¿Quien es Alvaro Uribe?

Caracas, 04 Mar. ABN.- Álvaro Uribe nació en 1952 en Medellín, en una familia de la granburguesía antioqueña, vinculada también a la gran propiedad terrateniente y al negocio del narcotráfico. El libro Los Jinetes de Cocaína, de Fabio Castillo, relata que el padre del presidente de Colombia, Alberto Uribe Sierra, era un conocido narcotraficante, que fue arrestado una vez para ser extraditado, pero Jesús Aristizábal Guevara, entonces Secretario de Gobierno de la ciudad de Medellín, logró ponerlo en libertad. Uribe Sierra fue muerto por la guerrilla por sus actividades contrainsurgentes.

La carrera política del que ahora es presidente de Colombia empezó a temprana edad. Antes, incluso, de terminar su carrera universitaria, coincidió con la etapa del auge y cúspide del cartel de Medellín. En 1976 fue Jefe de Bienes de las Empresas Públicas de Medellín. Secretario General del Ministerio del Trabajo entre 1977 y 1978, y entre 1980 y 1982 fue director de la Aeronáutica Civil. Fue alcalde de Medellín de 1982 a 1983 y concejal de la ciudad del 84 al 86; senador entre 1988 y 1993 y gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997.

El periodista de El Espectador Fernando Garavito señaló que durante el tiempo que Uribe fue director de la Agencia de Aeronáutica Civil de Colombia (1980-1982) numerosas licencias de piloto fueron dadas al Cartel de Medellín -permitiendo a sus pilotos volar con grandes cantidades de cocaína fuera de Colombia y hacia o dentro de Estados Unidos. Uribe fue supuestamente retirado del cargo por esta irregularidad.

En su libro Los Jinetes de la Cocaína, Fabio Castillo lo planteó sin mayor énfasis. “Uribe le otorgo licencia a muchos de los pilotos de los narcos, cuando fue director de Aerocivil... siendo Rodrigo Lara ministro de Justicia ordenó paralizar treinta aeronaves a los Ochoa, diez a Pablo Escobar, diez a Gonzalo Rodríguez Gacha y cuatro a Carlos Lehder Rivas y sin embargo dijo que sólo había inmovilizado una pequeña parte de la gran flota aérea de los narcotraficantes de Medellín”. Y pare de contar.

Marhyon E. señala en un artículo de 2004 que Uribe, al ejercer de alcalde de Medellín en 1982, cargo que tuvo que abandonar sin cumplir los cinco meses, del período de 2 años, por presión del presidente Belisario Betancur Cuartas, al enterarse de una reunión clandestina de éste con los capos de la mafia Pablo Escobar Gaviria, los Ochoa Vázques, Carlos Ledher Rivas y Gonzalo Rodriguez Gacha, presidió personalmente la ceremonia de corta del listón en la inauguración del barrio Medellin sin Tugurios, construido en el oriente de esta ciudad por el extinto capo de las drogas Pablo Escobar Gaviria.

Un documento firmado por el jefe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) Donnie R. Marshall, el 3 de agosto de 2001, indica que varios aviones fueron capturados con cargamentos de insumos para la producción de coca. Las naves se dirigían a Medellín a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos.

Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15 mil millones de dólares.

El dueño de GMP Productos Químicos, de acuerdo con el reporte de 2001 del jefe de la DEA, es Pedro Juan Moreno Villa, quien fue jefe de campaña y, por mucho tiempo, mano derecha del actual presidente de Colombia.

Ediciones MacMillan publicó en 1999 un libro sobre el narco colombiano Pablo Escobar, titulado Whitewash. Simon Strong, autor de este libro, tuvo la oportunidad de entrevistarse con Álvaro Uribe y describe dicha entrevista de la siguiente manera:

“ (...) Me encontré una vez con Uribe Vélez en el sótano-comedor de un hotel de Bogotá en marzo de 1994 para discutir sobre política y trafico de drogas.

