Los que Chuzaron los telefonos"son personas de confianza de Álvaro Uribe",

Bogotá, 13 may (EFE).- La senadora opositora Piedad Córdoba dijo hoy que los responsables del servicio de inteligencia colombiano, envuelto en un gran escándalo de escuchas, "son personas de confianza del presidente de la República", Álvaro Uribe, y matizó que los autores materiales recibieron "órdenes de muy alto".

De forma irónica, Córdoba estalló hoy a carcajadas tras conocer que el Gobierno anunció una recompensa de 200 millones de pesos (unos 90.000 dólares) por información que lleve a los responsables de las escuchas a políticos, magistrados y periodistas, entre otras personalidades.

Comentó que "la situación es mucho más grave que plantear una recompensa. El Gobierno no se excusa de las acusaciones y el país va a saber rápidamente quiénes son los autores materiales e intelectuales de ese tema".

En declaraciones a un grupo de periodistas, Córdoba recordó que opositores a quienes se les había interceptado sus comunicaciones, fueron luego asesinado, como su ex asesor Jaime Gómez.

A juicio de Córdoba "quienes se han tratado de limpiar las manos" en este último escándalo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) "van a resultar más implicados de la cuenta".

Consideró que los funcionarios no tomarían esas decisiones "si no hay una autorización muy por encima" y que solo lo harían con una "orden de muy alto".

Por su lado, el director del semanario comunista Voz, Carlos Lozano, una de las víctimas de las escuchas, dijo que la recompensa es un "sofisma de distracción" del Gobierno y solo confió en que la investigación permita "desenmascarar al Montesinos de Colombia".

Lozano hizo así alusión al peruano Vladimiro Montesinos, quien fuera asesor del ex presidente Alberto Fujimori, ambos presos en ese país por violación a los derechos humanos.

"Se conoce al Fujimori pero no al Montesinos, que es el problema. El Fujmori es el presidente, eso está claro, y Montesinos parece que son varios", subrayó Lozano.

El periodista responsabilizó al presidente colombiano, Álvaro Uribe, del espionaje a distintas personalidades, en su mayoría de la oposición.

"Que nos vengan a decir ahora que son víctimas y que por eso van a ofrecer una recompensa, eso me parece absurdo. El Gobierno debe responder políticamente, independientemente de las investigaciones de la Fiscalía y de las acciones judiciales que deben recaer sobre quienes promovieron semejantes exabruptos", matizó.

Otra víctima de las escuchas, el activista y escritor Iván Cepeda, también responsabilizó hoy a Uribe del "aparato" creado en el DAS "para criminalizar a la oposición y a los defensores de derechos humanos"

"Nos parece irresponsable y además omisivo que el Gobierno intente poner ahora a la ciudadanía a buscar información" sobre los servicios de seguridad, remarcó, al reclamar claridad y los "nombres de los que ordenaron" las escuchas.

La senadora Piedad Córdoba, el periodista Carlos Lozano y el activista Iván Cepeda son integrantes de Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), grupo formado por intelectuales, políticos, ex rehenes de las FARC y familias de secuestrados que reclama, desde la oposición, un acuerdo humanitario para resolver en conflicto en Colombia.

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Actualización de los Programas y Estrategias del ACNUR en 2009

ACNUR. "Actualización de los Programas y Estrategias del ACNUR en 2009"

Operaciones del ACNUR en las Américas

Situación general
América del Norte y el Caribe

Situación general
América Latina

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las personas internamente desplazadas son un poco más difíciles de identificar y proteger que los refugiados y esa situación les hace particularmente

N.R.C. La conferencia Internacional de los diez años de los Principios Rectores en Desplazamiento Interno llevada a cabo en Oslo durante el mes de Octubre de 2008 valoró logros y deficiencias de los Principios Rectores desde su presentación en 1998. Así mismo pretendió generar un incremento en el bienestar político para incorporar los Principios Rectores en los marcos nacional, regional y global con el objeto de encontrar vías que aseguren el progreso normativo frente a la implementación práctica.

Más de Veintiséis Millones de personas desplazadas en sus propios países por causas de conflicto armado, 2.808.800 colombianos (según el registro Único de Población Desplazada); muchos más desplazados como resultado de desastres naturales o provocados por el hombre especialmente los derivados del cambio climático fueron la razón para identificar el desplazamiento interno como uno de los retos más significativos en la agenda de la comunidad humanitaria.

