
En este informe y en sus declaraciones posteriores, la Procuraduría General
de la Nación convocó al gobierno a ampliar la categoría de víctimas para incluir también a los millones de desplazados colombianos y también el derecho fundamental a la devolución de tierras. El Procurador General Edgardo Maya estuvo al frente de un grupo de empleados estatales que asistieron a la convocatoria del 6 de marzo en repudio a la violencia paramilitar, aunque muchas otras figuras del gobierno nacional estuvieron ausentes. Durante este período, la Procuraduría General de la Nación parecía tomarse muy en serio su deber de recordar al gobierno que debían protegerse los derechos de los ciudadanos más vulnerables de Colombia
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