Organizaciones humanitarias que regresaron de una misión en el Castillo, Meta, denunciaron presiones del Ejército a pobladores de ese municipio.

codhes
Amenazas de muerte a campesinos acusándolos de ser auxiliadores de las FARC, persecución contra los jóvenes que retornaron al municipio y contra líderes de la comunidad son las denuncias que presentaron ante todos los estamentos del Gobierno las organizaciones que participaron en la Mesa de Acompañamiento al Ariári, luego de su recorrido por varias veredas de esa región.

En una extensa y detallada carta enviada al Presidente de la República y con copias a los Ministerios del Interior, Defensa, a la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, el grupo de organizaciones relata ocho episodios en los que miembros del Batallón 21 Vargas, presente en ese municipio del Meta, ha cometido abusos contra la población civil.

La carta comienza por el caso de Efraín Caro Ansola, un campesino de avanzada edad que vive en una finca de la vereda La Esmeralda de ese municipio y a quien según dice en la carta, el pasado 23 de mayo los soldados del 21 Vargas le rodearon la casa y apuntándole procedieron a amenazarlo de muerte por ser auxiliador de la guerrilla.

La misión también revela en su carta testimonios de jóvenes de la región que aseguran ser perseguidos y amenazados constantemente por soldados de ese batallón. “El Ejército persigue y estigmatiza a los jóvenes retornados, hijos de los campesinos, a quienes sindican sin prueba alguna de ser milicianos o guerrilleros de las FARC. El asedio es tan fuerte que varios de ellos se han visto obligados a desplazarse de nuevo por temor a ser asesinados y presentados con guerrilleros ante los medios de comunicación” .

Otro de los casos mencionados por las organizaciones que conformaron la Mesa de Acompañamiento del Ariári es el de Alba Nelly, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esmeralda, a quien soldados de ese batallón estuvieron buscando en las casas de sus vecinos el pasado 7 de mayo para confrontarla por denuncias que ella hizo contra los militares por violaciones constantes a los Derechos Humanos de esa comunidad.

Las denuncias sobre abusos de miembros del Batallón 21 Vargas en cabeza de uno de sus mandos, un mayor de apellido Baquero, hablan también de presiones constantes a los propietarios de tiendas, supermercados y otros negocios del pueblo que según los militares tiene como principales clientes a guerrilleros de las FARC y de fuertes reclamos del mayor Baquero a la comunidad por haber asistido a la audiencia citada por la Mesa de Acompañamiento para escuchar los problemas de las familias.

Al Castillo, Meta han venido retornando desde principios del año pasado varias familias que debieron huir por presión del desmovilizado grupo paramilitar Bloque Centauros de la AUC, Lo han hecho de forma voluntaria, sin contar con las garantías de seguridad ni ayuda gubernamental para reactivar la producción de sus tierras, situación a la que ahora se suma la persecución del Ejército.

Read More

En el infierno de la Guerra

03 de Junio de 2008
En el infierno de la guerra estuvo cinco días un equipo periodístico de EL TIEMPO
EL TIEMPO
En uno de los cerros del Papaneme, sur del Meta, la Fuerza de Tarea Omega, la Aviación del Ejército y la Fuerza Aérea han desembarcado varios morteros y obuses para apoyar la operación 'Filipo III' lanzada contra las estructura de seguridad que tenía 'Tirofijo' y el estado mayor del bloque Oriental de las Farc. En 20 días se han disparado más de 700 granadas.

El sur del Meta es el escenario donde los soldados combaten día a día al bloque Oriental de las Farc. El relato deja en evidencia que el dolor del conflicto lo viven ambos bandos.

Jojoy está "jodido por la diabetes", dice desmovilizada"

"Los rafagazos se apagaron y quedé frente a frente con el soldado... el que primero disparara tenía la vida ganada y yo sabía que el dedo de él estaba más pegado del gatillo que el mío...". 'Doris' me relata la historia mientras besa y aprieta contra su pecho el brasier que tenía puesto ese día. Ahora es su amuleto.

Era la mañana del 28 de mayo. La brigada Móvil 1 copó el grupo de guerrilleros donde estaba ella y con el rabo del ojo vio caer muerto a su compañero. Reaccionó instintivamente: se arrodilló, botó el fusil y pidió que no la mataran. Su guerra había terminado.

