Colombia en estado de Conmoción Interior

BOGOTÁ (AFP) - El presidente Álvaro Uribe, que declaró Colombia en conmoción interior, uno de los tres estados de excepción contemplados en la Constitución, se trenzó en un nuevo pulso con los funcionarios judiciales en huelga desde hace 38 días, y que podrían ser despedidos en razón de esa medida.
En medio de la controversia, la presidencia expidió en la noche del viernes un comunicado en el que asegura que tras la declaración del estado de excepción, la situación de la justicia registra un proceso de normalización. "De acuerdo con los últimos reportes de la Policía Nacional en todo el país, entregados este viernes en la noche al Gobierno Nacional, el 65% de los jueces y el 70% de los fiscales retomaron hoy sus labores, tras la declaratoria del estado de conmoción interior por parte del Ejecutivo", señaló el comunicado. "De esta manera, lentamente, se restablece el servicio de la Justicia", precisó.

Uribe, quien por segunda vez recurre a este mecanismo desde que llegó al poder, en 2002, anunció la medida en la noche del jueves, señalando que la huelga podría llevar a salir de las cárceles a peligrosos criminales.

En virtud del estado de conmoción interior, que tiene una vigencia de 90 días, las decisiones presidenciales tienen fuerza de ley.

La mayoría de los 45.000 funcionarios judiciales iniciaron la protesta el 3 de septiembre para reclamar un aumento salarial y más recursos para la justicia.

Según las autoridades, por causa de la huelga, más de 120.000 procesos judiciales no se han podido fallar, en tanto que 2.720 personas acusadas de diversos delitos, como homicidio y tráfico de drogas, han quedado libres.

Uribe aseguró haber tomado la decisión después de haber consultado al Fiscal General de la Nación, ante el peligro de que "personas acusadas de crímenes muy graves queden en libertad".

La consecuencia más tangible de la decisión es la posibilidad que tiene el Consejo Superior de la Judicatura de "despedir, transferir, nombrar" a los empleados judiciales para garantizar "el servicio público esencial de justicia", según el anuncio oficial.

Una misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que visitó el país para investigar denuncias sobre detenciones arbitrarias, cuestionó tanto la decisión de Uribe como la parálisis, y pidió a las dos partes buscar una solución. "La terapia puede ser peor que la enfermedad", dijo la española Manuela Carmena, que hace parte de un grupo de trabajo de la ONU, pero también advirtió de que "el paro es inconstitucional porque quien garantiza los derechos de las personas no puede declararse en paro pese a que haya condiciones para ello".

La decisión de Uribe provocó una dura reacción de la oposición política, que la calificó de "anticonstitucional" y "antidemocrática". Según Juan Carlos Ramos, uno de los dirigentes de Asonal, el sindicato de la rama judicial, la decisión del gobernante se inscribe en el contexto de las malas relaciones entre Uribe y la Justicia, poniendo en entredicho sus decisiones.

La decisión de Uribe fue recibida como "un golpe a la democracia y a las libertades públicas" por Tarcisio Mora, presidente de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT, el principal del país con unos 500.000 afiliados). "Es más una medida digna de un dictador que de un presidente", denunció el viernes el líder sindical.

"El gobierno quiere someter a la justicia, que reclama instrumentos para poder seguir con independencia las investigaciones que se refieren a los altos funcionarios y a amigos del gobernante", aseguró. "No cederemos a las provocaciones del gobierno. Vamos a tomar decisiones con la cabeza fría teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos con el país", puntualizó por su parte Ramos.

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Capturado el ex general del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales

Bogotá, 10 oct (EFE).- La Fiscalía de Colombia ordenó hoy arrestar al ex general del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales, quien dirigió la operación para retomar el Palacio de Justicia, asaltado en 1985 por guerrilleros del grupo M-19 y en cuyo interior murieron cerca de cien personas.


Arias Cabrales, que comandaba la brigada militar de Bogotá, deberá responder ante la Fiscalía por su presunta responsabilidad en la desaparición de once personas que salieron de la sede judicial luego de terminar el asalto de más de 24 horas por parte de un comando del Movimiento 19 de Abril (M-19).

Una fuente de la Fiscalía explicó que se encontraron indicios suficientes para pedir la detención de Arias Cabrales por su presunta participación en las desapariciones.

El general retirado Arias Cabrales fue destituido simbólicamente en 1990.

El M-19, que se desarticuló en 1990 tras firmar un acuerdo de paz con el Gobierno del entonces presidente de Colombia, Virgilio Barco, asaltó el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 con la intención de juzgar la política de paz del presidente Belisario Betancur (1982-86).

