Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria empezó hoy una visita oficial de diez días a Colombia

Bogotá, 1 oct (EFE).- Una misión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria empezó hoy una visita oficial de diez días a Colombia, dijeron en Bogotá fuentes gubernamentales y del organismo internacional.
La delegación, que arribó ayer a la capital colombiana, está encabezada por la jurista española Manuela Carmena, presidenta relatora del Grupo sobre Detención Arbitraria, establecido en 1991 y cuyo mandato ha sido extendido dos veces.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bogotá y el ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmaron por separado el comienzo de las tareas de este órgano especial de la ONU.


La OACNUDH recordó a Efe que la visita responde a una invitación del Gobierno del presidente Álvaro Uribe para visitar centros de reclusión en varias regiones y mantener entrevistas con altos cargos estatales y del Ejecutivo.

El origen y el objetivo de la misión fueron también confirmados por la Cancillería colombiana, que dijo haber concertado "una agenda de trabajo (...) con reuniones que incluyen autoridades de la rama ejecutiva, judicial y del Ministerio Público".

La Cancillería precisó en un comunicado que la relatora Manuela Carmena y sus acompañantes se entrevistarán con altos cargos de los ministerios de Defensa y de Interior y Justicia y con mandos de la Fuerza Pública.

La delegación visitará centros de reclusión de Bogotá, Cali (suroeste) y Arauca (nordeste), entre ellos algunos para mujeres, adolescentes y no imputables.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha elaborado desde 1993 varios informes relacionados con Colombia.

Las denuncias sobre detenciones arbitrarias en este país han crecido durante el Gobierno de Uribe, que asumió en agosto de 2002 para un período de cuatro años y que fue reelegido en mayo de 2006 para otro cuatrienio.

Según algunos estudios de organizaciones no gubernamentales (ONG), tanto nacionales como internacionales, al menos 6.648 colombianos fueron arrestados de manera arbitraria del 7 de agosto de 2002 al 30 de junio de 2005.

Los mismos informes advierten de que entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004, los casos de detención arbitraria en el país sumaron 5.535 y se registraron en sólo "77 eventos de detención masiva".

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Amnistía Internacional le exige al ministro Santos y al gobierno Colombiano, concluir sus ataques en contra de los Defensores de los Derechos Humanos

BOGOTA - Amnistía Internacional lamentó recientes declaraciones del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, criticando la labor de grupos no gubernamentales en Colombia y llamó al gobierno del presidente Alvaro Uribe a darle un respaldo "claro e inequívoco" al trabajo de los defensores de derechos humanos.
En una carta dirigida al ministro el 22 de septiembre y divulgada en la jornada por Amnistía Internacional, la directora del programa regional para América de AI, Susan Lee, dijo que aunque el grupo ve con "satisfacción que el gobierno colombiano haya expresado públicamente su interés por mejorar la crisis de derechos humanos" en el país, también ve "con profunda preocupación la forma en la que sus palabras (las de Santos) se podrían interpretar para desacreditar y deslegitimar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales".

"En su discurso del 9 de septiembre usted reconoce la existencia del problema de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia por parte de miembros de la fuerzas de seguridad y se destaca el compromiso del gobierno colombiano en corregir esta problemática", agregó Lee en su misiva.

La activista agregó de inmediato que para AI "un paso importante de la solución de esta problemática (de las ejecuciones extrajudiciales) implica permitir que las ONG de derechos humanos puedan sacar a la luz pública las conclusiones de sus investigaciones, sin que se las descalifique o se deslegitime su trabajo".

"Amnistía Internacional quiere hacerle un llamado al gobierno colombiano para que se pronuncie de forma clara e inequívoca respaldando el trabajo legítimo de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia y sus organizaciones", dijo Lee. "Este pronunciamiento sería interpretado como un signo de voluntad política real del gobierno y de su firme compromiso con los derechos humanos", añadió.