El viernes en la mañana, dos días después, la vi descender de un helicóptero Black Hawk, con su sudadera negra, un cuerpo atlético envidiable y las marcas de los combates de los últimos 5 años.

Es una niña de 17 años enfundada en un cuerpo de mujer que se desarrolló por las largas caminatas, las dos arrobas que se echaba al hombro y los 7 maridos que tuvo en la guerrilla. "En las Farc tenemos tres estados para las relaciones con alguien: el 'novio' solo es para besitos; el 'mozo' es para tener relaciones los miércoles y los domingos, y el 'socio' es con el que se duerme todas las noches".

El relato lo cuenta como una anécdota más. Le digo que si no le da miedo morirse y me responde que es a lo que menos le teme. Entonces, ¿a qué le temen ustedes?

Sonríe y me responde contundente: "a la palabra Fudra y al 'papá de los hombres'. -Quién es ese, le pregunto-. El Arpía. A ese helicóptero sí que le tenemos miedo, él es el dios, el papá de los hombres".

Después de la explicación entra en confianza y me cuenta que el sobrino del 'Mono Jojoy', alias 'Chepe', se voló de las Farc hace seis meses con la plata de tres caletas; que para subir la comida a los campamentos se demoran hasta 20 días y que la diabetes tiene "jodido" al comandante del bloque Oriental.

"Mire, también le regalo unos calzones por si los necesita". Y me entrega una de las últimas dotaciones que le dieron en las Farc. Son unas tangas negras de licra con un top.

Ente Avemarías y fusiles viven los militares

Mientras charlamos, empieza otra jornada de guerra en medio del frío y el viento de la base de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) en la que nos encontramos.

Los avemarías se enredan en el ruido de los rotores. Se los llevan las aspas de los helicópteros. Mientras el padre Alfonso García, capellán de la Fudra, reza el rosario con 20 soldados, los pilotos salen hacia lo desconocido a ubicar una caleta con explosivos.
Son las 7:10 de la noche del viernes 30 de mayo. Pese al agite, el rezo no se interrumpe.

Cada uno está aferrado a su fusil Galil y mientras responden a los misterios dolorosos, algunos sacan de entre el camuflado los escapularios y los besan. Tal vez pidiendo por sus familias y su regreso, vivos, del campo de combate. El sábado en la mañana salen para el área a reforzar la operación contra las Farc.

Dos horas antes, el reportero gráfico y yo hicimos la fila para recibir en una ollita de aluminio la comida. Ese día nos dieron arroz, pasta, atún y un jarro lleno con fresco Royal de naranja.

La guerra en carne viva

El radio empieza a sonar. Hay mal tiempo y un capitán que está en el área avisa afanosamente que detectaron un grupo grande de guerrilleros.

El comandante de la Fudra, general Javier Flórez se pega al radio y pide apoyo. El rosario termina y los periodistas buscamos una esquina, para no estorbar.

El general Flórez camina de un lado a otro. Al parecer la situación es difícil y el ambiente se llena de zozobra. Este hombre, que la mayor parte de su carrera la ha pasado combatiendo, se devora, literalmente, un paquete de cigarrillos y por lo menos 10 tintos en una hora.

La espera se prolonga toda la noche. Mi cambuche es una carpa, que se convierte en nuestro 'centro logístico' para escribir las historias y revisar las fotos. Hasta allí se acercan oficiales y soldados queriendo ver su día a día congelado en las imágenes.
Las minas antipersona, un drama constante

La mayoría nunca había compartido su trabajo de guerra con periodistas, después supieron que el de nosotros se parecía en algo, cuando no podíamos mandar las fotos para la edición del domingo.

Las minas, el drama constante de la guerra

La charla con el coronel Carlos Rojas, comandante de la Brigada Móvil 1, -que parece un aguerrido soldado profesional-, es interrumpida por el llamado del radio.

Le informan que mientras en un cerro un sargento se retuerce del dolor, al parecer por apendicitis, en otro punto un soldado pisó una mina. La tensión regresa y los pilotos de la Fuerza Aérea y el Ejército, empiezan a planear el rescate. Nuevamente, el fotógrafo y yo nos confundimos entre el agite de comandantes, soldados y pilotos. Abren el mapa, ubican la zona y se van.

Una hora y 30 después regresan. El joven ya va rumbo a Bogotá, vivo, pero sin su pierna izquierda. No alcanzan a pasar 10 minutos después del aterrizaje cuando entra un nuevo llamado. Otro soldado pisó una mina.