No hay duda que las personas internamente desplazadas son un poco más difíciles de identificar y proteger que los refugiados y esa situación les hace particularmente vulnerables. Los desplazados corren el riesgo de perder sus tierras, su entorno de vida, corren un riesgo muy grande de ser separados de sus familias, en algunos casos son discriminados sólo por el estigma de ser desplazados; a menudo pierden sus documentos de identidad, lo que hace más difícil que puedan acceder a servicios básicos y les limita el ejercicio de sus derechos políticos. Así mismo son con frecuencia más vulnerables que otros grupos a abusos por otros – como se refleja en altos niveles de violencia sexual basada en género. La dificultad más difícil de medir, es la pérdida de dignidad y, en tanto el periodo de desplazamiento aumenta, su sentido de esperanza disminuye. Característicamente, en estos periodos de tiempo, la atención nacional e internacional al desplazado disminuye y las soluciones durables son esquivas. A menudo los Desplazados reciben muy poco apoyo en un tiempo muy corto que le impide reestablecer sus vidas con seguridad y dignidad. Por eso es vital que la respuesta a la más clara expresión de un conflicto armado asegure la protección de los desplazados internos basado en los derechos humanos.

Derechos humanos que no solo apunten hacia la acción humanitaria en protección de los desplazados sino que también distinga entre promotores de derechos y quienes son directamente responsables de su protección. Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno claramente describen los derechos de los desplazados y las obligaciones correspondientes a las autoridades nacionales. Si bien estos principios han sido aceptados internacionalmente y un número en aumento de países han incorporado estos principios a su legislación interna –como en el caso colombiano- y han sido el punto de referencia para los actores humanitarios -tanto nacionalmente como internacionalmente- al momento de enfrentarse al desplazamiento interno y han hecho que los desplazados por su cuenta tengan más conocimiento de sus derechos, hay todavía un camino largo por recorrer. Muchos desplazados siguen relegados de sus derechos y hay numerosos obstáculos para acceder a soluciones duraderas. Es importante que en el ámbito nacional durante el inicio de 2009 se de la bienvenida a oportunidades de verdad, justicia y reparación, a identificar brechas en la atención y el registro, a los planes de atención en acceso a servicios de salud y educación y a soluciones duraderas incluyendo el acceso a vivienda digna. En este contexto el Consejo Noruego para Refugiados, desde nuestra misión de facilitar el ejercicio efectivo de los derechos por parte de la población en situación de desplazamiento, seguirá asumiendo este año 2009 como tareas prioritarias promover -a través de acciones de incidencia y de fortalecimiento institucional y social-, el enfoque de derechos en las políticas públicas de protección y reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado tratando de garantizar que los Principios Rectores del Desplazamiento Interno tengan el mejor efecto en la práctica y ejercicio de su implementación.

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Desmovilizado asegura que alias ‘39’ y el coronel Mejía eran aliados

Verdad Abierta. Lunes, 11 de Mayo de 2009 'Centella', un desmovilizado del frente Mártires de Upar, aseguró que 19 presuntos guerrilleros del Eln presentados por el Batallón La Popa en el Cesar como dados de baja en octubre de 2002, eran miembros de las Auc ajusticiados por orden de alias '39'.

En breve: En una versión libre en Santa Marta, el desmovilizado Jhon Jairo Hernández Sánches alias 'Centella' contó que el coronel Hernán Mejía se reunió en varias ocasiones con el ex jefe paramilitar alias '39' para planear la entrega de falsos positivos en el Cesar. 'Centella' dijo que alias '39' asesinaba a sus propios hombres para que fueran presentados por Mejía como guerrilleros muertos en combate.


Lugares que menciona: Batallón La Popa, La Mesa, Finca El Mamón, finca El Molino Rojo, corregimientos de Valencia de Jesús, Maríangola, El Venado, Callao, Pueblo Nuevo, Codazzi.

Funcionarios públicos o militares mencionados: Coronel Hernán Mejía, Carlos Montes.

Paramilitares mencionados: Chocolate, Macuto, Corroncho, El Alacrán o 611, Kevin, Jorge 40, Salvatore Mancuso, Macuto y 38.

"Si me pusiera a sacar las cuentas de las veces que el coronel Mejía se reunió con mi comando 39, no vamos a terminar nunca señora fiscal. Entre alias 39 –cuyo nombre era David Hernández Rojas, un capitán retirado del ejército-, y el coronel Mejía, a quien le decíamos en las Auc ‘El Loco’, existía un arreglo para dar positivos". La declaración la entregó el desmovilizado del Bloque Norte, Jhon Jairo Hernández Sánchez, alias ‘Daniel’ o ‘Centella’, quien estuvo rindiendo versión desde el lunes pasado en Santa Marta ante la Fiscal Tercera de Justicia y Paz Deicy Jaramillo.

