26 mayo, 2009

Ropa de cadáveres de fosas comunes se muestran en Internet

El Tiempo. Lo hará porque la ropa es el primer paso para establecer la identidad de las personas enterradas por grupos armados ilegales. El segundo paso del proceso de identificación se hace con el ADN.

Cada uno de los elementos hallados en las fosas será registrado en una galería de fotos en la página de Internet de la Fiscalía.

Además, los objetos (relojes, billeteras, documentos de vehículos, entre otros) y prendas de vestir serán clasificados y luego presentados en jornadas de reconocimiento en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

La Unidad de Justicia y Paz del ente investigador ya ha realizado 26 jornadas con familiares de desaparecidos. En ellas, también les toman muestras de sangre a los familiares para realizarles dictámenes de ADN, los entrevistan en busca de información y les brindan asesorías sicológica y jurídica.

De acuerdo con cifras oficiales, de los 2.164 restos hallados en 1.761 fosas comunes en los últimos tres años, solo se ha logrado la identificación plena de 572 cuerpos.

Algunos casos

En el 2000, los paramilitares amarraron a un árbol a Hermes Norbey Daza Hoyos y lo dejaron al sol y al agua durante varios días. Luego, lo asesinaron y lanzaron su cadáver a una fosa común.

Seis años después, las botas que siempre usó fueron clave para lograr su identificación. "Esas son. A pesar del barro que tienen las reconocería en cualquier parte", dijo doña María, la mamá de Hermes Norbey, cuando les echó un vistazo minutos después de que una comisión de la Fiscalía las hallara en una fosa común cerca de La Dorada (Putumayo). Un examen de ADN terminó por confirmar que los restos eran los de su hijo.

El último caso que lograron identificar fue el de doña Blanca Valero, quien fue asesinada por las Auc hace ocho años en Ubalá (Cundinamarca). Luego de que la familia reconociera sus prendas de vestir, la Fiscalía la identificó y la semana pasada le entregó los restos (ver recuadro).

Por los tenis identificaron a una mujer

Doña Blanca Valero, de 50 años, desapareció el 6 de junio del 2002 cuando viajaba de Pacho a Ubalá (Cundinamarca). Al poco tiempo su familia se enteró de que 'paras' la habían asesinado.

A principios de este año, en zona rural de Ubalá, el CTI exhumó los restos de una N.N. en una fosa común. El párroco de la población le contó a la Fiscalía que hacía siete años una familia había estado preguntando por una mujer en ese municipio y que él tenía el número del teléfono de una de las hijas.

El fiscal del caso llamó y contestó la hija de doña Blanca, quien contó que su mamá llevaba puestos unos tenis North Star. También dijo que siempre cargaba un peine en forma de tenedor de color azul y que usaba una prótesis dental en la parte superior. La descripción fue el punto de partida para la identificación.
Desapareció del puesto de salud

A Libardo Guerrero lo asesinaron por no pagar una deuda de 10 millones de pesos.

El hombre que le había prestado el dinero lo acusó con los paramilitares que mantenían el control en La Dorada (Putumayo). Días después, en una calle de la población le hicieron un atentado, del que Libardo Guerrero logró sobrevivir, pero cuando recibía atención en el puesto de salud un grupo de paramilitares se lo llevó.

La Fiscalía halló sus restos en una fosa común a medio kilómetro del casco urbano siete años después. Al lado de sus prendas fue hallado el catéter del suero que le habían puesto.


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24 mayo, 2009

Así se planearon los falsos positivos de Soacha

El Tiempo. En dos tiendas de la población, 'Los Costeños' y la 'Fonda Paisa', se empezó a tejer la red criminal que se llevó para Ocaña a una docena de muchachos que después aparecieron como muertos en combate.

La primera estaba en el barrio Ducales y era el negocio de Alexander Carretero, uno de los reclutadores. Allí, según la Fiscalía, convencieron a jóvenes como Diego Tamayo, Víctor Gómez y Haider Andrés Palacio de ir a probar suerte al otro lado del país.

