23 diciembre, 2008

Falso positivo : El Ejercito de Colombia termina el año, con su peor desempeño en derechos Humanos

El Tiempo. La mañana del 16 de mayo del 2006, mientras caminaba por una calle de Mesitas del Colegio (Cundinamarca), el Ejército detuvo a Jhon Walter López Batista, un comerciante de 38 años que se ganaba la vida haciendo mesas de billar, vendiendo comidas y zapatos y arreglando equipos técnicos . No era una requisa de rutina. A los 20 minutos de estar esperando que un cabo le devolviera la cédula lo tiraron al suelo, lo esposaron y lo llevaron a la cárcel del pueblo.

López recuerda que ningún militar le decía el por qué de la detención. La respuesta vino al otro día, cuando fue trasladado a la cárcel de alta seguridad de El Diamante, en Girardot. Ese día, en la reseña, apenas se enteró de que él era, ni más ni menos, el segundo de la temida columna 'Teófilo Forero' de las Farc. Lo sindicaron de rebelión, desplazamiento forzado, homicidio y terrorismo.


El hombre risueño que les vendía pollo asado a los soldados de la Fudra en La Macarena (Meta) y les reparaba los radios, y que iba a tallar mesas de billar de caserío en caserío terminó recluido, como el más peligroso de los guerrilleros, en el pabellón de alta seguridad de La Modelo en Bogotá. Su captura se dio gracias a la 'labor de inteligencia' de un capitán del Ejército que tenía como fuentes humanas a 4 desmovilizados.

Una de las informantes y testigo en el proceso, Yaneth Sánchez, se había cruzado con Jhon Walter un día antes de su captura en Mesitas. "Cuando llegué a buscar futuro en el Caguán me pidieron que fuera hasta Laureles (Macarena) a pintar unas mesas de billar -dice el hombre-. Esta muchacha estaba allá y trabajaba en una cantina. Sabía que era hermana de un guerrillero; nunca sostuvimos un diálogo largo, pero la distinguía, por eso la saludé en Mesitas".

Yaneth fue el testigo número uno. En la declaración, que luego fue ratificada por sus dos hermanos, aseguró que el 'Mono Jhon', como jefe de la 'Teófilo', ordenó y ejecutó la masacre de 15 personas, el 24 de diciembre del 98, en San Juan de Lozada (Caquetá). También lo señaló como responsable de la muerte de doña Lucrecia Muñetón y otras siete personas, así como del robo de 1.500 cabezas de ganado en el Caguán. "Él pasó por los frentes 52, 48 y ahora estaba en la 'Teófilo'", dijo en el proceso.

Según Jhon Walter, que llegó en julio del 2004 a La Macarena y montó un taller de electrónica y un asadero, la única cercanía que tuvo con las Farc fue tener la certeza de que algunos de sus clientes eran milicianos.

Durante un año largo les reparó los radios a los militares, les preparó las picadas dominicales a los policías y soldados que salían de permiso al pueblo y embelleció las cantinas de todos los caseríos ribereños del Guayabero.

Pero para octubre del 2005 la erradicación manual de coca ya había quebrado los negocios. El suyo no fue la excepción y sus amigos militares lo ayudaron a salir, en un vuelo de apoyo, hasta la base de Tolemaida. De allí se desplazó hasta Melgar y con una maleta y el producto de la venta del asadero cogió flota rumbo a Bogotá.

"Con lo que me quedó monté un almacén de calzado en el barrio 20 de Julio y empecé a viajar por los pueblos cercanos a Bogotá vendiendo mercancía, para cubrir las letras de un préstamo que me habían hecho. Así llegué a Mesitas", añade.

Pero esa mañana de mayo se le apareció Yaneth Sánchez, y con ella su mayor pesadilla. Desde su primer día de reclusión empezó a buscar amigos, se asesoró de los presos que tenían más 'experiencia', mandó cartas a los medios, se aprendió páginas enteras del código penal y le escribió, mes a mes, sin falta, al Presidente.

