, entre otros, en una jugada que los analistas no terminan de descifrar.

La extradición fue sorpresiva. Los abogados ni siquiera fueron notificados de la misma y no se les permitió el acceso a la base militar de Catam de donde fueron enviados en aviones de la DEA a los Estados Unidos. La decisión, acordada con el gobierno de Washington, se precipitó en medio de la crisis política del país y de un gobierno con serios problemas en el exterior, debido a la “parapolítica”, a las contundentes denuncias de Yidis Medina que dejan en tela de juicio la legalidad de la reelección y de las explosivas declaraciones a El Espectador del lunes 12 de mayo del embajador de los Estados Unidos, en donde reconoció que la base militar de Manta, Ecuador, sería trasladada a territorio de la Guajira en la vecindad de la República Bolivariana de Venezuela.

De esta manera el Gobierno Nacional acabó de un tajo con el precario proceso de la ley de justicia y paz, lo cual deja en vilo cualquier posibilidad de verdad y reparación de los múltiples crímenes de los grupos paramilitares con evidentes nexos con políticos tradicionales hoy en el uribismo. Es una manera, según dijeron voceros de las víctimas, de correr cortinas de humo ante la grave crisis del país y también de silenciar las graves delaciones que estaban haciendo algunos de los jefes paramilitares en el marco de las audiencias de justicia y paz. Varios de los extraditados eran los “testigos estrellas” en los juicios de la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía contra los acusados de la “parapolítica”. Estos procesos sufrirán mengua en la parte probatoria, porque no es seguro que desde Estados Unidos continúen los testimonios y las revelaciones.

“Los han callado”, dijo un integrante del Movimiento Nacional de Víctimas, “por ejemplo, aseguró, ¿en qué quedan las acusaciones de Salvatore Mancuso al vicepresidente Francisco Santos Calderón de haberlo presionado para crear el Bloque Capital de las AUC?”.

La movida de Uribe Vélez es habilidosa. Por ahora desvía el debate hacia otro tema, aunque será difícil que se quiete de encima el estigma de la “parapolítica” y de los vicios de la reelección lograda con votos comprados.

Falta ver si algunos de los jefes paramilitares prenden el ventilador ante las cortes norteamericanas y cuentan todo lo que no han querido decir en Colombia. Lo que si es seguro es que se llevan muchos secretos no contados y que intranquilizan a más de uno en Colombia.


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13 mayo, 2008

Masiva extradición de jefes paramilitares a Estados Unidos

EL Tiempo
Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Diego Fernando Murillo ('Don Berna), Hernán Giraldo, alias 'Pablo Sevillano' y Ramiro 'Cuco' Vanoy ya fueron entregados a autoridades de ese país.

El presidente Álvaro Uribe hará una alocución televisada esta mañana para anunciar las razones de las extradiciones, según reveló el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardí.

En el listado, que incluye en total a 13 ex jefes paramilitares y a un señalado narcotraficante, también están Eduardo Enrique Vengoechea, Francisco Javier Zuluaga (alias 'Gordolindo') y Nodier Giraldo (sobrino de Hernán Giraldo).

Así fue el envío a Estados Unidos 'ex paras'

Con cadenas en el cuello, esposas en las manos y chalecos blindados fueron extraditados a las 6:37 de la mañana 13 ex jefes paramilitares, solicitados por cortes de los Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

El avión de la DEA que lleva a los ex 'paras' despegó del aeropuerto de Catam, en Bogotá, hacia Miami, Washington y Nueva York.

El operativo comenzó a las 12:15 de la madrugada en las cárceles de Itagüí, La Picota y Barranquilla, con participación de la Dijín. Los ex 'paras' fueron sometidos a exámenes médicos y reseñas antes de salir hacia Estados Unidos.

Fuentes cercanas al Gobierno afirman que una vez llegó al aeropuerto de Catam, procedente de Barranquilla, Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', comenzó a lanzar palabras soeces contra el Ejecutivo y gritó "Nos traicionaron, h.p....".

Las razones de la extradición serían las siguientes:

1. En primer lugar no estaban entregando la verdad tal y como lo ordena la Ley de Justicia y Paz. Lo hacían a cuenta gotas, sin profundidad.
2. Tampoco hicieron entrega apropiada de bienes para la reparación de las víctimas.
3. Y por último, los organismos de inteligencia cuentan con información de que los ex 'paras' seguían delinquiendo desde sus lugares de reclusión.