En la 'Fonda Paisa', que queda en un sitio conocido como 'La Y', a la entrada de Soacha, los reclutadores fueron Pedro Antonio Gámez y Ender Obeso. Su estrategia era la misma: ofrecer trago y a veces droga para atraer inicialmente a los muchachos y luego ofrecerles 'vueltas', no siempre legales, de hasta 10 millones de pesos.

No eran, para nada, nuevos en ese sector. Carretero, que venía de Aguachica (Cesar) vivió varios años en Soacha y allí era reconocido entre los 'vuelteros'. Ese término, en el bajo mundo, describe a alguien que se dedica a robos o delitos más graves por plata.

Su contacto con Ocaña era el sargento Dairo José Palomino Ballesteros. Trabajaba en el Batallón Santander y, según la investigación, fue clave en la estructura criminal que 'vendió' varias de las víctimas a esa unidad militar y a la Brigada Móvil 15.

Palomino es familiar de la esposa de Carretero y también de Obeso. La investigación señala que fue una de las personas que se movieron entre Soacha y Ocaña llevando a los muchachos que murieron apenas horas después de su llegada a Norte de Santander.

Las tres audiencias que se han realizado en el Palacio de Justicia de Soacha y que dejan medio centenar de militares presos se refieren a hechos del 2008. Pero el sargento Jhon Jairo Muñoz Rodríguez, que se convirtió en testigo, dice que desde el 2007 "se rumoraba y se preguntaba cada vez que había una muerte en combate si era legal".

De hecho, dos asesinatos fuera de combate que ocurrieron en diciembre de ese año son los que tienen con orden de captura a varios mandos del Batallón Santander, entre ellos el coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos.

Armas, más caras que la vida

La falta de 'positivos' de Muñoz en la Brigada Móvil 15, la misma que el Gobierno decidió eliminar tras el escándalo, fue determinante en la tragedia que conmueve a Soacha y que se convirtió en el mayor escándalo del Ejército en los últimos años.

Muñoz confesó que después de varios regaños por los pocos "resultados en el nivel estratégico" (muertes en combate y otros) decidió pedirle ayuda al sargento Sandro Pérez González, que era de Inteligencia del Batallón Santander.

La respuesta fue escalofriante: "Curso, si quiere le traigo gente, se la entrega a la tropa y se presentan como muertos en combate". Muñoz dice que el coronel Gabriel Rincón Amado, jefe de operaciones de la Móvil 15, le dio el visto bueno a la oferta. Él salió del Ejército en la histórica purga de noviembre, pero hasta ahora no se conoce decisión de la Fiscalía en su contra. "Pérez dijo que por persona había que pagar un millón de pesos más el pasaje -se lee en la confesión-. (...) Rincón me dijo: "Bueno, consigamos dos personas".

Así se decidió la suerte de Jhonnatan Orlando Soto, de 17 años, y Julio César Meza, de 24. Ellos desaparecieron de Soacha el 25 de enero, tras aceptar un trabajo que, según varios testimonios, no era legal. Murieron a los dos días.

Por ellos se pagaron, en un sobre de manila, 2 millones 200 mil pesos. Carretero y los sargentos los recogieron en la casa en la que pasaron sus últimas horas y los llevaron a un falso retén. A las pocas horas fueron reportados como 'positivos'. "Yo le pregunté a Álex que de dónde traían a esos muchachos y me contestó que eran manes 'vuelteros' de Bogotá", dijo Muñoz. En la zona rosa de Ocaña, con una botella de ron, los reclutadores celebraron su primera 'venta'. En febrero, según Muñoz, "el coronel Rincón pidió tres personas más". Amanecidos y hasta drogados, dijo después a la justicia Carretero, fueron entregados al Ejército.

¿Cómo legalizaban las muertes?

