Fiscal trasladó procesos contra Rito Alejo del Río, Carlos A. Ospina, Iván Ramírez y Julio Charry a fiscales ordinarios

El Tiempo. Fiscal trasladó procesos contra Rito Alejo del Río, Carlos A. Ospina, Iván Ramírez y Julio Charry a fiscales ordinarios: "El comportamiento imputado no guarda relación con el servicio".
El capítulo judicial sobre la expansión del paramilitarismo en Colombia, con la supuesta anuencia de cuatro generales de la República -hoy en retiro- acaba de salir del despacho del fiscal general, Mario Iguarán.

El propio funcionario conceptuó que los hechos que se les imputan a los generales (r) Rito Alejo del Río, Carlos Alberto Ospina (ex comandante de las Fuerzas Militares); Iván Ramírez y Julio Charry Solano, no están relacionados con las funciones que desempeñaron en el Ejército.

En consecuencia, los cuatro deberán ser investigados como cualquier ciudadano y juzgados por tribunales ordinarios y no por la Corte Suprema de Justicia.

La decisión les fue comunicada a las partes casi un año después de que el despacho del Fiscal General inició la investigación preliminar con base en tres declaraciones del ex paramilitar Salvatore Mancuso y en una de Francisco Villalba, controvertido miembro de las Auc quien asegura haber participado en la masacre de El Aro (Antioquia) en octubre de 1997.

Reuniones con Castaño

Mancuso fue el primero en enredar a los generales.

El ex 'para' -hoy preso en E.U. y a punto de sellar un arreglo por colaboración- asegura que entre 1996 y 1997, Rito Alejo del Río, entonces comandante de la Brigada 17, se reunió con Carlos Castaño en la localidad de El Diamante (Córdoba) y "trataron temas como la expansión de las autodefensas y la toma de territorios en los que el Ejército había perdido el control".

Mancuso dice que los oficiales también le suministaron ubicación de tropas para evitar enfrentamientos, información de inteligencia sobre la guerrilla y hasta órdenes de batalla.

Reuniones similares se habrían registrado con Freddy Rendón, alias 'El Alemán', y con el propio Mancuso en la finca conocida como La 21 con Iván Ramírez.

"También conocí a Julio Charry y tuve muchas reuniones con él", le aseguró Mancuso a la Fiscalía en una declaración del 17 de mayo del 2007.

Y agregó que hay otro general involucrado que usaba como emisario a un hombre identificado como Edwin Tirado Morales.

El caso Villalba

Los señalamientos contra el ex comandante de las Fuerzas Militares, general retirado Carlos Alberto Ospina Ovalle, provienen de un controvertido paramilitar identificado como Francisco Villalba Hernández.

El 'para' asegura que miembros de la Cuarta Brigada, comandada en ese entonces por Ospina, le colaboraron a hombres de Mancuso para ejecutar la masacre de El Aro, en donde fueron asesinados 19 campesinos.

Y aunque algunas versionas suministradas por Villalba han sido desestimadas por las autoridades, esta coincide con una posterior declaración del propio Salvatore Mancuso.

"Yo fui a El Aro cuando las tropas estaban sin munición, a sacar heridos y muertos (...) el entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, el general Ospina, colaboró para el desarrollo de la acción", dijo el otrora poderoso paramilitar.

Consecuencias de la decisión

Los cuatro oficiales en retiro han negado insistente y tajantemente las sindicaciones.

Y aunque aún no se sabe si interpondrán recursos para seguir bajo la tutela investigativa del Fiscal General, para algunos especialistas la decisión de quitarles el fuero, aunque tenga una connotación negativa, registra ventajas de defensa.

Si el Fiscal los investiga, solo tiene una instancia de juzgamiento, la Corte Suprema de Justicia.
Mientras que ahora tendrán tres posibilidades de apelar un eventual

fallo en su contra. Además, continuarían con las prerrogativas de ser detenidos en una guarnición militar -en caso de que esa situación se presente- con un régimen distinto al de los presos comunes.

Rito Alejo del Río, por ejemplo, está detenido en la Escuela de Infantería, en Bogotá, dentro de una investigación paralela por homicidio y paramilitarismo.

Ramírez, por su parte, continúa detenido en el Batallón de Ingenieros, por las desapariciones durante la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.