04 marzo, 2009

'Don Berna' acusa al general mario Montoya de colaborar con los paramilitares

IPC especial para Verdad Abierta. El general retirado Mario Montoya, hoy embajador en República Dominicana, fue señalado por el extraditado jefe de las Auc, 'Don Berna', como cómplice de los paras en la llamada Operación Orión.
- Informe de Derechos Humanos 2008 de la Personería de Medellín
Entre los oficiales citados por alias 'don Berna' se encuentran el ex general del Ejército Mario Montoya Uribe, hoy embajador de Colombia en República Dominicana, y al ex general de la Policía Nacional Leonardo Gallego, hoy en retiro.


Tales afirmaciones están contenidas en una nueva carta que Murillo Bejarano le envió al juez Richard M. Berman, fechada el 25 de febrero, a través de la cual intenta convencerlo para que le niegue la condición de víctima a una mujer cuyo hijo fue desaparecido de manera forzada días después de la Operación Orión, excluya ese testimonio y las pruebas en la audiencia de sentencia, y le niegue cualquier tipo de restitución económica.

“Las fuerzas de autodefensa del Bcn (bloque Cacique Nutibara) llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo a los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo Gallego, de la Policía”, aseveró alias 'don Berna'.

Para la época de la Operación Orión, el general Montoya se desempeñaba como comandante de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, y el general Gallego era el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

En su declaración, Murillo Bejarano agregó que al bloque Cacique Nutibara le fue asignada una unidad antisecuestro del Gaula para que “asistiera a sus hombres en los esfuerzos conjuntos durante la Operación Orión”, y narró que la coordinación con los militares y los policías para desalojar de la zona a las milicias de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo estaba bajo la responsabilidad de un hombre conocido con el alias de King Kong.

El trámite, que llevó a la posibilidad de que una víctima participe en el proceso de alias don Berna y sea escuchada este miércoles 4 de marzo en una Corte Federal, se logró gracias a la gestión adelantada por la Corporación Jurídica Libertad, que se apoyó en la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad California Berkeley.

Los apoderados de la mujer, a quien por razones de seguridad no se identifica, afirman que su clienta fue víctima de la conspiración de narcotráfico cometida por Murillo Bejarano contra los Estados Unidos. Según la moción legal presentada ante el juez Berman el pasado 17 de febrero, y que hace trámite en la Corte, el jefe paramilitar ordenó la desaparición y ejecución de residentes de la comuna 13, incluyendo el hijo de la peticionaria, con el fin de controlar un corredor estratégico para el narcotráfico.

En su carta al juez norteamericano, alias 'Don Berna' insistió en mostrar la Comuna 13 como un “área controlada en gran parte por la guerrilla marxista que aterrorizó a través de secuestros y asesinatos”. Aseveró también que “la guerrilla había establecido una política y estructura comunista en el ámbito de la Comuna 13 y las Farc y el Eln tenían un control completo de la zona”.

Por ello, según él, la ocupación de este sector de la ciudad por parte de “Policía, Ejército y paramilitares se efectuó por motivos políticos para eliminar a la guerrilla de la zona, en un esfuerzo para ayudar a la comunidad”. Insistió en argumentar que fueron “la comunidad y las fuerzas de seguridad del Estado” las que le pidieron “ayuda” al bloque Cacique Nutibara para “librar la zona de la guerrilla”.

“Como resultado de los esfuerzos militares conjuntos en la zona”, afirmó Murillo Bejarano, “por lo menos 20 personas que fueron secuestradas por la guerrilla fueron liberados”. Si bien admitió su comandancia del bloque Cacique Nutibara, dijo que “no di la orden para cometer delitos graves innecesarios en la zona, pero más tarde descubrí que se cometieron excesos”.

Es la primera vez que este jefe paramilitar, quien se desempeñó como Inspector General de las Auc, habla sobre la Operación Orión, pues en sus pocas audiencias ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz rendidas en Colombia no abordó el asunto.

A la carta de 'Don Berna' al juez Berman, su defensa le agregó el artículo de prensa publicado por el diario The Angeles Times el 25 de marzo de 2005 que revela los contenidos de un informe de agencias de inteligencia norteamericanas donde se afirma que el ex general Montoya y un grupo de paramilitares realizó de manera conjunta la Operación Orión.