Carretero dio la respuesta: "El sargento Pérez tenía copias de las cédulas para hacer que pagaba recompensa por los muertos, que era un millón de pesos (...) plata que se la daba el coronel Tamayo. Les decían a los campesinos que les ayudaban con un mercado pero que les dieran fotocopia de la cédula y con ella hacían pasa los positivos".

Los testigos dicen que incluso los militares ponían de su plata para pagar los revólveres y fusiles que aparecieron junto a los cuerpos de los jóvenes, para simular que sí eran actores armados ilegales.
"Ese era el deber de cada compañía para poder dar positivos. Sacaban plata de sus bolsillos", dijo Carretero.

Como Muñoz y Pérez eran de inteligencia, preparaban los reportes que les daban piso a las operaciones falsas. Muñoz contó también que por una pistola se pagaba en el mercado negro 1,3 millones. Es decir, $ 300 mil más que por cada muchacho que murió por oír la mortal oferta de los reclutadores de Soacha.


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23 mayo, 2009

(ACNUR) denunció amenazas de muerte contra defensores de los derechos humanos en Colombia.

Ginebra, 22 may (EFE).- El Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) denunció hoy las amenazas de muerte realizadas en las últimas semanas contra defensores de los derechos humanos en Colombia.

"ACNUR está muy preocupado por la reciente ola de amenazas de muerte contra defensores de los derechos humanos, activistas y líderes de grupos de desplazados que trabajan para defender los derechos de sus comunidades", dice el comunicado distribuido por la entidad.

El texto indica que miles de panfletos fueron distribuidos en todo el país con dichas amenazas firmadas por un "nuevo grupo ilegal" que el ACNUR no quiso identificar "por razones de seguridad", señaló su portavoz, Andrew Purvis.

"En algunos casos, las víctimas de las amenazas han sido forzadas a abandonar sus comunidades para poder salvar sus vidas. En otros casos, las amenazas de muerte han acabado en asesinato. A menudo los sobrevivientes, incluyendo familias y colegas, dejan de denunciar por miedo a represalias", continúa el comunicado.

ACNUR también lamenta que estas acciones incremente aún más el número de desplazados en el país, que en total asciende a 3 millones de personas. EFE

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22 mayo, 2009

Sentenciados 17 militares por asesinatos de Soacha

Semana. El juez segundo penal de control de garantías encontró méritos suficientes para pedir la medida de aseguramiento contra17 militares acusados de asesinar a tres civiles inocentes de Soacha, que posteriormente fueron presentados como muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. En los hechos investigados murieron en total 11 personas residentes de Soacha, Cundinamarca.
la Fiscalía acusó al sargento segundo Jáner Duque Marín, del Ejército, por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.

Según las investigaciones que adelanta el ente acusador, el suboficial coordinó una operación ejecutada el pasado 25 de agosto en una vereda de Ocaña. Ese día, tropas contraguerrilla de la compañía ‘Espada', adscritas a la Brigada Móvil No. 5 del Batallón Santander, reportaron tres ilegales muertos en combate.

Los investigadores presentaron pudieron determinar que en realidad se trataba de tres jóvenes habitantes de Soacha: Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante y Diego Alberto Tamayo Garcera, fueron contactados en una tienda del municipio de Cundinamarca conocido como ‘Los Costeños' del barrio Ducales de este municpio de Cundinamarca, entre el 22 y 23 de agosto.

“Los jóvenes viajaron en una flota, se hospedaron en la casa de Alexánder Carretero Díaz, quien hacías las veces de ‘reclutador', y el 24 del mismo mes, hacia las seis de la tarde, fueron entregados a un militar”, aseguró la fiscal de Derechos Humanos María Cecilia Jaimes, durante la audiencia ante el ante Juez Segundo Penal Municipal, con funciones de Control de Garantías.

Agregó la fiscal que “los investigadores establecieron la existencia de una red de civiles (en Soacha) y militares (en Ocaña) que convencían a jóvenes de bajos recursos para llevarlos a la casa de Alexánder Carretero, en algunas ocasiones, y quienes posteriormente eran entregados a miembros del Ejército Nacional que reportaba las maniobras operacionales positivas”.

