Los Indígenas y Afrodecendientes, los que mas sufren la guerra en Colombia

AFP. Londres. El informe de la ONG, divulgado este jueves en Londres, también atribuye a paramilitares, guerrilleros y fuerzas de seguridad violaciones sistemáticas de los derechos humanos en 2008.

El reporte, presentado en Londres, subraya que "la crisis no sólo es económica, sino de derechos humanos".
La investigación recogió datos sobre secuestro, desaparición forzada, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, entre otros flagelos, en 157 países del mundo.

Según Aministía Internacional, muchas regiones de Colombia donde habitan indígenas y afrodescendientes cuentan con grandes riquezas naturales en minería y petróleo, y son zonas de alta explotación agroindustrial.
En algunas de estas partes hay corredores del narcotráfico que son utilizados por paramilitares y guerrilla, y los indígenas y afrodescendientes quedan en medio de los intentos de estos grupos armados por controlar el territorio.

Esta situación se da para aprovechar los recursos naturales y para el tráfico ilícito de la cocaína.

Otra de las conclusiones del estudio fue el aumento de la cifra de muerte de civiles en medio del conflicto armado colombiano. La ONG aseguró que entre junio del 2007 y junio del 2008 más de 1.492 civiles murieron en el país, mientras que entre 2006 y 2007 esa cifra fue de 1.348 personas.

Amnistía llamó la atención sobre los 'falsos postivos' y, en particular, sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Soacha.

Aseguró que aunque este caso fue el más protuberante a nivel internacional, no fue el único que se presentó en el país por cuenta de este tipo de crímenes. Y pidió que las investigaciones contra uniformados por estos casos sean asumidas por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar.

La ONG resaltó que "todos los actores involucrados con el conflicto, sean los grupos paramilitares, la Fuerza Pública, o la guerrilla, continúan violando los derechos humanos y abusando del Derecho Internacional Humanitario".

JUAN FRANCISCO VALBUENA
REDACCIÓN POLÍTICA

Avances y retrocesos en América Latina durante 2008

La ONG de derechos humanos destacó la condena al ex presidente peruano Alberto Fujimori, pero también alertó retrocesos en inseguridad y exclusión, en su informe anual.
La pena de 25 años de cárcel impuesta en abril a Fujimori por crímenes de lesa humanidad durante su gobierno "fue un hito crucial en la lucha contra la impunidad en Perú", indicó el informe de Amnistía, organización de defensa de los derechos humanos con sede en Londres.

Asimismo, el reporte observó avances en la batalla contra la impunidad en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay.
Pero Amnistía lamentó que el Frente Farabundo Martí, que ganó las elecciones salvadoreñas en marzo, no prometiera levantar la Ley de Amnistía que dio impunidad a personas que violaron derechos humanos durante la guerra civil, de 1980 a 1992.

El informe señaló que el conflicto en Colombia siguió provocando gran cantidad de desplazados, que aumentaron a 380.000 en 2008, mientras que los indígenas fueron los más afectados, dijo Amnistía, que citó informes de asesinato de hasta 27 de ellos por parte de la guerrilla.

El grupo guerrillero Farc reconoció en abril haber asesinado a ocho indígenas Awá.

También en Colombia se registró el asesinato de dos defensores de los derechos humanos.

En México se observó un aumento de las denuncias de abusos por partes de miembros del Ejército desde 2006 a 2008, indicó el informe.

El respeto de los derechos indígenas mejoró en Bolivia y en Brasil, donde el gobierno entregó tierras, pero en contraste, en Paraguay murieron seis miembros de la comunidad Sawhoyamaxa por enfermedades evitables, señaló Amnistía.

La exclusión de poblaciones menos favorecidas también se constató en Río de Janeiro, donde se comenzó a construir un muro alrededor de favelas, lo que fue denunciado como discriminatorio.

Por último, Amnistía Internacional destacó que en Chile se comenzó a discutir un proyecto de ley que podría reconocer el crimen del "feminicidio", lo que podría incidir en disminuir la violencia contra las mujeres.

