El Tiempo
Al fallar una acción de tutela, el tribunal determinó que existen graves deficiencias en la atención que está dando el Estado a los menores desarraigados y sus familias.
El alto tribunal encontró, después de analizar por meses la situación de los menores, incluso en audiencias públicas, que la respuesta del Gobierno "ha sido fragmentada y desorganizada, en la cual brilla por su ausencia un centro coordinador".
Los niños son el 54% de la población desplazada del país (mas de un millón de personas).
"La respuesta de las autoridades a la situación de niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento ha sido marcadamente insuficiente -considera la Corte-. Los esfuerzos han quedados cortos".
La decisión fue adoptada con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda. En ella también participaron los magistrados Rodrigo Escobar y Jaime Córdoba.
La Corte constató, además, que en muchas ocasiones, "la respuesta ha sido tardía, carente de la asignación de recursos para menores desplazados".
El alto tribunal llama la atención de que actualmente los niños desplazados están en riesgo de ser víctimas de crímenes, de reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales y de ser víctimas de minas antipersona y material bélico sin explotar.
De igual manera, de ser incorporados a ser víctimas de abuso sexual y de "soportar las estrategias de control social de los grupos armados ilegales que operan en amplias zonas del país".
Tras hacer el diagnóstico le ordenó ministerios y entidades del Estado que elaboren, en un plazo máximo de seis meses, un programa que esté dedicado solamente para atender a niños en estado de desplazamiento, con apoyo de ONG y la comunidad internacional.
Le ordena especialmente a Acción Social y al ICBF que elaboren tres proyectos pilotos para prevenir el reclutamiento de menores, las afectaciones por minas antipersona y combatir el control social que ejercen grupos en Medellín.
De igual manera se debe crear proyectos para la atención de niños desplazados en Cartagena, Arauca, Sincelejo, Quibdó, Tumaco, Buenaventura, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Policarpa (Nariño), Florencia (Caquetá) y San José del Guaviare.
Al fallar una acción de tutela, el tribunal determinó que existen graves deficiencias en la atención que está dando el Estado a los menores desarraigados y sus familias.
El alto tribunal encontró, después de analizar por meses la situación de los menores, incluso en audiencias públicas, que la respuesta del Gobierno "ha sido fragmentada y desorganizada, en la cual brilla por su ausencia un centro coordinador".
Los niños son el 54% de la población desplazada del país (mas de un millón de personas).
"La respuesta de las autoridades a la situación de niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento ha sido marcadamente insuficiente -considera la Corte-. Los esfuerzos han quedados cortos".
La decisión fue adoptada con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda. En ella también participaron los magistrados Rodrigo Escobar y Jaime Córdoba.
La Corte constató, además, que en muchas ocasiones, "la respuesta ha sido tardía, carente de la asignación de recursos para menores desplazados".
El alto tribunal llama la atención de que actualmente los niños desplazados están en riesgo de ser víctimas de crímenes, de reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales y de ser víctimas de minas antipersona y material bélico sin explotar.
De igual manera, de ser incorporados a ser víctimas de abuso sexual y de "soportar las estrategias de control social de los grupos armados ilegales que operan en amplias zonas del país".
Tras hacer el diagnóstico le ordenó ministerios y entidades del Estado que elaboren, en un plazo máximo de seis meses, un programa que esté dedicado solamente para atender a niños en estado de desplazamiento, con apoyo de ONG y la comunidad internacional.
Le ordena especialmente a Acción Social y al ICBF que elaboren tres proyectos pilotos para prevenir el reclutamiento de menores, las afectaciones por minas antipersona y combatir el control social que ejercen grupos en Medellín.
De igual manera se debe crear proyectos para la atención de niños desplazados en Cartagena, Arauca, Sincelejo, Quibdó, Tumaco, Buenaventura, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Policarpa (Nariño), Florencia (Caquetá) y San José del Guaviare.
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