Todos aportaron
Para rebatir los argumentos de la Fiscalía norteamericana y de los apoderados de la víctima, que lo señalan de haber penetrado en la Comuna 13 con el fin de proteger un corredor estratégico para el negocio del narcotráfico, alias 'Don Berna' le explicó al juez Berman cómo funcionó el sostenimiento y, de paso, involucró presuntamente a empresarios e industriales en su financiación, aunque no dio nombres concretos.

Según el jefe paramilitar, la financiación de todos los bloques de las Auc dependía de sus propias estrategias de recaudación. En el caso del bloque Cacique Nutibara, dijo que sus finanzas dependían en un 70% del robo de gasolina del poliducto de Ecopetrol que pasa por el corregimiento San Cristóbal, donde ubicaron válvulas clandestinas. El combustible era vendido en la ciudad a transportadores.

“Además, el bloque Cacique Nutibara fue financiado con las contribuciones de ricos hombres de negocios, empresas y hoteles, impuestos a los buses y a grandes empresas, el dinero de la gasolina y los impuestos a los traficantes de estupefacientes”, precisó.

Adicional a ello, aclaró que la Comuna 13 no era un corredor estratégico, como sí o era la carretera a través del corregimiento San Cristóbal, “la vía más rápida para obtener productos fuera de la ciudad de Medellín”. También negó que sus hombres se aliaran con las autoridades colombianas para promover actividades de tráfico de drogas en el ámbito de la Comuna 13.

Lo dicho por 'Don Berna' al juez Richard Berman confirmaría lo que tantas veces ha sido denunciado en Colombia por las comunidades afectadas y organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que las han acompañado, sin que las autoridades hayan tenido oídos para ellas.

Le corresponderá a la justicia colombiana determinar la veracidad de los señalamientos del paramilitar que enfrenta la etapa decisiva de su juicio por narcotráfico en los Estados Unidos.
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02 marzo, 2009

vinculados por actos de violación, tortura y homicidio cometidos en Chengue (Sucre) y El Salado (Bolívar), Mancuso y Gorge 40

El Tiempo. La Fiscalía también indaga sobre la supuesta participación en estos delitos de miembros del Ejército, la Armada y la Policía en 39 de los casos.
En los hechos, dice el documento conocido por EL TIEMPO, hay un patrón general: "usar la violencia sexual como arma de guerra y a la mujer como botín de guerra".

Las cifras están en el informe que el fiscal Mario Iguarán le acaba de entregar a la Corte Constitucional un informe sobre el avance de las investigaciones de casos que afectaron al menos a 500 colombianas y que algunas veces provocaron desplazamientos forzados de comunidades enteras.

Los hechos, según este primer reporte, ocurrieron entre 1993 y 2008, en 88 poblaciones de 26 departamentos del país.

La Corte ordenó el informe hace casi un año, tras una audiencia especial en la que evaluó la respuesta del Estado a sus sentencias en favor de la población desplazada.

Ahora, la Fiscalía identifica por primera vez a 42 hombres a los que señala como responsables directos o indirectos de los abusos: hay 15 sindicados, 14 acusados y un condenado

Los crímenes de la guerrilla

Por haber sostenido una relación sentimental con un policía, las Farc asesinaron el 19 de agosto del 2006 a una joven de 15 años.

Este es uno de los 10 casos en que la Fiscalía ha encontrado como responsable a grupos guerrilleros.

Su cuerpo apareció a dos kilómetros de Toribio (Cauca) el 29 de agosto del 2006. El cuerpo de la menor tenía cercenados los senos y con otros signos de tortura.

La denuncia del caso la hizo la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) en un foro un mes después de su muerte. En abril del 2008 se convirtió en una de las 80 denuncias presentadas a la Corte Constitucional.

El caso fue encontrado después por la Fiscalía en su base de datos. Lo había asumido un fiscal seccional del Cauca que lo archivó.

El 12 de septiembre del 2008 fue reabierto y se encuentra en fase previa.

En Miraflores, Guaviare, la violación de una niña de 13 años fue la advertencia que le dieron las Farc a a los padres de la menor para que abandonaran de inmediato el pueblo.

El proceso para consolidar los datos

La mayor dificultad para los investigadores fue la precariedad de los datos en 118 casos. El fiscal Iguarán los cataloga en su reporte de "dolorosos" ante las dificultades para abordar a víctimas y testigos.

Esta situación obligó a los investigadores a iniciar una estrategia de acercamiento con las comunidades. Se conformó un equipo de fiscales, la mayoría mujeres, y nueve investigadores de la Dijín dedicados de manera exclusiva al expediente. Previamente, todo el equipo tuvo capacitación especial.

