17 mayo, 2009

Santa Marta, tercera ciudad con más desplazados

Hoy. La oficina de Población Vulnerable dentro del Plan Único Integral contempla la atención a esta población a través de Familias en Acción, Red Juntos, Unidad de Atención y Orientación al desplazado, UAO, y Atención Funeraria.

Durante el último año, Santa Marta llegó a constituirse en la tercera ciudad receptora del país de desplazados, después de Bogotá y Medellín, presentando igual situación que las otras ciudades, donde la mayor parte de la población se concentró en el sector urbano, en esta capital, la población se ubicó en barrios como 11 de Noviembre, Chimila, Divino Niño, Ondas del Caribe, Taironita, Fundadores, Luis Carlos Galán, Luis R. Calvo, Bonda, Los Cardonales, Altos de Bahía Concha, San Fernando, Nacho Vives, sectores alrededor de la vía férrea, entre otros.


Las víctimas de este fenómeno social son en su mayoría desplazados por la violencia, que se da por ataque directo para obtener propiedades y terrenos o por enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley, en busca de dominio de una zona o territorio.

De Bogotá, Antioquia y Santander, provienen los menores de edad y mujeres en su mayoría; de Bolívar, los afrodescendiente; y de la Sierra Nevada de Santa Marta, los indígenas. Todas estas personas se han visto obligadas a abandonar sus viviendas, tierras, cultivos, animales y cultura para salvar sus vidas y han establecido su lugar de residencia en las grandes ciudades, donde construyen sus casas en sitios de alto riesgo como los cerros y rondas hidráulicas, lo que les acarrea inconvenientes sobre todo en época invernal.
La oficina de Población Vulnerable de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, dentro del Plan Único Integral contempla la atención a esta población a través de los programas Familias en Acción, Red Juntos, Unidad de Atención y Orientación al desplazado, UAO, y Atención Funeraria.

Mediante el programa Familias en Acción, entrega subsidios a madres cabeza de familia para la nutrición o la educación de los niños menores de edad que pertenezcan al núcleo, pertenecientes al nivel 1 del Sisbén, en condición de desplazamiento o indígenas. El programa otorga un apoyo monetario directo a la madre beneficiaria, condicionado al cumplimiento de compromisos por parte de la familia. En educación, al garantizar la asistencia escolar de los menores y en salud, con la asistencia de los niños y niñas menores a las citas de control de crecimiento y desarrollo programadas.

Adicionalmente, las familias tienen la oportunidad de mejorar condiciones básicas como la identificación, adoptando un sistema a través de entidades financieras para el pago de los subsidios a los beneficiarios. El valor total del subsidio en este Programa de Transferencias Condicionadas depende del grado de cumplimiento de los compromisos de corresponsabilidad, además incluye un proceso formativo.

La Red Juntos, que busca superar la extrema pobreza, es una estrategia de intervención integral y coordinada de los diferentes organismos y niveles del Estado, que tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de las familias en situación del Sisbén nivel 1 y de los desplazados, y pretende lograr que estas familias puedan generar sus propios ingresos de manera sostenible.

El objetivo del programa que se ejecutará en el Distrito, por medio de la corporación Minuto de Dios, incluye el acompañamiento familiar y comunitario, contribuirá en el acceso preferente a los programas sociales y servicios del Estado y fortalecerá el sistema de protección social local.

La Unidad de Atención y Orientación a la población desplazada, UAO, tiene como propósito atender de manera oportuna y efectiva a los afectados por el fenómeno, a través de este centro de servicio constituido en conjunto con la Red de Solidaridad Social, administraciones departamentales, municipales y distritales, Ministerio Público, Secretaría de Educación y Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, Cajamag, Ejército Nacional y las Organizaciones No Gubernamentales, ONG.


“Esta población viene a la oficina dentro del marco de un convenio entre la Alcaldía Distrital y una institución que se encarga de los procedimientos para atender ese tipo de situación. Existe un programa para la atención de ellos, que implica unas condiciones” aseguró Carlos Ortiz Ruiz, coordinador de Población Vulnerable.



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Amenazados defensores de los derechos humanos y la ACNUR en Colombia

AP. viernes, 15 de mayo, La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advirtió el viernes sobre graves amenazas contra la vida de población desplazada, activistas de derechos humanos y funcionarios oficiales que trabajan con esa población.

Según Acnur, las amenazas, formuladas principalmente en panfletos, son de grupos armados irregulares, como ex paramilitares desmovilizados y que han formado nuevas bandas y se han producido principalmente en los departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar, al norte del país.

Acnur "quiere advertir sobre la gravedad de las amenazas difundidas en los últimos días contra defensores de derechos humanos, funcionarios del estado y activistas sociales, incluyendo a líderes desplazados que defienden los derechos de sus comunidades", dijo la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.