En ese entonces era senador. Uno de los congresistas que acababa de ser elegido bajo su tutela política era Willian Vélez, quien había sido uno de los primeros políticos aliados de Escobar en Envigado (...). Cuando mencioné la conexión con Vélez, el encanto juvenil y a veces superior de este señor se evaporó junto con la sonrisa. (...), agrega.

Continúa señalando: Después de que aparentemente se había calmado un poco le pregunté sobre su jefatura en la Aeronáutica Civil. Eso fue todo. El hombre pequeño saltó con furia (...) corrió hacia las escaleras a través del lobby y no se detuvo hasta escapar en los brazos de sus guardaespaldas que habían parqueado afuera de la terraza. Luego, pensando mejor acerca de abandonar una entrevista grabada de esa manera y rodeado por sus guardaespaldas con el fin de apoyarlo e intimidarme, insistió en que continuáramos. “Yo soy honesto”, repetía sin cesar.

Pero el caso más reluciente del carácter de Álvaro Uribe lo encontramos gracias al periodista Joseph Contreras.

En marzo de 2002, la revista Newsweek publicó una polémica entrevista que Contreras realizó al otrora candidato a la presidencia de Colombia, Álvaro Uribe, centrándola en la discusión de su proyecto paramilitar. A continuación transcribimos de forma textual dicha entrevista:

Contreras (C): Algunos colombianos ven en Ud. al candidato favorito de los grupos paramilitares.

Uribe (U): Nunca me he reunido con ningún miembro ni de las fuerzas paramilitares ni de la guerrilla. (El Jefe paramilitar) Carlos Castaño ha dicho claramente que no me conoce. Una vez, hace muchos años, me reuní con (el jefe militar de las AUC) Salvatore Mancuso, cuando era un ganadero, pero no he vuelto a hablar con él desde que se unió a los paramilitares.

C: Pero hace muchos años, cuando Ud...

U: No voy a responderle a eso. Si tengo vínculos con los grupos paramilitares, ponga una demanda ante las autoridades que corresponda.

C: En 1997 y 1998, agentes de la Administración de Combate contra las Drogas de Estados Unidos (DEA) decomisaron 50 toneladas de un precursor químico usado en el procesamiento de cocaína. Ese químico fue supuestamente adquirido por una compañía propiedad de Pedro Juan Moreno, quien trabajó con usted cuando era gobernador de Antioquía.

U: Me dí cuenta de eso sólo después de que mi periodo como gobernador había terminado. Si los cargos son ciertos, él debería ir a la cárcel. Si carecen de sustento, la DEA deberá rectificar el error. Yo creo que se cometió un error en este caso.

C: De acuerdo a un libro que es bestseller sobre el comercio de droga, titulado Los jinetes de la cocaína, usted se pronunció a favor de un programa de viviendas de bajo costo en Medellín, que fue financiado por el señor de la droga Pablo Escobar cuando era usted alcalde de esas ciudad en 1982...

U: Yo pedí a la oficina del Fiscal General investigar ese asunto, y fui completamente liberado de esos cargos. Ese programa de vivienda estaba muy encaminado cuando fui electo alcalde y no tuve nada que ver con él.

C: Fuentes bien informadas dicen que un número récord de licencias de pilotos y permisos de construcción de instalaciones aéreas fueron emitidos por la oficina de aviación civil cuando usted encabezaba la agencia en los ochenta, un periodo en el que el narcotráfico estaba creciendo...

U: No hablemos más. Veo que usted ha venido aquí a ensuciar mi carrera política.

C: Su delegado en la oficina de aviación civil era un hombre llamado César Villegas, más tarde sentenciado a cinco años de prisión por sus nexos con el Cartel de Cali y asesinado a principios de este mes...

U: Me rehúso a aceptar que los corresponsales extranjeros me hagan este tipo de preguntas y repitan calumnias hechas contra mí. Todo lo que digo es esto: como político, he sido honorable y responsable. No tenemos nada más que discutir.

Es importante destacar que los periodistas Joseph Contreras y Fernando Garavito, quienes en su momento entrevistaron a Uribe buscando aclarar sus posibles vínculos con el paramilitarismo, hoy día han huído de Colombia por supuestas amenazas de muerte.

