Bogotá, 11 dic (EFE).- La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó hoy el ataque con explosivos contra una misión social el pasado domingo en el departamento del Caquetá (suroeste), en el que murieron dos personas.
La dependencia de la ONU deploró el atentado perpetrado el 7 de diciembre contra un grupo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otros organismos estatales en San Vicente del Caguán, unos 400 kilómetros al suroeste de Bogotá.
El Alto Comisionado se solidarizó con los familiares de las víctimas e instó "a todas las partes del conflicto armado interno a respetar las normas establecidas por el Derecho Internacional Humanitario que prohíben claramente el ataque contra civiles".
En el hecho murieron el chofer del vehículo, John Jader Alape y el psicólogo Yamil Correa y resultaron heridas la trabajadora social Claudia Gómez, la pedagoga Diana Pinto y la dietista nutricional Laura Melissa Barrios.
El atentado fue atribuido a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En esa región colombiana funcionó una extensa área desmilitarizada para las fallidas negociaciones celebradas de 1998 a 2002 entre el Gobierno del entonces presidente colombiano, Andrés Pastrana, y las FARC.
Ayer renunciaron ocho de los diez médicos del hospital de San Vicente del Caguán tras recibir amenazas de muerte.
La dependencia de la ONU deploró el atentado perpetrado el 7 de diciembre contra un grupo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otros organismos estatales en San Vicente del Caguán, unos 400 kilómetros al suroeste de Bogotá.
El Alto Comisionado se solidarizó con los familiares de las víctimas e instó "a todas las partes del conflicto armado interno a respetar las normas establecidas por el Derecho Internacional Humanitario que prohíben claramente el ataque contra civiles".
En el hecho murieron el chofer del vehículo, John Jader Alape y el psicólogo Yamil Correa y resultaron heridas la trabajadora social Claudia Gómez, la pedagoga Diana Pinto y la dietista nutricional Laura Melissa Barrios.
El atentado fue atribuido a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En esa región colombiana funcionó una extensa área desmilitarizada para las fallidas negociaciones celebradas de 1998 a 2002 entre el Gobierno del entonces presidente colombiano, Andrés Pastrana, y las FARC.
Ayer renunciaron ocho de los diez médicos del hospital de San Vicente del Caguán tras recibir amenazas de muerte.
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