"Falsos Positivos llenan de vergüenza y horror a Colombia"

Bogotá, 5 jun (EFE).- Las ejecuciones extrajudiciales de colombianos que han sido presentados como rebeldes muertos en combate son hechos que llenan de vergüenza y de horror, admitió hoy en Bogotá el ministro interino de Defensa y comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla de León.
El oficial reconoció durante una ceremonia de ascenso de 21 oficiales del Ejército y la Armada que las fuerzas de seguridad de su país han tenido "problemas, incluyendo algunos graves".
"Enfrentamos las consecuencias de casos que jamás hubiéramos imaginado posibles, como los registrados en (la población de) Soacha el año pasado", agregó Padilla de León, al aludir a los hechos que desataron en Colombia el escándalo de los "falsos positivos".
Ese fue el nombre que se dio en el país a los casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de las Fuerzas Militares para mostrar resultados ante sus superiores u obtener beneficios, como días de descanso.

El escándalo surgió luego de que familiares de una docena de jóvenes que habían sido dados como desaparecidos en Soacha, población vecina a Bogotá, hallaron sus cadáveres en fosas del noreste colombiano.

Las víctimas habían sido reportadas como guerrilleros muertos en combate y recibieron sepultura como personas no identificadas.

Más de 1.660 casos de este tipo son investigados por la Fiscalía General, que ha procesado y detenido hasta ahora a unos 436 militares.

El comandante de las Fuerzas Militares reconoció que es la Justicia la que deberá determinar y probar "qué sucedió", tarea en la que, dijo, las instituciones castrenses mantendrán el apoyo necesario para el avance de las investigaciones.

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"Que se hunda la ley de justicia y paz si no se ajusta"

El Tiempo. Con carteles y fotografías que recordaban a sus seres queridos, se presentaron algunas víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes durante el cuarto debate del proyecto de Ley que busca regular la reparación a quienes han padecido por el conflicto.
Las víctimas, además, radicaron más de 6 mil cartas en las que pidieron al Congreso que hundiera el proyecto de Ley que está en discusión. La razón: según las organizaciones de víctimas, como fue aprobado el proyecto en su debate anterior, no cumple con los cánones para la reparación.
La sesión terminó este martes pasadas las diez de la noche. Durante varias horas los representantes escucharon a los ponentes: el representante liberal Guillermo Rivera, y el representante conservador Humberto Mantilla.

El primero defendió los principios que incluyó el proyecto al momento de ser concebido: que la reparación tiene que ser integral, que no se puede limitar a lo establecido por el gobierno en el decreto 1290, que se debe incluir dentro de las víctimas a aquellas que lo han sido por los agentes del Estado (soldados, policías, etc.), que el Estado debe reparar porque es su responsabilidad, y que la restitución a las víctimas no debe incluir solamente sus tierras sino sus bienes e inmuebles. El representante Rivera pidió al gobierno que derogara el decreto 1290 por no estar ajustado a lo que dice la Ley y recordó que varias sentencias de la Corte Constitucional han dado la razón a las víctimas del conflicto que han demandado que el Estado no los ha reparado integralmente.

Mantilla expuso la ponencia mayoritaria del gobierno, en la que se establece que el Estado repara por “solidaridad”; excluye las víctimas de agentes de Estado de la reparación administrativa; fija los montos de reparación según los topes definidos en el decreto 1290; y exige una prueba para que la víctima pueda considerarse como tal. La coalición de gobierno fue más lejos y aseguró que los fallos de tutelas, en los que la Corte Constitucional le han dado la razón a las víctimas, no se deben vincular en la creación del proyecto de Ley.

El Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, intervino para defender la actuación del gobierno en el tema de la reparación. Dijo que el gobierno repararía por vía administrativa, en los próximos días, a 10 mil víctimas.

También dijo que el gobierno no toleraba la violación de los derechos humanos “sea quien sea el victimario”. No obstante, advirtió que no se debía aprobar un proyecto de Ley que no cuenta con los recursos. Y reiteró que las víctimas de agentes de Estado debían vencer en juicio a sus victimarios para acceder a la reparación. En respuesta a la petición de Rivera de derogar el decreto 1290, dijo que era "indignante" su insinuación.

