Bogotá, abril 9 (El Tiempo). Se entregó ex congresista Vicente Blel, cuya captura ordenó la Fiscalía por 'parapolítica' La crisis del Legislativo no se puede ocultar. La plenaria del Senado hará un debate para discutir una salida institucional a un escándalo que ya supera al proceso 8.000.En el 8.000 fueron condenados 26 congresistas.
La situación tiene al Congreso en una evidente inactividad. Cada vez que se anuncia la detención de uno de sus legisladores, los ánimos se bajan y la agenda legislativa queda aplazada.
Solo el Polo Democrático Alternativo y el movimiento Mira no tiene congresistas involucrados en este escándalo.
Otros partidos tienen una situación más dramática. Por ejemplo, ninguno de los cuatro senadores titulares elegidos por Colombia Democrática, está hoy en su curul. Tres de ellos están en la cárcel y el cuarto (Mario Uribe), está a la espera de una decisión de la Fiscalía General de la Nación que resuelva su situación jurídica.
Otro caso especial es el de Colombia Viva, que ha visto pasar a tres de sus miembros por la misma curul. Hoy uno está detenido y los dos restantes en espera de decisión de la Fiscalía.
No hay antecedentes de un fenómeno similar que hiciera desgranar de sus curules, uno por uno, semana tras semana, a decenas de senadores y representantes, para ir directamente a la cárcel.
Al menos la justicia no se había metido tan hondo a indagar las relaciones pecaminosas de los partidos políticos y sus dirigentes con la que es considerada hasta ahora la masacre colectiva más grande de la historia reciente del país: 300 mil crímenes confesados por sus autores (asesinatos, secuestros, violaciones, desapariciones, entre otros).
Lo que ha quedado al descubierto, tras las pesquisas de la justicia, en las que se han obtenido confesiones de sus responsables, es que el fenómeno paramilitar permeó a la clase dirigente de la mayoría de los partidos. Y que muchos de ellos, unos más que otros, realizaron acuerdos con los criminales o consintieron sus acciones, a cambio de votos para permanecer activos en la arena política. Otros, inclusive, intentaron a través de esa vía, 'refundar' la nación, como ocurrió en el pacto secreto de Ralito, firmado en julio del 2001.
No solo congresistas
Aunque el fenómeno ha cobrado sus principales víctimas en el Congreso, también han caído decenas de alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, militares y empresarios.
Y lo más grave: el fenómeno amenaza con seguir carcomiendo a los partidos, llegando a otros rincones del país e impactando nuevos sectores de la sociedad.
Aunque los partidos de la coalición de gobierno son los más golpeados por las decisiones judiciales, pues representan la mayor suma de procesados, individualmente es el liberalismo, bastión de la oposición, el que ha llevado la mayor parte: 10 de sus congresistas están vinculados al proceso y seis de ellos están presos.
Magdalena es el departamento con el mayor número de congresistas involucrados en este escándalo con siete legisladores. Antioquia y Córdoba le siguen con seis.
Luego vienen Bolívar, Cesar y Sucre con cuatro legisladores involucrados.
De todos los legisladores llamados por la justicia, 21 renunciaron a ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia y a sus curules, y sus procesos fueron asumidos por Fiscalía.
Cuatro de los congresistas privados de la libertad han sido condenados hasta ahora: Erik Morris, Dieb Maloof, Miguel de la Espriella y Alfonso Campo Escobar.
Once ex congresistas también está vinculados por la misma razón. Algunos de ellos condenados, otros apenas privados de la libertad y unos más en preliminares.
Este fenómeno ha permitido que políticos que obtuvieron votaciones mínimas en diversas regiones detenten hoy curules en el Congreso. Como el caso de Víctor Vargas Polo, del departamento del Magdalena, quien goza de su fuero de representante a la Cámara con tan solo 2.907 votos.
Legitimidad en discusión
Cada nueva detención trae a colación la discusión sobre la legitimidad del Congreso. Mientras algunos proponen el anticipo de elecciones, otros insisten en que no se debe romper la institucionalidad y sugieren que se apruebe la reforma política que incluye castigos para los partidos que inscriban candidatos que tengan vínculos con grupos ilegales.
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