Luego se cruzaron las denuncias de la Corte con información en la base de datos de cada seccional. De esta forma se encontró que 36 de las denuncias ya estaban judicializadas . Otras se encontraban archivadas y fueron reabiertas de inmediato.

Finalmente, se diseñó un plan de investigación tomando como eje el grupo armado del posible autor de los abusos.

Así se ha llegado a establecer en 41 casos que las víctimas son menores de edad, que 24 son indígenas y que en 27 procesos los abusos sexuales investigados terminaron en homicidio. También se indaga sobre 11 casos de esclavitud sexual y seis de prostitución forzada.

En todo caso, se trata apenas de un vistazo inicial a una historia callada por las víctimas. "Muchas veces las mujeres piden que no se pregunte por ellas a los desmovilizados", señala un fiscal de Justicia y Paz.

Alias 'El Oso', jefe paramilitar de Sucre, se convertirá en el primer acusado en esa jurisdicción por casos de abuso.

En El Salado, las mujeres fueron obligadas a bailar desnudas

Los paramilitares que hace nueve años participaron en la masacre ocurrida en El Salado (Bolívar) obligaron a varias mujeres a desnudarse y bailar delante de sus esposos o padres, que después fueron asesinados.

Una de las sobrevivientes de la matanza revivió esos momentos ante una fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía. Su relato, en el que aseguró haber sido violada en público por varios hombres, sirvió de base para reforzar el proceso penal contra los extraditados Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40'. Ambos fueron vinculados de manera formal al caso en enero y julio del 2007 como presuntos coautores de homicidio múltiple por su condición de ex jefes de las Auc.

Sin embargo, falta un reconocimiento médico legal que pruebe lo que afirma la víctima para reforzar las imputaciones contra los ex cabecillas 'paras', hoy presos en una cárcel federal del Distrito de Columbia en Estados Unidos.

Solo uno de los 15 sindicados por la masacre, Jhon Jairo Esquivel, alias 'El Tigre', ha reconocido que hubo abusos sexuales. Sin embargo no ha identificado a los demás responsables de ese crimen.

La Fiscalía también señala a un militar por esos hechos. Es el capitán (r) del Ejército Héctor Martín Pita Vásquez, quien es juzgado en Cartagena por haber colaborado con los 'paras' que realizaron la masacre de El Salado.

Aparte de El Salado y Chengue, la Fiscalía también investiga otros casos de violencia sexual en las masacres del Alto Naya (Cauca) y El Tigre (Putumayo).

Esclavitud y prostitución de Farc y 'paras'

La denuncia del padre de una joven de 20 años que fue raptada en Barrancabermeja por un paramilitar refleja el drama que viven los familiares de mujeres víctimas de abuso sexual que han sido esclavizadas.

"A mi hija se la llevó 'Pitillo'. La tiene en el sur de Bolívar. Me dicen que ya tiene cuatro hijos, todos de él. La ha amenazado de muerte si no cumple sus deseos. Ella quiere que la ayuden a salir de allá pero tiene miedo...", dijo el testigo a la Fiscalía.

Este es apenas uno de los 11 casos de esclavitud sexual que se han desprendido de los procesos que adelanta el ente acusador por orden de la Corte Constitucional. La joven es buscada desde el 4 de agosto del año pasado. Un fiscal seccional de Cartagena inició un proceso penal por los hechos y un equipo de investigadores recorre esa zona del país para dar con su paradero.

En otro caso, denunciado ante la Corte por Amnistía Internacional, la víctima es una niña de 13 años que fue raptada en Medellín.

La menor regresó dos semanas después a su casa. Lo único que la Fiscalía ha podido establecer por sus padres es que unos paramilitares, al parecer, la tuvieron en una casa de prostitución que ellos controlan. Ella quedó embarazada y tuvo un niño.

La Fiscalía ha recibido denuncias similares en Cúcuta cometidos por 'paras', y en Putumayo achacados a guerrilleros de las Farc.
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01 marzo, 2009

Proponen reforma en favor de inmigrantes en Estados Unidos

AP. El representante demócrata John Lewis trazó paralelos entre el movimiento por los derechos civiles de hace cuatro décadas y la lucha que libran en la actualidad los inmigrantes ilegales, durante un acto donde participaron más de 2.000 personas que reclamaron reformas a la ley de inmigración.
El acto bilingüe se realizó el sábado en una iglesia de los suburbios de Atlanta, que formó parte de la gira nacional "Por la Unidad de la Familia" que se inició el viernes por la noche en Providence, Rhode Island, y que recorrerá 17 ciudades durante las cinco próximas semanas.