Como Senador, Uribe sacó adelante las siguientes Leyes que han propiciado la más grande concentración financiera de capital en manos de los grupos monopólicos financieros y del capital financiero imperialista:

- Ley 71/88 o la Reforma Pensional: Ha servido para que los grupos monopólicos se apoderen de los Fondos Privados de Pensiones y de Cesantía, que solo en 1995 sumaban $708 mil millones de pesos, recursos dirigidos a la especulación financiera.

Mientras, a los trabajadores se les aumentó la edad y el tiempo para tener derecho a la jubilación.

- Ley 50/90 o de Reforma Laboral: Tuvo el propósito de adecuar la legislación laboral a las necesidades del modelo neoliberal, haciendo de los trabajadores una mercancía mas sujeta a las leyes de un mercado libre de ataduras legales y sindicales.

Uribe Vélez defendía esa ley, como la piedra filosofal que activaría el empleo.

Para ese entonces el desempleo estaba en cerca de 10%; en vez de reducirse, 12 años después llega a 27%.

Con la Ley 50, la gran burguesía despojó a los trabajadores colombianos de sus conquistas laborales, entre ellas la estabilidad laboral; se eliminó el derecho de huelga en las empresas de servicios públicos, se agudizó la criminalización de la protesta popular, se estableció el incremento del tiempo laborable de los trabajadores, se crean las empresas temporales y el empleo temporal y se crean los llamados Fondos de Pensiones como una forma de arrebatarle las cesantías a los trabajadores y transferirlos a manos de los grupos monopólicos. Hoy, el imperialismo exige profundizar la Reforma Laboral iniciada por Uribe.

- Ley 100/93. Sistema de Seguridad Social: La salud se convirtió en el negocio más rentable y especulativo de los grupos monopólicos que adelantan una guerra publicitaria para apoderarse de todos los afiliados a los Fondos de Pensiones provocando la quiebra del Seguro Social ISS.

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Human Rights Watchn característizada por su enfoque bastante a la derecha también critica la ex tradicion de los paras

SEMANA: El gobierno ha dicho que usted, como director de la Human Rights Watch, lo criticaba porque no extraditaba a los ex paramilitares y ahora lo critica porque los extraditó ¿Se ha contradicho usted?

JOSÉ MIGUEL VIVANCO: Es importante reafirmar cuál ha sido nuestra posición tradicional frente a la extradición. Siempre hemos creído que la amenaza de la extradición es una herramienta eficaz para encausar los procesos penales que lleven a desmantelar a las mafias, lograr la verdad, confiscar bienes y reparar, dentro de los márgenes que permite la Ley de Justicia y Paz.

S: ¿Sólo la extradición como amenaza?

J.M.V: Nosotros no trabajamos para la DEA. No estamos por la extradición a cualquier precio y circunstancia. La extradición es un instrumento que sirve a un fin. Ese fin es crear las condiciones políticas y jurídicas que incentiven a estos criminales, llámense paramilitares o guerrilleros (en la medida que éstos últimos se han vinculado con el narcotráfico) a entender que está en su propio beneficio contar la verdad de lo que hicieron, revelar quiénes fueron sus cómplices, entregar sus bienes ilícitos, etc. Es la extradición para fortalecer al Estado en su capacidad de hacer justicia frente a los crímenes de lesa humanidad.

S: Pero los ex jefes paramilitares seguían delinquiendo desde la cárcel y no estaban colaborando demasiado con la justicia…

J.M.V: Estos sujetos gozaban en la cárcel de todo tipo de privilegios, tenían celulares, acceso a internet, etc. Muchos lo denunciamos desde hace tiempo: que estaban haciendo lo que querían desde las cárceles de máxima seguridad y el gobierno no hizo ni un amago de extraditarlos. Yo mismo lo hablé con el ministro Holguín, y él me dijo que entendiera que esto no era un proceso penal, sino un proceso de paz y que por eso les dejaban los equipos y las comunicaciones.