La sede judicial, situada en el centro de Bogotá, se incendió y más tarde fue bombardeada por el Ejército, con saldo de casi cien muertos, incluyendo once magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Según denuncias y testigos, las once personas, entre ellas los empleados de la cafetería y rebeldes sobrevivientes del asalto, salieron con vida, pero desaparecieron y al parecer fueron llevados a destacamentos militares, donde los torturaron hasta causarles la muerte.

Arias Cabrales y el también ex general Rafael Samudio Molina fueron llamados a declarar en junio pasado por las desapariciones.

En los hechos del Palacio de Justicia, que quedó en ruinas, murieron acribillados o quemados once magistrados del tribunal supremo, entre ellos su presidente, Alfonso Reyes Echandía, y decenas de abogados, empleados y visitantes, así como casi todos los guerrilleros asaltantes, calculados en unos 30.

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La ONU se declara preocupada ante las detenciones "ilegales" en Colombia

Bogotá, 10 oct (EFE).- La ONU se declaró hoy preocupada por la continuidad de las detenciones masivas y por el uso "exagerado" de la prisión preventiva en algunas regiones de Colombia, así como por el hacinamiento y condiciones de salud en algunas cárceles.
La presidenta relatora del grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, la española Manuela Carmena Castrillo, presentó en una conferencia de prensa las consideraciones preliminares de la visita de diez días que ha hecho su equipo a Colombia para revisar los progresos del Gobierno.

Un grupo de cinco relatores de la ONU visitó cárceles, brigadas militares y estaciones de policía del departamento de Arauca (noreste), fronterizo con Venezuela, y de la ciudad de Cali, donde las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) reportaron los mayores casos de capturas múltiples y arbitrarias.
"Nos preocupa mucho porque vemos que se está produciendo lo que hemos oído hablar de ONG de detenciones masivas y que hemos podido constatar. Se están dando en muchas zonas, sobre todo en áreas rurales (...), aunque se observa un aspecto positivo en la disminución de las mismas", dijo Carmena Castrillo.

La española indicó que muchas de esas capturas múltiples se producen por las imputaciones que los desmovilizados de los grupos irregulares hacen ante las autoridades para ganar beneficios en sus condenas.

Además, indicó que al grupo de trabajo le preocupan los vacíos que existen al interior de la policía en las detenciones como parte de las funciones administrativas de esa fuerza y el uso "exagerado" de la prisión provisional.
"Nos ha preocupado el uso de la provisión provisional, vemos muchos casos en los que se acuerdan prisiones provisionales (...) y creemos que se están llevando a cabo con un nivel de frecuencia exagerado, ha habido algún centro penitenciario en el que prácticamente todas las personas privadas de la libertad eran preventivas", puntualizó.

También exhortó al Gobierno colombiano a mejorar las condiciones de algunas cárceles del país, donde hay hacinamiento, y sus sistemas de salud.

La presencia del grupo en Colombia respondió a una invitación del Gobierno del presidente Álvaro Uribe para visitar centros de reclusión en varias regiones y mantener entrevistas con altos cargos.

Las denuncias sobre detenciones arbitrarias en Colombia han crecido durante el Gobierno de Uribe, en el poder desde 2002, según estudios de ONG's tanto nacionales como internacionales.

Según datos difundidos por estas asociaciones, al menos 6.648 colombianos fueron arrestados de manera arbitraria del 7 de agosto de 2002 al 30 de junio de 2005.

Los mismos informes advierten de que, entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004, los casos de detención arbitraria en el país sumaron 5.535 y se registraron en solo "77 eventos de detención masiva".

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la Corte Constitucional ordena proteger los derechos de 18.000 niños Desplazados en Colombia

El Tiempo
Al fallar una acción de tutela, el tribunal determinó que existen graves deficiencias en la atención que está dando el Estado a los menores desarraigados y sus familias.
El alto tribunal encontró, después de analizar por meses la situación de los menores, incluso en audiencias públicas, que la respuesta del Gobierno "ha sido fragmentada y desorganizada, en la cual brilla por su ausencia un centro coordinador".
Los niños son el 54% de la población desplazada del país (mas de un millón de personas).

"La respuesta de las autoridades a la situación de niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento ha sido marcadamente insuficiente -considera la Corte-. Los esfuerzos han quedados cortos".

La decisión fue adoptada con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda. En ella también participaron los magistrados Rodrigo Escobar y Jaime Córdoba.

La Corte constató, además, que en muchas ocasiones, "la respuesta ha sido tardía, carente de la asignación de recursos para menores desplazados".

El alto tribunal llama la atención de que actualmente los niños desplazados están en riesgo de ser víctimas de crímenes, de reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales y de ser víctimas de minas antipersona y material bélico sin explotar.