El movimiento de los presos se inició hacia la medianoche desde las cárceles de La Picota, Itagüí y Barranquilla, de acuerdo con la emisora 'La W', quien dio la primicia a las 2 de la mañana.

Todos ellos tenían orden de extradición autorizada por la Corte Suprema de Justicia, que no se había hecho efectiva por estar en el proceso de Justicia y Paz.

Los posibles vínculos de los ex 'paras' con actividades al margen de la ley

Oficiales de la Dijín informaron que había indicios de que algunos ex jefes paramilitares continuaban delinquiendo desde las cárceles luego de la desmovilización. Sin embargo, aún se desconoce si el Gobierno tuvo en cuenta estas pruebas para ordenar la extradición.

Los principales ex jefes paramilitares eran señalados por los organismos de seguridad del Estado como 'narcos pura sangre'.

La Policía, por ejemplo, maneja información sobre las posibles relaciones de Diego Fernando Murillo, 'don Berna', con las bandas criminales de Los Paisas y Los Traquetos, organizaciones al margen de la ley aliadas a La Oficina de Envigado, al mando del ex jefe paramilitar.

Hace pocas semanas la Policía y el CTI capturaron en Córdoba y Antioquia a integrantes de estas bandas, que según inteligencia de la Policía, recibían órdenes de 'Berna'. La Dijín mantenía un minucioso seguimiento a personas cercanas a 'Berna'.

A Ramiro 'Cuco' Vanoy, ex jefe paramilitar del bloque Mineros, las investigaciones lo relacionaban con la banda de Los Mellizos, de los hermanos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera.

Precisamente, en desarrollo del operativo que terminó con la muerte de Víctor Manuel en el norte de Antioquia la Policía descubrió que los hombres que hacían parte de su anillo de seguridad eran desmovilizados del Mineros cercanos a Vanoy, quien negó cualquier actividad al margen de la ley después de la desmovilización.

Desde la cárcel de Barranquilla fueron trasladados 'Jorge 40', Hernán Giraldo, el 'Patrón', del Bloque Tayrona; Nodier Giraldo, sobrino del 'Patrón' y jefe de finanzas de esa organización, así como Eduardo Bengoechea, otro jefe de Los Tayrona. Más de 80 hombres de la Dijín en la capital del Atlántico participaron en el operativo del traslado al aeropuerto de Catam.

A Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', ex jefe 'para' del Bloque Norte, las autoridades lo relacionan con una banda de extorsionistas que delinque en Barranquilla conocida como Los 40. Los 40 estaba dedicada al narcotráfico, comercio ilegal de armas, extorsiones y asesinatos selectivos en Atlántico, Bolívar y Sucre.

De hecho, el año pasado un juzgado especializado condenó a seis integrantes a siete años de prisión por extorsión.

Sobre Guillermo Pérez Alzate, 'Pablo Sevillano', ex jefe paramilitar del Bloque Libertadores del Sur, la Policía venía manejando información lo relacionaba con algunas de las cinco bandas emergentes que lideraba Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', extraditado la semana pasada por violar los compromisos del proceso de paz y reincidir en actividades de narcotráfico y conformación de grupos al margen de la ley como Las Águilas Negras.

En el caso de Salvatore Mancuso se sabe que es de los hombres fuertes de los 'paras' que más estaba hablando ante los fiscales de Justicia y Paz sobre las relaciones de las autodefensas, incluso, en su más reciente revelación afirmó que todas las compañías bananeras estadounidenses en la región del colaboraron con las Auc.

Estos fueron los ex jefes paras extraditados

De la Penitenciaría La Picota en Bogotá:

* 1 Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna'
* 2 Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias 'Gordo Lindo'
* 3 Manuel Enrique Torregrosa.

De la cárcel de máxima seguridad de Itagüí:

* 4 Salvatore Mancuso Gómez, alias 'Santander Lozada'
* 5 Diego Alberto Ruiz Arroyave
* 6 Guillermo Pérez Alzate, alias 'Pablo Sevillano'
* 7 Ramiro Vanoy, alias 'Cuco Vanoy'
* 8 Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso'
* 9 Martín Peñaranda, alias 'El Burro'
* 10 Edwin Mauricio Gómez Lara.

Desde la cárcel Modelo de Barranquilla

* 11 Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'
* 12 Hernán Giraldo Serna, alias 'El Patrón'
* 13 Nondier Giraldo Giraldo
* 14 Eduardo Enrique Vengoechea.


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