Angelina Jolie pidió hoy una mayor ayuda humanitaria a Afganistan

Ginebra, 24 oct (EFE).- Angelina Jolie pidió hoy una mayor ayuda humanitaria y un compromiso a largo plazo con los programas de desarrollo en Afganistán ante la cercanía del invierno, que suele ser muy duro en ese país.
La actriz estadounidense hizo esta petición al término de su primera visita a Afganistán, después de haber mantenido contacto dos veces en los últimos años con refugiados afganos en la vecina Pakistán, según explicó hoy en Ginebra un portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).


Jolie viajó a Afganistán porque deseaba ver directamente cómo se enfrentan los refugiados afganos al retorno a su país, del que huyeron a causa del conflicto que se inició en 2001 tras la invasión de EEUU para derrocar al régimen talibán, y de las extremadamente duras condiciones de vida.

Según cifras del ACNUR, en los últimos seis años unos 5 millones de refugiados han regresado a Afganistán, pero se calcula que unos 3 millones todavía permanecen en Irán y Pakistán.

"El valor, resistencia y dignidad de las familias retornadas que reconstruyen sus vidas frente a una adversidad que pocos de nosotros podemos imaginar muestra lo mejor del espíritu humano", dijo Jolie al término de ese viaje, según un comunicado de prensa.

La actriz, que es embajadora de buena voluntad del ACNUR, visitó a familias que viven en edificios públicos de Kabul desde su regreso en 2003 porque no pudieron volver a sus antiguos lugares de residencia en el campo.

Estas personas explicaron a Jolie que a la falta de tierras y a la inseguridad se suma la ausencia total de oportunidades de empleo en las zonas rurales, por lo que decidieron quedarse en la capital.

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Tres coroneles del Ejército colombiano fueron suspendidos, despues de Asesinar a 11 jovenes y pasarlos como Guerrilleros

Bogotá, 24 oct (EFE).- Tres coroneles del Ejército colombiano fueron suspendidos y pasaron a situación de retiro tras ser vinculados a una investigación por la desaparición y muerte de 11 jóvenes, informó el comandante de esa institución, el general Mario Montoya.
Suspenden a 3 coroneles colombianos por desaparición y muerte de 11 jóvenes
Los militares afectados son los coroneles Santiago Herrera, jefe de Estado Mayor de la V Brigada; Rubén Castro, comandante de la Brigada Móvil XV, y el teniente coronel Gabriel Rincón, jefe de operaciones de la misma unidad.
Casos de Falsos Positivos
El jefe del Ejército señaló que hay pruebas que "comprometerían los procedimientos militares".
Los 11 jóvenes fueron dados por desaparecidos desde enero pasado en la localidad de Soacha, vecina a Bogotá.

Pero en septiembre fueron hallados sus cadáveres en dos fosas comunes en las que habían sido enterrados sin identificarlos después de que fuesen presentados por los militares como guerrilleros "muertos en combate" en el departamento de Norte de Santander, nordeste del país.

El caso fue presentado como un "falso positivo", en el que personas inocentes son asesinadas y presentadas como rebeldes abatidos en combate.

Investigaciones iniciales señalan que los jóvenes, con edades entre los 18 y los 21 años, fueron reclutados en Soacha por miembros de un grupo irregular.

Sin embargo, la Fiscalía será la encargada de establecer si los tres coroneles suspendidos tienen alguna responsabilidad en ese caso, señalaron fuentes judiciales.

El procurador general colombiano, Edgardo Maya, había advertido en septiembre que las denuncias de esos reclutamientos, no sólo en Soacha sino en otras regiones, de jóvenes que fueron presentados como muertos en combate podría suponer que en el país se registran "ejecuciones extrajudiciales".

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galeria fotografica de la marcha indigena

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fotos de la resistencia Indigena

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ONG le solicitan a la CIDH, interferir ante el Gobierno Colombiano para que cese las Ex tradiciones de Paramilitares

Ccajar. La suspensión de las extradiciones de las personas que tienen investigaciones abiertas pendientes por violaciones a los derechos humanos, fue una de las principales solicitudes realizadas el día de hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH -, por un grupo de organizaciones sociales, entre las que se encuentra el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”. Esta petición se realizó en el marco de las audiencias de seguimiento a la situación de derechos humanos en Colombia, realizada por la CIDH, en su 133º período de sesiones.



Esta solicitud urgente, se realizó aclarando que ello debía realizarse “sin perjuicio de extradiciones que puedan ser solicitadas por tribunales internacionales o por la jurisdicción universal, cuando el Estado no cumpla con su deber de investigar, procesar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos”. Para las organizaciones solicitantes, esta medida podría aportar a las garantías efectivas de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, actualmente vulnerados con las decisiones de extradición.

Igualmente, solicitaron se mantenga la competencia de la jurisdicción Colombiana sobre las personas vinculadas a violaciones a los derechos humanos, hasta tanto se concluyan las investigaciones y se garantice a las víctimas el acceso efectivo a la justicia. Para las organizaciones sociales presentes, es claro, frente a este punto, que “La solución no es sustraer de la jurisdicción interna a las personas que no cumplan con los requisitos exigidos por la ley de justicia y paz, sino aplicar los recursos internos del caso”.

En tercer punto requirieron a la Comisión exhortar al gobierno colombiano para que éste adopte “medidas necesarias y eficaces de carácter judicial, administrativo o de cualquier índole, que permitan a las víctimas y a la sociedad, no obstante la extradición de los comandantes paramilitares, a acceder al derecho a la verdad y a la justicia”, por cuanto en su opinión es indispensable que se acuda a la indagación de los combatientes rasos y demás desmovilizados de los grupos paramilitares que actualmente no se encuentran en el ámbito de aplicación de la Ley 975 de 2005.

Pero quizás uno de las solicitudes más enfáticas realizadas ante la CIDH, fue la que tiene que ver con el debido proceso y con el acceso de las víctimas y sus representantes a las diligencias judiciales de jefes paramilitares que se efectúan en Estados Unidos, lo que es considerado una prioridad, máxime si se tiene en cuenta que el convenio de colaboración judicial entre Estados Unidos y Colombia es por ahora, según ellas solo “un cruce de cartas”

No obstante estas solicitudes sustentadas en derecho, el Gobierno colombiano, en cabeza del embajador ante la Organización de Estados Americanos - OEA - Camilo Ospina, indicó que ya el Estado había adoptado medidas orientadas supuestamente a garantizar los derechos de las víctimas y que para Colombia la extradición es un mecanismo de lucha contra el crimen organizado.

Es de destacar que para la Comisión Interamericana el proceso de extradición implicó un cambio abrupto que a su vez generó un nuevo escenario que exige la adopción de medidas especiales para la protección de los derechos de las víctimas, que hasta el momento no se ha ejecutado.

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