20 mayo, 2009

El Paraco Alemán’ que invadió Boyacá

Verdad Abierta. Lunes, 18 de Mayo de 2009 Dos cartas encontradas en una memoria portátil Usb de Carlos Castaño respaldan las declaraciones de Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, quien asegura que se alió con esmeralderos de Boyacá, entre ellos Victor Carranza, para montar un bloque de autodefensas.
Freddy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', asegura que presuntamente formó un grupo de autodefensas en Boyacá, financiado por esmeralderos, entre ellos, Víctor Carranza.


Un gran problema que ha tenido la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía es el esclarecimiento de los crímenes que se perpetraron en la región esmeraldera de Otanche y Muzo entre los años 2001 y 2002, cuya autoría hasta ahora no había podido ser esclarecida.
El caso Carranza

Víctor Carranza y sus presuntos nexos con el paramilitarismo


El Bloque que supuestamente pudo haber tenido injerencia en esa zona es el de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá que comandaba Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’ que por más de 15 años se movieron por el tramo boyacense del Magdalena Medio. Sin embargo, en las investigaciones preliminares que ha hecho la justicia, los hombres de ‘Botalón’ no han estado dispuestos a reconocer su responsabilidad en estos crímenes.

La semana pasada en entrevista de la revista Semana, Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’, un ex jefe paramilitar de Urabá y Chocó, comenzó a dar las primeras luces sobre lo que realmente sucedió en esos años de terror, y quiénes fueron los responsables. Dijo que algunos esmeralderos, entre ellos, Víctor Carranza, Yesid Nieto y Horacio Triana, hicieron un pacto con él y con Carlos Castaño, entonces jefe mayor de las Auc, para que enviaran hombres suyos a esa verde y rica región boyacense. Explicó que estos empresarios de las esmeraldas se comprometieron a financiar esta incursión, entregando el 5 por ciento de la producción de esmeralda a cambio de que los protegieran de la guerrilla.

“Él (Víctor Carranza) dio la bendición y además aprobó el porcentaje, pero con la condición de que no nos metiéramos en Muzo, en donde él tenía un grupo de seguridad para sus minas”, aseguró.

‘El Alemán’ también dijo que asistió a una segunda reunión con Carranza, llamado el zar de las esmeraldas, en la que el renombrado empresario presuntamente asistió con un ejército de 80 hombres armados para quejarse sobre el comportamiento de los paramilitares.

“Don Victor manifestó algunas molestias porque Yesid Nieto le iba a joder el poder de la zona esmeraldera. Yo le respondí que no porque el grupo de autodefensas nuestro, si bien estaba financiado por Nieto y los empresarios de la esmeralda, era un grupo netamente antisubversivo y no iba a terciar problemas con ellos”, dijo.

Yesid Nieto, era un empresario de esmeraldas que para ese entonces disputaba la supremacía del negocio con Victor Carranza. El 17 de octubre del 2008 fue asesinado en un barrio de ciudad de Guatemala, víctima de un disparo en la cabeza, y su cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo BMW. El esmeraldero había salido del país luego de haber sobrevivido a un atentado cometido en Bogotá, el 22 de enero del 2007, que lo dejó parapléjico.

Apenas un año después de ingresar a Boyacá, ‘El Alemán’ decidió abandonar el departamento porque según sus propias declaraciones se dio cuenta de que el grupo iba a ser utilizado para terciar en líos de esmeraldas y minas. “Empezaron las rivalidades entre Horacio Triana y Carranza...me fui de allá porque no quería terminar metido en una guerra de intereses personales”, aseguró en la entrevista.

Para ese entonces en Boyacá confluían varios bloques paramilitares que dominaban el departamento desde hace más de 15 años: las Autodefensas de Cundinamarca, bajo las órdenes de Luis Eduardo Zuluaga, alias ‘El Águila’, a quien ‘El Alemán’ aseguró haberle entregado sus hombres después de abandonar el departamento; y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, que seguían las órdenes de Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’.