S: El Presidente sí les advirtió varias veces que los extraditaría si no cumplían con el proceso de Justicia y Paz…

J.M.V: Cuando la revista SEMANA sacó a la luz las grabaciones que demuestran cómo delinquían desde la cárcel, el gobierno no hizo nada al respecto. Demostró una elasticidad enorme frente a esto y no les fijó ningún parámetro. Mientras tanto la Ley de Justicia y Paz, con sus debilidades y limitaciones, empezó a caminar. Mancuso empezó a confesar, a colaborar. Por otro lado, también arrancó el proceso de la parapolítica. Pero ahora de un golpe, cuando las víctimas empezaron a descubrir a los responsables, cuando los desmovilizados estaban contando lo que había pasado, cuando el fiscal Iguarán estaba optimista sobre lo que se podía lograr en varios procesos, de un golpe, casi todos son extraditados interrumpiendo abruptamente este proceso. Si de lo que se trataba la extradición era de usarlo como instrumento de presión para enviarles un aviso de que les convenía colaborar, la extradición de Macaco hubiera sido suficiente para advertirles. Quizás haberles dicho: extradito uno por mes si no colaboran de manera más contundente…

S: Eso no era viable desde el punto de vista de la seguridad. Si extraditan uno, los otros tenían mucha capacidad de hacer daño aquí… por eso extraditan al tiempo a los más poderosos.

J.M.V: No voy a especular sobre las razones del Presidente para tomar esa decisión porque no las conozco. Pero lo que sí es claro es que de golpe, con esta medida, se gastó toda la palanca, toda la capacidad de presión que tenía sobre estos criminales para hacerlos hablar. Nunca hay que olvidarse que ellos no se interesaron en la paz, si no hasta que el fiscal general Ashcroft anunció que pedía en extradición a Castaño, Mancuso y a Giraldo. Los paras llegaron a la mesa por la extradición, y la perspectiva de terminar en una cárcel en Estados Unidos ha podido usarse mucho más eficazmente para hacerlos hablar.

S:¿Cree usted que las víctimas podrán hacer valer sus derechos con estos ex paramilitares en Estados Unidos?

J.M.V: Los gobiernos de Uribe y de Bush han anunciado que buscarán la manera de seguir el proceso a distancia; que encontrarán las vías de cooperación judicial necesarias para lograrlo. Magnífico, ese compromiso es muy importante. Conozco las frustraciones de los jueces argentinos y chilenos con las cartas rogatorias para conseguir colaboración de la justicia estadounidense; son procesos lentos y engorrosos. Ojalá los dos gobiernos, en efecto, desarrollen mecanismos expeditos y concretos, para seguir adelante los procesos de Justicia y Paz y de parapolítica.

S:¿Ante la perspectiva de quedar presos por largo años en Estados Unidos, qué sentido tiene para ellos seguir colaborando con la justicia colombiana?

J.M.V: Que se creen los mecanismos de cooperación, no quiere decir que ellos van a querer cooperar con la justicia. En las cortes estadounidenses, el nombre del juego es narcotráfico. Al fiscal de Washington o de Florida no le va a interesar para nada lo que le pueda contar, por ejemplo, Jorge 40 sobre sus cómplices en Valledupar. Por eso es fundamental, para que los anuncios de cooperación judicial entre los países no sean sólo eso, crear incentivos sustanciales legales que permitan persuadir a estos sujetos que tiene algún sentido colaborar en serio en los procesos de Justicia y Paz y de parapolítica.
S: ¿Será esa una tarea más del gobierno de Estados Unidos ahora?

J.M.V: Sí. Valoro mucho el anuncio de que crearán mecanismos especiales y entregarán los bienes que se consigan en Estados Unidos al fondo de reparación de las víctimas en Colombia, y ahora, la carga principal está ahora en manos de Estados Unidos.

S: Estamos escuchando a algunos fiscales de Justicia y Paz decir que ahora pueden llegar a tener mayor colaboración de los mandos medios en el proceso porque ya no están los jefes que los intimidaban y les prohibían colaborar en ciertos temas. ¿Puede ser este un resultado positivo de la extradición y que en lugar de acabar el proceso lo revitalice?

