CambioRepresentantes de las víctimas y dirigentes de oposición, como el investigador y analista León Valencia; sacerdotes que lideran programas de Derechos Humanos en el Magdalena Medio y 27 personas de la ONG Ruta Pacífica de las Mujeres, incluida su coordinadora nacional, Marina Gallego.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, recibió denuncias similares de ocho embajadas acreditadas en Bogotá. En su mayoría, las amenazas fueron hechas vía telefónica o mediante correos electrónicos por personas que se identificaron como miembros de las 'Águilas negras'.
El 23 de mayo fue asesinado el dirigente indígena Ovidio Málaga, ex gobernador del cabildo de Puerto Pisario, en zona rural de García Gómez, entre Chocó y Valle. A su lado fue hallado el cadáver de Rodrigo López, y cinco afrocolombianos que iban con ellos están desaparecidos. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca advierte que en la zona hay fuerte presencia militar, pero las autoridades no han establecido qué grupo irregular es el responsable de estos hechos.
También han sido blanco de amenazas dirigentes de la oposición, como el senador Gustavo Petro, fustigado por el presidente Álvaro Uribe en no pocas ocasiones por su pasado guerrillero, que también le reclamó hace pocos días al analista León Valencia, uno de los más serios investigadores, con Claudia López, de la parapolítica. Ellos dos, que hacen parte de la Fundación Arcoiris, son respetados tanto nacional como internacionalmente por la seriedad de sus estudios, muchos de los cuales han sido soporte para las acciones judiciales de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, que hoy tienen tras las rejas a más de 30 congresistas y ex congresistas, e investigados a otro tanto.
Sobre estos dos casos el ex alcalde 'Lucho' Garzón llamó la atención en su columna en El Espectador: "En lugar de reconocer que es mucho más valiente para un guerrillero dejar las armas que mantenerlas, el Presidente decide volver ropa de trabajo a dos reinsertados como Gustavo Petro y León Valencia, cuando estos lo único que han hecho es denunciar situaciones que hoy le corresponde a la Corte Suprema establecer si tienen fundamento o no. Ante el incremento de asesinatos y desapariciones de sindicalistas decide estigmatizarlos y recriminarlos".
El secretario general del Polo Democrático Alternativo, Daniel García-Peña, considera preocupante el clima de intolerancia y polarización, y cuestiona las afirmaciones de funcionarios del Gobierno contra los opositores del mismo. "Si bien no puede decirse que el país esté llegando a un clima similar al que propició el exterminio de la Unión Patriótica a finales de la década del 80, hay circunstancias que hacen necesario prender las alarmas para evitar que la intolerancia cobre más muertos", asegura.
Ana Teresa Bernal, miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, sostiene que dos factores explican el incremento de las amenazas: los debates de la parapolítica y la farcpolítica, y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. "Los debates polarizan y la aplicación de la ley contribuye a las amenazas contra los que reclaman bienes y tierras que les arrebataron los paramilitares", dice Bernal y agrega que la situación de los líderes que representan a las víctimas es muy preocupante en el Valle, sobre todo en Cartago.
Frente a la situación, el ministro del Interior Carlos Holguín le dijo a CAMBIO: "En el país son muy frecuentes las amenazas y que la gente se diga amenazada, pero todas las situaciones que impliquen amenazas son atendidas de inmediato por las autoridades". Aseguró, además, que el Gobierno ofrece garantías a la oposición, porque en Colombia "no podemos aceptar que alguien sea amenazado por su forma de pensar".
Las amenazas se han extendido hasta las embajadas. El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, le confirmó a CAMBIO que hace unas semanas en una reunión con el director del Sistema de Alertas Tempranas de la entidad, Jorge Enrique Quintero, delegados de las embajadas de Suecia, España, Canadá, Noruega, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina expresaron su preocupación por un panfleto que llegó a sus sedes firmado por las 'Águilas negras'. Sin embargo, se abstuvo de entrar en detalles.
Pero las intimidaciones no provienen solo de los grupos paramilitares. Adriano Jácome, secretario de Educación de Ocaña, Norte de Santander, renunció por presiones y amenazas de la guerrilla contra su vida y la de su familia. Y el personero municipal, Jesús Sánchez, denunció en rueda de prensa que ha recibido amenazas por teléfono y mediante un escrito firmado por una organización subversiva.
El clima es de intolerancia y en el enfrentamiento del Gobierno y oposición no faltan, de lado y lado, los que atizan el fuego y con ello crean condiciones para hechos violentos. Gobierno y opositores deberían hacer un esfuerzo para bajar el tono y enfriarse la cabeza, pues en 'río revuelto, ganancia de pescadores'. Sin embargo, cabe al Gobierno la mayor responsabilidad, sobre todo en un país que no ha aprendido a disentir en forma civilizada y en donde, por las condiciones derivadas de un conflicto que lleva ya 44 años, muchos prefieren resolver las diferencias a punta de bala. El creciente número de amenazas de los grupos armados deberían servir para llamar la atención sobre la necesidad apremiante de evitar más muertos.
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