Para Iván Cepeda, presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, excluir del universo de víctimas a las de agentes del Estado es ir contra postulados internacionales de reparación.

Por esta razón, desde ya las organizaciones sociales planean sendas demandas ante la Corte Constitucional, una vez sea probado el proyecto. Otras prefieren que el proyecto, como fue aprobado por la mayoría del gobierno en su tránsito por la Comisión I de la Cámara, no se apruebe.

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Condenan a 28 años de prisión a militares por bajas fuera de combate

El Tiempo. Los afectados son dos oficiales y cuatro soldados profesionales que fueron hallados responsables de homicidio agravado.

El caso es del 2006 y, se desprende de reportes de la Fiscalía, tiene similitudes con el caso de los militares procesados por el tema de los falsos positivos de Soacha. Reclutamiento de jóvenes de bajos recursos a los que trasladaron a zonas rurales para convertirse en 'bajas' del Ejército.

Los condenados son el mayor Óscar Alberto Acuña, el capitán Álvaro Camargo Camargo, y los soldados profesionales Federmán Cura Jaramillo, Ángel Manuel Jiménez Oviedo, Luis Alfredo Calume Salgado y Fabio Arturo Medina Torreglosa, pertenecientes al Gaula de Montería.

La investigación de la fiscal de Derechos Humanos y DIH a cargo del proceso señala que el 5 de marzo de 2006, los jóvenes Daladier Herrera Osorio y Omar Alfredo Osorio Almanza fueron llevados desde Caucasia (Antioquia) a Montería con la promesa de trabajar en fincas de la zona. Una vez en la capital de Córdoba las víctimas fueron llevadas en una camioneta del Gaula por la vía que conduce a Sincelejito, donde fueron asesinadas.

Según lo establecido, el particular Jhonatan Andrés Barrios Bautista, quien en su momento se acogió a sentencia anticipada, era uno de los encargados de contactar a personas de bajos recursos para hacerles ofrecimientos de empleos.

Una vez aceptada la propuesta los futuros trabajadores quedaban en manos de un tercero conocido con el alias de 'Bebé', quien los enviaba a la capital de Córdoba, donde eran conducidos a zona rural para ser asesinados.

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El DAS. y Políticos, autores del magnicidio de Galan

El Tiempo. Desde hace dos semanas, la Fiscalía está desempolvando viejos archivos del DAS, buscando los rastros de una decisión que terminó jugando a favor de los asesinos: el cambio de su esquema de escoltas.

Es una de las pistas que ha retomado la justicia y que, como lo reveló ayer EL TIEMPO, le permitirán vincular al menos a cinco personas, entre políticos y ex altos mandos de la Fuerza Pública, a la investigación por el magnicidio del dirigente liberal.

En ese crimen, según pruebas que desde hace años están en el proceso y ahora revaluadas, además del cartel de Medellín habrían participado dirigentes políticos, 'paras' del Magdalena Medio, miembros del DAS y de la Policía y hasta el cartel de Cali.

El objetivo era eliminar a Galán. No sólo por sus posturas radicales frente al narcotráfico y la corrupción sino para librarse de un contendor que incomodaba a muchos dirigentes liberales.

La Fiscalía y la Procuraduría revisaron el expediente y lo cotejaron con varias declaraciones recaudadas recientemente en Justicia y Paz. Allí, en abril del 2007, hubo un antecedente directo: las declaraciones de 'Ernesto Báez', que en la época era ideólogo del Movimiento de Renovación Nacional, Morena, grupo político que nació en el Magdalena Medio directamente ligado al poder de narcos y 'paras'.

'Baéz', que de nuevo será llamado a declarar, dijo que sin la participación del DAS y del B-2 del Ejército el crimen habría sido imposible.

Los indicios señalan a tres políticos liberales ya fallecidos y a otros dos del mismo partido que recibieron sendas condenas de la justicia por otros casos. A ellos se suma el nombre de Alberto Santofimio Botero, quien fue condenado en primera instancia y absuelto por el Tribunal Superior de Cundinamarca como autor intelectual del crimen.

