Bogotá, Prensa CODHES, Cerca de 60 defensores de derechos humanos asesinados, 560 amenazados y la constante estigmatización sobre su labor, denuncian organizaciones sociales.
Las denuncias hechas en la década de los 90’s sobre la connivencia de paramilitares y Fuerza Pública en Urabá y las muertes que produjo esta perversa alianza, descalificadas en su momento por las autoridades, han demostrado ser ciertas y prueba de ello es la reapertura del proceso contra el general retirado Rito Alejo del Río. Así lo aseguraron esta mañana en rueda de prensa los líderes de las organizaciones humanitarias que conforman la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
En la celebración del Día Nacional de los Derechos Humanos, los representantes de varias de estas organizaciones denunciaron que las violaciones contra la población civil no se han detenido desde entonces.
El padre Alberto Franco, de la Corporación Eclesiástica Justicia y Paz, aseguró que en Urabá grupos paramilitares continúan haciendo presencia en los municipios de Curvaradó, Jiguamiandó, Daveiva y Cacarica en connivencia con autoridades y empresarios que pretenden adueñarse de las tierras de propiedad de las comunidades campesinas y afro colombianas para realizar allí megaproyectos de palma, plátano y coca.
El sacerdote denunció que esta situación ya ha sido puesta en conocimiento de las autoridades colombianas y frente a instituciones mundiales como la Organización de Estados Americanos y el Tribunal Permanente de los Pueblos. Aunque el Ministerio de Agricultura afirma que los territorios están en manos de las comunidades, la realidad es que se encuentran en manos de paramilitares rearmados que obedecen ordenes de alias ‘El Alemán’, y que protegen intereses de multinacionales como Multifruit y de terratenientes de la región.
La presión contra estas comunidades ha generado ya siete amenazas contra miembros de esa organización de parte del grupo ‘Águilas Negras’ y visitas constantes de hombres armados que amenazan a la población.
Por su parte el director del Centro de Cooperación al Indígena, CECOIN, Carlos Zapata, aseguró que 877 indígenas han sido asesinados por grupos ilegales en Colombia entre 2002 y 2008. También denunció la desaparición de 175 representantes de esas comunidades y 632 detenciones de las cuales 81 han sido ilegales, esto además de 176 mujeres indígenas víctimas de violencia sexual.
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09 septiembre, 2008
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Continúan las Amenazas a los Defensores de los Derechos Humanos en Colombia
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