No más tratamiento de guerra para los pueblos indígenas

Reprime con armas de fuego la movilización social y mantiene incumplimiento de acuerdos con los indígenas del Cauca

El 21 de mayo de 2008, en la hacienda La Emperatriz, cerca de 500 personas, que reclamaban su derecho a la tierra y el cumplimiento de los acuerdos pendiente que tiene el Estado colombiano con las comunidades indígenas del norte del Cauca por la masacre del Nilo, fueron atacados por el ESMAD de la policía Nacional con bombas explosivas y armas de fuego, ocasionado heridas de gravedad en 8 indígenas Nasa, entre ellos Eulogio Dagua Cuetia, Luís Enrique Ramos, Alex Méndez y Luís Eduardo Ramos, comuneros de los resguardos indígenas de Jambaló, San Francisco, Huellas y Toribío.

Como recordará la opinión pública, el 29 de julio de 1998, el Presidente Ernesto Samper, reconoció la responsabilidad del Estado colombiano con la masacre del Nilo, sucedida en diciembre de 1991, y a nombre del Estado colombiano pidió perdón a los familiares y al pueblo Nasa del norte del Cauca, comprometiéndose con las víctimas a efectuar las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de Justicia y Reparación Individual y Colectiva.

Diez años después de este acontecimiento, los incumplimientos continuaron, a pesar que el actual Gobierno, el 13 de Septiembre de 2005, se comprometió, a través de otro acuerdo, a dar cumplimiento a sus obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años. Sin embargo, la constante gubernamental, ha sido la dilatación de los compromisos, a través de maniobras administrativas, trámites burocráticos y desinformación mediática.

En el último periodo, el gobierno nacional, ha puesto en marcha estrategias para generar conflicto entre comunidades indígenas, afro colombianas y campesinas como excusa para evadir sus obligaciones. Peor aun, ha promulgado el Estatuto Rural y tomado otras medidas administrativas que, de hecho, invalidan los acuerdos y compromisos adquiridos en franco apoyo al capital multinacional.

Desde Presidencia de la República se mantiene una campaña difamatoria y de propaganda contra los pueblos indígenas para negar nuestro derecho a la reparación y a nuestros territorios. Prueba de ello fue la conversación sostenida entre el presidente Uribe, la presidenta de la SAG, la fiscal regional, un general de la fuerza pública y los ministros del interior y el de agricultura, el 15 de Marzo de 2008, en el Consejo Comunitario de Popayán, donde el gobierno ofreció recompensas a informantes que denuncien a sus hermanos por participar de los procesos de liberación de la Madre Tierra.

A pesar que la Constitución Nacional, en 1991, reconoció la existencia de los pueblos indígenas y ordenó proteger la diversidad étnica de la Nación colombiana, la masacre del Nilo marca el reinicio de las políticas oficiales de orden discriminatorio y hostil contra nuestros pueblos en el Cauca, situación que se recrudeció con la llegada del actual mandatario nacional: la masacre del Naya sucedida en abril del 2001con más de 100 personas inmoladas por el paramilitarismo y cerca de 5 mil desplazados, muchos de los cuales debieron regresar a sus hogares sin que hayan encontrado protección alguna por parte del Estado. La masacre de 13 indígenas acontecida en la vereda Gualanday, municipio de Corinto, en el año 2001. La masacre de 7 indígenas en la vereda San Pedro municipio de Santander de Quilichao en el 2001.

Coincidencialmente, a partir de la firma del acuerdo de septiembre del 2005, refrendado a raíz del proceso de liberación de La madre Tierra, que adelantaron las comunidades de Caloto, tres indígenas han sido asesinados por acción de la Fuerza Pública y se registran desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y afectaciones por enfrentamientos armados minimizados sus riesgos por los desplazamientos internos a los lugares de asamblea permanente identificados por las comunidades.

La estrategia propagandista del gobierno nacional avanza con amenazas a los propietarios que deciden vender sus tierras a indígenas, o presentando objeciones diciendo que los predios están destinados a campesinos, a desplazados y a comunidades afro. El principal obstáculo ha sido los impedimentos insertos como política general en los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial cuyo objetivo expreso es “ni un sólo centímetro más de tierra para indígenas”.

Pero la estrategia mayormente difundida por el actual mandatario es la campaña destinada estigmatizar a la organización indígena del Cauca, acusándonos de terroristas y aliados de la guerrilla; principal pretexto para efectuar la Fase II del Plan Colombia en nuestro territorio, la cual implementa a través de acciones cívico militares con el objetivo de facilitar el despojo de nuestras tierras y recursos para ponerlos al servicio de intereses privados multinacionales.

Ante la acción represiva de la fuerza pública contra el pueblo Nasa del norte del Cauca, como Consejería Mayor CRIC, reiteramos nuestro apoyo a las comunidades que tomaron la decisión de continuar en la defensa de nuestra Madre Tierra y reclamamos del Estado colombiano cumplimiento de su deber constitucional de garantizar los derechos fundamentales de nuestros pueblos

Requerimos con urgencia de la comunidad internacional vigilancia humanitaria ante la violación permanente de los derechos humanos de los pueblos indígenas del Cauca y el incumplimiento de los compromisos que tiene el Estado colombiano con nuestras comunidades; dicha atención de los organismos multilaterales se hace imprescindible dada la falta de neutralidad del gobierno Uribe en el conflicto por la tierra en el Cauca.

Finalmente convocamos a los demás hermanos indígenas y campesinos a solidarizarse con quienes reclaman su sagrado derecho a la tierra desde la verdad, la resistencia y la justicia.

Popayán, 21 de Mayo de 2008.

CONSEJERIA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA -CRIC