Otra evidencia encontrada por Verdad Abierta parece confirmar las declaraciones de ‘El Alemán’ acerca de la responsabilidad que tendrían sus hombres en los crímenes cometidos en la zona esmeraldera. Estos documentos revelan aún otro detalle de lo que sucedió: que Carlos Castaño y ‘El Alemán’ enviaron a sus hombres, sin el conocimiento de las Autodefensas de Puerto Boyacá, los paramilitares autóctonos de esa región.
Víctor Carranza es uno de los empresarios más importantes del país, en el 2003 la justicia los exoneró por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares en Meta y Cesar. Foto: Semana

En dos documentos que encontró Verdad Abierta en la memoria Usb de Carlos Castaño, los jefes de las Autodefensas de Puerto Boyacá expresan su desconcierto con la llegada de ‘El Alemán’ a los municipios de Otanche y Borbur en el 2002 y solicitan al máximo jefe de las Auc que interceda para solucionar el problema.

“No nos explicamos el motivo que tienen sus tropas para incursionar en nuestro territorio el cual está libre de guerrilla, quisiéramos saber qué persiguen con esta invasión”, dice la carta. “Le solicitamos muy respetuosamente señor comandante Castaño que como en tiempos anteriores sirva de mediador para que podamos aclarar en el menor tiempo posible esta situación que también está incomodando a la población civil de la zona”, concluye.

En otro documento, los jefes de las autodefensas de Puerto Boyacá, escriben directamente a ‘El Alemán’ para pedirle que se detenga y que no invada sus territorios. “Señor comandante no nos explicamos los motivos y las intenciones que tienen usted y sus tropas para invadir una zona que está libre de la presencia guerrillera y que está siendo manejada política y socialmente por un grupo de autodefensas como los somos nosotros”, asegura el documento. (ver documento)

“Imaginamos que usted está siendo utilizado por personas inescrupulosas que aprovechan su buena voluntad y su deseo de lucha antisubversiva para así utilizar las tropas de las autodefensas para el cobro de venganzas personales que nada tienen que ver con el movimiento y la ideología de los grupos de autodefensa”, dice la carta.

El caso Carranza


En 2003 Víctor Carranza fue exonerado después de un largo proceso legal que inició en 1998 por los delitos de concierto para delinquir y secuestro. En esa ocasión el zar de las esmeraldas respondió por la conformación de un grupo de autodefensas que delinquió en los departamentos de Meta y César y el secuestro de un escolta del narcotraficante Leonidas Vargas.

La historia de las Autodefensas de Meta y Vichada (ACMV) se remonta a la primera mitad de los años ochenta, surgieron financiadas por un grupo de Boyacenses y Cundinamarqueses de origen esmeraldero que compraron tierras en el departamento del Meta y en el norte del Vichada.

Inicialmente este grupo se presentó como una organización local, independiente, campesina, y desligada del narcotráfico. Desde sus inicios, se apartaron de las AUC y del Bloque Central Bolívar, conformando un tercer bloque que se llamó Bloque Oriental, conformado por las Autodefensas de Meta y Vichada, y las Autodefensas del Sur del Casanare.

En un comienzo el grupo fue denominado por los mismos habitantes de los departamentos de Meta y Vichada como los ‘Carranzeros’ por su presunta relación con el esmeraldero Víctor Carranza y se les acusa de ser uno de los grupos paramilitares responsables por la masacre de Mapiripán. En el 2005 el bloque se desmovilizó bajo las órdenes de José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’.

Lo paradójico del caso, es que según las declaraciones de ‘El Alemán’, mientras Carranza era exonerado por estos crímenes en un tribunal en Bogotá en el 2001, Castaño le ordenaba ingresar a Boyacá para proteger los intereses del empresario y un grupo de esmeralderos en ese departamento.

La justicia tendrá que comprobar si lo que dice ‘El Aleman’ y lo que parece deducirse de las cartas encontradas en la Usb de Castaño quiere decir que Carranza pudo haber estado involucrado en la financiación de la llegada de las Auc a Boyacá. Sería éste un delito nuevo porque el que sería juzgado. Del primero ya se le encontró inocente.