El mismo alboroto, los pilotos corren, los comandantes dan ánimo al teniente de la patrulla por radio, el coronel Rojas se coge la cabeza, el general Flórez fuma, los soldados se aferran a sus escapularios...

20 minutos más. El helicóptero aterriza. Todos corremos hacia él, ahí viene el soldado. Resulta imposible no llorar ante la escena. Es un jovencito que al ver a su comandante abrazándolo, se desgrana en gritos de dolor y llanto. "Mi coronel, no le diga nada a mi mamá". Él lo agarra nuevamente de la cara, como si fuera un hijo, y le da la señal al piloto para que despegue. Hay silencio. Los rostros lo dicen todo.

Una cuarta larga noche. En una pequeña carpa, contigua a la mía, el comandante de la Omega, general Alejandro Navas, quien llegó después de la evacuación del soldado, les habla a sus hombres de la importancia de mantener la moral.

Y yo me preguntaba qué moral tenía yo después de un día tan agitado. La respuesta me la dio un grupo de combatientes, altos y fornidos, convencidos de lo que hacen. Son los encargados de desembarcar en medio de la selva, por sogas, luego de que los aviones bombardean la espesura de la selva.

Uno de ellos siempre se queda en el helicóptero viendo el descenso de sus compañeros, con la ingrata y drástica misión de cortar las cuerdas que los sujetan si la guerrilla ataca la nave. "A mi lo único que me preocupa es pisar una mina, porque como soy tan rumbero, entonces ¿con qué voy a bailar si quedo mochito?".

Con esa frase nos despidió. Sus amplias sonrisas, aún en medio de la guerra, quedaron inmortalizadas en las fotos y el video. Se internaron en la selva. No sabemos si volverán.

19 militares han quedado mutilados por acción de las minas, durante el desarrollo de la operación Filipo, entre abril y mayo de este año.

JINETH BEDOYA LIMA
ENVIADA ESPECIAL, SUR DEL META

Read More

todavía es muy poco, La condiciones de reclusiones para todos los crímenes que hicieron

Cambio
DESDE SU EXTRADICIÓN a Estados Unidos el martes 13 de mayo, pocas personas han sido autorizadas por el Departamento de Justicia para visitar a los 14 jefes paramilitares confinados en las cárceles de Miami, Washington, Houston y Nueva York. Entre ellas figuran algunos abogados colombianos que la semana pasada visitaron a Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', en la cárcel del Distrito de Columbia, más conocida como D.C Jail, una de las prisiones más rigurosas de Washington, donde están recluidos criminales de alta peligrosidad.

Hasta ahora, lo poco que se sabía sobre las condiciones de reclusión era que los presos tenían celdas muy pequeñas y solo recibían sol un día a la semana. Sin embargo, uno de los abogados le contó a CAMBIO que quienes fueran los más poderosos jefes paramilitares, que gozaron de todo tipo de privilegios en las cárceles colombianas -visitas ilimitadas, Internet 24 horas, acceso a celulares, etc.- hoy viven en las más duras condiciones e incluso tienen que compartir espacio con perturbados mentales que no cesan de gritar.

Según el abogado, el día que Mancuso ingresó a la cárcel solo recibió un lápiz, un jabón pequeño de hotel barato, una crema dental y un cepillo de dientes. La diminuta celda de 2x2 metros pintada de blanco donde está confinado, tiene una cama sobre una plancha de hierro, una letrina y una repisa de cemento de 60 centímetros de ancho que le sirve de escritorio. Sin una ventana, solo una tenue luz amarilla, que no permite establecer si es de día o de noche, ilumina el calabozo. No puede saber la hora o la fecha, ni puede seguir el paso del tiempo. Los finos y costosos relojes Rolex, Cartier y Montblanc que usaba en las cárceles nacionales son cosa del pasado. "No es cierto que tiene derecho a una hora de sol -asegura el abogado-. Jamás puede ver la luz del día".

Mancuso sufre hoy serios problemas de depresión y si bien es cierto que en los dos últimos años contempló la posibilidad de ser extraditado, jamás imaginó que el régimen carcelario al que hoy está sometido fuera capaz de desestabilizarlo. No tiene contacto con otras personas y si quiere hablar con otro recluso que habla español debe hacerlo a los gritos. Entre los presos, que nunca se ven las caras, las preguntas típicas son: "¿De dónde viene?", "¿Quién es usted?", "¿Por qué está aquí?", "¿Cree que puede sobrevivir al encierro?"...

