AFP. Las violaciones a los derechos humanos en Colombia y la política de Uribe en ese sentido, fueron examinados este miércoles por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde México y Bolivia pidieron el envío de observadores y España cuestionó la ley de Justicia y Paz. Al abrir el debate de tres horas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo para revisar la situación de los derechos humanos en los 192 Estados miembro de la ONU, el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, pidió "perdón" a las víctimas de muertes por fuera de combate en las que participaron las fuerzas armadas que reconoció como "vergüenza para el Estado colombiano".
Grupos de derechos humanos han denunciado más de un millar de ejecuciones extrajudiciales y de denominados casos de "falsos positivos", a quienes el ejército presentaba como muertos en combate.
"Desgraciadamente debemos reconocer que se han presentado estos casos en nuestro país y con profundo dolor pido perdón a las víctimas y les doy la certeza de que ninguno de estos crímenes quedará en la impunidad", afirmó Santos, número dos del gobierno de Álvaro Uribe, en el poder desde 2002.
El vicepresidente colombiano, que asistió al debate acompañado por una decena de altos responsables del gobierno, destacó la desmovilización de los paramilitares de ultraderecha y la aprobación de la ley de Justicia y Paz "que reconoce los derechos de las víctimas como ninguna ley lo había hecho en parte alguna del mundo", sostuvo.
El gobierno colombiano afirma que los paramilitares desaparecieron después de que unos 32.000 miembros de la organización de ultraderecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dejaron las armas en el marco de la ley de Justicia y Paz que les concede una amplia rebaja de penas a cambio de confesar sus crímenes, incluidos los de lesa humanidad.
A las "ONGs les conviene que existan los paramilitares (...) para mostrar que no funciona el proceso de desmovilización y la Ley de Justicia y Paz", dijo más tarde Santos a la prensa.
"De ser un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos, hemos avanzado en mejorar la garantía a la vida y a la libertad", sostuvo Santos ante los miembros del Consejo, ante los cuales asumió "de manera solemne" el cumplimiento de "67 compromisos" enumerados en su informe.
Entre 2002 y 2007, "el homicidio disminuyó en un 45%, las masacres, un 77%, los atentados terroristas en un 76,5% y el secuestro extorsivo en un 87%", precisó Santos, que acompaña en el poder a Álvaro Uribe desde 2002.
Durante el debate sobre Colombia, que pidió al EPU de forma "voluntaria", unos 40 países pidieron la palabra, entre ellos Chile, México, Argentina, Brasil, Perú y Cuba, que respaldaron "los esfuerzos" del gobierno colombiano.
México recomendó el envío a Colombia de "tres observadores especiales" para abordar la situación de los defensores de derechos humanos, los casos de ejecuciones extrajudiciales y la independencia de jueces y abogados.
Bolivia pidió el envío de un observador para abordar la situación de los pueblos indígenas y Chile reclamó a Colombia que evite que los acusados de abusos y violaciones graves "sean beneficiados por leyes de amnistía".
Brasil insistió en preguntar qué medidas tomará Colombia para vencer la impunidad en las violaciones cometidos por agentes del Estado.
En sus aportaciones al Alto Comisionado de los Derechos Humanos, más de un millar de ONGs denunciaron que entre 2002 y 2007, "13.634 personas perdieron la vida fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica" en Colombia, el 75% de los cuales son "responsabilidad de Estado".
España recomendó a Colombia que encuentre "una fórmula que solucione los vacíos de la ley de Justicia y Paz", mientras Suiza sostuvo que "la política de seguridad tiene que ir en paralelo con el respeto a los derechos humanos".
Las conclusiones del Consejo y sus recomendaciones a Colombia se conocerán el 15 de diciembre.
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