De igual manera, de ser incorporados a ser víctimas de abuso sexual y de "soportar las estrategias de control social de los grupos armados ilegales que operan en amplias zonas del país".

Tras hacer el diagnóstico le ordenó ministerios y entidades del Estado que elaboren, en un plazo máximo de seis meses, un programa que esté dedicado solamente para atender a niños en estado de desplazamiento, con apoyo de ONG y la comunidad internacional.

Le ordena especialmente a Acción Social y al ICBF que elaboren tres proyectos pilotos para prevenir el reclutamiento de menores, las afectaciones por minas antipersona y combatir el control social que ejercen grupos en Medellín.

De igual manera se debe crear proyectos para la atención de niños desplazados en Cartagena, Arauca, Sincelejo, Quibdó, Tumaco, Buenaventura, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Policarpa (Nariño), Florencia (Caquetá) y San José del Guaviare.

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Las Mujeres victimas del abuso sexual de los grupos Paramilitares

Verdad Abierta
Hay cientos, quizás miles de historias inéditas de crímenes en contra de las mujeres colombianas en el conflicto armado que jamás han sido contadas, ni mucho menos judicializadas. Son historias de cómo fueron esclavizadas, violadas, abusadas y maltratadas física y sicológicamente por los hombres armados.

Mujeres víctimas del conflicto armado.

Marlene es una mujer trigeña, de unos 23 años, que no esconde su fragilidad. Ella vivía en un caserío cercano a La Mesa, el centro de operaciones del bloque comandado por Jorge 40.


Cuando los paramilitares comenzaron a llegar a su caserío, las mujeres sintieron de inmediato los rigores de su control. Les impusieron códigos de conducta como la forma de vestirse. En otras ocasiones les invitaban (obligadas) a sus fiestas, y, cuando alguna cometía lo que para ellos era una infracción, las obligaban a todas a barrer el pueblo entero al sopor del mediodía. Nadie hacía nada, nadie se atrevía a contradecirlos o encararlos por miedo.

Recién casada y con un hijo de meses, la desgracia de Marlene comenzó cuando uno de los mandos medios de los paramilitares resolvió que se había enamorado de ella. Marlene fue violada, sometida, esclavizada al capricho de su captor. Al final el jefe paramilitar la obligó a irse a vivir con él, bajo la amenaza de asesinar a su marido, sus hermanos y familiares.

No le quedó otra. Después de varios meses de convivencia logró sacar valor y enfrentarse a su secuestrador, que la obligaba a tener relaciones sexuales y a atender a los hijos de sus otras mujeres. Cuando logró liberarse del jefe paramilitar, descubrió que su marido se había ido.

Su propio pueblo la estigmatizó. Muchos años después de ocurrida su tragedia, es la primera ocasión que se atreve a contarla, mucho menos la había denunciado a las autoridades. “No lo hacía por miedo a que mataran a mi marido y mi familia”, dice entre lágrimas.

La tragedia de la violencia sexual que sufrió Marlene, es la misma que han vivido un número no determinado de colombianas a manos del conflicto armado, en particular de los paramilitares. Pero un crimen silencioso, escondido por sus víctimas por el miedo a la vergüenza pública, a exponer la intimidad y ser estigmatizadas. Desentrañarlo es un reto enorme del Proceso de Justicia y Paz.

Según la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz muchos casos no se han podido judicializar por distintas causas como la falta de pruebas y el miedo a denunciar. También porque el interés de los fiscales e investigadores ha estado enfocado en temas como las masacres, desaparecidos y la parapolítica. “No ha sido una prioridad hasta ahora”, dice la abogada de Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP), Jeimi Martínez.

El resultado de esta situación es que en los casi tres años que lleva el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares, la Fiscalía solo ha recibido menos de 100 denuncias de víctimas que se han atrevido a denunciar sus casos con la ley de Justicia y Paz. Sin embargo una investigación que hizo IMP entre 421 mujeres víctimas del conflicto encontró que 312 mujeres habían padecido algún tipo de violencia sexual por parte de los paramilitares.

La violencia sexual es un delito considerado por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como de lesa humanidad, el cual establece que “la violación y otros abusos sexuales pueden configurar crimen de lesa humanidad y crímenes de guerra, en determinadas circunstancias”.

El Estatuto incluye como crímenes contra la humanidad la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, y reconoce que el crimen de esclavitud circunscribe el tráfico de mujeres.

Además del trauma que acompaña el acto de violencia sexual, este tipo de abuso puede exponer a las mujeres a embarazos no deseados, al contagio de enfermedades de transmisión sexual y dolores crónicos, discapacidad física, abuso de drogas, alcohol y depresión.

Un informe de Radhika Coomaraswamy, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer señaló que 43 de cada 100 víctimas afectadas por el conflicto armado interno en Colombia han sido víctimas de violencia basadas en su género.