La arrogancia de los jefes paramilitares ha sido desplazada por la desesperación y el miedo a volverse locos. La situación es tan dramática, que para darse ánimo gritan en coro frases como "el encierro no nos va a enloquecer", "creamos en Dios que todo lo puede", "tarde o temprano saldremos de aquí".

Las visitas están prohibidas, no pueden ver a padres, esposas o hijos. Solo pueden ver a sus abogados una o dos horas al día, según la necesidad. Y cuando van a reunirse con ellos son esposados de pies y manos y trasladados a un cubículo de vidrio de 2x2 metros, donde son monitoreados por tres guardias que miden el tiempo de visita. "Al recluso no le puede entregar ni una chocolatina, ni un papel, nada -cuenta uno de los abogados que visitó el penal-.

Pero se respeta el derecho de los presos a hablar con sus defensores".

Mancuso, amigo de los vestidos Armani, usa ahora el uniforme color naranja típico de las cárceles de Estados Unidos. Tiene la barba crecida porque el régimen solo permite afeitarse cada 15 días, cosa que hasta la semana pasada no había podio hacer, y cuenta que desde cuando llegó a la cárcel hace 16 días, no ha podido cambiarse porque no le han entregado el otro uniforme al que tiene derecho. Únicamente puede bañarse cinco días a la semana. El resto permanece en la celda donde a veces el calor se vuelve sofocante.

El abogado que entró en contacto con 'Jorge 40' sostiene que, a juzgar por su expresión, parece mucho más fuerte que Salvatore Mancuso y que reconoce que está resignado. "No está tan furioso como estaba el día que lo extraditaron -asegura el jurista-. Y dice que tenían razón los que le dijeron que tarde o temprano terminaría confinado en una de esas celdas". Cuenta, además, que en los pocos minutos que habló con él le soltó la siguiente frase: "Voy para adelante, voy a arreglar esto lo más pronto posible".

Read More

No más tratamiento de guerra para los pueblos indígenas

Reprime con armas de fuego la movilización social y mantiene incumplimiento de acuerdos con los indígenas del Cauca

El 21 de mayo de 2008, en la hacienda La Emperatriz, cerca de 500 personas, que reclamaban su derecho a la tierra y el cumplimiento de los acuerdos pendiente que tiene el Estado colombiano con las comunidades indígenas del norte del Cauca por la masacre del Nilo, fueron atacados por el ESMAD de la policía Nacional con bombas explosivas y armas de fuego, ocasionado heridas de gravedad en 8 indígenas Nasa, entre ellos Eulogio Dagua Cuetia, Luís Enrique Ramos, Alex Méndez y Luís Eduardo Ramos, comuneros de los resguardos indígenas de Jambaló, San Francisco, Huellas y Toribío.

Como recordará la opinión pública, el 29 de julio de 1998, el Presidente Ernesto Samper, reconoció la responsabilidad del Estado colombiano con la masacre del Nilo, sucedida en diciembre de 1991, y a nombre del Estado colombiano pidió perdón a los familiares y al pueblo Nasa del norte del Cauca, comprometiéndose con las víctimas a efectuar las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de Justicia y Reparación Individual y Colectiva.

Diez años después de este acontecimiento, los incumplimientos continuaron, a pesar que el actual Gobierno, el 13 de Septiembre de 2005, se comprometió, a través de otro acuerdo, a dar cumplimiento a sus obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años. Sin embargo, la constante gubernamental, ha sido la dilatación de los compromisos, a través de maniobras administrativas, trámites burocráticos y desinformación mediática.

En el último periodo, el gobierno nacional, ha puesto en marcha estrategias para generar conflicto entre comunidades indígenas, afro colombianas y campesinas como excusa para evadir sus obligaciones. Peor aun, ha promulgado el Estatuto Rural y tomado otras medidas administrativas que, de hecho, invalidan los acuerdos y compromisos adquiridos en franco apoyo al capital multinacional.