En versión libre el 23 de diciembre del 2008, ‘Guillermo Torres’, ex jefe del ACMV, respondió a la pregunta de una de las víctimas quien le preguntó por qué su grupo era conocido en el Meta con el sobrenombre de Carranceros. Después de evadir la pregunta, el fiscal de la Unidad e Justicia y Paz lo obligó a responder, entonces ‘Guillermo Torres’ negó haber recibido colaboración del empresario y manifestó que su bloque paramilitar jamás recibió soporte económico de zar de la esmeraldas: “Si hubiera tenido una patrón no habría tenido que financiarme con vacunas”, dijo.


Víctor Carranza y sus presuntos nexos con el paramilitarismo



La nueva denuncia hecha por el ‘Alemán’ abre una nueva página en la historia que presuntamente involucra al zar de las esmeraldas, Víctor Manuel Carranza Niño, con los grupos paramilitares. Su nombre apareció desde los primeros informes que elaboró el DAS en los años 80 (ver extractos) y también aparece referenciado en informes desclasificados de la CIA (ver informe).

El más reciente episodio de esta historia se inició el 10 de marzo de 1998 cuando un Fiscal de la Unidad Especial de Terrorismo profirió medida de aseguramiento contra Carranza Niño por el delito de organizar y conformar grupos paramilitares en el departamento del Cesar (Aguachica y San Alberto) y en el Meta (San Martín). El 4 de noviembre de ese mismo año la Fiscalía presentó la resolución de acusación como autor responsable de estos delitos.

A este proceso se le sumó la acusación de secuestro extorsivo agravado contra Roberto Prieto y Edgar Hernández quienes trabajaban para el desaparecido narcotraficante Leonidas Vargas.

En ambos casos la Juez quinta especializada del circuito, Patricia Ladino Gaitán, determinó absolver a Carranza en sentencia del 17 de febrero de 2003 . (ver extractos de la sentencia)

La justicia colombiana deberá determinar si estas nuevas acusaciones por conformación de grupos paramilitares en Boyacá servirán para iniciar un nuevo proceso judicial en contra de Carranza o si se trata de un montaje de los ‘paras’ para enlodar su nombre.



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19 mayo, 2009

Ex gobernador de Cauca Juan José Chaux, preso por 'parapolítica'

El Tiempo. Los señalamientos del jefe paramilitar Éver Veloza, 'HH', son la base fundamental de la orden de captura que un fiscal delegado ante la Corte Suprema dictó ayer en contra de Chaux Mosquera, ex gobernador del Cauca y ex embajador en República Dominicana.

Chaux fue uno de los políticos más mencionados por 'HH' en sus confesiones ante los fiscales de Justicia y Paz. Veloza aseguró que el controvertido político caucano habló con él --que tenía mando sobre los 'paras' del suroccidente del país-- y luego tuvo
una reunión en Urabá a la que asistieron 'pesos pesados' de las Auc como 'el Alemán', 'don Berna' y Salvatore Mancuso.

Chaux no niega esta última cita en Urabá, pero dice que fue a buscar a los 'paras' en una gestión humanitaria que tenía como fin la liberación de un familiar secuestrado. En las últimas semanas, sin embargo, la versión de 'HH' encontró respaldo en lo que empezó a contar 'El Alemán', que incluso mencionó a Chaux como 'representante político' del Bloque Calima de las autodefensas.

Chaux fue uno de los asistentes a la famosa cita del ex 'para' Job al Palacio de Nariño, el año pasado, y su presencia allí supuestamente buscaba crear un canal con 'HH' para que dejara de incriminarlo.

Los otros ex gobernadores enredados

Hernando Molina, del Cesar, espera el resultado de su juicio en un Tribunal Especializado de Bogotá. Trino Luna, de Magdalena, aceptó cargos por parapolítica y fue condenado a cuatro años de prisión, pero quedó libre apenas después de dos años. Y Jorge Anaya, de Sucre, está preso porque su elección habría sido pactada con los paramilitares del temido Rodrigo Mercado Peluffo, alias 'Cadena'.