Dice Jaimes que a los integrantes de la patrulla que participó en el operativo les llegó una felicitación en la orden del día del 21 de agosto, por hechos que ocurrieron el 25 de agosto, cosa que produjo sospechas a los investigadores.

Enseguida, la fiscal reveló el testimonio de Carretero Díaz: “ellos mismos (los militares) conseguían sus armas para los ‘positivos', ese era el deber de cada compañía”. Dijo además que se enteró de este ‘modus operandi’ “porque en el batallón hablaban de eso, ya que por resultados satisfactorios en esas operaciones les concedían días de permiso”.

La Fiscalía también imputó cargos, por su presunta coautoría de homicidio agravado, desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado, al cabo segundo Richard Armando Jojoa Bastidas; y a los soldados profesionales Nilson Antonio Cubides Cuesta, Mauricio Cuniche Delgadillo, José Orlando Gonzáles Ceballos y José Adolfo Fernández Ramírez.

En cuanto a los suboficiales Manuel Ángel Zorrilla Agámez y Ricardo Coronado Martínez; y los soldados profesionales: Ricardo González Gómez, Ferney Grijalba Floro, Heider Andrés Guerrero Andrade, Heiner Fuertes Guillermo, Pedro Johan Hernández Malagón, Alberto Jiménez Escalante, Luis Alirio López, Juan Ramón Marín Ramírez y Jhon Anderson Díaz Ortega, deberán responder por su presunta participación en los mismos delitos, pero en calidad de cómplices.

La medida de aseguramiento de aseguramiento que pidió la Fiscalía fue aceptada por el juez.



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20 mayo, 2009

El Paraco Alemán’ que invadió Boyacá

Verdad Abierta. Lunes, 18 de Mayo de 2009 Dos cartas encontradas en una memoria portátil Usb de Carlos Castaño respaldan las declaraciones de Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, quien asegura que se alió con esmeralderos de Boyacá, entre ellos Victor Carranza, para montar un bloque de autodefensas.
Freddy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', asegura que presuntamente formó un grupo de autodefensas en Boyacá, financiado por esmeralderos, entre ellos, Víctor Carranza.


Un gran problema que ha tenido la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía es el esclarecimiento de los crímenes que se perpetraron en la región esmeraldera de Otanche y Muzo entre los años 2001 y 2002, cuya autoría hasta ahora no había podido ser esclarecida.
El caso Carranza

Víctor Carranza y sus presuntos nexos con el paramilitarismo


El Bloque que supuestamente pudo haber tenido injerencia en esa zona es el de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá que comandaba Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’ que por más de 15 años se movieron por el tramo boyacense del Magdalena Medio. Sin embargo, en las investigaciones preliminares que ha hecho la justicia, los hombres de ‘Botalón’ no han estado dispuestos a reconocer su responsabilidad en estos crímenes.

La semana pasada en entrevista de la revista Semana, Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’, un ex jefe paramilitar de Urabá y Chocó, comenzó a dar las primeras luces sobre lo que realmente sucedió en esos años de terror, y quiénes fueron los responsables. Dijo que algunos esmeralderos, entre ellos, Víctor Carranza, Yesid Nieto y Horacio Triana, hicieron un pacto con él y con Carlos Castaño, entonces jefe mayor de las Auc, para que enviaran hombres suyos a esa verde y rica región boyacense. Explicó que estos empresarios de las esmeraldas se comprometieron a financiar esta incursión, entregando el 5 por ciento de la producción de esmeralda a cambio de que los protegieran de la guerrilla.

“Él (Víctor Carranza) dio la bendición y además aprobó el porcentaje, pero con la condición de que no nos metiéramos en Muzo, en donde él tenía un grupo de seguridad para sus minas”, aseguró.

‘El Alemán’ también dijo que asistió a una segunda reunión con Carranza, llamado el zar de las esmeraldas, en la que el renombrado empresario presuntamente asistió con un ejército de 80 hombres armados para quejarse sobre el comportamiento de los paramilitares.