Las amenazas están dirigidas a líderes de población desplazada, a delegados del llamado Sistema de Alerta Temprana (SAT), de la Defensoría del Pueblo, así como contra funcionarios de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), aseguró Acnur en su nota divulgada en un correo electrónico. El SAT trabaja en los municipios recabando datos e informando sobre posibles ataques y amenazas de ilegales contra la población civil.

"Estas amenazas son sólo la última de una serie de esfuerzos de intimidación que se han producido en los últimos meses, que tienen como responsables a nuevos grupos armados ilegales y a otros grupos armados", añadió la agencia de la ONU.

Acnur, agregó el comunicado, "condena enérgicamente estos actos y expresa su profunda preocupación por el hecho de que los nuevos grupos ilegales que empezaron a operar en Colombia en los últimos años se están convirtiendo cada vez más en poderosos factores de desplazamiento forzado, en un país que ya tiene una gran población desplazada por la violencia".

Funcionarios de Acnur han dicho que hasta ahora no se han reportado asesinatos de funcionarios del SAT, de la Defensoría; o de Acción Social, pero sí que maneja datos de al menos 20 desplazados asesinados en 2008 a manos de grupos armados irregulares en distintas partes del país.

De acuerdo con la organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), desde 1985 y hasta el año pasado aproximadamente 4,6 millones de colombianos --en un país de unos 46 millones de habitantes-- se han visto forzados a dejar sus regiones debido al conflicto interno. El gobierno mantiene un registro de al menos tres millones de desplazados.


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16 mayo, 2009

Víctimas de 'falsos positivos' murieron fusiladas.

EL Tiempo. 'Lo que ustedes plasmaron en el operativo contiene irregularidades que se manifiestan de manera evidente y grosera. Se puede determinar que hubo un montaje', dijo el fiscal del caso.
Jonathan Soto y Orlando Mesa fueron los dos jóvenes de Soacha que según el ente acusador fueron fusilados. El fiscal agregó que los uniformados habrían pagado dos millones 200 mil pesos por las dos víctimas.


La audiencia de ayer fue el segundo capítulo contra militares vinculados a la investigación por los falsos positivos de Soacha. El fiscal explicó que en esencia el modus operandi de las circunstancias que rodearon la desaparición de Soto y Mesa en Soacha, y luego su muerte en Norte de Santander, es igual al utilizado con las otras víctimas.

Según la Fiscalía, los reclutaron con falsas promesas, los trasladaron hacia la región de Ocaña, luego los detuvieron en un falso retén y después de muertos los presentaron como delincuentes dados de baja en un combate. Los nombres de los reclutadores, los enlaces y los militares que recibían a los jóvenes son los mismos: Alexander Carretero --testigo estrella y uno de los reclutadores-- Pedro Ágamez Díaz, Ender Obeso, Uriel Ballesteros y el soldado Dairo José Palomino.

La Fiscalía acusó por desaparición, homicidio agravado, concierto para delinquir, falsedad en documento y fraude procesal al mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa -quien era capitán para la época de los hechos-, al cabo Manuel Zorrilla Ágamez y a los soldados profesionales José Orlando González, Juan Gabriel Espinoza, Luis Alirio López y Kevins Alberto Jiménez Escalante, miembros de la Brigada Móvil 15.

Por su parte, la juez cuarta penal de garantías de Soacha (Cundinamarca), Alba Janeth Caro Forero, dictó medida de aseguramiento en contra de los seis uniformados.

Soto y Mesa desaparecieron el 26 de enero del 2008 y dos días después sus cadáveres fueron llevados a la sede de Medicina Legal en Ocaña.

Según el expediente por la muerte de los dos jóvenes, manejado por el fiscal 53 de Derechos Humanos, el sargento John Jairo Muñoz Rodríguez, reconocido como 'Pechi' por Alexander Carretero Díaz, declaró en la Procuraduría cómo habían sido ubicados los dos jóvenes.

Muñoz, expuso el fiscal, le pidió al sargento (Sandro) Pérez que le ayudara porque no había tenido buenos resultados operativos. 'Curso, si quiere le traigo gente que se le entrega a la tropa y se presentan como muertos en combates', reveló en su declaración Muñoz a la Procuraduría, sobre lo que le habría dicho en enero del 2008 el sargento Pérez.

El fiscal del caso expuso que Muñoz en su declaración dijo que habló del tema con el coronel Manuel Rincón, que al final le expresó que consiguiera dos personas y que le dejó en un sobre de manila dos millones 200 mil pesos. Un millón por cada una de las víctimas más lo de los viáticos.

Como en el caso de Fair Leonado Porras, que parece ser la constante en todos los episodios de los desaparecidos de Soacha, los militares adulteraron la escena del 'enfrentamiento' y consignaron falsos datos en sus informes sobre la operación de 'esas bajas'. Según la Fiscalía, acomodaron los cuerpos y les pusieron armas para que pareciera un enfrentamiento. 'Los impactos de bala de las víctimas son absolutamente incompatibles con lo que pudiera ser un combate', dijo el fiscal del caso que aseguró que de los que se trató fue de un fusilamiento.