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ONG lanzan campaña en contra de la desaparición forzada

AP. Un grupo de 16 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos lanzó el miércoles una campaña para hacer "visible" el crimen de la desaparición forzada en el país y recabar firmas que impulsen la ratificación por parte de Colombia de una convención internacional sobre el tema.

Las ONG indicaron que a partir de ahora y hasta diciembre aspiran recabar al menos 10.000 firmas en todo el país para presentarlas al gobierno del presidente Alvaro Uribe, como una acción ciudadana que lo lleve a ratificar la Convención Internacional de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Esa convención fue suscrita por 81 países, entre ellos Colombia, en Nueva York en diciembre del 2006, pero hasta ahora sólo 10 naciones, principalmente europeas, la han ratificado en sus congresos, dijo la abogada Luz Stella Aponte, miembro de la no gubernamental Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Reiniciar, uno de los grupos que promueve la campaña de firmas.

Al ratificar esa convención, comités de investigaciones internacionales pueden asumir casos en Colombia, explicó Aponte en una conferencia de prensa, junto a otros activistas, en el centro de la ciudad.

La activista dijo que si bien no existen datos confiables y un solo registro nacional de desapariciones forzadas, datos de algunos grupos no gubernamentales y medios locales de prensa hablan de mínimo 15.000 y hasta 50.000 desapariciones en más de cuatro década de conflicto armado interno.

Dijo que por los datos de las ONG el primer caso de desaparición forzada en Colombia está documentado y denunciado ante las autoridades en 1977, el de una joven detenida en un aeropuerto de la costa norte del país.
"En general la desaparición forzada se ha invisibilizado, sólo (se toma en) cuenta el muerto, hoy queremos recalcar que la desaparición forzada es un crimen...y mostrarle a la sociedad colombiana que existe", dijo Aponte.

En Colombia, el delito de desaparición forzada fue incluido en la legislación en el año 2000, no prescribe o caduca, mientras está castigado con hasta 40 años de prisión.

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La Violencia continua en aumento en el Bajo Cauca.

Semana. En esta especie de triángulo de las Bermudas la violencia está disparada, los médicos forenses no aguantan, el párroco regaña al Ejército y aparece una grabación que compromete a militares.

Lo paradójico es que los resultados de Ejército y Policía hacen creer que la situación está controlada. Foto: Semana
En plena misa dominical y delante de cientos de feligreses en la parroquia de Tarazá, el padre Elkin increpó a la Policía y al Ejército. Era el último domingo de abril y una balacera entre dos bandas criminales -a media cuadra de la plaza central- había interrumpido la tranquilidad de los campesinos que vieron cómo policías y soldados se escondían en la estación en vez de tratar de controlar a los bandidos.
"No sean vendidos y regalados", les gritó el sacerdote, cansado, tal vez, de una situación que se viene dando desde hace meses, pero de la que nadie se atreve a hablar: la posible connivencia entre miembros del Ejército con las bandas criminales. Y como él, en los municipios del Bagre, Caucasia, Zaragoza, Cáceres y Nechí, que conforman el Bajo Cauca antioqueño, también están agotados por el miedo.

Las bandas de Urabá y de los 'Paisas' se están disputando a muerte esta zona desde cuando el bloque Mineros de las AUC se desmovilizó el 20 de enero de 2006. Según la Policía, el año pasado hubo 200 homicidios -fue la región más violenta de Antioquia- y sólo en los primeros cuatro meses de este año se han dado 102 asesinatos. Una tasa desproporcionada para cerca de 300.000 habitantes.

La situación es tan crítica, que hasta las autoridades médicas han lanzado un SOS al gobierno local y departamental. La morgue de Caucasia -que es la única que hay para todo el Bajo Cauca- ha tenido seis médicos forenses en los últimos seis años: o renuncian o piden traslado por el exceso de trabajo. Incluso, durante buena parte de 2007 y 2008, esta región se quedó sin un especialista forense. Sólo a partir de este año se logró contratar a Janeth Pacheco, quien trabaja en un pequeño cuarto del hospital municipal con una sola mesa para necropsias y dos cavas.