Y Miguel Ángel Pérez, de Casanare, fue condenado por la Corte Suprema a siete años de prisión por arreglos con
los 'paras' de los Llanos. Lo propio pasó con Edilberto Castro, de Meta, que fue condenado a 40 años de cárcel por un homicidio de los 'paras'.

Libardo Simancas, de Bolívar, ha sido señalado por ex 'paras' como uno de los políticos que fueron favorecidos por las autodefensas. Y Libardo López, de Córdoba, habría hecho parte de un pacto burocrático con Salvatore Mancuso para entregarle dos secretarías a cambio de su apoyo en el 2003.



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17 mayo, 2009

Santa Marta, tercera ciudad con más desplazados

Hoy. La oficina de Población Vulnerable dentro del Plan Único Integral contempla la atención a esta población a través de Familias en Acción, Red Juntos, Unidad de Atención y Orientación al desplazado, UAO, y Atención Funeraria.

Durante el último año, Santa Marta llegó a constituirse en la tercera ciudad receptora del país de desplazados, después de Bogotá y Medellín, presentando igual situación que las otras ciudades, donde la mayor parte de la población se concentró en el sector urbano, en esta capital, la población se ubicó en barrios como 11 de Noviembre, Chimila, Divino Niño, Ondas del Caribe, Taironita, Fundadores, Luis Carlos Galán, Luis R. Calvo, Bonda, Los Cardonales, Altos de Bahía Concha, San Fernando, Nacho Vives, sectores alrededor de la vía férrea, entre otros.


Las víctimas de este fenómeno social son en su mayoría desplazados por la violencia, que se da por ataque directo para obtener propiedades y terrenos o por enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley, en busca de dominio de una zona o territorio.

De Bogotá, Antioquia y Santander, provienen los menores de edad y mujeres en su mayoría; de Bolívar, los afrodescendiente; y de la Sierra Nevada de Santa Marta, los indígenas. Todas estas personas se han visto obligadas a abandonar sus viviendas, tierras, cultivos, animales y cultura para salvar sus vidas y han establecido su lugar de residencia en las grandes ciudades, donde construyen sus casas en sitios de alto riesgo como los cerros y rondas hidráulicas, lo que les acarrea inconvenientes sobre todo en época invernal.
La oficina de Población Vulnerable de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, dentro del Plan Único Integral contempla la atención a esta población a través de los programas Familias en Acción, Red Juntos, Unidad de Atención y Orientación al desplazado, UAO, y Atención Funeraria.

Mediante el programa Familias en Acción, entrega subsidios a madres cabeza de familia para la nutrición o la educación de los niños menores de edad que pertenezcan al núcleo, pertenecientes al nivel 1 del Sisbén, en condición de desplazamiento o indígenas. El programa otorga un apoyo monetario directo a la madre beneficiaria, condicionado al cumplimiento de compromisos por parte de la familia. En educación, al garantizar la asistencia escolar de los menores y en salud, con la asistencia de los niños y niñas menores a las citas de control de crecimiento y desarrollo programadas.

Adicionalmente, las familias tienen la oportunidad de mejorar condiciones básicas como la identificación, adoptando un sistema a través de entidades financieras para el pago de los subsidios a los beneficiarios. El valor total del subsidio en este Programa de Transferencias Condicionadas depende del grado de cumplimiento de los compromisos de corresponsabilidad, además incluye un proceso formativo.

La Red Juntos, que busca superar la extrema pobreza, es una estrategia de intervención integral y coordinada de los diferentes organismos y niveles del Estado, que tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de las familias en situación del Sisbén nivel 1 y de los desplazados, y pretende lograr que estas familias puedan generar sus propios ingresos de manera sostenible.