Desde Presidencia de la República se mantiene una campaña difamatoria y de propaganda contra los pueblos indígenas para negar nuestro derecho a la reparación y a nuestros territorios. Prueba de ello fue la conversación sostenida entre el presidente Uribe, la presidenta de la SAG, la fiscal regional, un general de la fuerza pública y los ministros del interior y el de agricultura, el 15 de Marzo de 2008, en el Consejo Comunitario de Popayán, donde el gobierno ofreció recompensas a informantes que denuncien a sus hermanos por participar de los procesos de liberación de la Madre Tierra.

A pesar que la Constitución Nacional, en 1991, reconoció la existencia de los pueblos indígenas y ordenó proteger la diversidad étnica de la Nación colombiana, la masacre del Nilo marca el reinicio de las políticas oficiales de orden discriminatorio y hostil contra nuestros pueblos en el Cauca, situación que se recrudeció con la llegada del actual mandatario nacional: la masacre del Naya sucedida en abril del 2001con más de 100 personas inmoladas por el paramilitarismo y cerca de 5 mil desplazados, muchos de los cuales debieron regresar a sus hogares sin que hayan encontrado protección alguna por parte del Estado. La masacre de 13 indígenas acontecida en la vereda Gualanday, municipio de Corinto, en el año 2001. La masacre de 7 indígenas en la vereda San Pedro municipio de Santander de Quilichao en el 2001.

Coincidencialmente, a partir de la firma del acuerdo de septiembre del 2005, refrendado a raíz del proceso de liberación de La madre Tierra, que adelantaron las comunidades de Caloto, tres indígenas han sido asesinados por acción de la Fuerza Pública y se registran desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y afectaciones por enfrentamientos armados minimizados sus riesgos por los desplazamientos internos a los lugares de asamblea permanente identificados por las comunidades.

La estrategia propagandista del gobierno nacional avanza con amenazas a los propietarios que deciden vender sus tierras a indígenas, o presentando objeciones diciendo que los predios están destinados a campesinos, a desplazados y a comunidades afro. El principal obstáculo ha sido los impedimentos insertos como política general en los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial cuyo objetivo expreso es “ni un sólo centímetro más de tierra para indígenas”.

Pero la estrategia mayormente difundida por el actual mandatario es la campaña destinada estigmatizar a la organización indígena del Cauca, acusándonos de terroristas y aliados de la guerrilla; principal pretexto para efectuar la Fase II del Plan Colombia en nuestro territorio, la cual implementa a través de acciones cívico militares con el objetivo de facilitar el despojo de nuestras tierras y recursos para ponerlos al servicio de intereses privados multinacionales.

Ante la acción represiva de la fuerza pública contra el pueblo Nasa del norte del Cauca, como Consejería Mayor CRIC, reiteramos nuestro apoyo a las comunidades que tomaron la decisión de continuar en la defensa de nuestra Madre Tierra y reclamamos del Estado colombiano cumplimiento de su deber constitucional de garantizar los derechos fundamentales de nuestros pueblos

Requerimos con urgencia de la comunidad internacional vigilancia humanitaria ante la violación permanente de los derechos humanos de los pueblos indígenas del Cauca y el incumplimiento de los compromisos que tiene el Estado colombiano con nuestras comunidades; dicha atención de los organismos multilaterales se hace imprescindible dada la falta de neutralidad del gobierno Uribe en el conflicto por la tierra en el Cauca.

Finalmente convocamos a los demás hermanos indígenas y campesinos a solidarizarse con quienes reclaman su sagrado derecho a la tierra desde la verdad, la resistencia y la justicia.

Popayán, 21 de Mayo de 2008.

CONSEJERIA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA -CRIC

Read More

MARZO FUE UN MES de intensas amenazas contra defensores de Derechos Humanos,

Cambio
Representantes de las víctimas y dirigentes de oposición, como el investigador y analista León Valencia; sacerdotes que lideran programas de Derechos Humanos en el Magdalena Medio y 27 personas de la ONG Ruta Pacífica de las Mujeres, incluida su coordinadora nacional, Marina Gallego.


La Defensoría del Pueblo, por su parte, recibió denuncias similares de ocho embajadas acreditadas en Bogotá. En su mayoría, las amenazas fueron hechas vía telefónica o mediante correos electrónicos por personas que se identificaron como miembros de las 'Águilas negras'.