En medio de la crisis, Semana tuvo acceso a una grabación que podría explicar en buena parte por qué ha sido tan difícil controlar la violencia en esta región. En el diálogo, 'Rodrigo', cabecilla de La 'banda de Urabá', habla de una balacera con la banda enemiga, la de los 'Paisas', el pasado 23 de marzo en una zona de Tarazá conocida como Santa Clara. Uno de sus hombres le deja entrever a 'Rodrigo' que miembros del Ejército al mando de un teniente estaban apoyando al cabecilla de los 'Paisas', conocido como alias 'Víctor Caparrapo', y que en el enfrentamiento quedaron heridos el teniente Solarte y un soldado.

El caso está en investigación. Los militares, curiosamente, pusieron la denuncia sobre el ataque no en el sitio en el que ocurrieron los hechos, ni tampoco en Caucasia, donde los llevaron al hospital, sino en Yarumal, un municipio que no es de la región. Están investigando si el teniente John Solarte, adscrito al Batallón Rifles, le daba información privilegiada a la banda de los 'Paisas'. El coronel Mauricio Mantilla, quien lleva 15 días como comandante del Batallón, le dijo a Semana: "Yo no puedo tapar el sol con una mano sobre lo que sucede con algunos hombres del Ejército, pero aún no puedo pronunciarme sobre los resultados de esa investigación".

Pero esta terrible situación no es fortuita. El combustible que alimenta la disputa entre bandas criminales sigue siendo el narcotráfico. Después de la captura, hace un mes, de Daniel Rendón, alias 'Don Mario', a quien las autoridades le achacaban casi todos los muertos de la zona, las cosas no han cambiado. El Bajo Cauca no sólo es la zona más violenta de Antioquia, sino la tercera en producción de coca del país. Además, por esta ruta se sale directo al golfo de Morrosquillo, donde el narcotráfico tiene varios puertos naturales. El Bajo Cauca limita con Córdoba. Es un corredor estratégico de la guerrilla y los paramilitares por su cercanía con el Nudo del Paramillo y por su conexión directa con el Urabá antioqueño.

Hace poco fue expropiada una empresa de vigilancia privada de Caucasia llamada Serviescol Ltda., administrada por Jorge Ocampo, un capitán retirado del Ejército a quien conocían con el alias el 'Capi', y quien también perteneció al Batallón Rifles. Esta empresa manejaba vínculos con los hombres de alias 'Macaco', líder paramilitar extraditado hace un año a Estados Unidos, y con la banda de los 'Paisas'.

Semana también conoció denuncias contra la Red de Cooperantes del Bajo Cauca (Recobac), un grupo de hombres desmovilizados del bloque Mineros que crearon una especie de 'Convivir' y controlan la vigilancia de la región. Además de contar con armas amparadas, Recobac heredó los equipos de comunicación de alta tecnología del ex jefe paramilitar Ramiro 'Cuco' Vanoy, con los que pueden interceptar llamadas de celular. Incluso, se sabe que varios de los escoltas de Víctor Manuel Mejía, alias el 'Mellizo', muerto hace un año por la Policía en una finca de Tarazá, tenían equipos de comunicación de la Red. Ellos son quienes deciden quién entra y quién sale del pueblo, tienen información sobre diligencias judiciales y cada vez que una persona nueva visita la zona, tiene que informarles el motivo de la visita y cuánto planea quedarse, como si se tratara de agentes de inmigración.

Varios líderes campesinos consultados por Semana creen que la única vía de escape para la caótica situación del Bajo Cauca no sólo sería acabar con la red de cooperantes, sino renovar a todos los hombres del Ejército y de la Policía: "Cómo es posible que haya una masacre de seis personas a las 7 de la mañana sin que las autoridades hagan algo", dijo uno de ellos, al referirse al hecho ocurrido en abril en el corregimiento El Doce. Como tantas veces, ellas brillaron por su ausencia.

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Ropa de cadáveres de fosas comunes se muestran en Internet

El Tiempo. Lo hará porque la ropa es el primer paso para establecer la identidad de las personas enterradas por grupos armados ilegales. El segundo paso del proceso de identificación se hace con el ADN.

Cada uno de los elementos hallados en las fosas será registrado en una galería de fotos en la página de Internet de la Fiscalía.

