24 septiembre, 2008

E l cultivo de coca aumenta en el oriente Antioqueño

IPC-Mientras en los municipios del Norte y Bajo Cauca antioqueño avanza sin tregua el proceso de erradicación de cultivos de uso ilícito, en el Oriente del departamento las autoridades locales expresan su preocupación por el inusitado incremento de sembrados de hoja de coca en varias localidades de esta región.

El asunto ha despertado gran inquietud entre observadores de derechos humanos del Oriente antioqueño, quienes no descartan un posible nexo entre el aumento de los cultivos de uso ilícito y recientes hechos de alteración del orden público que han empañado el clima de tranquilidad que vive la región.

Según registros del Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño, se observa un incremento en el número de hectáreas sembradas con hoja de coca en regiones como el Cañón del Río Melcocho, límite natural de los municipios de Carmen de Viboral, Cocorná y San Francisco; en el corredor montañoso que divide a los municipios de San Luis, Puerto Triunfo y Puerto Nare, y en zonas rurales de los municipios de San Carlos y San Rafael.

Al ser consultados por la Agencia de Prensa IPC, varios mandatarios locales afirmaron que si bien la presencia de hoja de coca en el Oriente antioqueña no es nueva, sí llama la atención la forma cómo vienen creciendo los cultivos en algunas zonas y los fenómenos que se están generando a su alrededor.

“Eso no es un secreto, aquí en casi todas las veredas del municipio hay cultivos de uso ilícito. El problema es que está retornando mucha población que salió desplazada y se está dedicando a cultivar coca porque no hay más”, advierte Carlos Mario Nava, alcalde de San Francisco, y agrega que “algún grupo extraño tiene que venir a comprar la coca, así no tengamos ninguna información al respecto”.

Para José Maximino Castaño, alcalde de San Luis, el incremento de los cultivos de hoja de coca en este municipio se está registrando en zonas bastante boscosas, de difícil acceso y donde se ha detectado la presencia del Frente Noveno de las Farc.

“Tenemos información sobre un impuesto de 8.000 pesos que guerrilleros de las Farc le están cobrando a los campesinos por cada arroba de coca que recojan”, declara Castaño.

Pero así como el incremento de cultivos de uso ilícito está generando preocupación, la presencia cada vez más numerosa de familias –desplazadas en su mayoría- provenientes del Bajo Cauca Antioqueño, quienes se han asentado en zonas donde hoy se denuncia presencia de hoja de coca, tiene sorprendidos a los mandatarios locales.

“Desde diciembre del año pasado estamos registrando la llegada de familias desplazadas del Bajo Cauca. Después de las marchas cocaleras en Valdivia, en febrero de este año, esa presencia aumentó. No sabemos cuántos hay, pero son bastanticos. No puedo decir que ellos son los que están cultivando coca, pero ¿qué dice la gente de estas zonas? La coca llegó al Oriente por la gente del Bajo Cauca”, señala el burgomaestre de San Luis.

Preocupa orden público

Históricamente, el Oriente de Antioquia ha sido una región ajena a las dinámicas derivadas de la presencia de cultivos de uso ilícito. De ahí la preocupación de las organizaciones defensoras de derechos humanos, pues el fenómeno coincide con la ocurrencia de varios hechos que han despertado gran confusión entre las comunidades campesinas.

El Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente ha documentados una serie de casos que dan cuenta de un posible rearme de grupos paramilitares, que estarían intentando dominar territorios para el cultivo y procesamiento de hoja de coca.

Uno de los casos da cuenta de la amenaza colectiva dirigida a 32 familias del municipio de San Rafael que derivaban su sustento de la pesca en el embalse San Lorenzo, límites entre los municipios de Alejandría y San Roque. El pasado 8 de julio, un grupo de hombres encapuchados que portaban armas de largo alcance llegó al embalse y luego de retener ilegalmente a los pescadores por varias horas, les ordenó no volver a laborar en aquel sitio o serían “desterrados a las malas”.

Un testigo del hecho le confirmó a la Agencia de Prensa IPC que quienes se atrevieron a denunciar el hecho ante las autoridades de San Rafael fueron amenazados y ahora se encuentran en la ciudad de Medellín en condición de desplazados: “En el municipio no les reconocieron eso como un desplazamiento y se tuvieron que ir" , declara el labriego.

En ranchos cercanos al embalse se hallaron mensajes alusivos a una agrupación armada autodenominada “Renacer”. De acuerdo con los análisis del Observatorio, “Renacer” sería una agrupación armada integrada por antiguos subordinados de Oliverio Isaza Gómez, alias Terror, sindicado de liderar el rearme de grupos paramilitares en el Oriente y Magdalena Medio Antioqueño y quien se entregó a las autoridades militares el 6 de mayo de este año, en el municipio de Puerto Triunfo.

“En este caso no llegan a combatir la subversión, puesto que la guerrilla del Eln es militarmente irrelevante y las Farc tienen un escenario de operaciones considerablemente reducido y corredores de movilidad más estrechos. Se trata entonces de la retoma de la región para el uso y el control de tierras destinadas a cultivos de uso ilícito”, explica Juan José Moncada, director de Derechos Humanos y DIH del Observatorio.

Otro de los hechos presuntamente atribuibles a este grupo es el asesinato de los hermanos Rafael y Evelio Pamplona Galeano, habitantes de la vereda Quebrahonda, municipio de San Rafael, quienes fueron sacados de sus viviendas el pasado 24 de julio y hallados muertos horas después en otro lugar de la vereda. Si bien la Fuerza Pública sindica al Frente 9 de la Farc como autor de los hechos, habitantes de la zona coinciden en afirmar que el método empleado en este delito se asemeja a los utilizados por los antiguos bloques de las AUC.

Pero las denuncias sobre rearme paramilitar no sólo se dan en municipios como San Rafael. En Guarne y El Santuario, las comunidades denuncian un incremento en la criminalidad asociada a bandas delincuenciales. Al parecer, dichas estructuras estarían ligadas a nuevos grupos paramilitares.

“En muchas de las cosas que ocurren en estos municipios es difícil determinar si obedeció a la acción netamente delincuencial o si hay una acción de un grupo armado. Creemos que puede existir un vínculo y que estas bandas estarían articuladas a las nuevas estructuras paramilitares”, agrega Moncada.

Según el director de Derechos Humanos y DIH del Observatorio, estos hechos demuestran que el conflicto armado no ha desaparecido de la región, así éste haya disminuido en intensidad. Ahora, lo que se vaticina es una confrontación armada por el control del negocio de la droga, con las consabidas consecuencias humanitarias sobre la población.

“Hay una dinámica muy compleja detrás de los cultivos de uso ilícito. Eso no se cuida solo; se necesita de una infraestructura armada que cuide la entrada y salida de los insumos, de la pasta para el procesamiento de la cocaína, para el transporte de armas y eso conlleva a ejercer dominio sobre los territorios y la población. Eso ya lo estamos viendo en el Oriente”, concluye Moncada.
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