El 23 de mayo fue asesinado el dirigente indígena Ovidio Málaga, ex gobernador del cabildo de Puerto Pisario, en zona rural de García Gómez, entre Chocó y Valle. A su lado fue hallado el cadáver de Rodrigo López, y cinco afrocolombianos que iban con ellos están desaparecidos. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca advierte que en la zona hay fuerte presencia militar, pero las autoridades no han establecido qué grupo irregular es el responsable de estos hechos.

También han sido blanco de amenazas dirigentes de la oposición, como el senador Gustavo Petro, fustigado por el presidente Álvaro Uribe en no pocas ocasiones por su pasado guerrillero, que también le reclamó hace pocos días al analista León Valencia, uno de los más serios investigadores, con Claudia López, de la parapolítica. Ellos dos, que hacen parte de la Fundación Arcoiris, son respetados tanto nacional como internacionalmente por la seriedad de sus estudios, muchos de los cuales han sido soporte para las acciones judiciales de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, que hoy tienen tras las rejas a más de 30 congresistas y ex congresistas, e investigados a otro tanto.

Sobre estos dos casos el ex alcalde 'Lucho' Garzón llamó la atención en su columna en El Espectador: "En lugar de reconocer que es mucho más valiente para un guerrillero dejar las armas que mantenerlas, el Presidente decide volver ropa de trabajo a dos reinsertados como Gustavo Petro y León Valencia, cuando estos lo único que han hecho es denunciar situaciones que hoy le corresponde a la Corte Suprema establecer si tienen fundamento o no. Ante el incremento de asesinatos y desapariciones de sindicalistas decide estigmatizarlos y recriminarlos".

El secretario general del Polo Democrático Alternativo, Daniel García-Peña, considera preocupante el clima de intolerancia y polarización, y cuestiona las afirmaciones de funcionarios del Gobierno contra los opositores del mismo. "Si bien no puede decirse que el país esté llegando a un clima similar al que propició el exterminio de la Unión Patriótica a finales de la década del 80, hay circunstancias que hacen necesario prender las alarmas para evitar que la intolerancia cobre más muertos", asegura.

Ana Teresa Bernal, miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, sostiene que dos factores explican el incremento de las amenazas: los debates de la parapolítica y la farcpolítica, y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. "Los debates polarizan y la aplicación de la ley contribuye a las amenazas contra los que reclaman bienes y tierras que les arrebataron los paramilitares", dice Bernal y agrega que la situación de los líderes que representan a las víctimas es muy preocupante en el Valle, sobre todo en Cartago.

Frente a la situación, el ministro del Interior Carlos Holguín le dijo a CAMBIO: "En el país son muy frecuentes las amenazas y que la gente se diga amenazada, pero todas las situaciones que impliquen amenazas son atendidas de inmediato por las autoridades". Aseguró, además, que el Gobierno ofrece garantías a la oposición, porque en Colombia "no podemos aceptar que alguien sea amenazado por su forma de pensar".

Las amenazas se han extendido hasta las embajadas. El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, le confirmó a CAMBIO que hace unas semanas en una reunión con el director del Sistema de Alertas Tempranas de la entidad, Jorge Enrique Quintero, delegados de las embajadas de Suecia, España, Canadá, Noruega, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina expresaron su preocupación por un panfleto que llegó a sus sedes firmado por las 'Águilas negras'. Sin embargo, se abstuvo de entrar en detalles.
Pero las intimidaciones no provienen solo de los grupos paramilitares. Adriano Jácome, secretario de Educación de Ocaña, Norte de Santander, renunció por presiones y amenazas de la guerrilla contra su vida y la de su familia. Y el personero municipal, Jesús Sánchez, denunció en rueda de prensa que ha recibido amenazas por teléfono y mediante un escrito firmado por una organización subversiva.

El clima es de intolerancia y en el enfrentamiento del Gobierno y oposición no faltan, de lado y lado, los que atizan el fuego y con ello crean condiciones para hechos violentos. Gobierno y opositores deberían hacer un esfuerzo para bajar el tono y enfriarse la cabeza, pues en 'río revuelto, ganancia de pescadores'. Sin embargo, cabe al Gobierno la mayor responsabilidad, sobre todo en un país que no ha aprendido a disentir en forma civilizada y en donde, por las condiciones derivadas de un conflicto que lleva ya 44 años, muchos prefieren resolver las diferencias a punta de bala. El creciente número de amenazas de los grupos armados deberían servir para llamar la atención sobre la necesidad apremiante de evitar más muertos.

Read More