Además, los objetos (relojes, billeteras, documentos de vehículos, entre otros) y prendas de vestir serán clasificados y luego presentados en jornadas de reconocimiento en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

La Unidad de Justicia y Paz del ente investigador ya ha realizado 26 jornadas con familiares de desaparecidos. En ellas, también les toman muestras de sangre a los familiares para realizarles dictámenes de ADN, los entrevistan en busca de información y les brindan asesorías sicológica y jurídica.

De acuerdo con cifras oficiales, de los 2.164 restos hallados en 1.761 fosas comunes en los últimos tres años, solo se ha logrado la identificación plena de 572 cuerpos.

Algunos casos

En el 2000, los paramilitares amarraron a un árbol a Hermes Norbey Daza Hoyos y lo dejaron al sol y al agua durante varios días. Luego, lo asesinaron y lanzaron su cadáver a una fosa común.

Seis años después, las botas que siempre usó fueron clave para lograr su identificación. "Esas son. A pesar del barro que tienen las reconocería en cualquier parte", dijo doña María, la mamá de Hermes Norbey, cuando les echó un vistazo minutos después de que una comisión de la Fiscalía las hallara en una fosa común cerca de La Dorada (Putumayo). Un examen de ADN terminó por confirmar que los restos eran los de su hijo.

El último caso que lograron identificar fue el de doña Blanca Valero, quien fue asesinada por las Auc hace ocho años en Ubalá (Cundinamarca). Luego de que la familia reconociera sus prendas de vestir, la Fiscalía la identificó y la semana pasada le entregó los restos (ver recuadro).

Por los tenis identificaron a una mujer

Doña Blanca Valero, de 50 años, desapareció el 6 de junio del 2002 cuando viajaba de Pacho a Ubalá (Cundinamarca). Al poco tiempo su familia se enteró de que 'paras' la habían asesinado.

A principios de este año, en zona rural de Ubalá, el CTI exhumó los restos de una N.N. en una fosa común. El párroco de la población le contó a la Fiscalía que hacía siete años una familia había estado preguntando por una mujer en ese municipio y que él tenía el número del teléfono de una de las hijas.

El fiscal del caso llamó y contestó la hija de doña Blanca, quien contó que su mamá llevaba puestos unos tenis North Star. También dijo que siempre cargaba un peine en forma de tenedor de color azul y que usaba una prótesis dental en la parte superior. La descripción fue el punto de partida para la identificación.
Desapareció del puesto de salud

A Libardo Guerrero lo asesinaron por no pagar una deuda de 10 millones de pesos.

El hombre que le había prestado el dinero lo acusó con los paramilitares que mantenían el control en La Dorada (Putumayo). Días después, en una calle de la población le hicieron un atentado, del que Libardo Guerrero logró sobrevivir, pero cuando recibía atención en el puesto de salud un grupo de paramilitares se lo llevó.

La Fiscalía halló sus restos en una fosa común a medio kilómetro del casco urbano siete años después. Al lado de sus prendas fue hallado el catéter del suero que le habían puesto.

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Así se planearon los falsos positivos de Soacha

El Tiempo. En dos tiendas de la población, 'Los Costeños' y la 'Fonda Paisa', se empezó a tejer la red criminal que se llevó para Ocaña a una docena de muchachos que después aparecieron como muertos en combate.

La primera estaba en el barrio Ducales y era el negocio de Alexander Carretero, uno de los reclutadores. Allí, según la Fiscalía, convencieron a jóvenes como Diego Tamayo, Víctor Gómez y Haider Andrés Palacio de ir a probar suerte al otro lado del país.

En la 'Fonda Paisa', que queda en un sitio conocido como 'La Y', a la entrada de Soacha, los reclutadores fueron Pedro Antonio Gámez y Ender Obeso. Su estrategia era la misma: ofrecer trago y a veces droga para atraer inicialmente a los muchachos y luego ofrecerles 'vueltas', no siempre legales, de hasta 10 millones de pesos.

No eran, para nada, nuevos en ese sector. Carretero, que venía de Aguachica (Cesar) vivió varios años en Soacha y allí era reconocido entre los 'vuelteros'. Ese término, en el bajo mundo, describe a alguien que se dedica a robos o delitos más graves por plata.