En ese momento, varios de ellos eran contendores directos de Galán, quien se perfilaba como seguro ganador de la candidatura liberal ese año y de la Presidencia en las elecciones del 90. Los otros eran 'caciques' con fuerte influencia en el Magdalena Medio y con llegada a Henry de Jesús Pérez, el jefe paramilitar de Puerto Boyacá.

Los investigadores no solo miran a estos políticos. Los cambios al esquema de seguridad de Galán y la forma como inicialmente se adelantó la investigación por el magnicidio, señala el expediente, revelan una clara intención de desviar la acción de la justicia. En esta situación estarían implicados ex mandos del DAS, de la Dijín y de la Sijín.

El tema no es nuevo. En 1995, el entonces vicefiscal general Adolfo Salamanca reconoció en una carta a la familia Galán Pachón que "la investigación fue desviada".

Según Salamanca, había "elementos de juicio que permiten escudriñar fundada y válidamente otra hipótesis (además de la responsabilidad del Cartel de Medellín) relacionadas con motivaciones de carácter político, eventuales vinculaciones de políticos enemigos del doctor Galán Sarmiento y la participación de otras organizaciones del narcotráfico con grupos de autodefensa y/o paras(...)".

Salamanca reseñó cómo Jaime Rueda Rocha, el sicario de Galán, se fugó de de la cárcel de la Picota de Bogotá y su muerte en un operativo de la Policía en La Dorada en 1992. Rueda tuvo ayuda de un abogado que trabajaba para la familia Urdinola Grajales.

¿Cuáles, según la justicia, son otros vasos comunicantes entre los actores del complot? El 'Mexicano', Gonzalo Rodríguez Gacha, se movía igual entre el círculo de Escobar y los 'paras' del Magdalena Medio. La conexión con el cartel de Cali tendría dos vías: se cree que sus jefes pretendieron que ese crimen concentrara toda la atención del Estado en sus archienemigos de Medellín. Además, varios de los políticos señalados aparecieron después recibiendo plata de los Rodríguez Orejuela.

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400 miembros del Ejército y Policía acusados de falsos positivos

Europa Press. El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, reveló hoy que un total de 400 oficiales y suboficiales de la Policía y el Ejército han sido acusados formalmente en los últimos 18 meses en los tribunales en casos de falsos positivos, civiles que son asesinados y presentados después como guerrilleros para mejorar las estadísticas de la lucha contrainsurgente.
Iguarán afirmó que la Fiscalía ha adoptado las medidas adecuadas para esclarecer el asesinato de once jóvenes de Soacha a manos de militares en los últimos meses, según recoge la emisora Caracol Radio.

"Creo que hemos tomado medidas y que ya esos oficiales y suboficiales que hemos encausado y hemos imputado y señalado como autores de delitos de lesa humanidad, se suman a los más de 400 entre oficiales y suboficiales que en menos de un año y medio hemos judicializado por supuestas ejecuciones extrajudiciales", explicó Iguarán.

En los últimos diez meses prácticamente se ha duplicado el número de investigaciones de la Fiscalía por homicidios presuntamente cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, entre los que están casos de aparentes "falsos positivos".

Según el último balance de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que data del 15 de abril de 2009, se informa que en junio de 2008 había 555 investigaciones por esos hechos, y en abril del 2009 había 1009 investigaciones abiertas por asesinatos presuntamente cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas.

Actualmente hay 1.137 miembros de la Fuerza Pública investigados en la justicia ordinaria por homicidios, mientras que en junio del 2008 había 753 personas vinculadas a las mismas investigaciones.

Según el informe de la Fiscalía, en las 1.009 investigaciones que se adelantan por homicidios cometidos presuntamente por integrantes de la Fuerza Pública, hay 1.666 víctimas, 1.507 hombres, 108 mujeres y 51 menores de edad.

Antioquia es el departamento que registra la mayor cantidad de investigaciones por homicidios cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, con 315 casos, seguido del Meta con 120, Norte de Santander con 69 casos, Cesar con 47 investigaciones y Caquetá con 42 casos.

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