Semana. El sargento Gustavo Montaña, el cabo Julio César Tegue y los soldados profesionales Darío González, Víctor Manuel Hurtado, Abdón Guanaro Guevara y Jairo Sánchez Medina, fueron afectados por la decisión y están en una cárcel de Apiay (Meta) por el asesinato de dos personas durante una misión conocida como “Arábigo 2”.En esa operación adelantada el 26 de agosto de 2007, murieron Abelardo Reyes, hermano de un desmovilizado de las AUC, y el agricultor Abel Antonio Lozano Camacho en la vereda Matepalma, corregimiento Tilodirán, en Yopal. Dos días después, familiares de las víctimas los reconocieron en Medicina Legal donde habían sido reportados como muertos en combate y con armas de fuego en su poder.
“La Fiscalía, mediante pruebas técnicas, estableció que una de las armas no fue percutida y no se hallaron residuos de disparo, mientras que los fusiles de dotación de los militares fueron accionados repetidamente, a menos de cinco metros de distancia”, dice el expediente del caso.
La madre de Reyes dijo a las autoridades que el 14 de octubre de 2006 también habían asesinado a su hijo, el desmovilizado Yury Ferney Achagua Reyes, supuestamente porque sabía la ubicación de una caleta de armas del grupo paramilitar.
En el último año, el Gaula del Casanare ha estado salpicado por hechos relacionados con graves delitos: el pasado 20 de diciembre, la Fiscalía acusó a siete de sus miembros por secuestro simple y homicidio agravado tras la muerte hace un año de Eduardo Pérez Vega, un comerciante que fue sacado de un café internet de Villavicencio y llevado en un vehículo por personas con distintivos del Grupo de Acción Unificada Antisecuestro (Gaula) en una camioneta de color azul. Pérez fue presentado después como muerto en combate. Justamente, el soldado Guanaro Guevara también está involucrado en el secuestro de este comerciante.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía citado por la agencia AP semanas atrás, 99 oficiales están siendo investigados por “falsos positivos” en delitos que tienen que ver con ejecuciones extrajudiciales y montajes de atentados. Entre los oficiales investigados figuran seis coroneles. Además, son indagados 113 suboficiales y 480 soldados profesionales. “En total, entre militares y policías, la lista de investigados por falsos positivos llega a 803 uniformados”, dice la agencia.
Aparte de estas investigaciones, este año el Ejército destituyó a 947 efectivos y la Policía a 199 por delitos relacionados no sólo derechos humanos, sino también con narcotráfico y corrupción.
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