En los reportes evaluados por la Fiscalía y por la propia inspección del Ejército se consignó el uso de 250 cartuchos. Sin embargo, uno de los soldados que participó en la supuesta operación donde murieron Jonathan Soto y Orlando Mesa explicó en su momento que había sido un combate que se prolongó durante '10 ó 15 segundos'.

A ello, se sumaron las versiones contradictorias suministradas por los uniformados, a cargo del mayor Blanco, en las indagaciones previas y las entregadas en el lugar de los hechos. Y las versiones que tienen similitud entregadas por cada uno de los uniformados, dice la Fiscalía, fueron manifestaciones 'mecánicas y robóticas', hecho que es un 'indicio de acomodamiento en la versión'. Los militares explicaron que uno de ellos había recibido un disparo en el chaleco en el mismo punto, entre otras versiones.

Estos militares enfrentan jurídicamente el caso más difícil dentro de los llamados falsos positivos. Y es que una de las víctimas, Jonathan Soto, era menor de edad, por lo que el fiscal del caso hizo hincapié que podrían no recibir beneficios a pesar tratar de llegar a un acuerdo posterior con la Fiscalía.


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15 mayo, 2009

Olof Palme

FUNAR.El 28 de febrero de 1986 Olof Palme despidió a su custodia temprano en la noche, y después concurrió junto a su esposa, aun cine céntrico en el transporte público del subterráneo. Después de la función, pasada las 23.15 horas, el matrimonio Olof y Lisbet Palme se despedía de su hijo y su novia en la puerta del cine "Grand", en el centro de la capital sueca, y se encaminó a la estación del metro cercana. Casi en la entrada al subterráneo, en la esquina de Tunnelgatan y Sveavägen, un desconocido se acercó por detrás y le disparó al primer ministro, a un metro de distancia, el primer disparo fue efectuado a las 23.21 horas, según registró la policía, que sólo llegó al lugar de los hechos varios minutos después.

La Fundación Ayuda al Refugiado, a querido brindarle un homenaje sincero y con mucho aprecio a un hombre como hay y ha habido pocos en los países que se conocen como del primer mundo. Olof Palme, un vikingo que recogió en su magnánima expresión el sentir de los pobres del mundo, de los desposeídos y discriminados

El Magnicidio de Olof Palme



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"En el Ejército Colombiano, hay una organización dedicada a las ejecuciones extrajudiciales"

Europa Press. La Fiscalía de Colombia aseguró hoy que en el Ejército existe una organización militar que se ha dedicado a realizar ejecuciones extrajudiciales de civiles a los que después presentaban como guerrilleros muertos en combate. Seguir leyendo el arículo

El fiscal Emidio Vargas Gil reveló que, según las pruebas que han recabado, han podido determinar que algunos de los jóvenes asesinados fueron previamente contactados con ofertas de trabajo falsas que ofrecían "reclutadores" contratados por algunos militares.

Este supuesto "reclutador" recibía de estas presuntas organizaciones delictivas castrenses unos 200.000 pesos (66 euros) por enviar a estos jóvenes --quienes habían aceptado la oferta de trabajo-- hacia el departamento de Norte de Santander (noreste de Colombia), donde eran ajusticiados por el Ejército.

Vargas Gil hizo estas revelaciones en la audiencia de imputación de cargos en contra de seis uniformados acusados de la muerte de un joven que fue ejecutado y presentado ante las autoridades colombianas como un guerrillero.

Este escándalo, también conocido en Colombia como 'falsos positivos', estalló a finales del año pasado cuando fueron destituidos una treintena de militares --entre ellos tres generales-- por estar implicados en el asesinado de 11 jóvenes a quienes, después de asesinarlos, disfrazaron de guerrilleros para presentarlos como bajas en combates.

ACUSADOS CUATRO MILITARES

Cuatro militares fueron condenados a penas de 45 y 58 años de prisión por los delitos de secuestro simple agravado y homicidio de persona protegida, en el marco de las investigaciones de la Justicia colombiana por el caso de los 'falsos positivos'.

El juzgado segundo penal de Santa Rosa de Viterbo los declaró responsables del asesinato de un campesino en el año 2007 en Boyacá (centro del país) a quien contabilizaron como un rebelde muerto en enfrentamientos con el Ejército.

Los oficiales pertenecían al batallón de Alta Montaña, adscrito a la primera brigada del Ejército en Boyacá, y fueron identificados como Jhonny Carvajal Cuellar, Luis Alberto Velandia Sotelo y Jovanny Antonio, quienes fueron condenados a 45 años de cárcel, y Francisco Luis Escobar Calderón, que deberá cumplir una pena de 58 años de prisión.


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