La Parapolítica Se Devela El escándalo parapolítico—la “parapolítica”—está quedando al descubierto por la dinámica iniciativa de unos pocos políticos valientes, la CorteSuprema y algunos periodistas colombianos decididos. No surgió del proceso de Justicia y Paz, aunque una vez que comenzó a develarse el escándalo, las audiencias de Justicia y Paz aportaron valiosas pistas.
En 2005, el Senador Gustavo Petro del partido Polo Democrático Alternativo, empezó a denunciar públicamente que al menos un tercio de las bancas legislativas estaban ocupadas por políticos que habían negociado pactos secretos con los paramilitares. Al principio, Petro estaba bastante solo en sus denuncias. El Senador Rafael Pardo, un político de centro y notable crítico de la Ley de Justicia y Paz, también empezó a insistir persistentemente acerca del dominio de los paramilitares sobre la política.
Pero como reflexionara luego la periodista María Teresa Ronderos, todo esto habría “quedado muerto” si la Corte Suprema no hubiera comenzado a investigar los vínculos entre los paramilitares y los políticos. Fueron estas investigaciones—y la imagen de poderosos políticos llevados a la justicia y hasta encarcelados—más que cualquier consecuencia de la Ley de Justicia y Paz, lo que abrió los ojos a la sociedad colombiana y le hizo ver las estrechas conexiones que existían entre sus políticos y la violencia paramilitar. Las investigaciones de la Corte Suprema y las investigaciones periodísticas paralelas que hicieron algunos de los medios de comunicación más importantes de Colombia, que antes se ocupaban muy poco de este tema, comenzaron a reforzarse unas a otras.
Las investigaciones de la justicia dieron como resultado órdenes de captura para docenas de miembros del Congreso, de gobiernos locales y regionales, en su mayoría vinculados con el partido gobernante o con sus socios de la coalición. A la fecha, hay 63 políticos que están siendo investigados o están ya acusados o condenados por colaboración con paramilitares.
El hallazgo de una computadora del cabecilla paramilitar Jorge 40 intensificó el escándalo y dio un nuevo impulso a las acusaciones de Petro. La computadora tenía pruebas que vinculaban a miembros del Congreso, gobernadores y alcaldes con
redes locales de paramilitares. También tenía pruebas que comprometían al director de la agencia nacional de inteligencia, Jorge Noguera, por haber entregado a paramilitares, listados de sindicalistas y otras figuras que serían asesinadas. Cuando el escándalo envolvió a la ministro de relaciones exteriores de Colombia, Consuelo Araujo, y a su hermano, la funcionaria tuvo que renunciar.
Centros no gubernamentales de investigación, como la Corporación Nuevo Arco Iris, con sus investigadores León Valencia y Laura Bonilla, investigadores independientes como Claudia López y Mauricio Romero, y el Indepaz, con analistas como Camilo González Posso hicieron, a través de sus minuciosos trabajos de investigación, contribuyeron un importante aporte para llegar a conocer a las redes paramilitares y su control sobre los partidos políticos, corriendo un riesgo considerable.
La Administración Uribe ha intentado presentar a la parapolítica como prueba
de su propia predisposición a purgar los
elementos corruptos—una muestra de caradurismo considerando que la gran mayoría de los políticos implicados son del partido del propio Presidente o de sus socios de la coalición. El Presidente Uribe nunca frenó definitivamente las investigaciones y durante este período dotó a la Corte Suprema de todos los recursos que necesitó. Sin embargo, el Presidente usó su influencia para disuadir de que se realicen investigaciones y para intimidar a la justicia. Uribe convocó a la justicia a soltar de las cárceles a todos los que hubieran contado la verdad y no hubieran cometido violaciones graves a los derechos humanos—una propuesta dirigida principalmente a los políticos encarcelados por vínculos paramilitares o a empresarios que los habían apoyado.
Cuando los paramilitares amenazaron con volverse a armar, Uribe instó a que al paramilitarismo se lo calificara “un delito político”, algo que habría logrado frenar las acusaciones penales. Castigó públicamente al Juez de la Corte Suprema, Iván Velásquez, quien estuvo al frente del grupo a cargo de investigar el escándalo
de la parapolítica, acusándolo de presionar a un testigo paramilitar para implicar
a Uribe en la orden de asesinar a otro cabecilla paramilitar. Los jueces de la Corte Suprema consideraron renunciar, pero luego decidieron esperar, emitiendo una declaración a favor del Juez Velásquez y convocando al ejecutivo a respetar
la autonomía del poder judicial.
Este conflicto público fue muy perturbador para los jueces, debido en parte a que las condenas públicas lanzadas por funcionarios de gobierno de alto nivel en contra de periodistas, activistas de derechos humanos o miembros del poder judicial son a menudo seguidas de amenazas de muerte provenientes de grupos paramilitares.
En enero de 2008, el Presidente Uribe presentó cargos contra el Presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete. Valencia había firmado el comunicado que emitió la Corte Suprema en favor de Velásquez. Más tarde, el Presidente llamó a Valencia y Valencia comentó al diario El Espectador que Uribe le había preguntado sobre su primo, Mario Uribe, uno de los políticos que está siendo investigado por la corte. El Presidente Uribe negó haber hecho eso y le inició una demanda por difamación.
Los jueces de la Corte Suprema prometieron respetar el derecho del Presidente a presentar cargos, pero defendieron a Valencia diciendo que “…ha estado orientado a preservar el imperio de la Constitución Política y la ley, así como a garantizar la autonomía de los jueces de la República, el postulado de separación de los poderes, el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.
Cuando las investigaciones de la Corte Suprema terminaron en el dictado de una orden de captura incluso contra el primo del Presidente, el Presidente Uribe y sus aliados en el Congreso comenzaron a alertar sobre una crisis de “institucionalidad” debido a las decisiones de la Corte Suprema, y a hacer flotar la idea de una corte especial que sustituiría a la Corte Suprema y encontraría una solución a la “crisis”. Aún así, el Presidente Uribe seguía manejándose con cuidado, consciente de la mala imagen que daría a nivel nacional e internacional si intervenía en el poder judicial o en favor de su primo.
El 22 de abril de 2008, Mario Uribe, sobre quien pesaba una orden de captura por colaboración con los paramilitares, huyó a la embajada de Costa Rica para pedir asilo. Las víctimas se reunieron enfrente de la embajada, sosteniendo por encima de las vallas, estatuas de cartón de paramilitares y fotos de muertos y desaparecidos. La embajada le negó asilo, y el Presidente Uribe optó en esta ocasión por no intervenir. Pero, la intempestiva decisión del Presidente en el mes de mayo de extraditar a 14 cabecillas paramilitares a los Estados Unidos podría obstaculizar las investigaciones de la parapolítica.
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