Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”13 de junio de 2008
Bogotá, Colombia
Por tercera vez Fiscal General de la Nación debe responder por la nulidad ordenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, del proceso que se adelantaba contra Jorge Noguera, por los cargos de concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, utilización indebida de información sometida a secreto o reserva, cuyas pruebas demuestran la puesta al servicio del paramilitarismo de la oficina del Departamento Administrativo de Seguridad.
El Fiscal General ha provocado diversas nulidades que en la práctica retardan la administración de justicia, estimulan la impunidad, generan la libertad del procesado y atentan contra los derechos de las victimas. Con esta nueva nulidad la fiscalía ha perdido dos años de trabajo y de investigación, y de no corregirse las irregularidades y de reasumir con decisión y premura este proceso, se corre el riesgo que el señor Noguera sea “declarado inocente por PRESCRIPCION”, es decir, que el Estado pierda la oportunidad de investigarlo y enjuiciarlo por sus crímenes por no realizar la persecución penal dentro de los términos que señala la ley.
De tal manera, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” insta al fiscal Mario Iguarán, para que reabra de manera inmediata el proceso de investigación, llame a Noguera a rendir indagatoria y lo acuse, esta vez, sin vicios jurídicos ni problemas de procedimiento que posibiliten que un violador de derechos humanos, evada su responsabilidad política, social y legal por los actos cometidos, máximo si se tiene en cuenta que éste era el director de la agencia que “supuestamente” brinda seguridad al Estado Colombiano.
Es necesario recordar que Jorge Noguera no sólo ha sido implicado en el desarrollo de un ya demostrado fraude electoral en la costa colombiana, lo cuál ya de por si es muy grave, y pone en tela de juicio la legitimidad del actual gobierno, sino que también ha sido acusado de corrupción administrativa en varios multimillonarios contratos, de haber puesto la principal central de inteligencia del país al servicio de mafiosos y criminales, de haber participado en el desarrollo de un complot contra el gobierno venezolano, incluyendo el asesinato del Fiscal Danilo Anderson, y lo más grave de apoyar grupos paramilitares incluyendo la entrega de por lo menos una lista con los nombres de sindicalistas y lideres de izquierda con el fin de que fueran ejecutados, como efectivamente sucedió con un buen número de ellos.
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