Los 19 miembros de las AUC sacrificados para que el ejército diera un ‘positivo’, fueron concentrados en la finca El Mamón. Centella contó en su versión, que reunieron a los hombres en esa finca y les dijeron que iban a enfrentarse con el Frente Seis de Diciembre del Eln. El grupo iría tras la columna guerrillera a la que encontrarían hurtando ganado. 611 irían al mando de ese comando pero al final no lo haría.

Alias 'Centella' aseguró que el asesinato de estos hombres de las Auc ocurrió entre los municipios de Mariangola y El Venado en el Cesar. Al final quien los estaba esperando era el ejército y no una columna del Eln.

El desmovilizado aseguró que el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, con una larga y lustrosa hoja de vida, y alias 39 se reunían en una finca de un ganadero a quien identificó como Antonio 'Toño' Urbina.

Según el relato de 'Centella', Mejía llegaba en una camioneta burbuja de color rojo del Batallón La Popa y lo acompañaba siempre el chofer a quien identificó como Carlos Montes.

Fue testigo además que se reunían en la finca Molino Rojo. Alias ‘Centella’ fue conductor de '39' y después pasó a ser jefe militar en la zona rural de los corregimientos de Valencia de Jesús, María Angola, La Mesa y Callao, al lado de alias ‘38’, quien tenía a su cargo varios grupos en los alrededores de Valledupar.

La fiscal Deicy Jaramillo le preguntó a 'Centella' ¿Por qué David Hernández, alias 39, entregó a un grupo de patrulleros de las Auc al Ejército para que los asesinaran y los presentaran como guerrilleros? La explicación que dio ‘Centella’ es que el arreglo tenía una contraprestación: dejar que el grupo se moviera a sus anchas y pudiera recaudar sus finanzas en el departamento. El coronel Mejía le decía a '39' que necesitaba esos ‘positivos’ para presentar resultados a sus superiores y entre ellos existía una vieja amistad, pues pertenecían al mismo curso en el ejército.

Esos homicidios no serían los únicos según la versión del paramilitar. 'Centella' también aseguró haber sido testigo de cómo fueron asesinadas seis personas del grupo en Pueblo Nuevo, zona rural del municipio de Codazzi, y luego presentados como positivos del grupo antiguerrilla que comandaba el coronel Mejía. Y, entre marzo y abril de 2003, en La Mesa, otros tres miembros de la organización armada fueron entregados al coronel para que los asesinara. La orden la dio alias ‘38’.

En el caso de los 19 presentados como miembros del Eln, uno de ellos era alias ‘09’ y todos los asesinados pertenecían al grupo de alias ‘El Alacrán’ conocido también como 611. ‘Daniel' o 'Centella’ dice que ese día alias ‘Kevín’ fue al campamento y le entregó los brazaletes de militantes del Eln a alias 611 y comentó que iban a hacer una legalización.

Según contó el desmovilizado, el impacto de los falsos positivos fue tan grande, que el coronel Mejía les pidió a las Auc más, así fue como programaron una nueva entrega de falsos positivos. Pero alias ‘Macuto’ le dijo a ‘39’ que la gente estaba ‘arisca’, y que había rumores que un número grandes de muchachos iban a dejar el ‘pelero’ (desertar). Sin embargo alias ‘39’ insistía en que se hicieran de a poquito, que no era necesario sacrificar a tantos hombres en un solo ‘positivo’.

Entre los miembros del grupo paramilitar que eran entregados al Ejército, estaban aquellos que se apropiaban de finanzas o los cuidanderos de fincas que se atrevieran a reclamar prestaciones. Los propietarios de haciendas, como hacían aportes a las finanzas de la organización se creían con derecho a intrigar ante los jefes para que se deshicieran de ese tipo de empleados.

Esa acción también molestó a Rodrigo Tovar alias ‘Jorge 40’, quien en un mensaje de correo le dijo a alias ‘39’, lo siguiente: ‘Nunca antes, ni en los momentos donde nuestro accionar desordenado y con una comandancia no apta para tal responsabilidad, había recibido tantas quejas de inconformidad de la sociedad Vallenata hacia nuestra organización’.

Jorge 40 le reprochó en su carta la forma cómo estába dirigiendo a su frente, además que no pierda la humildad porque se destruirá solo y que el norte del Cesar no necesita un comando con resentimientos sociales. Le dice que todavía está a punto de rectificar, pero que no se olvide que el comando Mancuso ya había desistido de él (39) por sus errores. Por los errores que ha cometido le ordena desarrollar sólo actividades militares, le prohíbe absolutamente citar a personal civil, le pide pruebas de corrupción de miembros de la organización, que suspenda los cobros en el comercio y a la sociedad cesarense, suspender también la amenazas y comunicados intimidantes contra funcionarios públicos, le prohíbe de manera tajante el robo en las carreteras y las extorsiones que Elías Donado ejercía contra los comerciantes de Maicao y como última instrucción, ordena un cambio de mando en la zona de Aguas Blancas y Mariangola, zona donde ocurrió la masacre de los 19 militantes que estaban bajo las órdenes de alias ‘Alacrán’.