Durante un foro en ocasión del día nacional de los derechos humanos el 9 de septiembre pasado, el ministro Santos dijo en su despacho había una preocupación constante y una política para combatir casos de presuntos homicidios cometidos por miembros de las fuerzas militares y se quejó que algunas ONG, que no mencionó, denunciaran que tales asesinatos eran una política del estado colombiano.

"Hay una política deliberada de ciertas organizaciones, que lo que quieren es que se denuncie....y cuando uno va a averiguar esas denuncias, realmente qué significan, no se encuentra nada, encuentra que hay personas interesadas en simplemente inflar las cifras" de muertes, dijo Santos en su discurso a comienzos de mes.

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En el Mundo hay 25 millones de niños Refugiados y Desplazados

MÉXICO (AFP) - En el mundo hay cerca de 25 millones de niños refugiados y desplazados, de los cuales unos 300.000 sirven como soldados y la mayoría de las niñas en esa situación son sometidas a diferentes formas de esclavitud sexual, informó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).
"De los aproximadamente 50 millones de refugiados u desplazados en el mundo, casi la mitad son niños. Más de 300.000 sirven como soldados en todo el mundo. La mayoría de las niñas son sometidas además a diferentes formas de esclavitud sexual", sostiene un informe de ACNUR.

El documento de ACNUR fue difundido durante la Reunión Internacional sobre la Protección de los Niños en el Contexto de la Migración, que comenzó este martes en la ciudad de México con la participación de varias agencias de la ONU, ONGs e instituciones mexicanas.

"Unos 246 millones de niños, es decir uno de cada seis en el mundo, trabajan; unos 180 millones lo hacen en condiciones perjudiciales y peligrosas, a través de redes de trata de seres humanos. Se estima que 8,4 millones de niños han sido sometidos a esclavitud, pornografía y redes de prostitución".

En México, sólo en 2007 cerca de 35.000 niños y niñas que emigraron hacia Estados Unidos fueron repatriados y 21.366 eran menores que viajaban sin compañía de un adulto, dijo, por su parte, Margarita Zavala, esposa del presidente mexicano, Felipe Calderón, quien inauguró la reunión en la Cancillería mexicana (Ministerio de Asuntos Exteriores).

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UN MILLON DE FIRMAS PARA QUE POR SANCION PRESIDENCIAL SE CREE UNA LEY DE CADENA PERPETUA POR CRIMENES CONTRA LOS NIÑOS

FUNAR
Se suma ante el abominable crimen cometido en contra del niño Luis santiago de 11 meses de nacido, perpetrado por un hombre que no merece ser padre de nadie en esta vida, a la INICITIVA CIUDADANA POR LA CADENA PERPETUA PARA LOS VIOLADORES Y ASESINOS DE NIÑOS EN COLOMBIA
Con esta iniciativa de los ciudadanos Colombianos se pretende exigir que se cree lo mas pronto posible una ley de cadena perpetua para los Violadores, Secuestradores y Asesinos de niños.

Crímenes como los de Luis Santiago bebesito de 11 meses, Santiaguito de 2 añitos, Natalia de 5 añitos, Andres de de 11 años y como el de cientos de niños anónimos que sufren la descomposición de esta sociedad y la agudizacion del conflicto armado en el país.

Por medio de facebook se adelanta actualmente una recolección de firmas para exigir al Ejecutivo Nacional, para que por medio de un "Decreto de Ley" de manera rápida, que eluda los trámites y demoras en el Congreso de la República sancione por mecanismo presidencial dicha ley.
el vínculo de dicha iniciativa se encuentra disponible para todos aquellos registrados en facebook:
PROYECT0 CIUDADANO-LEY LUIS SANTIAGO

LUIS SANTIAGO, UN BEBE DE 11 MESES FUE ASESINADO POR SU PADRE

Natalia, de 5 años; Santiago de 2; y Andrés, de 11 años, que murieron degollados con machetes.