J.M.V: No creo que se acabe la parapolítica, ni se acabe Justicia y Paz, pero la expectativas que teníamos de lo que se iba a conseguir en términos de verdad y resarcimientos a las víctimas se han complicado. Es posible que mandos medios ahora entiendan que es mejor colaborar con Justicia y Paz y lo hagan. Pero así mismo, la extradición de los 14 puede enviar otra señal: otros mandos medios pueden creer que si se ponen a revelar lo que saben con respecto a la parapolítica, terminen extraditados.

S: Muchos en Colombia han sentido alivio de ver a estos tipos que hicieron tanto daño por fin en cárceles de verdad…

J.M.V: No te quepa la menor duda que por primera vez estos criminales, mafiosos, autores de los delitos más atroces están enfrentando ya a una expectativa de procesos penales reales y les tocarán larguísimas condenas. Ahora, es lamentable que los responsables de estas atrocidades no paguen por ellas sino por narcotráfico. Y es lamentable que se les hayan extraditado a todos, en un momento tan poco oportuno con los procesos de Justicia y Paz parapolítica en plena evolución, pues crea una falta de incentivos enormes para que hablen. Ojalá los mandos medios colaboren.

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"La extradición impedirá la investigación y el juzgamiento de graves crímenes"

"Afecta -además- la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación" por sus crímenes, agrega la CIDH.

"La extradición impedirá la investigación y el juzgamiento de graves crímenes", "cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad" e "interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares", de acuerdo con el organismo hemisférico.

El siguiente es el texto del comunicado:

Washington, 14 de mayo de 2008 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la extradición de líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que limita seriamente el esclarecimiento de graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Colombia.

El martes 13 de mayo, el Estado informó sobre la extradición a los Estados Unidos de 14 líderes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, "Jorge 40" y "Don Berna" para ser juzgados por delitos de narcotráfico. Las personas extraditadas se habían acogido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, destinada al juzgamiento de los crímenes cometidos contra la población civil por miembros de grupos armados al margen de la ley en Colombia.

La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. La extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares.

La CIDH ha dado estrecho seguimiento al proceso de desmovilización en Colombia desde su inicio, con base a un mandato del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a sus competencias conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este marco, ha expresado en numerosas oportunidades la importancia de que el Estado garantice el derecho de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington

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Desplazados del Guaviare continúan siendo amenazados

Por Camilo Raigozo

Bogotá (Semanario VOZ). La Asociación de Población Desplazada del Guaviare, Aspodegua, denunció ante la comunidad nacional e internacional, los organismos de control del Estado y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, el trato degradante que reciben de parte del gobierno al momento de exigir sus derechos como personas desplazadas, procedentes de diferentes zonas del departamento de Guaviare, por la estrategia paramilitar, los combates entre el ejército y la guerrilla y las fumigaciones indiscriminadas.


Así mismo, la población desplazada del Guaviare denunció que las amenazas continuaron en la ciudad de Bogotá a donde han llegado en busca de refugio.

Desde marzo de 2006 Aspodegua le ha venido pidiendo con insistencia al gobierno del presidente Uribe que les brinde a sus asociados las garantías mínimas para poder retornar a sus territorios, sin el riesgo de ser asesinados. Según la denuncia hecha a VOZ, una y otra vez el gobierno ha prestado oídos sordos al clamor de los campesinos, razón por la cual continúan condenados a vivir en los cordones de miseria de las ciudades, principalmente en la capital del país.

“En vez de encontrar soluciones adecuadas para el retorno, la población desplazada del Guaviare nos sentimos seriamente amenazados”, argumentan los voceros de la asociación campesina. El 5 de julio del año pasado, uno de los directivos de Aspodegua, Arcángel Cadena Tavera, se salvó milagrosamente de un atentado que le tendieron sujetos extraños en las oficinas de la organización ubicadas en el sector de San Victorino en el centro de Bogotá.