Finalmente le dice que espera que la mula robada (tractomula), haya sido devuelta sin faltarle nada y que al momento de recibir las anteriores instrucciones las cumpla de manera inmediata.

Pero la relación entre el coronel Mejía y alias ‘39’, era muy sólida. A cambio el oficial tenía asignado un sargento viceprimero de nombre Hugo que se encargaba de sacar municiones, botas, armas y uniformes del Batallón La Popa con destino al grupo paramilitar. Los encargados de recibir ese material de intendencia eran ‘Chocolote’, ‘Macuto’ y ‘Corroncho’. Alias ‘Centella’ en una ocasión recibió unas granadas del mismo sargento. Y después de los "operativos" en los que asesinaban a miembros de las Auc o a personas de la sociedad civil que consideraban desechables, devolvían las armas como compensación.

Jorge 40 se molestó mucho por estas acciones, dijo ‘Centella’, y para nadie resultaría extraño que el mismo David Hernández Rojas, alias ‘39’, hubiera sido víctima de su invento, pues fue asesinado en octubre de 2004 al asistir a un encuentro con el coronel Mejía. '39' fue asesinado y se dijo que el exjefe paramilitar había muerto en un enfrentamiento con el ejército.

Le corresponderá ahora a la Fiscalía investigar si estos hechos ocurrieron y la identidad de los hombres de las Auc que fueron asesinados para después ser presentados como falsos positivos.

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Detenida por vinculos con los paramilitares la Senadora Zulema Jattin

El Tiempo. Tras su detención por el CTI de la Fiscalía esta mañana, la senadora fue trasladada al búnker de la institución. La senadora acusó al tribunal de mantenerla 'secuestrada'.
Jattin, quien fue presidenta de la Cámara y milita en el partido de 'La U', había sido señalada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso como parte de los políticos apoyados por las autodefensas.

Lo que cree la Corte es que Jattin, como otros políticos del departamento, hizo acuerdos con los grupos paramilitares.

Jattin es recordada porque en el 2006 pretendió llevar como su fórmula a la Cámara de Representantes a Jairo Angarita, el 'comandante Andrés' de las autodefensas de Córdoba, bajo el argumento de que los desmovilizados tenían derecho a hacer política.

Mancuso aseguró que ella recibió apoyo de su grupo para las elecciones del 2002 y que formó parte de los acuerdos burocráticos del 2003 en el departamento, cuando hubo elecciones regionales.

Jattin, hija del polémico ex cacique costeño Francisco José Jattin, había negado en todo momento los señalamientos de supuestos nexos con los 'paras'.

De hecho, uno de sus argumentos fue el secuestro del que fue víctima hace casi una década, que fue ordenado por Carlos Castaño.

El magistrado Leonidas Bustos, de la sala penal de la Corte Suprema, declaró a la prensa que el delito por el que se investigará a Jattin es ''concierto para delinquir agravado'', en este caso, el acuerdo de dos o más personas para promover grupos armados al margen de la ley.

Jattin, de 39 años y una reconocida aliada del presidente Alvaro Uribe, declaró al canal televisivo RCN: ''fui secuestrada por lo que llaman en este país 'Corte Suprema de Justicia'''.

La senadora, del Partido de La U que congrega a los congresistas cercanos al presidente Uribe, añadió que durante 23 meses la Corte Suprema ''ha investigado mi vida pública y privada y no ha encontrado nada... que refleje un vínculo de Zulema Jattin con las Autodefensas Unidas de Colombia o con ninguna otra organización criminal''.

Según Jattin, la Corte Suprema está ''dedicada a perseguir a los que defendemos al presidente de la República''.

En septiembre del año pasado, la Corte Suprema había abierto investigación preliminar contra Jattin por presuntos vínculos con el extraditado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ''Jorge 40'', quien desde hace un año se encuentra recluido en una prisión de Estados Unidos bajos cargos de narcotráfico.

También la legisladora es investigada por presuntos nexos con el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, también extraditado a Estados Unidos el 14 de mayo de 2008.

A la fecha, más de 70 congresistas y ex congresistas, casi todos afectos al gobierno de Uribe, han sido investigados por la Corte Suprema y la Fiscalía por sus supuestos nexos con los paramilitares.

Fuentes de la Corte Suprema no descartaron nuevas capturas relacionadas con las declaraciones de Mancuso sobre la política cordobesa.

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