A Lewis se le unió el representante Luis Gutiérrez, un demócrata por Illinois y presidente de la fuerza de tareas de inmigración de la Asamblea de Congresistas Hispanos, así como el representante estatal Pedro Marín.

Gutiérrez encabeza la gira, cuyo propósito es unir a grupos religiosos de todo el país a fin de promover una propuesta de reforma inmigratoria.

El objetivo es poner fin a las deportaciones y allanamientos por parte de las autoridades de inmigración que, según los organizadores de la gira, están destruyendo familias enteras. Las personas en el acto del sábado portaban pancartas azules y rojas que decían "Familias Unidas" tanto en español como en inglés.

"Ha llegado el momento de poner fin a las deportaciones", dijo Gutiérrez en medio de aplausos fuertes. "Ha llegado el momento de poner fin a la separación de nuestras familias".

Lewis dijo que la Asamblea de Congresistas Negros está trabajando junto con la Asamblea de Congresistas Hispanos para lograr la reforma de la ley de inmigración y se mostró optimista, indicando que el presidente Barack Obama ayudará a que eso ocurra.

"La gente está luchando por los mismos derechos que durante la década de 1970. Por lo tanto, nuestro objetivo es el mismo", dijo Lewis tras concluir el acto.
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28 febrero, 2009

Francia dona 260.000 dólares para proyectos de la ACNUR en Ecuador

Quito, 27 feb (EFE).- La Embajada de Francia en Quito informó hoy de que el Gobierno francés donó 260.000 dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su delegación de Ecuador para ayudar en el desarrollo de proyectos de acogida de refugiados en la zona de frontera con Colombia.

Mediante un comunicado, la legación diplomática explicó que la ayuda económica se concretó en el programa de "Asistencia a la integración local de refugiados en Ecuador", que "se desarrolló en las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos", en la frontera norte con Colombia y en otras zonas del país.

La cooperación "permitió a la ACNUR, en coordinación con sus agencias socias, proporcionar asistencia humanitaria a refugiados y solicitantes de asilo en situaciones de vulnerabilidad en dichas provincias", afirmó la embajada en un comunicado.

Según datos presentados hoy por el canciller ecuatoriano, Fander Falconí, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene registradas 55.691 solicitudes de refugio y, hasta el momento, se ha dado el estatus de refugiados a 19.055 personas.

Además, la Dirección General de Refugiados calcula que unas 150.000 personas estarían en condiciones de refugio.
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Costa Rica reabrirá una oficina especializada para los refugiados

San José, 26 feb (EFE).- Costa Rica reabrirá una oficina especializada para atender a la población refugiada en la Dirección de Migración y Extranjería, tras una solicitud formal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), informaron hoy fuentes oficiales.
La directora del ACNUR en las Américas, Mérida Morales, realizó esta semana una visita a Costa Rica y solicitó a las autoridades locales "reforzar el sistema que asegura protección a las personas refugiadas, sobre todo a través del restablecimiento de un departamento especializado en el tema", informó la agencia en un comunicado.

Dicha petición fue acogida por el director de Migración, Mario Zamora, quien reconoció la importancia de separar los diversos procesos migratorios normales de los relacionados con el estatuto de refugiado y se comprometió a restituir este departamento "a corto plazo".

Costa Rica contó hasta el 2005 con una oficina para refugiados, cuyos trámites pasaron a formar parte del trabajo general de la Dirección de Migración cuando fue cerrada.

Para la funcionaria de ACNUR, el reinstalar un departamento especializado para refugiados en la Dirección General de Migración costarricense "es fundamental para fortalecer la protección internacional que ofrece el Estado".

Morales llegó este martes a San José y durante su estancia se reunió con distintos funcionarios del Gobierno, entre ellos, el presidente Óscar Arias y la ministra de Seguridad, Jeanina Del Vecchio.

En su reunión con Del Vecchio, Morales resaltó la importancia de impulsar la nueva Ley de Migración que se discute desde hace años en el Congreso, pues integra un capítulo sobre refugiados respetuoso de las normas internacionales.

La agenda de la funcionaria de la agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los refugiados también incluyó visitas a diversas microempresas a cargo de refugiados, población que es "un agente indiscutible para el desarrollo del país", manifestó.

Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con el mayor número de refugiados reconocidos: aproximadamente 12.000, y cada mes se reciben unas 80 solicitudes para obtener el estatus de refugiado, la mayoría de colombianos.


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