Como lo muestran los pocos casos documentados, la violencia contra las mujeres era utilizada por los paramilitares como estrategia de guerra para controlar territorios y comunidades. En otros casos sirvió a modo de venganza contra la guerrilla.

El informe de Coomaraswamy describe que “los actores armados emplean distintas formas de violencia física, psicológica y sexual para “lesionar al enemigo”, ya sea deshumanizando a la víctima, vulnerando su núcleo familiar y/o impartiendo terror en su comunidad, con el fin de controlar territorios y recursos.”

Además la violencia puede incluir el reclutamiento forzado de las mujeres destinadas a rendir servicios sexuales a miembros de las guerrillas o fuerzas paramilitares, como quedó en evidencia en la conversación entre el comandante paramilitar Salvatore Mancuso y la ex parlamentaria Eleonora Pineda, en la que relataba como reclutaban prostitutas que eran llevadas a Santa Fe de Ralito, en donde se adelantaron las negociaciones de paz con el gobierno Uribe.

Los medios de comunicación han denunciado la violación masiva de mujeres en La Gabarra y los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo y ‘Juancho Prada’, han reconocido que sus hombres violaban con frecuencia a las mujeres de campesinos y comunidades que arrasaban. Han prometido que entregarán más detalles a los Fiscales.

Una investigación realizada por IMP arrojó que las mujeres afectadas no necesariamente hablan de lo que les sucedió, muchas por vergüenza o culpa, por temor a verse estigmatizadas, o, incluso porque no reconocen que lo sucedido implique una violación a sus derechos humanos, entre otras razones.

Para IMP este delito continúa en la impunidad. La sociedad desconoce su existencia y la tragedia que significa para sus víctimas y por eso no existe sanción moral, ni reclamo social a los victimarios; hasta tal punto, que el mismo gobierno tampoco ha adoptado ningún tipo de medida, ni se ha pronunciado oficialmente al respecto.

Según Amnístia Internacional, la violencia contra las mujeres en Colombia, en particular la violencia y la explotación sexual –llegando hasta la violación y la mutilación genital–, forma parte integral del conflicto armado y continúa siendo una práctica extendida que utilizan todos los bandos del conflicto: “Las mujeres son objetivo de los grupos armados por diversas razones: por transgredir roles de género o desafiar prohibiciones impuestas por los grupos armados, o por ser consideradas un blanco útil a través del cual humillar al enemigo; así no sean las directas implicadas dentro de un enfrentamiento este tipo de tácticas han sido utilizadas durante centurias, en diferentes guerras, conflictos y lugares del mundo”, dice un reporte de AI.

Como señala AI, las mujeres no sólo son victimizadas con la agresión sexual sino que además si se animan a denunciarlo sufren burlas y ataques de las autoridades que con frecuencia las culpabilizan a ellas de la violación.

Algunas mujeres víctimas que son acompañadas por organizaciones, cuentan sus testimonios, pero temen hacer la denuncia porque consideran que no hay ningún beneficio al revelar una violación por hombres armados, y que por el contrario, les generaría problemas de seguridad, rechazo de sus familiares y cónyuge al conocer la verdad.

“La dificultad de trabajar en estrategias y soluciones postconflicto en un país donde la confrontación armada continúa, frustra muchas veces la intención de denunciar y decir la verdad, pues las represalias, amenazas y desplazamientos continúan”, explica la subdirectora de Sisma Mujer, Claudia Ramírez, en el cuarto informe de la Red Nacional de Mujeres.

Además de la situación de conflicto, la falta de prevención y atención de esta problemática dentro de proyectos, leyes, estatutos hace que el problema ya sea una constante en el devenir “regular” de la guerra; el mismo Estado lo tipifica dentro de las formas de reparación que ofrece a las víctimas.

La abogada de la IMP, Jeimi Martínez, dice que para lograr que los desmovilizados hablen sobre los delitos de violencia sexual y de género, es necesario que en las versiones libres se interrogue a los paramilitares sobre estos delitos, además de la necesaria colaboración de los y las fiscales.

Para ello, dice, es necesario que se contemple en las investigaciones“tener en cuenta el Estatuto de Roma para otorgar la responsabilidad del abuso por cadena de mando cuando no haya existido control sobre el grupo o tropa implicada”.

El uso sistemático de la violación, la esclavización y otras formas de agresión sexual contra las mujeres como método de guerra en el conflicto armado es un fenómeno que hasta ahora comienza a develarse. Lograr que los fiscales pregunten por este en las audiencias de Justicia y Paz sería un gran avance, pero más lo sería que la sociedad empezara a solidarizarse con estas víctimas, que a diferencia de las otras, ni siquiera han podido empezar a contar su historia.

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