Su contacto con Ocaña era el sargento Dairo José Palomino Ballesteros. Trabajaba en el Batallón Santander y, según la investigación, fue clave en la estructura criminal que 'vendió' varias de las víctimas a esa unidad militar y a la Brigada Móvil 15.

Palomino es familiar de la esposa de Carretero y también de Obeso. La investigación señala que fue una de las personas que se movieron entre Soacha y Ocaña llevando a los muchachos que murieron apenas horas después de su llegada a Norte de Santander.

Las tres audiencias que se han realizado en el Palacio de Justicia de Soacha y que dejan medio centenar de militares presos se refieren a hechos del 2008. Pero el sargento Jhon Jairo Muñoz Rodríguez, que se convirtió en testigo, dice que desde el 2007 "se rumoraba y se preguntaba cada vez que había una muerte en combate si era legal".

De hecho, dos asesinatos fuera de combate que ocurrieron en diciembre de ese año son los que tienen con orden de captura a varios mandos del Batallón Santander, entre ellos el coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos.

Armas, más caras que la vida

La falta de 'positivos' de Muñoz en la Brigada Móvil 15, la misma que el Gobierno decidió eliminar tras el escándalo, fue determinante en la tragedia que conmueve a Soacha y que se convirtió en el mayor escándalo del Ejército en los últimos años.

Muñoz confesó que después de varios regaños por los pocos "resultados en el nivel estratégico" (muertes en combate y otros) decidió pedirle ayuda al sargento Sandro Pérez González, que era de Inteligencia del Batallón Santander.

La respuesta fue escalofriante: "Curso, si quiere le traigo gente, se la entrega a la tropa y se presentan como muertos en combate". Muñoz dice que el coronel Gabriel Rincón Amado, jefe de operaciones de la Móvil 15, le dio el visto bueno a la oferta. Él salió del Ejército en la histórica purga de noviembre, pero hasta ahora no se conoce decisión de la Fiscalía en su contra. "Pérez dijo que por persona había que pagar un millón de pesos más el pasaje -se lee en la confesión-. (...) Rincón me dijo: "Bueno, consigamos dos personas".

Así se decidió la suerte de Jhonnatan Orlando Soto, de 17 años, y Julio César Meza, de 24. Ellos desaparecieron de Soacha el 25 de enero, tras aceptar un trabajo que, según varios testimonios, no era legal. Murieron a los dos días.

Por ellos se pagaron, en un sobre de manila, 2 millones 200 mil pesos. Carretero y los sargentos los recogieron en la casa en la que pasaron sus últimas horas y los llevaron a un falso retén. A las pocas horas fueron reportados como 'positivos'. "Yo le pregunté a Álex que de dónde traían a esos muchachos y me contestó que eran manes 'vuelteros' de Bogotá", dijo Muñoz. En la zona rosa de Ocaña, con una botella de ron, los reclutadores celebraron su primera 'venta'. En febrero, según Muñoz, "el coronel Rincón pidió tres personas más". Amanecidos y hasta drogados, dijo después a la justicia Carretero, fueron entregados al Ejército.

¿Cómo legalizaban las muertes?

Carretero dio la respuesta: "El sargento Pérez tenía copias de las cédulas para hacer que pagaba recompensa por los muertos, que era un millón de pesos (...) plata que se la daba el coronel Tamayo. Les decían a los campesinos que les ayudaban con un mercado pero que les dieran fotocopia de la cédula y con ella hacían pasa los positivos".

Los testigos dicen que incluso los militares ponían de su plata para pagar los revólveres y fusiles que aparecieron junto a los cuerpos de los jóvenes, para simular que sí eran actores armados ilegales.
"Ese era el deber de cada compañía para poder dar positivos. Sacaban plata de sus bolsillos", dijo Carretero.

Como Muñoz y Pérez eran de inteligencia, preparaban los reportes que les daban piso a las operaciones falsas. Muñoz contó también que por una pistola se pagaba en el mercado negro 1,3 millones. Es decir, $ 300 mil más que por cada muchacho que murió por oír la mortal oferta de los reclutadores de Soacha.

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