“Don Victor manifestó algunas molestias porque Yesid Nieto le iba a joder el poder de la zona esmeraldera. Yo le respondí que no porque el grupo de autodefensas nuestro, si bien estaba financiado por Nieto y los empresarios de la esmeralda, era un grupo netamente antisubversivo y no iba a terciar problemas con ellos”, dijo.

Yesid Nieto, era un empresario de esmeraldas que para ese entonces disputaba la supremacía del negocio con Victor Carranza. El 17 de octubre del 2008 fue asesinado en un barrio de ciudad de Guatemala, víctima de un disparo en la cabeza, y su cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo BMW. El esmeraldero había salido del país luego de haber sobrevivido a un atentado cometido en Bogotá, el 22 de enero del 2007, que lo dejó parapléjico.

Apenas un año después de ingresar a Boyacá, ‘El Alemán’ decidió abandonar el departamento porque según sus propias declaraciones se dio cuenta de que el grupo iba a ser utilizado para terciar en líos de esmeraldas y minas. “Empezaron las rivalidades entre Horacio Triana y Carranza...me fui de allá porque no quería terminar metido en una guerra de intereses personales”, aseguró en la entrevista.

Para ese entonces en Boyacá confluían varios bloques paramilitares que dominaban el departamento desde hace más de 15 años: las Autodefensas de Cundinamarca, bajo las órdenes de Luis Eduardo Zuluaga, alias ‘El Águila’, a quien ‘El Alemán’ aseguró haberle entregado sus hombres después de abandonar el departamento; y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, que seguían las órdenes de Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’.

Otra evidencia encontrada por Verdad Abierta parece confirmar las declaraciones de ‘El Alemán’ acerca de la responsabilidad que tendrían sus hombres en los crímenes cometidos en la zona esmeraldera. Estos documentos revelan aún otro detalle de lo que sucedió: que Carlos Castaño y ‘El Alemán’ enviaron a sus hombres, sin el conocimiento de las Autodefensas de Puerto Boyacá, los paramilitares autóctonos de esa región.
Víctor Carranza es uno de los empresarios más importantes del país, en el 2003 la justicia los exoneró por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares en Meta y Cesar. Foto: Semana

En dos documentos que encontró Verdad Abierta en la memoria Usb de Carlos Castaño, los jefes de las Autodefensas de Puerto Boyacá expresan su desconcierto con la llegada de ‘El Alemán’ a los municipios de Otanche y Borbur en el 2002 y solicitan al máximo jefe de las Auc que interceda para solucionar el problema.

“No nos explicamos el motivo que tienen sus tropas para incursionar en nuestro territorio el cual está libre de guerrilla, quisiéramos saber qué persiguen con esta invasión”, dice la carta. “Le solicitamos muy respetuosamente señor comandante Castaño que como en tiempos anteriores sirva de mediador para que podamos aclarar en el menor tiempo posible esta situación que también está incomodando a la población civil de la zona”, concluye.

En otro documento, los jefes de las autodefensas de Puerto Boyacá, escriben directamente a ‘El Alemán’ para pedirle que se detenga y que no invada sus territorios. “Señor comandante no nos explicamos los motivos y las intenciones que tienen usted y sus tropas para invadir una zona que está libre de la presencia guerrillera y que está siendo manejada política y socialmente por un grupo de autodefensas como los somos nosotros”, asegura el documento. (ver documento)

“Imaginamos que usted está siendo utilizado por personas inescrupulosas que aprovechan su buena voluntad y su deseo de lucha antisubversiva para así utilizar las tropas de las autodefensas para el cobro de venganzas personales que nada tienen que ver con el movimiento y la ideología de los grupos de autodefensa”, dice la carta.

El caso Carranza


En 2003 Víctor Carranza fue exonerado después de un largo proceso legal que inició en 1998 por los delitos de concierto para delinquir y secuestro. En esa ocasión el zar de las esmeraldas respondió por la conformación de un grupo de autodefensas que delinquió en los departamentos de Meta y César y el secuestro de un escolta del narcotraficante Leonidas Vargas.