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Colombia Rompe nuevamente récord con 270.675 nuevos Desplazados

Bogotá, 30 sep (EFE).- Con 270.675 nuevos desplazados por la guerra en el primer semestre del año, un 41 por ciento más que el periodo anterior y cifra récord desde 1985, Colombia es el segundo país con un mayor número de personas forzadas a dejar sus residencias en el mundo, por detrás de Sudán.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), entidad que supervisa el fallo de la Corte Constitucional que en 2005 obligó al Estado a restituir sus derechos a las víctimas, difundió hoy estas cifras durante la presentación de su informe correspondiente a enero-junio de 2008.

De acuerdo al gobierno, en Colombia hay 2,6 millones de desplazados, pero, según CODHES, "hay un subrregistro", es decir, personas que nunca han sido censadas, que puede alcanzar un 30 por ciento del total, lo que llevaría a contabilizar cerca de cuatro millones.

En una entrevista con Efe, el presidente de CODHES, Marco Romero, explicó que "estas cifras muestran un incremento exponencial del desplazamiento", un fenómeno -dijo- que se viene produciendo de forma paulatina desde que llegó al poder el presidente Álvaro Uribe, con puntos máximos en los años 2002 y 2005.

"El conflicto armado continua en Colombia, el proceso de desmovilización paramilitar es parcial, los paramilitares siguen actuando como actores de la guerra y del narcotráfico, y las guerrillas siguen desarrollando un enfrentamiento con el Estado y con los paramilitares".

Esta situación "se mantiene en muchas regiones de Colombia y, donde se supone que no hay guerra, hay un dominio de poderes mafiosos que están ejerciendo coerción, cobran impuestos a la gente y controlan la vida política", agregó Romero.

El presidente de CODHES expresó que quienes "se oponen a estos dominios son eliminados con asesinatos selectivos, pero masivos, y la respuesta del Estado es más brigadas, más militares".

También explicó que en Colombia se registran altos índices de reclutamiento forzado, por el propio Estado, porque el servicio militar es obligatorio, y por los grupos armados ilegales.

En su presentación, el director ejecutivo de CODHES, Jorge Rojas, indicó que "la tasa nacional es de 632 desplazados por cada 100.000 habitantes" y el promedio diario entre enero y junio pasado fue de 1.503 personas.

"La geografía del desplazamiento se extiende a casi todo el territorio nacional", según Rojas, para quien "el éxodo continuo sigue siendo una manifestación grave, crítica, sostenida y prolongada de una crisis humanitaria y de derechos humanos que todavía el país no supera".

Los casos más numerosos se registraron en el departamento de Antioquia (noroeste), con un total de 38.638 desplazados y un incremento del 105 por ciento; Bogotá (centro), con 39.950 casos y un aumento del 74 por ciento, y Meta (centro), con 17.892 personas, un 133 por ciento más.

En ese periodo se registraron 66 desplazamientos masivos que afectaron a 33.251 personas, un 12 por ciento del total de la población desplazada.

Las causas del desplazamiento se encuentran en el rearme paramilitar, pese al acuerdo de desmovilización alcanzado con las temidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006.

Esto ha quedado demostrado, según CODHES, en la irrupción de nuevos grupos "que el Gobierno intenta presentar como bandas criminales o emergentes dedicadas exclusivamente al narcotráfico".

También obedece a la actuación de las guerrillas, en especial las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que si bien se han visto debilitadas por sucesivos golpes militares y la muerte de sus principales dirigentes, mantienen "sus territorios minados, extorsionan y amenazan a la población", agrega el informe.

La ofensiva de la Fuerza Pública, "presionada porque se produzcan resultados, no está exenta de violaciones graves a los derechos humanos", lo que ha generado "desconfianza y temor de la población" y en consecuencias desplazamientos.

Las fumigaciones aéreas y la erradicación manual de hoja de coca, instrumentos del Gobierno en su lucha contra las drogas, son otro de los motivos que han llevado a un incremento significativo de los desplazamientos forzados en Colombia.

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