El objetivo del programa que se ejecutará en el Distrito, por medio de la corporación Minuto de Dios, incluye el acompañamiento familiar y comunitario, contribuirá en el acceso preferente a los programas sociales y servicios del Estado y fortalecerá el sistema de protección social local.

La Unidad de Atención y Orientación a la población desplazada, UAO, tiene como propósito atender de manera oportuna y efectiva a los afectados por el fenómeno, a través de este centro de servicio constituido en conjunto con la Red de Solidaridad Social, administraciones departamentales, municipales y distritales, Ministerio Público, Secretaría de Educación y Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, Cajamag, Ejército Nacional y las Organizaciones No Gubernamentales, ONG.


“Esta población viene a la oficina dentro del marco de un convenio entre la Alcaldía Distrital y una institución que se encarga de los procedimientos para atender ese tipo de situación. Existe un programa para la atención de ellos, que implica unas condiciones” aseguró Carlos Ortiz Ruiz, coordinador de Población Vulnerable.



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Amenazados defensores de los derechos humanos y la ACNUR en Colombia

AP. viernes, 15 de mayo, La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advirtió el viernes sobre graves amenazas contra la vida de población desplazada, activistas de derechos humanos y funcionarios oficiales que trabajan con esa población.

Según Acnur, las amenazas, formuladas principalmente en panfletos, son de grupos armados irregulares, como ex paramilitares desmovilizados y que han formado nuevas bandas y se han producido principalmente en los departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar, al norte del país.

Acnur "quiere advertir sobre la gravedad de las amenazas difundidas en los últimos días contra defensores de derechos humanos, funcionarios del estado y activistas sociales, incluyendo a líderes desplazados que defienden los derechos de sus comunidades", dijo la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.

Las amenazas están dirigidas a líderes de población desplazada, a delegados del llamado Sistema de Alerta Temprana (SAT), de la Defensoría del Pueblo, así como contra funcionarios de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), aseguró Acnur en su nota divulgada en un correo electrónico. El SAT trabaja en los municipios recabando datos e informando sobre posibles ataques y amenazas de ilegales contra la población civil.

"Estas amenazas son sólo la última de una serie de esfuerzos de intimidación que se han producido en los últimos meses, que tienen como responsables a nuevos grupos armados ilegales y a otros grupos armados", añadió la agencia de la ONU.

Acnur, agregó el comunicado, "condena enérgicamente estos actos y expresa su profunda preocupación por el hecho de que los nuevos grupos ilegales que empezaron a operar en Colombia en los últimos años se están convirtiendo cada vez más en poderosos factores de desplazamiento forzado, en un país que ya tiene una gran población desplazada por la violencia".

Funcionarios de Acnur han dicho que hasta ahora no se han reportado asesinatos de funcionarios del SAT, de la Defensoría; o de Acción Social, pero sí que maneja datos de al menos 20 desplazados asesinados en 2008 a manos de grupos armados irregulares en distintas partes del país.

De acuerdo con la organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), desde 1985 y hasta el año pasado aproximadamente 4,6 millones de colombianos --en un país de unos 46 millones de habitantes-- se han visto forzados a dejar sus regiones debido al conflicto interno. El gobierno mantiene un registro de al menos tres millones de desplazados.


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16 mayo, 2009

Víctimas de 'falsos positivos' murieron fusiladas.

EL Tiempo. 'Lo que ustedes plasmaron en el operativo contiene irregularidades que se manifiestan de manera evidente y grosera. Se puede determinar que hubo un montaje', dijo el fiscal del caso.
Jonathan Soto y Orlando Mesa fueron los dos jóvenes de Soacha que según el ente acusador fueron fusilados. El fiscal agregó que los uniformados habrían pagado dos millones 200 mil pesos por las dos víctimas.


La audiencia de ayer fue el segundo capítulo contra militares vinculados a la investigación por los falsos positivos de Soacha. El fiscal explicó que en esencia el modus operandi de las circunstancias que rodearon la desaparición de Soto y Mesa en Soacha, y luego su muerte en Norte de Santander, es igual al utilizado con las otras víctimas.