La historia de las Autodefensas de Meta y Vichada (ACMV) se remonta a la primera mitad de los años ochenta, surgieron financiadas por un grupo de Boyacenses y Cundinamarqueses de origen esmeraldero que compraron tierras en el departamento del Meta y en el norte del Vichada.

Inicialmente este grupo se presentó como una organización local, independiente, campesina, y desligada del narcotráfico. Desde sus inicios, se apartaron de las AUC y del Bloque Central Bolívar, conformando un tercer bloque que se llamó Bloque Oriental, conformado por las Autodefensas de Meta y Vichada, y las Autodefensas del Sur del Casanare.

En un comienzo el grupo fue denominado por los mismos habitantes de los departamentos de Meta y Vichada como los ‘Carranzeros’ por su presunta relación con el esmeraldero Víctor Carranza y se les acusa de ser uno de los grupos paramilitares responsables por la masacre de Mapiripán. En el 2005 el bloque se desmovilizó bajo las órdenes de José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’.

Lo paradójico del caso, es que según las declaraciones de ‘El Alemán’, mientras Carranza era exonerado por estos crímenes en un tribunal en Bogotá en el 2001, Castaño le ordenaba ingresar a Boyacá para proteger los intereses del empresario y un grupo de esmeralderos en ese departamento.

La justicia tendrá que comprobar si lo que dice ‘El Aleman’ y lo que parece deducirse de las cartas encontradas en la Usb de Castaño quiere decir que Carranza pudo haber estado involucrado en la financiación de la llegada de las Auc a Boyacá. Sería éste un delito nuevo porque el que sería juzgado. Del primero ya se le encontró inocente.

En versión libre el 23 de diciembre del 2008, ‘Guillermo Torres’, ex jefe del ACMV, respondió a la pregunta de una de las víctimas quien le preguntó por qué su grupo era conocido en el Meta con el sobrenombre de Carranceros. Después de evadir la pregunta, el fiscal de la Unidad e Justicia y Paz lo obligó a responder, entonces ‘Guillermo Torres’ negó haber recibido colaboración del empresario y manifestó que su bloque paramilitar jamás recibió soporte económico de zar de la esmeraldas: “Si hubiera tenido una patrón no habría tenido que financiarme con vacunas”, dijo.


Víctor Carranza y sus presuntos nexos con el paramilitarismo



La nueva denuncia hecha por el ‘Alemán’ abre una nueva página en la historia que presuntamente involucra al zar de las esmeraldas, Víctor Manuel Carranza Niño, con los grupos paramilitares. Su nombre apareció desde los primeros informes que elaboró el DAS en los años 80 (ver extractos) y también aparece referenciado en informes desclasificados de la CIA (ver informe).

El más reciente episodio de esta historia se inició el 10 de marzo de 1998 cuando un Fiscal de la Unidad Especial de Terrorismo profirió medida de aseguramiento contra Carranza Niño por el delito de organizar y conformar grupos paramilitares en el departamento del Cesar (Aguachica y San Alberto) y en el Meta (San Martín). El 4 de noviembre de ese mismo año la Fiscalía presentó la resolución de acusación como autor responsable de estos delitos.

A este proceso se le sumó la acusación de secuestro extorsivo agravado contra Roberto Prieto y Edgar Hernández quienes trabajaban para el desaparecido narcotraficante Leonidas Vargas.

En ambos casos la Juez quinta especializada del circuito, Patricia Ladino Gaitán, determinó absolver a Carranza en sentencia del 17 de febrero de 2003 . (ver extractos de la sentencia)

La justicia colombiana deberá determinar si estas nuevas acusaciones por conformación de grupos paramilitares en Boyacá servirán para iniciar un nuevo proceso judicial en contra de Carranza o si se trata de un montaje de los ‘paras’ para enlodar su nombre.



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