"Me ubicaron en un pabellón donde sí había gente 'dura' de la guerrilla. Ellos solo me miraban y me decían: 'hermano, usted sí es muy de malas".

En los 2 años, 6 meses y 15 días que duró preso nadie creyó en él. Aunque tuvo abogado de oficio, fue él mismo quien planeó y llevó su defensa. Contra todo pronóstico logró tumbar los cargos por terrorismo y homicidio.

La Fiscalía comprobó, con una certificación del DAS, que para diciembre de 1998, fecha en la que supuestamente había cometido la masacre de San Juan de Lozada, Jhon Walter López estaba detenido en Italia. Tener antecedentes, como sucedió con algunos de los muchachos desaparecidos en Soacha, tal vez lo hizo encajar en el perfil que buscaban los que le montaron el proceso.

La Fiscalía comprobó también que la señora Lucrecia Muñetón seguía viva. Y lo mismo pasó con los otros muertos que le cargaban.

Las sindicaciones de rebelión y desplazamiento forzado se cayeron cuando comprobó que no existía el temible 'Mono Jhon' del que hablaban el capitán y sus desmovilizados. "Yo di la batalla solo, porque ni abogado tuve. Soy la mejor prueba, la viviente, de un falso positivo. Estuve casi tres años en la cárcel señalado como un jefe guerrillero (...) En todas las cartas le pedía al Ejército que explicara la orden de captura en mi contra y qué argumentos tuvo el capitán Felipe Benavides Guerrero contra mí; nunca respondieron".

El pasado 21 de octubre el juzgado penal del circuito de Granada (Meta) le dio el fallo que había esperado desde el primer día: "Las pruebas testimoniales carecen de valor probatorio, por lo tanto se absuelve al señor Jhon Walter López Batista, se ordena su libertad inmediata y se destina el expediente al archivo definitivo".

Ahora dice que está dispuesto a seguir con la batalla que inició en la cárcel. Quiere que investiguen al capitán del Ejército y a los 4 desmovilizados que lo señalaron y que tal vez hasta cobraron recompensa por su desgracia de casi tres años.

Se mueve el caso de Soacha

Antes de que termine este año, según fuentes de la Fiscalía, se librarán órdenes de captura por el caso de los 17 muchachos que desde hace un año desapa- recieron de Soacha, al sur de Bogotá, y luego fueron reportados como muertos en combate con el Ejército.

No se descarta que algunas de esas decisiones afecten a uniformados y el alto mando, como lo dijo en entrevista con EL TIEMPO el general Freddy Padilla de Léon, es consciente de ello: "Todo indica que sí se cometieron crímenes".

Mientras las Fuerzas Militares siguen con la política de depuración que llevó a la histórica purga de 27 oficiales y suboficiales, la Fiscalía investiga la muerte de cerca de 800 personas en seis años. Asimismo la Justicia Penal Militar acaba de remitir al ente investigador más de 180 casos.

Siguen apareciendo denuncias

Ayer, la Procuraduría anunció que investiga a un oficial, un suboficial y cinco soldados profesionales porque habrían incurrido en "grave violación al Derecho Internacional Humanitario".

Se trata de una operación del 8 de mayo de 2004 en Labranzagrande (Boyacá) que terminó con la muerte de siete personas que, dice el reporte oficial, eran miembros de un grupo armado.

Según la Procuraduría, las versiones de los militares del Batallón Tarqui "son contradictorias", pues unos militares hablaron de un 'golpe de mano' y otros de un combate. Los testigos aseguran que "en el lugar no se presentó combate alguno y la incursión militar se hizo cuando las cuatro personas civiles y las otras tres, (al parecer integrantes de un grupo al margen de la Ley), estaban en total estado de indefensión".

El Ministerio Público cree que hubo homicidios fuera de combate.

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