Según la Fiscalía, los reclutaron con falsas promesas, los trasladaron hacia la región de Ocaña, luego los detuvieron en un falso retén y después de muertos los presentaron como delincuentes dados de baja en un combate. Los nombres de los reclutadores, los enlaces y los militares que recibían a los jóvenes son los mismos: Alexander Carretero --testigo estrella y uno de los reclutadores-- Pedro Ágamez Díaz, Ender Obeso, Uriel Ballesteros y el soldado Dairo José Palomino.

La Fiscalía acusó por desaparición, homicidio agravado, concierto para delinquir, falsedad en documento y fraude procesal al mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa -quien era capitán para la época de los hechos-, al cabo Manuel Zorrilla Ágamez y a los soldados profesionales José Orlando González, Juan Gabriel Espinoza, Luis Alirio López y Kevins Alberto Jiménez Escalante, miembros de la Brigada Móvil 15.

Por su parte, la juez cuarta penal de garantías de Soacha (Cundinamarca), Alba Janeth Caro Forero, dictó medida de aseguramiento en contra de los seis uniformados.

Soto y Mesa desaparecieron el 26 de enero del 2008 y dos días después sus cadáveres fueron llevados a la sede de Medicina Legal en Ocaña.

Según el expediente por la muerte de los dos jóvenes, manejado por el fiscal 53 de Derechos Humanos, el sargento John Jairo Muñoz Rodríguez, reconocido como 'Pechi' por Alexander Carretero Díaz, declaró en la Procuraduría cómo habían sido ubicados los dos jóvenes.

Muñoz, expuso el fiscal, le pidió al sargento (Sandro) Pérez que le ayudara porque no había tenido buenos resultados operativos. 'Curso, si quiere le traigo gente que se le entrega a la tropa y se presentan como muertos en combates', reveló en su declaración Muñoz a la Procuraduría, sobre lo que le habría dicho en enero del 2008 el sargento Pérez.

El fiscal del caso expuso que Muñoz en su declaración dijo que habló del tema con el coronel Manuel Rincón, que al final le expresó que consiguiera dos personas y que le dejó en un sobre de manila dos millones 200 mil pesos. Un millón por cada una de las víctimas más lo de los viáticos.

Como en el caso de Fair Leonado Porras, que parece ser la constante en todos los episodios de los desaparecidos de Soacha, los militares adulteraron la escena del 'enfrentamiento' y consignaron falsos datos en sus informes sobre la operación de 'esas bajas'. Según la Fiscalía, acomodaron los cuerpos y les pusieron armas para que pareciera un enfrentamiento. 'Los impactos de bala de las víctimas son absolutamente incompatibles con lo que pudiera ser un combate', dijo el fiscal del caso que aseguró que de los que se trató fue de un fusilamiento.

En los reportes evaluados por la Fiscalía y por la propia inspección del Ejército se consignó el uso de 250 cartuchos. Sin embargo, uno de los soldados que participó en la supuesta operación donde murieron Jonathan Soto y Orlando Mesa explicó en su momento que había sido un combate que se prolongó durante '10 ó 15 segundos'.

A ello, se sumaron las versiones contradictorias suministradas por los uniformados, a cargo del mayor Blanco, en las indagaciones previas y las entregadas en el lugar de los hechos. Y las versiones que tienen similitud entregadas por cada uno de los uniformados, dice la Fiscalía, fueron manifestaciones 'mecánicas y robóticas', hecho que es un 'indicio de acomodamiento en la versión'. Los militares explicaron que uno de ellos había recibido un disparo en el chaleco en el mismo punto, entre otras versiones.

Estos militares enfrentan jurídicamente el caso más difícil dentro de los llamados falsos positivos. Y es que una de las víctimas, Jonathan Soto, era menor de edad, por lo que el fiscal del caso hizo hincapié que podrían no recibir beneficios a pesar tratar de llegar a un acuerdo posterior con la Fiscalía.


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