Las Organizaciones de Derechos Humanos de Colombia, Impertérritas Las principales organizaciones de derechos humanos de Colombia se opusieron terminantemente a la Ley de Justicia y Paz mientras se abría camino por el Congreso. Impertérritas ante el mote que recibieron de obstruccionistas de la paz, estaban decididas a llevar a la luz las miles de reparaciones, alargando los plazos con que contaba la Fiscalía para investigar estos crímenes y mejorando el acceso de las víctimas a las actuaciones.
Las organizaciones de derechos humanos recurrieron a los instrumentos internacionales de justicia que tenían disponibles, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su preocupación porque la ley no cumplía con los patrones internacionales de derechos humanos, además de los problemas en su puesta en práctica, fue plasmada en informes elaborados tanto por la Comisión Interamericana como por En los días que precedieron y siguieron a la marcha, sus organizadores, sindicalistas, defensores de derechos humanos y víctimas sufrieron una ola de amenazas de muerte y violencia como no lo habían tenido que soportar en muchos años.
formas en que los cabecillas paramilitares podían llegar a evadir la justicia. La Comisión Colombiana de Juristas analizó cada uno de los borradores de la ley y señaló cada una de sus lagunas jurídicas y cláusulas de escape.
Una vez aprobada la ley, las organizaciones de derechos humanos de Colombia se concentraron en dos puntos: las cortes más altas del país y el sistema internacional de justicia. Estas organizaciones de derechos humanos presentaron escritos amicus curiæ exhortando a la Corte Constitucional a declarar la inconstitucionalidad de la
Ley de Justicia y Paz. Aunque la corte se negó a este pedido, lo que sí hizo fue dictar una resolución que cambió la aplicación de la ley, haciendo más responsables a los paramilitares por la confesión de sus crímenes y el pago de el Alto Comisionado.
Las críticas planteadas por las organizaciones de derechos humanos de Colombia a la Ley de Justicia y Paz las dejó ante un dilema una vez que la ley fue sancionada y se dio a conocer la decisión de la Corte Constitucional. Más de 125.000 víctimas decidieron probar suerte con el proceso de Justicia y Paz, aportando la información que tenían a la Fiscalía o a otros organismos. El gobierno colombiano no fue capaz de brindar ni por lejos el número de defensores públicos que necesitaban las víctimas para poder acceder a la justicia.
Las organizaciones de derechos humanos no estaban preparadas para este torrente de víctimas, ya que habían dedicado la mayoría de sus esfuerzos a cuestionar la ley. Las organizaciones de derechos humanos y algunos abogados privados hicieron lo que pudieron para brindar asesoramiento a las víctimas, pero muchas de éstas avanzaron
por su propia cuenta.
Al mismo tiempo que las organizaciones de derechos humanos enfocaban en criticar la Ley de Justicia y Paz, también intentaban brindar apoyo y visibilidad a las víctimas
de la violencia paramilitar. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por ejemplo, brindó asesoramiento y respaldo al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz acompaña diversas zonas de Colombia. Las consultas realizadas por Rut siguen siendo uno de los mejores registros históricos del sufrimiento que padecieron los desplazados y constituyen una de las pocas fuentes sistemáticas de anotación de tierras robadas que podría servir de base para las reparaciones y devoluciones de tierras.
El Centro Jesuita de Investigación, CINEP, lleva una valiosa base de datos sobre violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional.
Si hubiera una comisión de la verdad oficial, estos proyectos eclesiásticos podrían ser unos de los ladrillos de ese esfuerzo. a algunas de las víctimas más excluidas
y marginadas en su lucha por develar la verdad u obtener justicia.
Las implacables críticas que plantearon las organizaciones colombianas de derechos humanos al proceso de Justicia y Paz sirvieron para convencer a los tribunales superiores sobre la necesidad de mejorar la ley, y generaron un mayor espacio para que las víctimas puedan hacer oír sus voces.
Su trabajo también sentó las bases para presentar futuras objeciones a la impunidad de los paramilitares y del gobierno en el campo internacional
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