En noviembre del mismo año, días previos a las deliberaciones del Tribunal Internacional de Opinión, al cual fue invitado Aspodegua, Fanny Ladino, desplazada y dirigente del Departamento de Mujeres de la Coordinadora de Desplazados en Bogotá, recibió amenazas de paramilitares denominados “Águila Negras”, amenazas extendidas a todas las organizaciones de desplazados.

La noche del 6 de marzo de este año, luego de finalizada la exitosa marcha contra el paramilitarismo y en homenaje a las víctimas de crímenes de Estado, fueron violentadas las puertas de las oficinas donde operan Aspodegua, la Coordinación de Desplazados de Bogotá, CND, la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, Fenacoa y la oficina de la abogada Ana Tulia Aponte, gestora de programas de producción agropecuaria. De las cuatro oficinas fueron hurtados los discos duros de los computadores donde estaban guardados los archivos y demás documentos y datos referentes a la población desplazada.

Después de la realización de la marcha del 6 de marzo las organizaciones de población desplazada han visto como se intensificaron los hostigamientos y amenazas en su contra, por lo que sus miembros hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional, a las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y a los entes de control del Estado, para que presten su vigilancia y protección contra las posibles masacres y asesinatos a los que están permanentemente expuestos.

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"movida de Uribe Vélez es habilidosa. Por ahora desvía el debate hacia otro tema, aunque será difícil que se quiete de encima el estigma de la “para"

por Carlos Lozano
Bogotá, mayo 13 (Semanario VOZ). Al cierre de esta edición, en la madrugada de hoy martes 13 de mayo, por decisión del Gobierno Nacional fueron extraditados a Estados Unidos trece de los principales capos del paramilitarismo, acogidos a la ley de justicia y paz, encabezados por Salvatore Mancuso, “Don Berna”, Jorge Giraldo, Jorge 40 y “Cuco Valoy”, entre otros, en una jugada que los analistas no terminan de descifrar.

La extradición fue sorpresiva. Los abogados ni siquiera fueron notificados de la misma y no se les permitió el acceso a la base militar de Catam de donde fueron enviados en aviones de la DEA a los Estados Unidos. La decisión, acordada con el gobierno de Washington, se precipitó en medio de la crisis política del país y de un gobierno con serios problemas en el exterior, debido a la “parapolítica”, a las contundentes denuncias de Yidis Medina que dejan en tela de juicio la legalidad de la reelección y de las explosivas declaraciones a El Espectador del lunes 12 de mayo del embajador de los Estados Unidos, en donde reconoció que la base militar de Manta, Ecuador, sería trasladada a territorio de la Guajira en la vecindad de la República Bolivariana de Venezuela.

De esta manera el Gobierno Nacional acabó de un tajo con el precario proceso de la ley de justicia y paz, lo cual deja en vilo cualquier posibilidad de verdad y reparación de los múltiples crímenes de los grupos paramilitares con evidentes nexos con políticos tradicionales hoy en el uribismo. Es una manera, según dijeron voceros de las víctimas, de correr cortinas de humo ante la grave crisis del país y también de silenciar las graves delaciones que estaban haciendo algunos de los jefes paramilitares en el marco de las audiencias de justicia y paz. Varios de los extraditados eran los “testigos estrellas” en los juicios de la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía contra los acusados de la “parapolítica”. Estos procesos sufrirán mengua en la parte probatoria, porque no es seguro que desde Estados Unidos continúen los testimonios y las revelaciones.

“Los han callado”, dijo un integrante del Movimiento Nacional de Víctimas, “por ejemplo, aseguró, ¿en qué quedan las acusaciones de Salvatore Mancuso al vicepresidente Francisco Santos Calderón de haberlo presionado para crear el Bloque Capital de las AUC?”.

La movida de Uribe Vélez es habilidosa. Por ahora desvía el debate hacia otro tema, aunque será difícil que se quiete de encima el estigma de la “parapolítica” y de los vicios de la reelección lograda con votos comprados.

Falta ver si algunos de los jefes paramilitares prenden el ventilador ante las cortes norteamericanas y cuentan todo lo que no han querido decir en Colombia. Lo que si es seguro es que se llevan muchos secretos no contados y que intranquilizan a más de uno en Colombia.

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